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El capitalismo familiar

Por Michael Novak

 
"En definitiva, las naciones no son más que rebaños de animales timoratos y esforzados pastoreados por el gobierno"
Alexis de Tocqueville[1]
 
NOTA DEL AUTOR: Originalmente, este trabajo se preparó para una conferencia sobre la reforma del sistema del bienestar en Italia, patrocinada por la editorial Mondadori, que tuvo lugar en la primavera de 1997. Debía plantear un punto de vista original, ajeno al marco de la socialdemocracia europea, que estimulara formas más libres e imaginativas de abordar necesidades sociales reconocidas. Los patrocinadores partieron de la base de que mi pensamiento no es libertario (como se dice en EE.UU.) ni coincide con lo que en el Reino Unido se denomina "nueva derecha". Más que la mayoría de los libertarias estadounidenses, en principio soy partidario de restricciones políticas y morales a las actividades económicas y de que las intervenciones del Estado se conciban con mucho cuidado y se controlen de manera rigurosa. Soy partidario de una versión modificada -en la actualidad muy modificada- del Estado del Bienestar. Es lo que llamo "capitalismo democrático" (más que socialismo democrático o socialdemocracia), porque pienso que el mejor sistema para mejorar la situación de los pobres es una economía dinámica, productiva e innovadora. A este punto de vista se le conoce en EE.UU. como "neoconservador", término que indica que antes estuvo cerca de la socialdemocracia.
 
Donde mejor se expresan mis ideas acerca de la seguridad social, y el material empírico en que se basan, es en The New Consensus on Family and Welfare, informe de un seminario de expertos de izquierda y de derecha del que fui redactor principal y que se publicó en forma conjunta por Marquette Unjversity y el American Enterprise Institute, en 1987. Este informe, que fue acogido con entusiasmo por el Senado de EE.UU. (con mayoría demócrata) y por la Casa Blanca (republicana) de la época, suele ser considerado como piedra angular de la nueva escuela que condujo a la Ley de Reforma de la Seguridad Social, de 1996, promulgada por el presidente Clinton. Entre las veinte personalidades que suscribieron el informe cabe destacar a progresistas tan conocidos como Alice M. Rivlin, Franktin D. Raines y Robert D. Reischauer, y a conservadores como Lawrence Mead, Richard P. Nathan y Charles Murray.
 
En mi obra The Spirit of DemocraticCapitalism (1982), cuya segunda edición revisada se publicó en Gran Bretaña en 1991, puede encontrarse una exposición más filosófico-teológica acerca del "capitalismo democrático" (pero que no dice mucho respecto de la seguridad social propiamente dicha).
 
 
Para Alan Greenspan, presidente del Consejo de la Reserva Federal de EE.UU., el acontecimiento económico decisivo de nuestra era fue la caída del muro de Berlín, a finales de 1989. La luz exterior que inundó entonces a Alemania oriental puso de manifiesto los resultados de cuarenta años de economía socialista, que contrastaban marcadamente con los de la economía capitalista de Alemania occidental. Ambas Alemanias habían compartido cultura e historia; ambas habían sido reducidas a escombros por la II Guerra Mundial; ambas habían tenido que volver a partir de cero. "Es la mejor oportunidad que jamás tendrán los sociólogos de observar de cerca un experimento controlado", afirma Greenspan. Para la hipótesis de que la teoría económica socialista era superior a las teorías de economía política occidentales, aquellos resultados fueron devastadores. Diez años después de la caída del Muro, y pese a que sigue recibiendo cuantiosos subsidios, Alemania oriental no ha dejado de ser el pariente pobre de Alemania occidental. Los costes más notables del experimento socialista se miden por la pérdida de capital humano, incluida la ética de trabajo, el espíritu empresarial, los hábitos de riesgo, la confianza y la creatividad.

Además, el colapso del "socialismo real" en un bastión de la antigua Unión Soviética se ha extendido como el aceite por todas las estructuras del socialismo internacional en distintos lugares del mundo. Se demostró palpablemente que, como teoría económica, el socialismo tiene graves imperfecciones y que el análisis socialista de las economías capitalistas también estaba equivocado. Este colapso de los principios económicos del socialismo no sólo afectó al comunismo, sino también al resto de las doctrinas e ideales que se basan en parte en las teorías económicas socialistas, incluida la socialdemocracia. Los partidos comunistas y socialistas de todo el mundo se apresuraron a cambiar de nombre y muchos de ellos optaron por el eufemismo "socialdemocrático". Sin embargo, incluso en los países que tienen verdadero derecho a invocar el buen nombre de la socialdemocracia, la tasa de natalidad va en descenso; los ancianos viven más; los avances en materia de servicios de salud resultan cada vez más onerosos; y la relación entre los trabajadores activos y el número de jubilados roza ya el tres por uno, o incluso más, y todo indica que seguirá disminuyendo rápidamente[2]. En vista de estas circunstancias, los partidos socialdemócratas están adoptando políticas económicas que incentivan el sector privado, la creación de empleo, la obtención de utilidades, la reinversión y los incentivos personales.


El nuevo campo de acción

Así pues, en la práctica, lejos de reivindicar la socialdemocracia, la elección de Tony Blair en Gran Bretaña, en 1997, y la idea del Nuevo Laborismo que le permitió triunfar, confirmaron su transformación, con enormes repercusiones en Gran Bretaña y, de hecho, en toda Europa. Muchos observadores europeos e internacionales han señalado que, en cierto sentido, el triunfo de Tony Blair puede considerarse como el triunfo de Margaret Thatcher. El Nuevo Laborismo de Blair ha adoptado un proyecto político (y un ideal social) que habría sido inconcebible para el laborismo de hace quince, diez e incluso cinco años. Tras su elección en 1979, Margaret Thatcher demostró que el mundo había cambiado de forma radical y profunda. Al colocar a Gran Bretaña en el camino del crecimiento y de las oportunidades que, con algunos reveses inevitables, se ha mantenido durante veinte años, la Dama de Hierro apartó al Nuevo Laborismo de un redistribucionismo estéril y punitivo, por una parte, y del sofocante Estado nodriza, por la otra. Le enseñó a Blair la importancia del crecimiento, de las oportunidades y de los incentivos. Esa era la única forma en que Tony Blair podía alcanzar la victoria.

Al parecer, gran parte de la izquierda europea (aunque no toda), incluido el Partido Socialista francés, ha aprendido la lección. Los líderes de la izquierda europea están habituados a ponerse a la vanguardia del cambio social, no a irle a la zaga y, en general, a cambiar de rumbo en vez de equivocarse. Mientras puedan proteger (según su opinión) los fines que tienen en mente –igualdad, solidaridad, mejora de la suerte de los pobres, etc.–, se adaptan con bastante facilidad a medios nuevos: nuevas tácticas, nuevas estrategias, e incluso a nuevas concepciones del futuro.

Como dijo John Gray, de la Universidad de Oxford, uno de los más perspicaces pensadores políticos europeos, en The Times Literary Supplement: "Los regímenes socialdemócratas europeos fueron establecidos en una época de economías cerradas. Se basaron en la capacidad de los Estados soberanos de limitar el libre movimiento del capital y de la producción mediante controles de cambio y aranceles. No pueden sobrevivir en un medio en el que el capital y la producción se mueven sin restricciones en todo el mundo".[3]

Gray sostiene que la figura de Tony Blair es importante porque hace varios años comprendió hasta qué punto están atrapadas las socialdemocracias europeas en políticas que se remontan a un pasado irrecuperable. Según este autor, la maraña en la que está atrapada la socialdemocracia comprende tres aspectos. En primer lugar, no es posible mantener un mercado laboral basado en la institución de la seguridad en el empleo cuando el cambio tecnológico comienza a destruir tipos de ocupación (e incluso industrias). En segundo lugar, en esta nueva era, en la que nadie puede estar seguro de que conservará el mismo empleo mientras dure su vida de trabajo, los sistemas de pensiones que vinculan los beneficios con un solo empresario no brindan mucha seguridad. Tercero, las instituciones de protección social concebidas fundamentalmente para compensar a las personas por sus fracasos y castigarlas por el éxito "son particularmente poco aptas en una época de globalización". Basándose en estos conceptos, Gray concluye: "A menos que las socialdemocracias europeas se transformen profunda y rápidamente, serán barridas por el huracán de la competencia mundial". GSi John Gray está en lo cierto, esto significa que las premisas del marco social que imperó a partir de la II Guerra Mundial han quedado en entredicho. No es de extrañar que en el continente haya tanto pesimismo social. No es de extrañar tampoco que la perspectiva de "globalización" inquiete a tantos europeos inteligentes. Su mayor preocupación no es sólo el elevado índice de desempleo, ni que se acumulen las deudas por todos lados, sino la puesta en entredicho del consenso adoptado en la posguerra.

Después de que muchas generaciones hayan denigrado el capitalismo, en especial el capitalismo estadounidense, es la primera vez que muchos intelectuales europeos están poniendo en duda la interpretación tradicional de la palabra "social": socialismo, socialdemocracia, justicia social, acuerdo social. De pronto, no les agrada una forma de socialización; no les agrada la "globalización".

En cambio, en EE.UU. se habla con optimismo de la globalización (por cierto, tenemos nuestros propios fatalistas, partidarios del nacionalismo económico, que siguen aferrados a los recuerdos de una fortaleza americana aislacionista. Sin embargo, por vocingleros que sean, no lideran ninguno de los dos partidos políticos). El auge de la Bolsa revela bastante bien el ánimo actual de los norteamericanos, pero una anécdota servirá para delimitar la perspectiva. En mayo de 1997, cuando el índice industrial Dow Jones llegó a la marca sin precedentes de 6.500 y la prensa predecía la inminencia de un "castigo" importante, dos periodistas económicos apostaron, en presencia de una docena de colegas, que el último día del año 2000 el mercado llegaría a 11.000. A ninguno de los presentes se les ocurrió que la apuesta fuera poco razonable. La base de su apuesta: la globalización.

Varios meses más tarde, la crisis asiática se hizo realidad y arreciaron los pronósticos de la inminencia de un castigo a la Bolsa. Entretanto, la mayoría de los norteamericanos siguieron hablando y soñando con oportunidades ilimitadas. Es posible que todas estas palabras estén profundamente equivocadas. Las anécdotas no prueban nada. Sin embargo, ilustran una experiencia recurrente: en lo que respecta a la globalización, la diferencia entre EE.UU. y Europa, desde el punto de vista del clima psicológico, es manifiesta. (Es posible que Gran Bretaña, con las vastas conexiones que le brinda la Commonwealth, comparta en alguna medida el optimismo estadounidense y que, al mismo tiempo, por su proximidad a Europa continental, participe de esa sensación de incertidumbre.)

Ya en 1835, Alexis de Tocqueville observó que, a diferencia de los europeos, a los norteamericanos les fascina el peligro, las nuevas oportunidades, las aventuras, los sueños. Incluso hoy los norteamericanos se deleitan con el deslumbrante éxito económico (pese a la crisis asiática reciente) logrado por los modelos capitalistas en los países que Gray ha denominado "sociedades cultas y con buena preparación en matemáticas de Asia oriental", y buscan ahora nuevas oportunidades a medida que absorben las enseñanzas de la crisis. También están maravillados con "la enorme expansión de los mercados mundiales que se produjo a raíz del colapso de la Unión Soviética y de la reforma económica de China", y los notables avances logrados en regiones importantes de América Latina (como Chile). Algunos norteamericanos concluyen que, por primera vez en la historia, los vastos recursos naturales del planeta –de la lejana Rusia, de China– comenzarán a aprovecharse en beneficio del bien común de la humanidad.

¿Cómo explicar a los europeos este optimismo? Recuérdese que en 1979 el presidente Carter y muchos otros no vieron más que intranquilidad, "estanflación" y decadencia. Sin embargo, la economía estadounidense ha crecido en más de un tercio –lo que equivale a la suma de la base económica de toda Alemania, occidental y oriental– desde que Ronald Reagan puso en marcha reformas económicas fundamentales en 1981, y se han originado tecnologías e industrias totalmente nuevas. La informática, que en 1981 era insignificante, ha pasado a ser la mayor industria nacional. El número de empleados que hay en el país ha aumentado en más de treinta millones; la tasa de desempleo es la más baja en treinta años. Este optimismo en las perspectivas económicas no es partidista, sino que Clinton y Gore lo han hecho suyo.
 
 
La crisis cultural
 
Teniendo en cuenta el dinamismo de nuestra economía, en EE.UU. nos preocupa otra clase de crisis: la crisis cultural. Mientras que en Europa es urgente reformar el contrato social que ha imperado desde la II Guerra Mundial, en EE.UU. la mayoría de los analistas sostiene que necesitamos con urgencia una reforma cultural. La requerimos no sólo en lo que respecta al cine, la televisión y la música popular, sino también en el campo de la moral pública y privada. En realidad, la mayoría de los norteamericanos están de acuerdo en que para conservar su vitalidad, la sociedad depende, por así decirlo, de una ecología moral saludable. Una sociedad libre es por encima de todo un logro moral. Las instituciones libres no pueden mantenerse, ni mantener su vigor, basándose en una moral cualquiera. Como se preguntara una vez James Madison, ¿cómo podría un pueblo incapaz de gobernar su vida privada, gobernarse a sí mismo en la vida pública?
 
En consecuencia, en ambos lados del Atlántico, aunque desde realidades diferentes, nuestra civilización común se está percatando de que se enfrenta a peligros mortales. La estructura del Estado moderno afronta dos pruebas cuya severidad lo va desgastando con el tiempo, y si no logra superarlas, lo más probable es que se estrelle. La primera es la prueba de la realidad exterior: la economía, lo que sucede en otros Estados, la evolución tecnológica, la globalización, etc. La segunda es la prueba de la realidad interior: qué está sucediendo con la moral y el estado de ánimo de los ciudadanos. En Europa causa más temor la primera; en EE.UU., la segunda.
 
Tal vez convenga decir algunas palabras acerca de la segunda prueba, la prueba interior, porque en el discurso público hay menos referencias a ella. Un lunes, hace dos decenios, el shah de Irán dirigía el quinto ejército más importante del mundo; el viernes siguiente, tras una súbita sublevación islámica, su ejército depuso las armas y fue destronado: una lección del poder del espíritu sobre las armas. Hace diez años, los acontecimientos de junio de 1989 en Beijing y luego los de noviembre de 1989 en Hungría, Checoslovaquia, Alemania oriental, Rumania y otros lugares, volvieron a demostrar el poder que ejercen los factores espirituales. Dieciocho años antes Solzhenitzyn había escrito que una palabra de verdad vale más que muchas divisiones armadas; esta predicción se cumplió inexorablemente ante nuestros ojos.
 
Hay otro aspecto de la crisis cultural que tal vez resulte más claro si se plantea mediante una parábola. En California, a finales de los años sesenta, Gunnar Myrdal aseguró en una reunión que la socialdemocracia (la niña de sus ojos) nunca debilitaría las virtudes del pueblo sueco. Años más tarde declaró públicamente, con dolor, que lamentablemente la moral del país se había debilitado, quizá de forma irreparable; muchas personas decían estar enfermas cuando no lo estaban o se declaraban incapacitadas por "molestias en la columna", etc. Del mismo modo, con frecuencia se oye decir hoy en EE.UU. que "el Estado está repartiendo todo ese dinero" y "sería ingenuo por mi parte no reclamar la cuota que me corresponde". En los últimos años ha aumentado la dependencia de los subsidios estatales. Naturalmente, ésta no es la única forma de corrupción moral de nuestro tiempo (además de ser, por otro lado, la fuente de mucho bien); las fuentes culturales de la corrupción son numerosas.
 
El deterioro moral que se ha producido en EE.UU. en nuestros tiempos queda ampliamente demostrado en innumerables perfiles estadísticos: los delitos con violencia han aumentado en un 600% desde 1965; los nacimientos fuera del matrimonio en otro 600%, etc. Robert Bork presenta algunos de estos indicadores en su obra Slouching Toward Gomorrah[4]. En 1990, el ministro de Sanidad de EE.UU. estimaba que del 40 al 70% de las muertes prematuras que se registraban en el país obedecían a causas de comportamiento: esto es, se debían a conductas evitables que ocasionan daño a la propia persona (consumo excesivo de alcohol, drogas, vida sexual desordenada, hábito de fumar, falta de ejercicio, dieta alimenticia inadecuada, hábitos de comportamiento violento, etc.). Independientemente del análisis moral (incluso desde otros puntos de vista), estas tendencias sin precedentes representan un coste ingente y continuo para la política pública. Los costes de prevención del crimen, de la salud y de la seguridad social se han disparado. Se incurre en déficit que recaerán sobre las futuras generaciones y, lo que es peor, los actuales contribuyentes se ven obligados a subvencionar los comportamientos autodestructivos de otros.
 
Aunque los expertos europeos y norteamericanos suelen. estar de acuerdo en que el Estado del Bienestar atraviesa una crisis financiera -es decir, que es insostenible desde el punto de vista fiscal, y que en un futuro no demasiado lejano una nueva generación tendrá inevitablemente que vérselas con la deuda acumulada-, lo más grave es la crisis espiritual. Porque el capital más importante es el capital humano: el ciudadano activo, inteligente, dotado de espíritu creador. Si destruimos nuestro capital humano, nuestra civilización se encontrará en peligro mortal.
 
Años atrás, Alexis de Tocqueville advertía del triunfo del ideal de igualdad sobre la libertad: "Trato de imaginar bajo qué nuevas características podría aparecer el despotismo en el mundo", escribía en 1835. Tocqueville intuyó una especie de "esclavitud disciplinada, moderada y tranquila" que, con el nombre de igualdad, había llegado a aceptarse como algo tolerable. Movido por la compasión hacia sus súbditos, el gobierno "se ocupa de su seguridad, anticipa y satisface sus necesidades, da gusto a sus placeres, resuelve sus principales inquietudes, dirige su trabajo, establece normas para que otorguen sus testamentos y divide su patrimonio hereditario. Abarca toda la vida social con una red de normas secundarias y complejas, a la vez que minuciosas y uniformes, a través de las cuales no pueden asomar cabeza ni siquiera los hombres de mayor inventiva y temperamento más vigoroso. No quebranta la voluntad de las personas, sino que la ablanda, la inclina y la dirige; rara vez ordena actuar, pero a menudo inhibe; no destruye nada, pero impide que surja mucho; no es en absoluto despótico, pero obstruye, reprime, debilita, sofoca y embrutece, al punto que convierte a los pueblos en un rebaño de animales timoratos y esforzados pastoreados por el gobierno"[5]. Ésta es la pesadilla que obsesiona a los norteamericanos.
 
 
Acusaciones contra el estado del bienestar
 
A todos los que vivimos en EE.UU., y sobre todo a los que nacimos en hogares pobres en medio de la crisis de los años treinta, nos resulta evidente que el Estado del Bienestar ha hecho mucho bien. No se puede negar que, en muchos sentidos, ha sido indispensable. Desde programas de electrificación rural hasta los de construcción de nuevas universidades (un promedio de uno cada dos semanas entre 1948 y 1978); desde programas de crédito agrícola hasta la ayuda hipotecaria; desde los cupones de alimentos hasta empleos y programas de capacitación para el trabajo; y desde complementos a los ingresos (seguridad social) hasta el sistema Medicare para los adultos de la tercera edad... los gobiernos federal y estatales han ayudado de innumerables maneras a mejorar las condiciones de vida de casi toda la ciudadanía.
 
Así pues, no se trata de sí debe haber programas sociales sino qué clase de programas se requieren para hacer frente a la nueva situación y corregir las deficiencias y las consecuencias no previstas que han quedado de manifiesto tras sesenta años de experiencia (desde el New Deal de Franklin Delano Roosevelt). Además, a menudo se hace una clara distinción entre la concepción filosófica del New Deal y aquella muy diferente que subyace en la Gran Sociedad preconízada por Lyndon B. Johnson en 1964. Expresado en forma bastante burda, el New Deal se basó en los valores norteamericanos tradicionales; supuestamente, la Gran Sociedad introdujo una nueva moralidad. Por ejemplo, de acuerdo con el primero, alrededor del 98% de los beneficiarios del programa de ayuda a los hogares con hijos a su cargo eran mujeres viudas; de acuerdo con la segunda, casi todas las prestaciones benefician a mujeres divorciadas, separadas (sin que se hagan preguntas ni exigencias) y que nunca han estado casadas. La idea de los programas de la Gran Sociedad consiste a la vez en no juzgar y en entregar prestaciones sin preocuparse de la reciprocidad por parte de los beneficiarios, como si se tratara simplemente de un "derecho".
 
Debido a estas prácticas, se escuchan con más frecuencia acusaciones como las siguientes: primero, los beneficios que ofrece el Estado del Bienestar son demasiado fáciles de obtener y demasiado tentadores como para resistirse a ellos. Por una serie de racionalizaciones, llegamos a pensar que el Estado nos "debe" estos beneficios, a los que tenemos tanto "derecho" como cualquier otra persona. Lo necesitemos o no, sería una tontería no aprovechar lo que se ofrece de modo tan abundante. De esta manera, el Estado del Bienestar nos corrompe y acaba perdiendo el control sobre sus gastos, siempre crecientes.
 
Segundo, en una reacción exagerada contra el "individualismo", los liberales norteamericanos (en Europa, los socialdemócratas) no sólo tienden a poner un gran énfasis en la "comunidad", sino que además tienden a identificar sin reservas la "comunidad" con el "sector público"(el Estado). Para actuar como principal agente de la comunidad, prefieren los programas oficiales del Estado administrador a los programas voluntarios existentes. Algunos hacen esto al mismo tiempo que advierten de los peligros de los métodos burocráticos (por ejemplo, al negar la subjetividad de la persona). Sostienen que los proyectos nacionales generan un mayor sentido de "pertenencia" a una comunidad nacional solícita.
 
De lo anterior parecen desprenderse dos consecuencias. Primero, el sentido subjetivo de responsabilidad personal se va atrofian do lentamente, y con el tiempo produce la "indolencia" del Estado del Bienestar a la que aludía el Concilio Vaticano II en 1965, incluso cuando proclamaba las virtudes del sistema[6]. Luego, el Estado administrador va absorbiendo la mayoría de las funciones que antes cumplía la sociedad civil[7]. Las instituciones mediadoras se debilitan[8]. Resulta así que a medida que los niveles superiores aplastan a los inferiores, el principio de la subsidiariedad es atropellado una y otra vez.
 
Refiriéndose a la caída de la virilidad de la República romana hasta la decadencia de la Roma imperial; Irving Kristol, uno de los comentaristas sociales más prestigiosos de EE.UU., cita a Hegel: "La imagen del Estado como producto de su actividad desapareció del alma del ciudadano". Según Kristol, en la actualidad la situación es mucho peor: "Actualmente, el Estado del Bienestar tiene que convencer al ciudadano de que él es el producto de la actividad del Estado, que es un súbdito inoportuno del Estado, no ya un ciudadano en el sentido clásico. El Estado del Bienestar plenamente desarrollado es una versión moderna del castillo feudal, defendido por fosos y fortificaciones, que ofrece seguridad y albergue a la población fiel que se reúne en torno a él".[9]
 
Los pueblos del Estado del Bienestar han trocado la herencia de libertad que se habían ganado a un enorme coste por una promesa de seguridad-promesa que ya no puede cumplirse.
 
Se ha denunciado que el Estado del Bienestar debilita la moral de algunos de sus beneficiarios; otros dicen que también castiga el espíritu creador y los esfuerzos de quienes pagan por él; y finalmente, que hace que los empresarios desistan de crear nuevos empleos.
 
Las estadísticas no revelan de forma directa cuán sutilmente opera este último proceso. Una vez más, permítanme contarles una historia. En 1997, un profesor italiano conversaba con su peluquero y le preguntaba por qué razón, si tenía tanto trabajo, no contrataba a alguien que le ayudara. El peluquero interrumpió su labor y dio muestras de agitación. "¡Claro que querría contratar a un ayudante!", insistió. "Pero tomé lápiz y papel y calculé el coste. Una vez pagados el sueldo y los beneficios y los impuestos, terminaría perdiendo dinero, y eso sin contar los dolores de cabeza, las molestias o el tiempo perdido! Me gustaría contratar a alguien, me estoy haciendo viejo, ¡pero no puedo hacerlo! Che stupídaggíne!".
 
Entre los nuevos críticos del Estado del Bienestar se cuenta uno inesperado: el Papa (inesperado, porque en Europa existe la impresión de que el pensamiento social de la Iglesia católica se aproxima más al pensamiento socialdemócrata que al laissez faire). Puede ser que la opinión del Papa no tenga importancia alguna en Gran Bretaña, pero como los católicos de varios países europeos suelen inclinarse por la socialdemocracia, la crítica papal al Estado del Bienestar arroja una luz interesante sobre la próxima crisis: "Al intervenir directamente y privar a la sociedad de su responsabilidad, el Estado de la Asistencia Social conduce a 1) la pérdida de la energía humana y 2) a un aumento excesivo de los organismos públicos, que 3) están dominados más por criterios burocráticos que por el interés de servir al cliente, y 4) se acompaña de un enorme incremento del gasto"[10].
 
En otras palabras, al atribuirse las actuaciones propias de la caridad humana, el Estado de Asistencia Social sustituye a esos "pequeños grupos", que dan a la vida su escala propiamente humana, y genera una "sociedad de masas", impersonal, ineficaz y contraproducente, que asfixia al espíritu humano. Al solapar la vitalidad de una sociedad civil robusta y autosuficiente, el Estado de Asistencia Social reduce el ámbito de la actuación personal responsable.
 
No hay duda alguna de que el Estado del Bienestar moderno ha hecho mucho bien, en especial a los ancianos, y sin embargo en muchos países ha tenido consecuencias destructivas para los adultos más jóvenes y en especial para el matrimonio y la vida familiar. En muchos países, incluidos EE.UU., Gran Bretaña y Suecia, la proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio ha alcanzado cifras sin precedentes[11]. Para muchos, ésta es la prueba más abrumadora contra el Estado del Bienestar. Casualmente, y en contra de sus intenciones, la socialdemocracia parece perjudicar a las familias incluso en aquellas sociedades en las que la familia ha sido su máximo apoyo. "Hace cincuenta años", añade Irving Kristol, "a ningún partidario del Estado del Bienestar se le pasó por la mente que podría destruir ese pilar social fundamental, la familia. Pero así ha sucedido, con el ponzoñoso florecimiento de ciertas patologías sociales -crimen, , ilegitimidad, drogas, divorcio, promiscuidad sexual- que supuestamente el Estado del Bienestar debía refrenar, si no eliminar".
 
 
Familia y asistencia social
 
Para examinar estas acusaciones se reunió durante más de un año el mencionado Seminario sobre la Familia y el Bienestar, en el que participaron expertos cuidadosamente elegidos que representaban a la izquierda y a la derecha. Tras grandes esfuerzos, llegamos a un consenso sobre lo que habían logrado los programas de seguridad social durante los veinte años anteriores, entre 1965 y 1985: los éxitos y los fracasos. También nos pusimos de acuerdo sobre una larga lista de recomendaciones de reforma. Confiábamos en que lograríamos encauzar el pensamiento de los dos partidos políticos más importantes en una nueva dirección.
 
Nadie puede negar que la situación de los ancianos (mayores de 65 años) ha variado mucho desde 1965. Después de veinte años, una abrumadora mayoría tenía casa propia (señal de que gozaban de salud y de que eran independientes), en su mayoría sin hipoteca. El porcentaje que vivía en condiciones de pobreza había disminuido a cifras de un solo dígito y este remanente correspondía principalmente a personas que no se habían adscrito a los programas existentes y no los estaban aprovechando. Sin duda alguna, las personas de edad avanzada vivían más; de hecho, en 1985 había bastantes más millones de ancianos que en generaciones anteriores. En realidad, de pronto surgió una nueva inquietud por los ahora llamados "ancianos de mayor edad", la cohorte repentinamente ampliada de los mayores de 85 años.[12]
 
El panorama es muy diferente en el caso de los adultos, de entre 18 y 64 años, cuya situación en 1985 había empeorado en comparación con 1965. Los crímenes violentos habían aumentado en un 600%; la estructura familiar estaba bastante más dañada; muchos tenían menos esperanzas en el futuro. Además, en el curso de nuestro seminario se comprobó que, en la práctica, las peores tribulaciones que generalmente se atribuyen a la "pobreza" se relacionaban, de hecho, con la ruptura de la familia. Esta relación se comprobó de un modo fortuito. Al relacionar diversos cuadros estadísticos, nuestras investigaciones revelaron que de todas las familias de parejas casadas de EE.UU., sólo un 6,7% eran pobres. En otras palabras, el simple hecho de estar casados hacía que el 93% de los norteamericanos tuvieran posibilidades de no ser pobres. Estas posibilidades aumentaban aún más en dos casos: si se había completado la enseñanza secundaria, (que está totalmente subvencionada y es obligatoria) y si se tenía un empleo a tiempo completo, aunque fuese con salario mínimo.[13]
 
Esta primera impresión sobre la sorprendente incidencia de factores tan fundamentales en la reducción de la pobreza como el matrimonio, la educación y el empleo, se cotejó después, mediante un examen más detenido, con los obstáculos vinculados, al menos en EE.UU., a la condición de madre soltera. Estas madres y sus hijos constituían el grupo más numeroso de pobres del país y, al mismo tiempo, el que aumentaba más rápidamente. Además, sus hijos se encontraban en mayor peligro de no terminar la escuela; carecer de empleo e incluso de no poder encontrarlo; presentar más problemas de salud; y tener problemas con el sistema de justicia penal. Naturalmente, el panorama mejoraba mucho cuando se trataba de madres divorciadas y separadas, que casi siempre eran más maduras en el momento del divorcio o la separación. Por lo general, una proporción mucho mayor de estas mujeres solteras de más edad encontraba trabajo y dejaba de depender de la asistencia social a los dos años de la fecha en la que habían accedido a las prestaciones sociales; además, criaban con bastante éxito a sus hijos. En el caso de las mujeres más jóvenes, en particular las que nunca habían contraído matrimonio, todos los perfiles estadísticos se mostraban más sombríos.
 
De hecho, nuestras investigaciones pusieron de manifiesto la existencia de alrededor de cuatro millones de norteamericanos de 18 a 30 años cuyo problema más grave era la "dependencia" y no la "pobreza". Le asignamos al término "dependencia" un significado bastante preciso: adultos jóvenes y sanos que dependían de los fondos públicos; y segundo, que no podían cumplir con sus obligaciones para con el resto de sus familias, ya sea más jóvenes o mayores, que en una situación normal deberían depender de ellos[14]. En otras palabras, no actuaban, aunque tal vez no era culpa suya, como ciudadanos independientes, autosuficientes, de los cuales pudieran depender sus propios hijos.
 
Además de esto, los estudios pusieron de manifiesto una marcada propensión a que estas personas quedarán atrapadas en un ciclo de dependencia. Esto quiere decir que, aunque no vivieran de la asistencia social durante uno o dos años, solían pasar por temporadas de dependencia de los fondos públicos, lo mismo que sus hijos. Este patrón era contrario a las expectativas de movilidad social de los norteamericanos y reveló que un número elevado de personas -alrededor de cuatro millones, a los que hay que agregar sus hijos- no estaban aprovechando las posibilidades de salir de la pobreza; por el contrario, parecían seguir inmersas en ella. Esto indicaba que algo estaba funcionando muy mal en el orden social. Entretanto, millones de inmigrante s que llegaban a las costas estadounidenses, a menudo sin conocer el idioma, solían aprovechar las oportunidades y dejaban de ser pobres al cabo de cuatro o cinco años. En cambio, jóvenes norteamericanos sanos, atrapados por la dependencia, tenían bastante menos dinero (de las arcas fiscales) para gastar y bastantes menos perspectivas de salir de la dependencia. Parecían estar aprisionados en lo que Hillaire Belloc y Friedrich Hayek, desde puntos de vista muy diferentes, habían descrito como una especie de "servidumbre".
 
Este gran número de personas dependientes se concentraban sobre todo en los distritos pobres de las cien ciudades más grandes del país. Parecían impermeables a los esfuerzos de la Guerra contra la Pobreza para mejorar su situación; de hecho, su aparición en la historia social parecía coincidir con la Guerra contra la Pobreza. Para expresarlo con claridad, encontramos pocas pruebas de que la Guerra contra la Pobreza causara la nueva dependencia de tantas personas. Pero había bastantes indicios de que no conseguiría ganar la batalla en la reducción del número de pobres. La situación de éstos parecía empeorar. Estaban "perdiendo terreno".
 
Quizá lo más interesante de nuestro estudio fueron las setenta o más recomendaciones de actuación que acordamos[15]. Muchas de ellas hoy son objeto de experimentación social en los cincuenta estados y algunas, por el gobierno federal. De hecho, la Ley nacional de Reforma de la Seguridad Social de 1996 entró en vigor en otoño de 1997. Desde su promulgación, todos los estados han reducido de forma voluntaria y en una proporción importante las funciones de la asistencia social (antes de que se introdujeran las sanciones de forma gradual), hasta en un 30 ó 40%. Esto significa que actualmente se dispone de muchos más recursos para realizar más programas piloto y poner en marcha nuevas iniciativas en materia social. Por cierto, pese a lo mucho que nos reconfortan las primeras indicaciones, estamos a la espera de sus plenos resultados, conscientes de que incluso las reformas mejor intencionadas suelen tener consecuencias impensadas.
 
 
Del estado a la sociedad civil
 
Hegel nos proporcionó el gran principio rector del siglo XX: el Estado como encarnación de las aspiraciones y de la acción humanas; el Estado concebido como benéfico, compasivo y noble.
 
Sin embargo, es obvio que el Estado no es el único ni el mejor instrumento para alcanzar el bien común. No sólo el Estado totalitario sino también el Estado del Bienestar dista mucho de materializar los sueños que millones de personas atribuyeron al Estado en el presente siglo. Hay que reconocer que los Estados del Bienestar de la comunidad atlántica han aligerado mucho la carga de los pueblos empobrecidos que emergieron de la crisis de los años treinta y de las ruinas de la II Guerra Mundial, y les permitieron alcanzar niveles de prosperidad sin precedentes, mejorar de manera significativa la calidad de vida y aumentar la longevidad de los ancianos, así como dotarles de una amplia gama de libertades y derechos. Con todo, se reconoce ampliamente que sus costes morales y financieros son insostenibles. Es preciso renegociar de una manera radical sus objetivos y sus métodos.
 
Pese a que Tony Blair ha reconocido el problema, aún no ha dejado claro cuál es a su juicio la solución, ni qué objetivo tiene esta concepción nueva y superior. Tampoco está claro que otros socialdemócratas europeos hayan reconocido el problema.
 
En un período tan decisivo como el nuestro, es muy importante volver a los primeros principios. Volver a ellos es una especie de revolución -re + volvere- y, en este caso, parece ser la única solución que promete dar resultado. Esto implica revisar muchas cosas aparentemente sencillas.
 
Por ejemplo, lo primero que hay que preguntarse es: ¿qué es una sociedad libre digna de hombres y mujeres libres? ¿Estamos de acuerdo en que una sociedad libre es ante todo un proyecto de autogobierno, en el cual ciudadanos prudentes y llenos de iniciativa se reúnen para formar un gobierno por propio consentimiento con el fin de asegurar su derecho a la libertad y a promover el bien común? Dado que la principal idea de un experimento de autogobierno es que las personas deben ser libres para hacer todo aquello que pueden hacer por ellas mismas en sus propias asociaciones y comunidades, independientemente del Estado, es preciso, entonces, mantener al gobierno dentro de límites estrictos. Los "conservadores" tenderán a extremar los límites; los socialdemócratas serán partidarios de interpretar las necesidades de forma generosa. Ambas tendencias, cada una controlada por la otra, contribuyen al bien común.
 
N o es éste el lugar para continuar discutiendo acerca del gobierno, pero hay que decir algunas cosas para poder desarrollar un punto de vista común respecto de la naturaleza del ciudadano libre. Un ciudadano es algo muy distinto de un súbdito (en el sentido de "súbdito del imperio austro-húngaro", como mis abuelos). El ciudadano pertenece a la clase de los soberanos, de los poseedores del sumo poder. En una sociedad libre, el mayor depositario de poder es la responsabilidad personal de los ciudadanos. Si las cosas no marchan bien, corresponde a los ciudadanos organizar una asociación o un movimiento que trate de encauzar su rumbo.
 
En este contexto, la virtud de la justicia social es la costumbre de formar asociaciones en beneficio de la población. Así pues, la virtud de la justicia social es doblemente "social". Por una parte, su finalidad es beneficiar en algún sentido a la población, es decir a toda la nación o a una parte de ella. Por la otra, su práctica entraña desarrollar habilidades tales como la asociación, la cooperación, y cómo motivar y organizar a los demás; sin duda éstas son habilidades sociales.
 
Como dijo Tocqueville, la costumbre de crear asociaciones es la primera ley de la democracia[16]. Si no hay asociaciones libres, no hay democracia. Crear asociaciones es la primera tarea de la justicia social. El autogobierno se ejercita mediante asociaciones creadas por personas libres. El ejercicio de esta costumbre es una de las principales responsabilidades políticas del ciudadano. Es un error identificar la justicia social única con el Estado, como parecen hacer algunos activistas; la justicia social es la virtud que vigoriza las asociaciones libres de la sociedad civil. Naturalmente, algunos ciudadanos utilizarán sus asociaciones para promover programas o reformas gubernamentales. El principio de justicia social es neutral desde el punto de vista ideológico, y lo practica tanto la izquierda como la derecha.
 
Además, el ciudadano tiene importantes responsabilidades económicas. Como el capital humano es la forma básica de capital, el ser humano es el principal recurso económico de cada país. En la economía de las sociedades libres, el agente humano es el motor principal.. Las asociaciones económicas y las empresas son producto de la imaginación, del espíritu creador y de la iniciativa de los agentes. El ingenio y el espíritu creador de los agentes generan a la vez nuevos bienes y servicios y también maneras nuevas de proporcionarlos.
 
En consecuencia, la economía política de una sociedad libre depende en un grado sin precedentes de la responsabilidad personal, así como de las habilidades asociativas (políticas y económicas) de sus ciudadanos. Éste es el núcleo de cualquier experimento de autogobierno.
 
Las políticas públicas que obstruyen, debilitan o eliminan la responsabilidad personal oprimen a los ciudadanos y destruyen el experimento del autogobierno. Aunque no haya tenido esa intención, es imposible negar que el Estado del Bienestar ha comenzado a tener este efecto. Además, ¿acaso no es cierto que durante algunos años los socialdemócratas centraron más sus energías en ayudar a los necesitados que en generar crecimiento y oportunidades? ¿Que dieron más importancia a la igualdad que a la libertad? ¿Que asignaron mayor prioridad a la redistribución que a los incentivos que recompensan los logros obtenidos? Afortunadamente, parece que en los últimos años se están produciendo cambios en el ideal socialdemócrata para dar mayor valor a la iniciativa y a la responsabilidad personales.
 
Así pues, los socialdemócratas tienen ahora la posibilidad de dar un gran paso adelante y hacer suyo el proyecto de autogobierno. Si esto es lo que piensa hacer Tony Blair, valdrá la pena observar sus avances. Tenga o no tenga intención de hacerlo -y si lo logra-, se trata de un proyecto que, por el bien del futuro de la sociedad libre de Europa, alguien tiene que liderar.
 
Las líneas generales de este proyecto son bastante sencillas: lo que el mundo libre requiere, de forma apremiante, es que las burocracias centralizadas devuelvan a los ciudadanos responsabilidades fundamentales, de forma individual ya través de sus múltiples asociaciones. La palabra clave es devolución: devolución desde el Estado a la sociedad civil. Devolución, también, desde los gobiernos centrales a las regiones y localidades. Devolución a los centros de responsabilidad que se encuentran más próximos al conocimiento práctico inmediato, que sabe distinguir entre realidad y mandato burocrático irracional. El tema principal es la devolución desde el Estado a la sociedad civil: desde los burócratas a los ciudadanos y a sus asociaciones cívicas en todos los campos, incluidas la familia y las asociaciones religiosas, las asociaciones económicas y las asociaciones políticas, así como las asociaciones artísticas y científicas y otros grupos sociales de diversos tipos y finalidades. (No niego que simultáneamente pueda haber una reorganización de las estructuras internacionales más amplias, tanto regionales como mundiales, y sólo insisto en que éstas no olviden las energías que vienen desde abajo.)
 
Desde luego, el Estado no puede ni debe simplemente "languidecer". No hay duda de que algunos elementos del Estado del Bienestar seguirán siendo necesarios, en particular en las economías continentales, altamente móviles y flexibles. Sin embargo, ha sido un error pensar queja forma fundamental e incluso única de satisfacer la naturaleza social del hombre es mediante el Estado y sus actividades colectivistas[17]. El Estado abarca sólo una pequeña parte de la auténtica vida social, una parte importante, pero que dista mucho de ser el núcleo o la totalidad de la cuestión. Además, es un error permitir que el Estado adquiera primacía sobre la sociedad civil. El Estado no es el amo sino el servidor. Se debe mantener al Estado del Bienestar en la debida perspectiva y dentro de límites perfectamente establecidos.
 
¿Cuáles son las políticas públicas que pueden llevar a la práctica esta devolución en la próxima generación? Es posible que los socialdemócratas estén de acuerdo con todos estos puntos -algunos de los cuales son, quizás, demasiado obvios. ¿Podrían ellos avanzar algunos pasos más? Primero, remitámonos a algunos principios generales y luego mencionemos tres políticas prácticas.
 
 
Los siete principios de la devolución
 
Es prudente y útil volver a definir las metas que se intentan alcanzar. En primer lugar, el objetivo fundamental es llevar a cabo el histórico proyecto de autogobierno. Para lograrlo, debemos producir un elevado número de ciudadanos fuertes, independientes, creativos, dotados de espíritu cívico y, sobre todo, responsables, sin los cuales el proyecto no tiene futuro. Una forma negativa de plantear este objetivo es decir que debemos reducir la dependencia, la pasividad y la irresponsabilidad generalizadas en nuestras sociedades actuales.
 
Segundo, lo más eficiente es crear familias fuertes, porque la familia es la institución que forma personalidades fuertes. Se puede llegar a casi todas las personas mediante políticas públicas que fortalezcan la independencia de las familias y aumenten los incentivos para que se comporten de forma responsable.
 
Tercero, en todos los ámbitos es indispensable cultivar -y no reprimir, como lo hacen la mayoría de los gobiernos-los hábitos personales de iniciativa, creatividad y espíritu de empresa. Éste es el camino de la vitalidad humana y también el que hace que los seres humanos se aproximen más a la imagen de su Creador.
 
Cuarto, para el desarrollo de la creatividad se necesita un fondo de capital, de tal modo que las políticas públicas deberían tener como meta ayudar a todas las familias a reunir un fondo de capital transferible a través de las generaciones. Durante más de cien años, los reformadores sociales han centrado su atención en el subsidio familiar. De ahora en adelante, quizá no sea tan provechoso como poner énfasis en la formación del capital familiar.
 
Quinto, el camino que conduce a la formación del capital familiar constituye una buena vía para que las personas abandonen la pobreza y superen otras vulnerabilidades; pero además libera a las arcas fiscales de cargas insoportables.
 
Sexto, después de decenios de centralización, es preciso que las burocracias nacionales devuelvan a las personas tantas decisiones como sea conveniente, o al menos a los centros locales. Es preciso restablecer un equilibrio más creativo entre lo nacional y lo local (este "equilibrio" entraña que, en algunas materias, la intervención desde arriba resulta beneficiosa para el bien común).
 
Y, séptimo, hay que simplificar las normas y reglamentos del gobierno, especialmente en lo que respecta a impuestos y regulación de las actividades económicas. Todas las complejidades de las leyes y reglamentos tributarios son un velo que esconde la transparencia y, al mismo tiempo, son una oportunidad para la corrupción. No hay que gravar exageradamente aquello que más se desea (por ejemplo, el crecimiento).
 
Una vez que estén perfectamente claros estos siete principios, a muchos ciudadanos se les ocurrirán un sinfín de ideas prácticas sobre los procedimientos a utilizar. A continuación ofrezco tres recomendaciones generales, sin incluir las especificidades que se necesitarían aplicar a las situaciones y circunstancias de los distintos países.
 
 
Tres propuestas de política
 
1. Reforma de las pensiones
 
Chile ha demostrado que es posible modificar de forma armoniosa y rápida el método tradicional de pagar las pensiones de los ancianos, cumpliendo con todos los principios anteriormente enunciados. Se hizo desaparecer todo un sistema burocrático; se simplificó la intervención estatal en las pensiones; las personas y las familias lograron un grado de independencia y riqueza sin precedentes; y el ahorro nacional de Chile se ha convertido en uno de los más altos del mundo.
 
Lo que más me gusta del nuevo sistema chileno es que los recursos del fondo de pensiones que el jefe de familia no gaste pasan a sus herederos. De esta manera, las pensiones se convierten en un capital. para toda la familia, y dejan de ser un sistema de subsidio familiar que sólo se recibe durante la vida del jubilado. Esto aumenta el incentivo de invertir en el fondo de pensiones una proporción mayor de los ingresos obtenidos a lo largo de la vida, ya que se hará en beneficio de la familia.
 
En esencia, la actual legislación chilena sobre pensiones es sencilla: cada asalariado está obligado a invertir una determinada proporción de sus ingresos en un plan de pensiones libre de impuestos de uno de los fondos mutuos de inversión que figuran en una lista aprobada por el Estado. Este fondo pertenece a la persona y le sigue de un empleo a otro, dondequiera que vaya. De esta forma se potencian tanto la libertad como la creatividad; mejoran los incentivos personales; se fortalece la familia, y la prosperidad de todo el país se beneficia con un gran incremento del ahorro nacional.
 
El senador demócrata Daniel Patrick Moynihan presentó hace poco tiempo un proyecto que constituye un paso muy limitado pero importante en esta dirección. El senador tiene una larga trayectoria como reformador del sistema estadounidense de pensiones públicas.[18]
 
2. Cuentas de ahorro para gasto médicos
 
También en este caso, en un esfuerzo por cumplir con los siete principios generales antes enunciados, los ciudadanos deberían por ley establecer un fondo de ahorro para gastos médicos, con una proporción obligatoria de sus ingresos, que se invertiría en una cuenta privada. Esta cuenta estaría exenta de impuestos, sería personal y al portador, es decir que pertenecería al ciudadano y a su familia. Parte del fondo se rebajaría mensualmente para adquirir un "seguro de siniestro", con una "deducción relativamente alta" (por ejemplo, en EE.UU., alrededor de 1.500 dólares)[19]. El resto se retiraría de acuerdo con las necesidades que se presenten para sufragar los gastos médicos ordinarios. Lo que la persona o familia no gaste durante su vida se conservaría como patrimonio hereditario, un fondo de capital, que pasaría a manos de la generación siguiente.
 
Lo que más me agrada de esta clase de seguro es que reduce en gran manera la burocracia estatal de la salud, la sustituye por la responsabilidad personal y modifica radicalmente los incentivos de la ciudadanía y la ubicación del poder decisorio de la profesión médica. Se elimina la mayor parte de la carga de gastos médicos que recaen sobre el presupuesto nacional. La responsabilidad vuelve a las personas. En vez de un juego de suma cero, el seguro médico se convierte en una nueva forma de acumular un patrimonio hereditario. Si, Dios no lo quiera, los recursos médicos de una familia se agotan debido a accidentes o enfermedades, su necesidades quedan cubiertas por el seguro por siniestro.
 
3. Impuesto sobre la renta proporcional simplificado
 
Así como Chile ha demostrado que es posible desmantelar la burocracia de las pensiones de jubilación, en beneficio del bien común; y así como la cuenta de ahorro para gastos médicos constituye una manera de reducir drásticamente, si no de eliminar, la burocracia de la salud, también se puede simplificar el impuesto sobre la renta de tal forma que desaparecería virtualmente otra burocracia –y en cierto sentido su arbitrariedad, arrogancia, oscurantismo, favoritismo y corrupción. El mecanismo para hacerlo es simplificando de forma radical las leyes fiscales.
 
Es un hecho conocido que los ingresos impositivos, esto es, la cantidad de dinero que obtiene el Estado, son algo muy distinto del tipo impositivo, que es el porcentaje que hay que entregar al gobierno. Si los tipos son muy altos, los ciudadanos modifican su comportamiento para tratar de pagar menos de lo previsto. Hay muchas estrategias para hacerlo, algunas de ellas legítimas, otras ilegales o inmorales, o ambas cosas a la vez. El gobierno puede fijar tipos más bajos y sin embargo obtener mayores ingresos. Y, desde luego, se han dado casos en que la aplicación de tipos demasiado altos ha disminuido sustancialmente los ingresos.
 
En consecuencia, digamos que el gobierno establece un tipo fijo para todos los ingresos, cualquiera que sea su fuente: por ejemplo, 20%[20]. A continuación, se exime del impuesto sobre la renta a todas las familias pertenecientes al tramo inferior de la escala impositiva, y se hace de la siguiente manera: se otorga a cada padre una exención importante y a cada hijo (que sea carga familiar) se le concede la mitad de esa exención.
 
En EE.UU., por ejemplo, si se otorgara una exención de 12.000 dólares por cada padre y de 6.000 por cada uno de los dos hijos, los primeros 36.000 dólares que ganan las familias compuestas por cuatro personas estarían exentos del impuesto sobre la renta. Como la media de ingresos de las familias norteamericanas se aproxima a los 36.000 dólares, esto significa que la mitad de las familias no tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. Por sí solo esto representaría una enorme simplificación.
 
Esta reforma favorece sin duda a la familia. Se aplicaría a todas las familias y protegería la renta familiar que se destina a la crianza de los hijos. Los abuelos que vivan en el hogar y que representen una carga familiar también aportarían otra exención, con lo que se convertirían en un activo financiero o, en todo caso, aliviarían sobremanera la carga que comporta su cuidado, al mismo tiempo que permitirían a las familias beneficiarse de su presencia.
 
También me gusta la idea de que, al mismo tiempo que libera a los pobres de la carga tributaria, el impuesto es estrictamente proporcional a los ingresos. Los pobres y la mayor parte de la clase trabajadora no pagan impuesto sobre la renta. Por lo que respecta a la clase media y a los ricos, mientras más dinero ganen, más impuestos pagarán. El tipo impositivo sigue siendo el mismo, pero la suma real que pagan sobre un ingreso adicional de 10.000 dólares (US$ 2.000) es muy inferior a la que se paga en la práctica por un ingreso adicional de 100.000 dólares (US$ 20.000). Si se aplicara a todo el mundo el mismo tipo, no hay duda de que aumentarían el debido cumplimiento y la transparencia, y disminuirían la evasión y la corrupción.
 
Naturalmente, el impuesto uniforme –prefiero llamarlo impuesto proporcional, para hacer hincapié en que todos pagan impuestos en proporción a sus ingresos y de acuerdo con la misma proporción (el summum de la justicia)– es motivo de controversia. El American Enterprise Institute ha organizado una serie de debates sobre el impuesto uniforme y sus principales competidores (el impuesto nacional sobre ventas; el conjunto modificado de cinco niveles "progresivos", propuesto por Gephardt, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y otros).[21]
 
Una de las principales objeciones al impuesto proporcional o único consiste en que no es progresivo. Esta es la principal objeción que plantea el líder de la minoría Gephardt para defender su alternativa de cinco niveles. ¿Por qué insiste en que los tipos deben ser progresivos? "No tengo argumentos", dice, "sino una 'intuición visceral' muy sencilla que me dice que se deben aplicar tipos diferentes a ricos y pobres; en cierto sentido, parece mas justo"[22]. Se vanagloria de que si se siguiera su plan, el 70% de los contribuyentes pagaría un tipo máximo de tan sólo 10%.
 
A medida que aumentan los ingresos, se reduce proporcionalmente el valor de la exención de 36.000 dólares y se eleva el tipo impositivo real.
 
Se puede rebatir a Gephardt con dos argumentos. Primero, de acuerdo con el impuesto único, la mitad de los contribuyentes (las familias de cuatro personas que ganan 36.000 dólares o menos) no pagarían impuestos; las que ganan menos de 55.000 dólares pagarían un tipo del 5,6% (o menos; véase el cuadro superior). Para las familias de ingresos reducidos esta opción sería más favorable que el tipo del 10% que postula Gephardt. Incluso los contribuyentes que ganen más de 100.000 dólares al año –más del 9°% de los contribuyentes– sólo pagarían el 12,8% (o menos), o sea, poco más del 10% de Gephardt. Para los partidarios de la "progresividad",el impuesto único es más progresivo que el de Gephardt, por mucho que la progresividad no sea su principal objetivo.
 
"Progresividad" de un impuesto único de una familia de cuatro miembros con diferentes niveles de renta (tipo único: 20%)
Ingresos brutos ($)Renta imponible ($)Impuesto realTipo impositivo medio
36.000 y menos000,00
50.00014.0002.8005,60
100.00064.00012.80012,80
200.000164.00032.80016,40
500.000464.00092.80018,56
1.000.000964.000192.80019,28
 
El segundo argumento es el siguiente: como las personas que pertenecen al 50% que obtiene menos ingresos no pagan impuesto sobre la renta, cualquier efecto redistributivo respecto de quién paga cuánto en concepto de impuestos se limita al 5°% superior. Como se ha visto, en EE.UU., el 5°% de las familias tienen unos ingresos mínimos de 36.000 dólares. Además, las familias que ganan hasta un máximo de 55.000 dólares siempre pagan un tipo reducido del impuesto sobre la renta (5,6% o menos). Se supone que la progresividad se justifica por su intención de aliviar a los pobres. Cabe preguntarse si vale la pena discutir sobre qué personas pertenecientes al 40% que obtiene mayores ingresos pagan una proporción ligeramente mayor (o menor) que los demás. ¿Es pobre una persona que gana 55.000 dólares al año?
 
Hay otro argumento que también viene al caso. Mi colega Kevin Hasset está trabajando en un documento en el que se asigna una cifra –un coste– a la preferencia por el actual sistema en vez del impuesto único. Hasta sus adversarios reconocen que las ventajas del impuesto único se traducirían en un aumento de 5% del PIB (de acuerdo con estimaciones más realistas, esta cifra sería igual al doble, o más). En el supuesto de que el PIB se elevara a 9 billones, un aumento del 5% equivaldría a unos 45°.000 millones. En consecuencia, resistirse al impuesto único para mantener el complejo sistema actual cuesta 450.000 millones de dólares (por cierto, el coste real podría ser significativamente mayor, tanto como un billón de dólares al año, o más). Cabe preguntarse si para los partidarios de la progresividad ésta es tan importante como para renunciara 450.000 millones de dólares o más al año en concepto de crecimiento económico. La progresividad que logren consistirá únicamente en redistribuir la proporción de los impuestos que paga el 4°% de las personas que ganan más. ¿Realmente les importa tanto que el 5% situado en el tramo superior, o el 15% que le sigue, pague un poco menos (o más) que lo que pagan ahora? Después de todo, de acuerdo con el impuesto único o proporcional, el 5°% que gana menos no paga impuesto sobre la renta.
 
Para un análisis detallado, habría también que examinar las distintas propuestas de un impuesto nacional sobre ventas o sobre consumo que sustituiría el actual impuesto sobre la renta y que sería una alternativa al impuesto proporcional o único. Pero esto complicaría demasiado un artículo de por sí extenso.[23]
 
 
Conclusión
 
Estas tres modestas iniciativas de política pública no son una panacea, pero constituyen una pequeña contribución para reducir el papel que desempeña en nuestras vidas el gran gobierno y para dotar de poder a los ciudadanos, a sus familias y asociaciones en la sociedad civil.
 
Son una contribución modesta al proceso de devolución que deberá realizar el Estado a la sociedad civil que caracterizará, posiblemente, la historia política y social del siglo XXI.
 
Un amigo mío ha dado a este conjunto de ideas el nombre de "capitalismo familiar universal". Sin embargo, el nombre sugerido podría contrariar los prejuicios europeos. Europa ha pasado más de ciento cincuenta años denigrando el capital. Es lamentable. A las familias corrientes les ayuda mucho tenerlo. Conseguir que todas las familias tengan un capital es un objetivo loable.
 
 
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[1] Alexis de Tocqueville, Democracia en América (1835), vol. II, IV parte, cap. 6
[2] En un número especial de The American Enterprise, "Fixing Social Security", enero-febrero de 1997, p. 6, aparece una visión general muy útil sobre el alcance de la futura crisis del sistema de seguridad social, en sus aspectos demográfico y fiscal.
[3] The Times Literary Supplement, 9 de mayo de 1997.
[4] R. Bork, Slouching Toward Gomorrah (1996). Véase además, William Bennet, Index of Leading Cultural Indicators: Factors and Figures on the State of American Society (1994).
[5] Tocqueville, o. cit., ib.
[6] M. Walter, y S. J. Abbott (eds.), Gaudium et Spes, # 69, The Documents of Vatican II (1966).
[7] En Gran Bretaña, véase D. Green, Reinventing Civil Society (1993), y R. Harris y A. Seldon, Welfare Without the State (1987); en EE.UU., véase M. Olasky, The Tragedy of American Compassion (1992).
[8] P. L. Berger y R. J. Neuhaus, To Empower People: From State to Civil Society (1996).
[9] "The Spiritual Crisis of the Welfare State", Wall Street Journal, 3 de febrero de 1997.
[10] Centessimus Annus, sec. 48.
[11] En Suecia, más del 50% de los niños nacen fuera del matrimonio, comparado con el 31% en EE.UU. Esta diferencia se debe en gran parte al hecho de que en Suecia el 25% de las parejas vive en guiones consensuales, mientras que en EE.UU. esta cifra es sólo un 5%. Sin embargo, la tasa de divorcios que se registra en Suecia sigue siendo sorprendemente alta –36% comparado con 42% en EE.UU. Véase D. Popenoe, "Family Decline in the Swedish Welfare State" (1991), pp. 66-67. Para obtener más datos sobre EE.UU., véase Report to Congress on Out-of-Wedlock Childbearing (1995). Respecto a Gran Bretaña, cuya tasa de ilegitimidad ha sobrepasado el 30%, véase C. Murray et al., Charles Murray and the Underclass: The Developing Debate (1996).
[12] Véase M. Novak (ed.), The New Consensus on Family and Welfare (1987), pp. 29-31.
[13] Ib., pp. 19, 58-70, 125.
[14] Ib., pp. 5, 13-16, 98-99.
[15] Ib., pp. 98-119.
[16] Tocqueville, o. cit.
[17] Como ejemplo de la forma en la que las normas y decisiones administrativas centralizadas del Estado ahogan las iniciativas locales, véanse los ensayos de D. Green, M. Horowitz, y M. Olasky, en P. L. Berger y R. J. Neuhaus (ed.), To Empower People: From Sate to Civil Society (1996).
[18] R. Pear, "Moynihan Offers Proposal to Preserve Social Security" (1998), p. 24. De acuerdo con el proyecto de Moynihan, los trabajadores aportarían sólo el 12% (en vez del 14%) de sus ingresos al sistema de pensiones existente; el otro 2% se invertiría en un mecanismo privado de inversión.
[19] "Seguro por siniestro" –en inglés, Catastrophic insurance­­­­– es el nombre que se da en EE.UU. a la protección contra gastos médicos extraordinarios, como aquellos que resultan de un accidente o de una enfermedad catastrófica. Los gastos que lleguen hasta el "deducible" se pagan con cargo a la cuenta de ahorro para gastos médicos. Mientras más alto sea el deducible, menor el coste del seguro por siniestro. Si se eleva el deducible –­por ejemplo a 3.000 e incluso a 5.000 dólares­– se reduciría apreciablemente el coste mensual del seguro y, en consecuencia, se dispondría de más dinero para el fondo de capital.
[20] En la campaña de 1996, el candidato presidencial Stephen Forbes fue el primero en hacer hincapié en el impuesto proporcional sobre la renta ­–o "impuesto uniforme"–, pero el representante Dick Armey ha presentado su propio proyecto de ley sobre el impuesto uniforme. Los datos de los planes varían. Los primeros en proponer la idea fueron Alvin Rabushka y Robert E. may, en su libro The Flat Tax (1985).
[21] R. E. Hall, A. Rabushka, R. Armey, R. Eisner y H. Stein, Fairness and Efficency in the Flat Rate (1996). Véase también Hall y Rabushja, The Flat Tax (1985).
[22] Parece manifiestamente más justo que todos paguen a razón del mismo tipo impositivo (salvo los pobres) y no en función de tipos "progresivos" (impuestos más altos a medida que aumentan los ingresos). Quienes piensan que es más justo que los que tienen mayores ingresos estén gravados con un tipo más alto, no han justificado nunca su pretensión. Tienen que reconocer que su curiosa idea de la justicia se ve frustrada por la sensación de injusticia que provocan las metas que se propone, y por la onerosa búsqueda de refugios tributarios que provoca. Para que los impuestos se pague de forma justo debe percibirse que se han cobrado con justicia. No he podido encontrar buenos argumentos que justifiquen la "progresividad", aunque obviamente hay una "intuición visceral" general a su favor.
[23] Puede obtenerse amplia información de Citizens for Fair Tax, PO BOX 27487, Houston, TX 77227-7497. El representante Archer ha presentado al Congreso su propia versión del impuesto sobre el consumo.

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