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Encadenando el dinero

Por Juan Ramón Rallo Julián

Ignacio Escolar ha escrito un artículo en el que propone la novedosa idea de nacionalizar el dinero electrónico. Sería impropio despreciar el artículo por estar repleto de imprecisiones y gazapos adolescentes, ya que, en buena medida, sus ideas son las que han regido el desarrollo económico y social de s. XX. Sin embargo, este hecho no encubre, ni mucho menos justifica, el flagrante disparate que contiene.
 
Según Escolar, el uso creciente del dinero digital hace prever que, no en mucho tiempo, este medio de pago termine desplazando al papel moneda. Si esto sucediera, las empresas que ofrecen el soporte al dinero digital, como Visa o Mastercard, gozarían, a efectos prácticos, de un monopolio privado sobre el papel.
 
De llegar a tal extremo, toda la economía del planeta pagará un impuesto privado a Visa, Mastercard, American Express y demás compañías del ramo casi con cada compra. La mayor tasa que soportaremos los europeos será privada e irá a las arcas de la banca estadounidense. Será un impuesto totalmente irracional, opuesto a toda lógica fiscal. Para evitarlo, Escolar propone la creación, en la Unión Europea, de un buen sistema de pago electrónico público.
El proceso sería similar al que ya operó con el oro. Si en un principio fueron entidades privadas las que emitieron recibos contra el oro que atesoraban, más adelante, los Bancos Centrales, en nombre del bien público, requisaron todo el oro, y monopolizaron la emisión de los recibos, a la que llamaron billetes, que fueron perdiendo con el tiempo todo atisbo de convertibilidad.
 
Esos billetes fueron, posteriormente, ingresados en las cuentas corrientes bancarias que han llegado a constituir por sí mismas un medio de pago. De hecho, la tarjeta simplemente carga el pago de una determinada cantidad de billetes a una cuenta para traspasarlos a otra.
 
Esta es la operación sobre la que Ignacio Escolar propone extender la mano, o el pie, del Estado. Sin embargo, dado que en sus palabras, no pone nacionalizar la banca ni las cuentas corrientes, hemos de entender que se trata simplemente de crear un sistema público de giro contra las cuentas corrientes privadas. En otras palabras, el sistema monetario quedaría establecido de la siguiente manera:
 
Banco Central
|
Billetes públicos
|
Cuentas corrientes privadas
|
Dinero electrónico público
 
Es decir, a través del dinero electrónico cargaríamos el pago de nuestras operaciones a las cuentas corrientes privadas en las que se hayan depositados unos billetes emitidos por el Banco Central como recibo de los activos del Banco Central (oro nacionalizado o divisas)
 
Pero fijémonos que lo que se pretende en realidad es añadir a las ya numerosas, y peligrosas, funciones del Banco Central la de centralizar los pagos de toda la banca nacional. En otras palabras, el Banco Central expendería, por ejemplo, una tarjeta de débito universal, aceptada en todos los comercios con cargo a cualquier depósito de cualquier banco. Esto significa que los pagos quedan totalmente centralizados en el Banco Central, si bien, en la propuesta de Escolar sólo actúa como mediador, es decir, traspasa el dinero del depósito de un banco al depósito de otro banco.
 
En realidad, los izquierdistas han creído detectar la creación de un nuevo tipo de dinero que, inmediatamente, les ha asustado hasta el punto de pedir su nacionalización. En apariencia, idéntico proceso a lo que ha ocurrido con el dinero. De ahí que, en contra de lo que asegura Escolar, lo que preocupa a los socialistas no es la privatización del dinero sino, como matizó de manera muy correcta Luis Angel Rojo, la vuelta al dinero privado.
 
Pero vayamos a desmenuzar el artículo parte por parte. Adelanto que la izquierda, como viene siendo habitual, con posiciones como ésta, sólo está ejerciendo el papel de tontos útiles de intereses espurios, mamporreros serviles, en este caso, de la banca privada. Pero antes de entrar en esto es necesario incidir en una serie de incongruencias que Escolar no parece tener excesivamente claras; en particular, el concepto de dinero, impuesto y oligopolio.
 
El dinero, en realidad, más que un objeto es una cualidad. Los bienes son más o menos dinerables en tanto sean más o menos líquidos. La liquidez es la facilidad con la que un bien es aceptado a cambio de otro. De hecho, la institución social tradicionalmente conocida como dinero no es otra cosa que el uso generalizado en una sociedad del más líquido (o dinerable) de esos bienes. El bien más líquido, normalmente el oro, empezó a ser demandado no ya por su uso directo, sino por tener la propiedad de la liquidez, que facilitaba las transacciones y la satisfacción de las necesidades del individuo.
 
Ello, sin embargo, no significa que la cualidad de la dinerabilidad no se encuentre presente en otros bienes. Tan sólo que en tanto el bien líquido no sufra perturbaciones, a las que luego nos referiremos, no existe necesidad de que la gente demande ese otro tipo de bienes, precisamente, por su cualidad de bienes líquidos.
 
El surgimiento del dinero, como ya hemos apuntado, no se debió a ningún contrato social. Fue la sociedad la que terminó seleccionando aquellos bienes más líquidos y generalizó su uso. Ahora bien, hay que matizar que ese proceso evolutivo no conoce fin. El establecimiento espontáneo como medio generalizado de intercambio no significaba la consolidación del oro como medio de curso legal. De hecho, observemos que la dinerabilidad del oro depende de un factor tan subjetivo como es la liquidez, es decir, que las personas lo acepten rápidamente en el intercambio.
 
Es precisamente esa idea de curso legal la que dinamita el concepto de dinero. El curso legal establece que todo acreedor debe aceptar, dentro de los límites territoriales de un Estado, el pago en un determinado tipo de dinero. Opera a partir de este momento la llamada Ley de Gresham, esto es, la mala moneda desplaza a la buena. Todo el mundo prefiere guardar en su casa el bien más líquido y pagar con el bien menos líquido, pues el acreedor ya no puede decidir si es libre de aceptarlo, viene obligado por ley.
 
Teniendo esto claro, es impropio asegurar que el dinero electrónico supone un nuevo tipo de dinero. No ya porque el "curso legal" impida distinguir qué es dinero y qué no lo es si no porque, precisamente, la moneda de curso legal seguiría siendo la nacional. Los bancos no crean nuevos tipos de dinero, sino nuevos medios para pagar con la moneda de curso legal. Así que, por este lado, Escolar no tiene por qué temer, la moneda seguirá siendo pública aún cuando el "dinero electrónico" siguiera siendo privado.
 
Sólo podríamos hablar, propiamente, de privatización del dinero en caso de que, o bien se eliminara la convertibilidad entre las cuentas corrientes y el papel moneda, o bien el papel moneda dejara de ser de curso legal. En los restantes casos, la base de las obligaciones de los bancos seguiría siendo el montante de papel moneda de sus cuentas corrientes. La "política monetaria" seguiría siendo perfectamente efectiva, es decir, perfectamente mortífera. Aún así, utilizamos el concepto de dinero electrónico o digital, pues, aparte de ser utilizado en el artículo, facilita la comprensión de algunas ideas.
 
El otro concepto que Escolar tampoco parece tener claro es el de "impuesto". Dice en el artículo que: si no hacemos nada para evitarlo, toda la economía del planeta pagará un impuesto privado a Visa, Mastercard, American Express y demás compañías del ramo casi con cada compra. Impuesto, que yo sepa, es el participio del verbo imponer. En este sentido, la comisión que carga Visa o Mastercard no puede considerarse más impuesto que el precio del kilo de ternera de la carnicería de al lado de casa. Es cada individuo el que elige pagar con determinada tarjeta y es cada comerciante quien decide, pues no existe todavía un curso legal para una tarjeta, aceptarlas.
 
Evidentemente, a cada comerciante le supone un coste el cobrar mediante una tarjeta, pero es un coste que asumen para no verse desplazados por la competencia. Los consumidores prefieren, día a día, pagar con tarjeta; aquellos comercios que queden rezagados en ofrecer este servicio, irán desapareciendo del mercado. Imaginen que los consumidores ofrecieran una soberana importancia a que los establecimientos tuvieran aire acondicionado, hasta el punto de que aquellos que no ofrecieran este servicio para refrescar a los clientes en verano, vieran disminuidas sus ventas en grandes proporciones. ¿Concluiría Escolar que estamos pagando un "impuesto" a las empresas instaladoras de aires acondicionados?
 
Le dejo a él la respuesta. Pero creo que el sentido común dicta la negativa. Según Escolar, los consumidores no somos conscientes de estas tasas porque las soportamos de forma indirecta. Pero, sin duda, repercuten sobre nuestro bolsillo; pero esto significa poco. Escolar puede jactarse de afirmar que los consumidores somos unos ignorantes paletos que desconocemos nuestras acciones; no voy a entrar en ello porque no puede entrarse en ello. De la acción concreta de la compra sólo podemos deducir que cada individuo sale beneficiado del intercambio; el precio que pagamos por un bien, y cómo lo pagamos, repercute positivamente en nuestro bienestar, en caso contrario, la transacción no se realizaría. Por tanto, sólo el Estado es capaz de crear impuestos que ignora si benefician o perjudican a su destinatario al no dejarle capacidad de elección.
 
Y por último, Escolar tampoco tiene muy clara la idea de oligopolio. En caso de que, por ejemplo, Visa, Mastercard o American Express fueran los proveedores mayoritarios de este servicio, nada tiene que ver con un oligopolio. De hecho, el propio Escolar reconoce que, por ejemplo, las grandes superficies cuando no emiten su propia tarjeta, pagan porcentajes por debajo del 1% con cada compra. Es decir, estas empresas no pueden imponer sus precios, o bien porque siguen estando subordinadas a sus clientes, o bien porque, a poco que se descuiden, afloran los sustitutivos, como las tarjetas de los grandes almacenes.
 
Pero además, tales empresas seguirían estando sometidas a la competencia no sólo del regreso al papel moneda, sino del afloramiento de nuevos proveedores de ese servicio con menores comisiones. Cuanto más elevados sean los precios que cobre VISA o Mastercard por el uso de las tarjetas, mayores oportunidades de beneficio se abren a los potenciales competidores.
 
Por tanto, ni VISA ni Mastercard son oligopolios, en tanto los consumidores tienen capacidad de elección. En cambio, el proyecto de Escolar de nacionalizar el dinero electrónico sí que supone la creación de un monopolio público. No es tanto el número de empresas –presunción basada en los absurdos modelos de competencia perfecta- cuanto la libertad de entrada lo que define a un monopolio. Si estos son tan perversos, ¿por qué Escolar propone crear uno?
 
Claro que, por lo general, como se reconoce, la comisión, en muchos casos, es un precio justificado no sólo por los costes asociados, sino también por la confianza que las entidades transmiten. Escolar, aún así, llega a la parte central del artículo y se pregunta con cuidada inocencia Pero, ¿por qué no es un servicio público?
 
Las razones: Los avances tecnológicos permiten hoy desarrollar un buen sistema de pago electrónico público por poco más de lo que ya se gasta en fabricar un papel moneda fiable y difícil de falsificar. El Banco Central Europeo tiene los medios para hacerlo realidad. Debe hacerlo. Una alternativa pública, que no cobre comisiones, es la única forma de garantizar que el dinero del futuro no sea un oligopolio privado.
 
Es aquí donde observamos cómo el deficiente uso de los anteriores conceptos lleva a conclusiones tan vacías como ésta. Obviemos el tema de que el dinero, aún con medios de pago privados, no dejaría de ser público, pues es el Banco Central quien regula la oferta monetaria sobre cuya base se generan las cuentas corrientes y los depósitos y, sobre todo, es el gobierno quién define qué es dinero a partir del curso legal y de la operatividad de la Ley de Gresham. La cuestión es que el dinero, por su propia definición, nunca puede caer en manos de oligopolios y que la nacionalización del dinero electrónico no elimina los costes asociados al mismo. Dejaríamos de pagar comisiones, pero seguiríamos pagando tantos o más impuestos. Me temo que si no expropia todo el sistema de tarjeta, al Estado sí le va a suponer un cierto coste su expedición y su control, en contra de lo que afirma Escolar.
 
Pero tales puntos son, si se quiere, absolutamente subsidiarios en mi argumentación. El problema del artículo de Escolar va mucho más allá de una cierta comisión o de un pequeño aumento fiscal. En realidad, las pretensiones de Escolar afectan a todo el sistema monetario y reflejan, como pocos, la manera en que la fatal arrogancia de los planificadores cartesianos termina perjudicándonos a todos, para beneficio de unos pocos.
 
Escolar, y así muchos progres, ignoran el hecho fundamental de que el sistema bancario moderno, basado en la reserva fraccionaria respaldada por un Banco Central, está articulado para agrandar el poder de los burócratas pero, sobre todo, enriquecer a los banqueros.
 
La reserva fraccionaria permite a los bancos comerciales tener en "reserva" sólo una parte o "fracción" de la cantidad total del dinero depositado. Esto significa que pueden prestar y cobrar intereses por la parte de dinero que no sea necesario tener depositada. De esta forma, se garantiza una ficticia doble disponibilidad (al depositante y al prestamista) con el dinero ajeno a través de la cual el banco se lucra.
 
Imaginemos que Pedro deposita en el Banco A 1000 €, de los cuales el Banco A presta 900 € a Juan. El Banco A está, por un lado, garantizándole a Pedro la disponibilidad de los 1000 € y, por otro, a Juan la de los 900 € (en virtud de los cuales obtiene intereses). En caso de que Pedro deposite esos 900 € otra vez en el Banco A (por ejemplo, para pagar a sus proveedores a través de un depósito en este banco), éste podrá, a su vez, prestar otra fracción de ese nuevo depósito, digamos 810 €, por los cuales volverá a cobrar intereses.
 
Habida cuenta de que debe reservar un porcentaje de cada depósito, la expansión monetaria no puede ser infinita. En concreto, si el Banco A reserva sólo el 10% de cada depósito (actualmente, el coeficiente de caja ronda el 1%), podrá crear hasta 9000 euros adicionales; es decir, la oferta monetaria se multiplicará por 10.
 
Los bancos comerciales se lucran con el cobro de intereses, la población sufre los efectos de la inflación y, lo que es peor, la creación de préstamos no respaldados por ahorro real lleva a un proceso generalizado de malas inversiones que genera los tan famosos "ciclos económicos del capitalismo" y compromete la propia solvencia del banco.
 
Así, existe un freno a que los bancos ejerzan indiscriminadamente este tipo de ejercicios y es, precisamente, la prudencia. Si los depositantes, a quienes se les garantiza total disponibilidad sobre sus depósitos, acuden en masa al Banco (y esto suele suceder precisamente cuando la expansión crediticia bancaria origina la crisis económica) estará condenado a quebrar.
 
Por ello, siempre que los bancos sean responsables de sus obligaciones contractuales, su política estará dirigida por el principio de prudencia y la expansión monetaria será mucho menor de la que podría ser. No sería de extrañar que, incluso, aparecieran bancos que optaran, no por traficar con los depósitos, sino por custodiar los depósitos, guardando el 100% de las reservas y siendo absolutamente solventes.
 
Esta tendencia hacia un coeficiente de reserva del 100% podría verse atemperada, lógicamente, por el hecho de que, en un mismo banco, se centralicen los pagos, esto es, por el hecho de que el depositario no tenga la tentación de sacar del banco su depósito. En ese caso, los bancos, con simples modificaciones en su contabilidad interna, pueden perfectamente seguir expandiendo la oferta monetaria. Pero insisto, en todo caso, las malas inversiones resultantes de la expansión crediticia le obligarán a mantener altos coeficientes de caja.
 
Así pues, hasta el momento de creación de los Bancos Centrales, los bancos comerciales que expandían su oferta monetaria indiscriminadamente terminaban quebrando. Con la aparición de éstos, y su papel de prestamistas de último recurso, los problemas de solvencia por los que circunstancialmente pueda pasar un banco comercial se ven rápidamente subsanados.
 
Los Bancos Centrales prestan tanto dinero a los bancos comerciales como sea necesario para garantizar "la estabilidad del sistema". Esto significa que muy pocos, o ningún banco comercial quebrará por el hecho de expandir sus créditos. La prudencia ya no debe guiar la actuación de los bancos comerciales que pueden dedicarse a seguir creando dinero de la nada. Es, de hecho, con este dinero artificial, prestándolo o usándolo ellos mismos, con el que pueden invertir en distintas partes y comprar diversas partes del sistema productivo. El lucro al que da lugar el Banco Central parece más que evidente.
 
Ahora bien, aún con la existencia del Banco Central existen dos frenos a la expansión crediticia. Por un lado, la propia viabilidad del sistema; los bancos comerciales, aún con el respaldo del Banco Central, no pueden expandir ilimitadamente la oferta monetaria, pues ello supondría una hiperinflación galopante que liquidaría el propio sistema monetario mediante el recurso a los llamados "valores reales".
 
El segundo freno, es que una parte de los nuevos depósitos se "filtra" fuera del sistema bancario. Ello significa que los particulares retienen en papel parte de los nuevos depósitos. Este papel retenido sale fuera del circuito bancario y no sirve de base para la expansión crediticia.
 
Es cierto que el dinero electrónico opera en contra de este segundo freno, pero en tanto la centralización de pagos no sea absoluta –de manera que los bancos puedan actuar como acreedores del papel moneda de otros bancos- y, sobre todo, esté sometida a la libre entrada en el mercado, los límites parciales a la expansión seguirán vigentes.
 
La propuesta de Escolar, por ello, da una vuelta de tuerca en la consolidación de la plutocracia bancaria. Si el Banco Central centraliza todas las operaciones del sistema económico, hasta el punto de que los bancos comerciales actúan como sujetos pasivos en el cargo e ingreso a sus depósitos, el único límite que cada banco comercial tendrá a la expansión de su oferta crediticia será la viabilidad del sistema monetario.
 
De hecho, la mayoría de los traslados dinerarios entre depósitos se efectuarían, así mismo, a través del Banco Central. Tampoco tendría sentido que la gente decidiera retirar su dinero del banco, haciendo quebrar a las entidades financieras más insolventes, ya que a través de la tarjeta, respaldada por el Banco Central, todas las compras y ventas seguirían siendo posibles.
 
Esto nos traslada a un escenario de inflación desbocada y crisis económica en el que o bien el dinero electrónico público es suprimido –de manera que regresamos al sistema actual- o bien todo el entramado monetario tocaría a su fin. Por tanto, el dinero electrónico público o bien terminará con el dinero electrónico o bien con todo el sistema monetario.
 
Eso sí, es posible que en el lapso en que eso suceda algún ávido banquero haya engrosado sus bolsillos a costa de empobrecer a sus clientes y a la sociedad en general. De ahí que la propuesta de Escolar sea insostenible, descabellada y sólo dirigida a beneficiar a unos pocos.
 
Creyendo que se les sustrae el privilegio a VISA o Mastercard de cobrar el "impuesto de la comisión", Escolar favorece el mucho mayor negocio de permitirles crear, aún con menos restricciones, dinero de la nada.
 
En definitiva, Escolar recoge las viejas falacias de impronta comunista según la cual la planificación pública, y en este caso la producción pública, podía llegar a ser más eficiente que el mercado. Olvida que la monopolización de un producto impide el ejercicio de la función empresarial y, por tanto, de la innovación y continuada reducción de costes. Pero además, en el caso de la moneda Escolar olvida que todo el entramado monetario actual se ha construido mediante una serie de pasos destinados a salvaguardar las operaciones fraudulentas de la banca privada a través del Banco Central.
 
Se ha intentado eliminar la institución del dinero y sustituirla por una organización dineraria. Este error fundamental, la pretensión de que una mente particular es capaz de planificar el orden espontáneo consecuente de las acciones y decisiones de millones de individuos, arrastra a que, en ocasiones, las instituciones ejerzan una sana catarsis en forma de crisis económicas.
 
El Estado ha intentado por diversos mecanismos que estas crisis, así como el inacabable envilecimiento de la moneda, no sean visibles para la ciudadanía. Ha tratado de engañarla convirtiendo al Banco Central en prestamista de último recurso, controlando los tipos de cambios, las salidas de capital, estableciendo precios máximos, incrementando el gasto público o manejando a su antojo el tipo de interés. Y aún así, la catarsis sólo se ve retrasada a cambio de convertirse en más profunda y dolorosa.
 
La propuesta de Escolar, si bien en la línea estatista de controlar todo cuanto sea controlable, va en beneficio del entramado bancario, al recubrir con un velo adicional el tráfico de los depósitos. Un nuevo paso hacia un sistema monetario cuya única salida no sea la quiebra de bancos fraudulentos concretos, sino el hundimiento en bloque del sistema monetario. Y es que la fatal arrogancia, por mucho que se nieguen a aceptarlo, siempre entierra a los planificadores.

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