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Todo un hombre de Estado: Diciembre 2004

31 de Diciembre de 2004

Feliz 2005

Como ya hice el año pasado me disponga a resumir el año, o lo que buenamente pueda de él, a partir de las anotaciones efectuadas en la bitácora.

Si el año pasado terminé señalando la obviedad de que abandonamos un año sin duda marcado por la guerra, qué no puede concluirse de éste. Quizá sea porque, a pesar de lo que muchos erróneamente piensan, la guerra nos la han declarado otros y no parece avistarse un final que no pase por su completa derrota. Otra cosa, muy distinta, es que se estén empleando los medios correctos para ganarla.

En todo caso, la guerra se dejó notar, sin lugar a dudas, en las elecciones que acontecieron el 14 de marzo en nuestro país. No porque los atentados estuvieran inspirados en la misma, sino porque a muchos les interesó hacer pensar que así lo estaban. Si Carod, con su reunión con ETA, parecía haberse convertido en el tema central de la campaña -despreciando por parte de todos los partidos cualquier atisbo de discusión sobre nuestras libertades- el mayor atentado de nuestra historia, nuestro particular 11-S (si bien no nuestro particular post11-S), condicionaron a todas luces el resultado electoral, cortando las alas al PP, y encumbrando a ZP, ese monumento a la mediocridad, a presidente del gobierno.

La izquierda envalentonada, incluso para proponer nuevas chekas, experimentó un sólido espaldarazo con el retiro a los tropas españolas de Irak. No fueron las únicas propuestas novedosas, aunque vacías, entre el IVA, el renuncio a firmar la Constitución europea en Madrid, la persecución de los fumadores, las subvenciones a un cine en bancarrota, las cesiones a los astilleros, la renovada manipulación en TVE -a la sazón más en bancarrato que los cineastas-, las exhortaciones totalitarias, las continuas obstrucciones a la comisión de investigación del 11-M, las nuevas alianzas exteriores, el prohibicionismo sin fin, la pretensión censora a la COPE, la tramitación de ese aborto expresivo como es el Estatuto del Periodista, la descoordinación absoluta y la más que habitual cesión al nacionalismo catalán, ZP nos ha dado el año.

Nos lo hubiera dado casi tanto como el PP, si no fuera porque ésta ya no está en el gobierno y, sobre todo, porque se ha pasado casi todo el año hibernando, sin defeder nada sólidamente. Si bien, para las veces que habla, más valdría que callara.

Ha sido, sin duda también, el año en el que se ha hablado, aunque menos de lo que se debiera, de la Constitución Europea. Los liberales hemos empezado a organizar un intento de oposición al engendro, tapándonos la nariz en muchos casos, con la relativa confianza en que, una levada abstención, combinada con una activa participación del NO, podría derribar este ladrillo. Desde luego, ante tal posibilidad, el gobierno no ha dudado en movilizar todos los recursos habidos y por haber.

El año también de la explosión de bitácoras, muchas de ellas liberales, que ha motivado las ansias censoras de muchos, con no pocos apoyos legislativos. Aún así, por ahora, los liberales gozamos de buena salud y no permitiremos que alegremente se nos selle la boca.

Académicamente ha sido un buen año. Por un lado, tenemos la traducción del libro de Hoppe, el libro sobre el Che de Fernando Díaz Villanueva y el nuevo libro de Rodríguez Braun que, además, parece ser el primero de toda una colección. Por otro, se ha editado la Scholar's Edition del Man, Economy & State, con su respectiva versión en pdf, así como el excelente manual de David Gordon. Y finalmente se ha anunciado la redacción de nuevos Tratados de Economía.

En definitiva, el año de la boda, del forrum, de la conversión de Javier Ortiz y de Lula al liberalismo, de la muerte del último político liberal hasta la fecha, de la primera iniciativa aerospacial privada, de la consolidación dictatorial en Venezuela, de la aparición de pruebas de que la anarquía funciona, del reavivamiento de la polémica sobre el valenciano, de interesantísimos debates (sobre el dinero, los recursos energéticos o el derecho al honor) y de nuestro primer aniversario como bitácora.

What a year it's been! En todo caso, un año que, marcado por la tragedia terrorista, aún así nos deja la esperanza de que el liberalismo va abriéndose camino. Un año que, dentro de la natural desconfianza ante la situación, debe permitirnos encarar el 2005 con renovadas esperanzas -y fuerzas- en -y para- que la libertad se vaya abriendo camino.

A todos os deseo un feliz y liberal 2005
Los papeles de Salamanca

Acaban de publicar un artículo mío en LD en relación con el Archivo de Salamanca.

En el artículo no hago mención a cuál sería la solución mejor para estos papeles; sólo intento averiguar cuáles pueden ser las intenciones políticas del nacionalismo para con los mismos. En realidad, asistimos a un conflicto entre administraciones estatales; un conflicto que nace porque el Archivo de Salamanca es público, en otras palabras, de nadie.

Si los documentos históricos tienen valor, y es obvio que mucha gente se los concede, no hay ningún motivo que impida su titularidad y su consecuente gestión privada. Si desde el Estado se permitiera que todo fuera resuelto mediante intercambios voluntarios y pacíficos (compraventa) -y no recurriéramos a la presión partidista para erigir nuevos monopolios de la violencia- estas disputas insulsas, que encrespan los ánimos inútilmente, no tendrían lugar.

Pero ya se sabe que el Estado, y las propiedades públicas, están para garantizar la paz, la estabilidad y el orden. Nuestro marco de convivencia, exento de conflictos. Claro.

30 de Diciembre de 2004

¿Y qué hace un alcalde casando?

Ruiz Gallardón afirma que casará a los homosexuales tan pronto como la ley así lo permita. De paso, como ya viene sido habitual, ha vuelto a azotar al PP pidiéndole que se abra y acepte los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Fantástico. Yo voy a pedir a Gallardón y al PP que se abran todavía más y se olviden de regular y oficiar lo que strictu sensu debiera ser un contrato privado entre dos (o más) personas. Sé que la inmensa mayoría de la gente, al leer las declaraciones de Gallardón, destacará el hecho de que sean dos personas del mismo sexo las que se casen; es la novedad.

Novedad, o no, hay cosas a las que no me acostumbro; no me llama la atención quienes se casan sino quien los casa. Ni para la validez del contrato matrimonial ni, mucho menos, para santificar la unión pinta nada la mano, o el pie, del Estado.

Estos nuevos representantes del talibanismo laicista, que matan a Dios para ocupar su lugar, estos grandes arquitectos y prestos ingenieros, conocedores del bien y del mal, celebran bautizos civiles, tratando de dar la bienvenida al recién nacido a la comunidad de súbditos, y ofician matrimonios, ofreciendo el fruto del amor a las más altas instancias de nuestra burocracia.

Estas sanciones públicas sobre la nueva moralidad, la aceptación de los otrora marginados y relegados por anteriores decisiones del propio Estado, sólo sirven para comprobar que lejos de separar Iglesia y Estado, lo que ha hecho éste último ha sido, en definitiva, fusionarse completamente con la primera. Sin embargo el alcance es mucho mayor; los dictámenes de fe católicos vinculan, en todo caso, a los católicos. Y digo "en todo caso" porque la adscripción a la fe y la moral católica es una decisión completamente voluntaria.

En cambio, estos nuevos políticos que no necesitan caminar bajo palio porque creen haberse convertido en el mismo palio, que no quieren felicitar las Navidades porque las han nazionalizado en fiestas, legislan con total desparpajo sobre el catecismo obligatorio de todos los ciudadanos. Es la moral con la que, obligatoriamente, tendremos todos que lidiar.

Que se dejen de progresismos baratos y talentosos. Lo que tienen que hacer de una vez es olvidarse de legislar a golpe de parlamentario, tratando de provocar cambios sociales mediante la política. Si Gallardón quiere pasar por moderno y novedoso que cierre la vicaría pública; los experimentos, máxime si son sociales, con gaseosa.

29 de Diciembre de 2004

Hermanos catalanes

El problema del agua es uno y sólo uno, que no tiene precio. Al margen de todo esto -de la oposición principial que los liberales mostremos al manejo público del cemento- existe una cuestión, que nadie puede pasar desapercibida, como es el conflicto político-territorial. El trasvase, según el PP, serviría para hacer las regiones interdependientes, para vertebrar España.

Monsergas aparte, en realidad -quizá como valenciano sólo pueda verlo así-, la oposición catalanista al trasvase se fundamenta en un odio cartiginés hacia Valencia. No existe motivo alguno por el que, desde la coherencia intervencionista, los catalanes quieran negarse a proveer de agua a los valencianos. Entendería que los liberales catalanes, incluso los nacionalistas como Sala-i-Martí, se opusieran al trasvase; a mí, como valenciano, no me gusta. Sin embargo, los motivos liberales no aparecen por ningún lado en la negativa del tripartito.

En mi opinión, existe un odio cartaginés por parte del nacionalismo catalán a todo lo que suene a valenciano. Este odio se debe tanto a la envidia histórica y cultural, cuanto a que los valencianos no son mayormente catalanistas y no quieren depender de Cataluña. Todo ello se ha ido traduciendo en numerosas iniciativas políticas de corte antivalenciano: la laminación oficial de la lengua valenciana, la absorción político-imperialista programada por el nacionalismo, la negación de toda historia no basada en la repoblación catalana y, más recientemente, la negación del agua del Ebro.

Hace tiempo pregunté en ambientes nacionalistas algo bastante simple: cómo podíamos esperar que los nacionalistas catalanes trataran a los valencianos como iguales si se negaban incluso a darnos agua. En aquel momento, todos los catalanistas valencianos alegaron que el trasvase eran intolerable, no por ser hacia Valencia, sino por el desastre ecológico que supondría.

Ayer me enteré de esto. Parece ser que el daño ecológico irreparable del Ebro sólo tendrá lugar si el agua viene a Valencia, no si se queda en el territorio pura y racialmente catalán. Deben tener un gen característico que impide la degradación ambiental.

Repito pues mi pregunta. ¿Qué hermanación pueden buscar quienes nos niega el agua? Sólo se me ocurre una, la dominación política y la eliminación social. Nuestro Anschluss.

28 de Diciembre de 2004

Nevada estatal

Contra el arma y no contra el brazo debe aplicarse el castigo. Hay mazas demasiado pesadas para la mano de los hombres. Sabias palabras las de Benjamin Constant que resumen perfectamente el dislate intervencionista. El politiqueo banal en ocasiones nos conduce a concluir que el país, o determinadas áreas del país, funcionan incorrectamente porque ahora el PSOE, entonces el PP, está en el gobierno. Se cree que lo necesario es un gobierno más eficaz, que gestione mejor los asuntos.

Craso error. No es la impericia del hombre todopoderoso, sino la pretensión del conocimiento, la que le lleva a equivocarse. Leo en el Confidencial que El PSOE prueba su propia medicina: el PP acusa al gobierno del caos originado por el temporal con los mismos argumentos que utilizaron los socialistas desde la oposición.

Entonces el PP falló, ahora se equivoca el PSOE. Entonces el PSOE reclamó mejor gestión, ahora la solicita el PP. Alguien debería extraer alguna conclusión de todo ello. No es cuestión de cuan inteligentes o previsores sean nuestros políticos, sino de que sean políticos. El problema, a juicio de nuestros dirigentes, es siempre el mismo: más recursos. Cuentan con todo el poder y con toda la riqueza que necesitan, y aún así solicitan más.

Mal solución debe ser la que concentra los recursos en manos de los incompetentes. Bien harían los políticos, sean del color que sean, con disponer de menos recursos para que así los empresarios, en este caso de carreteras, solucionen los problemas.

Con todo, la actual ministra de fomento, al menos, ha explicitado su intrínseca incapacidad: tampoco se puede pedir que tengamos todas las respuestas. Yo no pido que no tengan las respuestas, pido que no acaparen las preguntas. Sabiendo como sabemos que no tienen, ni pueden tener, todas las respuestas, ¿qué sentido tienen que los políticos cuenten con los medios para intentar proporcionarlas? Semejante disparate sólo puede concluir en un despilfarro por doquier y en una mayor desprotección del individuo.

Los políticos son humanos pero actúan como dioses. Se creen dioses que, en ocasiones, juegan a ser humanos. Sólo pueden ser un desastre titánico. Unas carreteras de trazo arbitrario y caprichoso, que no responden a necesidades humanas, sino a planificaciones políticas, dan como inexorable resultado el forzado aislamiento consecuente a las nevadas. Este ejemplo señalan la auténtica invalidez y ceguera burocrática, pero no es, sin lugar a dudas, el único.

En su momento, el accidente del Prestige apareció como un crimen ecológico del PP. Se llegó a incluir entre las características genéticas de la derecha el hundir barcos. El accidente fue consecuencia de los controles estatales que se establecen sobre los mares públicos. La catástrofe no fue responsabilidad del PP, sino de la política y del sistema estatal entero.

Si no somos capaces de reconocer el auténtico culpable de los fallos que continuamente son generados por el ejercicio de la coacción política sobre el orden espontáneo de las sociedades buscaremos soluciones que sólo perpetuarán el error. Contra el arma y no contra el brazo, si bien, casi siempre, el culpable de la existencia del arma es el brazo.
La inocentada del día

Nos viene desde el Periódico de Cataluña. A su lado, la de David se queda en una bromita sin importancia. Atención: El cine español pierde casi 4 millones de espectadores.

A buen seguro todos habréis detectado la inocentada. Es del todo imposible que nuestro cine -el cine español, con su característica calidad (y sus más características subvenciones), con su decidido apoyo al nuevo gobierno amado por todos los españoles y con su enérgica oposición a la guerra- haya perdido 4 millones de espectadores. Imposible, me niego a aceptarlo. Lo dicho, la inocentada del día. Seguro.

27 de Diciembre de 2004

What a month it's been!

Probablemente esta frase describa la sensación de la mayoría de los liberales ucranianos. Después de luchar contra la farsa estatal, capaz de pervertir los resultados sobre los que en teoría asienta su naturaleza, Yushchenko parece haber ganado las elecciones y los ucranianos asisten al nacimiento asisten al nacimiento de la libertad.

Como no ha tardado en describir el nuevo presidente: Hemos sido independientes durantes 14 años, pero no éramos libres, ahora comienza una Ucrania libre e independiente. Falta saber si Yanukovych aceptará el resultado, si bien la suficiente contundencia de 9 puntos (teniendo en cuenta que se repitió un pucherazo de aproximadamente 5 puntos) debería hacer desistir al actual primer ministro de cualquier pretensión pseudo-golpista.

Debemos traer sinceridad a las autoridades ucranianas y reconocer que el futuro de Ucrania no depende ni de Moscú, ni de América ni de Europa. El futuro depende de todos y cada uno de nostros. Por ello, me dirijo a vosotros, el pueblo: debemos trabajar para garantizarnos la prosperidad de Ucrania.

Palabras de un Yushchenko que no se va a encontrar a un pueblo sumiso a la política sino que está clamando por libertad:

-¿ Representa esto la victoria final?
- No, está no es la victoria final.
- Entonces, ¿cuándo tendrá lugar?
(...)
- La victoria final vendrá cuando nos sintamos libres y victoriosos. Cuando el país se normalice, entonces habremos alcanzado la victoria final.


Esperemos que la revolución naranja se extienda más allá de los antiguos países comunistas. La victoria de Yushchenko es, hoy por hoy, alentadora para la libertad. Sin embargo, no olvidemos la advertencia de Lord Acton acerca del poder, veremos en el futuro si la regla tiene excepciones.

23 de Diciembre de 2004

También con las loterías

El hecho de que Loterías y Apuestas del Estado emitiera un listado incorrecto de los números premiados en el sorteo de Navidad no puede reputarse sorprendente ni inaudito. Debemos considerarlo, más bien, como una demostración de la inutilidad del Estado y de sus organismos, un ejemplo perfecto de cuan absurdo es encomendarle y permitirle a ese ciego chapucero que dirija nuestra vida y nuestra hacienda.

Pensemos que el organismo de Loterías y Apuestas del Estado tiene como cometido exclusivo la gestión de las loterías; para ello cuenta con vastos recursos procedentes de todos los españoles; contrata al personal mas "especializado" y conocedor de la temática a través de un riguroso sistema de oposiciones públicas; se dedica con días y semanas de antelación exclusivamente a la preparación de uno de los eventos más importantes del año que recaiga en su competencia y... lo hacen mal.

En cambio, tenemos una página web como la de el Mundo, encargada de actualizar continuamente las noticias del día -no sólo las de lotería-, que crea un buscador de números premiados, con muchos menos recursos que Loterías y Apuestas del Estado, y que, casualmente, no se equivocó.

Es decir, el sector privado nos ofreció con muchos menos recursos un servicio mejor que el del Estado y además ¡gratis! Una prueba más de cómo funciona la infalible burocracia. Esperemos que a la hora de censurar, sean igual de chapuzas.

22 de Diciembre de 2004

Ya está claro

Después de que Mercedes Rico vinculara al Grupo Risa con www.gruporisa.com gracias a los infalibles ingenios googlelianos, los progres de corral nos ofrecen una nueva e irrefutable prueba de la vinculación entre ambos medios: una captura de Libertad Digital.

Insuperable. Un periódico enlaza los ataques a dos páginas web contrarias al gobierno por parte de la izquierda -dos ataques sucedidos precisamente por la instigación al odio de PRISA y a la falaz relación entre ellos- y los progres concluyen que existe una relación inquebrantable. Con estos esquemas mentales no es de extrañar que estén donde estén. Al fin y al cabo, mentes ligeras requieren ideas -e ideologías- ligeras (pero contundentes y socializadoras)

21 de Diciembre de 2004

Contra la falsación

Asegura milton que: Sensu stricto la economía austriaca no es científica. Para que algo sea científico debe de pasar lo que la comunidad científica denomina método científico. Y en él la falsación juega un papel fundamental.

Cito a milton no porque quiera focalizar el interés en él, sino porque este comentario me parece perfectamente representativo de las creencias de buena parte de los economistas.

Supongo que la aceptación de la cientificidad de una disciplina por parte de la comunidad científica será un exceso lingüístico. Por ejemplo, como milton no reconoce a los autriacos el calificativo de científicos, no le servirá que ellos acepten la economía austriaca como científica. En realidad, lo que pide es que otros que él califica de científicos reconozcan como tales a quienes no siguen sus métodos. Lo cual se me reputa bastante difícil. Si yo aseguro que los austriacos son científicos y pido que sean ellos quienes reconozcan tales licencias, la mayoría de lo que milton considera "comunidad científica" perdería tal distinción.

Me temo que los argumentos de autoridad de poco sirven en este debate. Más bien parece que milton califica como científico todo aquello que sea falsable. Dado que la economía austriaca no acepta la refutación de sus teorías mediante los "hechos" (este concepto es tremendamente endiablado y falaz, no existen hechos al margen de teorías que los describen como tales, pero este tema sería motivo de otra anotación), no sería científica. Se trataría de pura y dura especulación, castillos en el aire lógica y racionalmente construidos, pero no científicos.

La distinción entre especulación y ciencia se basa en que la segunda es permanentemente crítica, pues somete a continua refutación las especulaciones teóricas. Mientras los "hechos" sigan confirmando la teoría, la deberemos asumir con verdadera; una vez la refuten, la consideraremos falsa. Este método crítico, de probar un hecho observable a través de otro hecho observable, definiría según el positivismo reinante la ciencia.

El problema surge cuando nos preguntamos si el método por el que dividimos entre ciencia y especulación debe ser a su vez científico. En definitiva, ¿es la falsación falsable?

La pregunta no puede reputarse anecdótica ni puntillosa. Si el método por el que asentamos el concepto de ciencia, no resiste su propia prueba, entonces tal método no dejaría de ser especulativo. Es decir, internamente la falsación serviría para distinguir entre ciencia y especulación, pero en su conjunto, el sistema metodológico no pasaría de ser pura especulación (y por tanto, también todas y cada una de sus conclusiones)

Retomemos pues la cuestión, ¿es la falsación falsable? Para que algo sea falsable debe tener poder ser refutado. Si algo es irrefutable apriorísticamente estamos ante un axioma no sometido a falsación, y por tanto, según la propia teoría de la falsación, no sería un axioma científico. No pasaría de la categoría especulativa.

Pues bien, si aplicamos la falsación para falsar la falsación, existen dos posibilidades. Que la falsación confirme el método de la falsación como correcto, o que lo refute. O al menos eso debería suceder para que el método de la falsación sea calificado como científico.

El problema es que observando el caso más de cerca, otra pregunta debe plantearse de manera apremiante, ¿puede la falsación refutar a la falsación? En caso de aceptar tal presupuesto, es decir, en caso de aceptar que las conclusiones refutadoras de la falsación sobre el método de la falsación son ciertas, estaríamos implícitamente aceptando la falsación como cierta. Si la falsación puede refutar a la falsación es porque la falsación es cierta en cualquier caso. Por tanto, la falsación es irrefutable desde el propio método científico de la falsación, ergo, dentro de este método, una verdad a priori, un axioma.

Y si dentro de la falsación no caben axiomas no sometidos a una posible refutación, debemos calificar que, según sus propios patrones, la falsación no deja de ser más que un método especultivo, no científico.

Si a la teoría austriaca se la tilda de acientífica y especulativa por basarse en axiomas que no pueden ser falsados, ¿qué podemos decir del propio patrón de la falsación? Si la falsación para los positivistas no deja de ser un axioma, una verdad autoevidente, un método irrefutable y universalmente válido, o bien aceptamos que la metodología y las conclusiones austriacas también pueden ser ciertas (esto es, admitimos que existen los juicios sintéticos a priori y que como tales ni pueden ni deber ser falsados) o todo el esquema metodológico de la falsación se viene abajo.

La teoría de la Escuela Austriaca tiene, en este sentido y desde el punto de vista de la falsación, la misma legitimidad científica que toda la teoría de la falsación y sus conclusiones. Si existen verdades a priori que no pueden refutarse empíricamente (como el dogma de la falsación), también la Escuela Austriaca puede asentarse en ellos sin perder un ápice de cientificidad.

En realidad, nos encontramos ante una disputa que sólo puede resolverse racionalmente, y no acudiendo a unos hechos que por su propia dinámica lógica nunca podrán refutar el principio de refutación. El error consiste en utilizar una herramienta como si fuera objetivamente cierta, cuando no resiste ni las propias pruebas que ella misma establece.

El problema está ex ante, ¿es la falsación un medio adecuado para validar y refutar nuestras teorías sobre la realidad? Aquí sólo cabe una discusión racional, no empírica, y, sobre todo, no falsable.

De hecho, la falsación contiene el germen de su destrucción. Siempre será especulativa en relación con los principios en los que se basa, nunca ciencia. Por lo tanto, en este sentido, la falsación sólo puede ofrecer resultados de dudosa cientificidad. Si el método por el que se califican como científicos no es científico, sino más bien según su propio patrón acientífico, ¿qué impide calificar de científicos cualquier otro fenómeno de la realidad y por tanto caer en un relativismo absoluto?

"Dios existe". Según la falsación esta afirmación no puede ser científica, porque no puede refutarse. Entra en el campo de la religión y la superchería. "La falsación es el método correcto", según la falsación esta afirmación no puede refutarse, entra en el campo de la religión y la superchería. Y si ese método es acientífico, ¿por qué debemos aceptar sus conclusiones como científicas? ¿No deberían más bien calificarse de dogmas derivados, de profesiones de fe? En ésas estamos.
Estatuto del Periodista: lo que se nos viene encima

Me he estado leyendo el Estatuto de Periodista, ese proyecto de ley propuesto por IU y apoyado por el PSOE, y sólo puedo expresar mis más hondos temores. Hasta el momento la mordaza había venido sugerida desde diversos ámbitos. Ahora la cosa ya ha entrado en el Parlamento y parece ir tomando forma.

El Estatuto comienza señalando en su preámbulo algo realmente alentador para la libertad de expresión: Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado. Para el cumplimiento de ese deber se requiere un desarrollo de las facultades que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre al servicio del derecho del público.

De hecho, este deber de información subordinado a la función social, según el Estatuto, sólo puede conseguirse mediante la independencia frente a los poderes políticos y económicos. El punto conflicto es, sin duda, lo que entiende un comunista por poderes económicos. Todo medio de comunicación es una empresa, toda empresa necesita ganar dinero para continuar existiendo; ¿qué independencia pretende garantizarse al periodista? Suena más propiamente a un cheque en blanco para que el periodista utilice los medios de comunicación aún contra la línea editorial de la empresa, esto es, a dejárselos en régimen de usufructo.

De hecho, esta aseveración se complemente con una frase un tanto endiablada de la Ley 2/97, reguladora de la cláusula de conciencia del periodista, que reza: la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo. Uno se pregunta quién gobernaba España en 1997 y cómo es posible que semejantes textos se aprueben en el Parlamento. Una prueba palmaria de como el Estado va engarzando los flecos que constitucional y legislativamente se le permiten para, al final, suprimir las libertades.

Para esta serie de objetivos, siguiendo el ejemplo de los países latinos (imagino que Cuba o Venezuela), debemos instituir un organismo público, corporativo o sindical, acredita la condición de periodista profesional mediante la expedición de un carné.

A más de uno, y con razón, le puede sonar esto a tiempos pasados. La cuestión de la necesidad de un estatuto profesional ha venido a confundirse con una regulación del acceso, que excluya del ejercicio profesional a aquellos que carezcan de la habilitación necesaria. Este fue el modelo seguido por el Decreto 744/1967, que aprobaba el texto refundido del Estatuto de la Profesión Periodística, conforme lo previsto por la Ley de Prensa de 1966..

El presenta Estatuto matiza, sin embargo, que la adopción de este Estatuto tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos profesionales específicos pasa por la acreditación de esa profesionalidad. Como veremos más adelante, esto es una mentira radical (en su sentido etimológico, esto es, de raíz)

El Estatuto declara que debe existir tanto una pluralidad externa (de medios de comunicación) como interna (discrepancias dentro de cada medio de comunicación) Para ello se instituyen dos figuras esenciales que en breve desarrollaremos: la participación en la orientación editorial a través de los Comités de Redacción y la figura del director como bisagra entre los titulares del poder editorial y la Redacción.

Finalmente, la guinda del pastel de la independencia y de la salvaguarda de la libertad de expresión consiste en adoptar como elemento esencial de este Estatuto un sistema de incompatibilidades y un código ético, cuyo control se confía a los Consejos de Información. Ni Orwell.

Hasta aquí la exposición de motivos. Si bien las exposiciones de motivos no son vinculantes, sí ayudan en la labor interpretativa de los jueces. Desde luego resulta escabrosa, pero más interesante será fijarse en la regulación concreta que sí va a vincular.

El art. 1 habla de que esta ley va destinada al periodista profesional, entendido como tal, aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia.

En teoría, esta regulación deriva del art. 20 de la Constitución, que contiene entre otros el derecho a la información. Sin embargo, hay que recordar que este derecho en nuestra Constitución no viene limitado a los periodistas, sino que puede ejercerlo cualquier ciudadano. Por tanto, la cantinela de que este Estatuto desarrolla y amplia un mandato Constitucional es falsa.

Quizá por ello, el artículo 1 matice rápidamente que esta ley en nada interfieren el ejercicio de estas libertades por los no profesionales. Excusatio non petita accusatio manifesta, sentenciaban los clásicos. Vemos claramente la voluntad censora que subyace desde el comienzo de la ley. Sobre todo, cuando el artículo 2 establece que esa titulación de periodista profesional que, tal como viene descrita en el art. 1 parece inmediata y autoevidente, debe acreditarse mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos. Esta expedición del carné se basará en un modelo único regulado por la ley, del que casualmente aún no se tienen noticias. El principio de legalidad en su vertiente de seguridad jurídica en su máximo esplendor.

Pero el art. 2 va más allá, no sólo establece que será necesario el carné, sino que éste se renovará periódicamente. Como si de un tribunal de buenas maneras se tratara, la condición de periodista profesional caduca y debe estar continuamente sometida a facultativa revisión.

El art. 8 ya empieza a limitar la libertad de expresión estableciendo un régimen de incompatibilidades que, si bien no nos afecta a la mayoría, no por ello debemos menospreciar.

El ejercicio de la profesión periodística es incompatible con el desempeño de:

a) el ejercicio profesional de la actividad publicitaria, de marketing y relaciones públicas;
b) la condición de policía, militar, juez o fiscal;
c) los ministros y los cargos públicos de libre designación ministerial o por los órganos de gobierno de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


Alguno se preguntará, supongo, por qué los responsables de campañas publicitarias no pueden realizar periodismo. Si bien la pulsión totalitaria y anticapitalista de los redactores explica bastante cosas. Respecto a los dos otros colectivos, se me plantea la cuestión de si la izquierda tiene la sana intención de cerrarle la boca a algún juez. Es evidente que en otros ámbitos ya lo ha intentado, ¿también en el periodístico?

A partir del art.9 encontramos parte de la regulación más sabrosa. La Sección II del Estatuto se refiere a los deberes del periodista profesional.

El propio art. 9 asegura que: El periodista tiene el deber de ofrecer a la sociedad información veraz de relevancia pública. Este deber de ofrecer información veraz se complementa con la obligación de observancia de los deberes deontológicos definidos en el Código que se incluye como anexo a este Estatuto. La violación de estos deberes (establecida, como más adelante veremos, por la Comisión Deontológica) supondrá una serie de sanciones que desarrolla el art. 10.

Las sanciones serán de dos tipos: Serán violaciones leves de los deberes deontológicos aquellas que puedan atribuirse a descuido o negligencia. Serán violaciones graves aquellas que supongan una intención dolosa.

Esta doble clase de violación da lugar a un doble tipo de sanción: Las violaciones leves del Código Deontológico darán lugar a amonestación privada y las graves a amonestación pública. La nomenclatura no puede ser más maoísta. Durante la Revolución Cultural, a los contrarrevolucionarios de derechas los sacaba de sus casas a la fuerza y los exponían en la plaza pública para que las multitudes furiosas los vejaran y los apedrearan.

De igual manera, las amonestaciones públicas serán difundidas por el órgano informativo en que preste sus servicios el periodista sancionado. Eso no es todo, la violación grave reiterada dará lugar a la retirada del carné profesional por un periodo de entre 6 meses y dos años.

Así mismo, las empresas informativas que hayan alentado esta violación del código deontológico, serán sancionadas con multa del 1% de sus beneficios netos, conforme a la correspondiente declaración en el Impuesto sobre Sociedades. En caso de reincidencia la sanción puede elevarse hasta el 10% de los beneficios netos. Estas sanciones serán difundidas por los órganos informativos de la empresa sancionada.

Parece que, aparte de la sanción económica, se busca anatematizar a ciertos periodistas y grupos editoriales atendiendo a los patrones de la autoridad pública. Será ella quien decidirá qué es moral y qué no, qué es veraz y qué no, qué debe ser creible (y creído) y qué no. Aparte cabe un margen de interpretación suficientemente amplio como para que se sancione a las empresas de información cuando sus colaboradores (aunque no tengan carné) transgredan el presente Estatuto. En ningún lugar deja claro que las sanciones a las empresas sólo podrán imponerse cuando la violación del código deontológico la realice un periodista profesional (con carné).

Sin embargo, hasta ahora parece ser que este carné sea algo bastante inútil. El preámbulo ya nos advertía de que el Estatuto no pretendía filtrar a los periodistas afines al régimen, así también el art. 1 (en nada interfieren el ejercicio de estas libertades por los no profesionales)

Por tanto, ¿qué utilidad tiene el dichoso carné? Y aquí entramos en una de las figuras claves de todo este Estatuto que permitirá dominar los distintos medios de comunicación: el director. Según el art. 21, al frente de los medios informativos, esto es, publicaciones, programas audiovisuales y páginas o sitios en la red de carácter periodístico estará un director. Hasta aquí nada nuevo, el problema viene cuando se pretende definir qué es un director. La ley es taxativa y clara: El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal. Sólo los periodistas con carné podrán ser directores y todos los medios de comunicación deberán tener al frente a un director. Medios de comunicación donde parecen incluirse hasta las bitácoras (sitios red de carácter periodístico) ¿Requeriremos un director con carné? ¿Nos darán a cada uno de los componentes de Red Liberal, tan afines al régimen, uno de esos carnés?

Pero es que las potestades del director no terminan ahí: El director tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre los mismos. Es decir, el director con carné dominará todo el flujo de la información que transmita un medio de información. Fantástico. Quizá ahora cobre más significado la posibilidad de retirar el carné si se viola el código deontológico, así como la pretendida renovación periódica del mismo.

Además, si alguien creía que la figura del director podría ser neutralizada a través de cargos intermedios, la ley también es clara en este punto. Los titulares de la empresa podrán nombrar otros responsables editoriales intermedios que habrán de ser periodistas profesionales acreditados como tales. Su nombramiento requiere la previa conformidad del director. Es decir, no sólo el director podrá vetar los nombramientos engorrosos, sino que además, en última instancia, deberán tener también carné.

De todas formas, existe, al menos, otra figure prevista con importancia similar a la del director: Los Comités de Redacción. ¿Y qué es un Comité de Redacción? ¿Cuál es su función? Según el art. 22 Los Comités de Redacción son cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial, ejercen su representación profesional y son órganos de mediación entre las empresas y los periodistas, en lo que afecta a los derechos conferidos por este Estatuto y a cualquier cuestión profesional que pueda suscitarse.

En toda empresa de comunicación que presten servicio más de 8 periodistas, incluidos los colaboradores a la pieza habituales, se constituirá un Comité de Redacción. Vemos, pues, como estos Comités de Redacción (que deberán estar presentes en la práctica totalidad de los medios de comunicación) influirán (marcarán) en la línea editorial. Pues bien, la formación de estos Comités Los Comités de Redacción se constituirán por un plazo de dos años. Se compondrán como mínimo de 3 periodistas, elegidos nominalmente por todos los miembros de la Redacción. Si bien, ésta es la prescripción mínima de la ley, ya que serán los Convenios Colectivos los que los que elijan la constitución, composición y competencias de los Comités de Redacción.

Y aquí tenemos la otra jugada maestra que consistirá, principalmente, en utilizar a los sindicatos (ideológicamente imparciales) para meter, a través de los convenios colectivos, a sus periodistas en los Comités de Redacción y así influir en la línea editorial.

Las competencias de estos Comités (art. 24) son bastante amplias:

Los Comités de Redacción serán informados y oídos con carácter previo:
a) Sobre cualquier cambio sustancial de la línea editorial;
b) Sobre los planes de organización de la Redacción;
c) Sobre la destitución y nombramiento del Director y otros responsables editoriales.


Esto permite una anticipación del Comité que le permitirá desacreditar al propio medio de comunicación, ya que su opinión motivada no es vinculante para la empresa, que sin embargo estará obligada a difundirla en el correspondiente órgano informativo, cuando así lo solicite el Comité.

Pero hay más, y esto sea quizá lo más peligroso de todo el entramado. Lo que demuestra la naturaleza verdaderamente chekista y represiva de la presente ley es la terrorífica competencia final que se les atribuye a estos comités: Los Comités de Redacción informarán anualmente sobre el grado de cumplimiento del Código Deontológico, cuya difusión por el correspondiente órgano informativo será obligatoria cuando así lo solicite el respectivo Comité. Es decir, serán los Comités formados por los sindicatos (y en definitiva por IU y PSOE) los que señalarán con el dedo a quienes violen las normas deontológicas. No es necesario extenderse en explicar cómo estos métodos mafiosos y chantajistas conferirán una posición de absoluta preemencia al Comité de Redacción, pues será el chivato que pasará el parte que precederá a la (auto)crítica pública, a la sanción, a la purga.

Ahora bien, todo esta red absolutamente fascistoide y demencial carecería de base sin los correspondientes órganos públicos, esto es, los que en definitiva ejecturán los partes del Comité de Redacción. El art. 25 declara que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Estatuto se constituirá un Consejo Estatal de la Información con la función de promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del publico a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto.

El art. 26 habla sobre la composición del Consejo de la Información (o de la Desinformación) que queda del todo subordinada a las votaciones del Congreso y del Senado.

Este consejo, a su vez, actuará en el Pleno y en tres comisiones: Comisiones de Acreditaciones, Deontológica y de Estudios. La Comisión de Acreditaciones se encargará de expedir el carné profesional de periodista en los supuestos de aquellos profesionales que ejerzan en un territorio en que la Comunidad Autónoma respectiva no haya establecido un organismo público encargado de tal competencia.

Tiene un cierto interés reforzado la Comisión Deontológica, auténtico órgano censor del régimen. La Comisión Deontológica es competente para imponer las sanciones establecidas en el art. 20 de este Estatuto. Así empieza el art. 30 que regula sus funciones. Sorprende el énfasis que se le otorga a la potestad de sancionar; uno tendería a pensar que tales extremos se dejarían para circunstancias extraordinarias, pero parece ser que no. Su función viene condicionada hacia la sanción pura y dura.

Como todo buen comunista sabe, en ocasiones no conviene sancionar directamente al díscolo, sino que se puede intentar atraerle a la causa, de modo que rectifique y se autocritique ante el pueblo. Quizá por ello, antes de la sanción, la Comisión realizará una labor de mediación con vistas a dar satisfacción a los derechos e intereses legítimos de las personas que hayan podido resultar lesionadas.

Por otra parte, la legitimación activa para señalar con el dedo a los violadores de la moral pública es universal: Los procedimientos ante la Comisión pueden ser instados por cualquier persona o institución, aun cuando no hayan sido afectadas directamente por la mala práctica profesional. Se instaura así una red ciudadanea/espontánea que vigilará con cuidado los excesos de todos aquellos comentaristas que transgredan los principios del régimen.

Y nuevamente, no basta con la sanción, sino que se requiere el escarnio público: Las resoluciones de la Comisión serán públicas y el Consejo adoptará los medios pertinentes para su adecuada difusión.

Por último, la Comisión de Estudios será una especie de órgano central supervisor del estado de la libertad de expresión (de la que siga en pie), de manera que realizará un seguimiento constante de la evolución del sector de la comunicación. Los tipos de documentos que podrá redactar son tres: el Informe Anual, el Anuario (en el que se darán a conocer sus conclusiones y se informará de la titularidad de las empresas informativas y del grado de concentración en el sector de la comunicación) y estudios monográficos.

Éstos son los aspectos más relevantes de la ley. Con todo, falta referirse al otro texto fundamental de la ley, el Código deontológico a partir del cual se establecerán las sanciones.

Los periodistas se encuentran obligados a respetar en su actuación diligente los siguientes deberes éticos(nótese el empleo de la palabra ética, es decir, de una especie de valores objetivos, contenidos en una ley, una especie de ética pública que totaliza y absorbe desde el Estado las distintas morales particulares: el catescismo estatal):

1. Observar siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión entre ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores.

La pretendida diferencia entre opinión e información no es tal. Todo información aparece interpretada a través de la particular cosmovisión de cada cual. No existen algo así como datos objetivos, todos los datos son incorporados e interpretados. Esta norma ética sólo puede servir para que la autoridad pública establezca qué es la verdad objetiva y qué es la opinión particular (y por tanto no objetiva y por tanto falsa) del periodista. Obviamente, va más allá, y no sólo establece que la Comisión deontológica será la encargada de juzgar qué es cierto y qué, sino que podrá, además, sancionar al periodista por presumir que miente y que no es objetivo. Huelga decir que la izquierda tiene bastante claro qué medios son siempre objetivos y cuáles no lo son nunca.

2. Difundir únicamente informaciones fundamentadas y contrastadas, evitando siempre afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, sus derechos al honor, la intimidad y la vida privada y a la propia imagen o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos.

Creo que sobre este punto ya expresé extendidamente mi opinión en un post anterior. De todas formas, incluso los defensores de la escabrosa construcción del derecho al honor no defendían, como parece obvio, que una comisión política juzgue cuando los datos son suficientemente imprecisos para lesionar la dignidad o el honor de otros. Es decir, una decisión ad casum, sin normas genéricas ni conocidas, sobre tales violaciones. La inseguridad jurídica derivada de tal medida es pasmosa, ya que a los periodistas les será imposible saber antes de aseverar nada si sus palabras están suficientemente fundamentadas o no, pues tal extremo lo decidirá a posteriori una comisión.

9. No aceptar nunca retribuciones o gratificaciones de terceros para promover, orientar, influir o publicar informaciones u opiniones.

Este punto es bastante peligroso. ¿Recuerdan un reciente artículo en Rebelion.org? Todos lo recordamos. ¿Podrán ser sancionadas las empresas cuando su línea editorial venga teóricamente influida por una financiación externa? Y es que no olvidemos que cualquier ciudadano, se sienta o no afectado, podrá denunciar a los periodistas ante la Comisión Deontológica. Eso, creo, incluye a las almas cándidas de Rebelion.org.

14. Actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón de sexo, raza, creencias o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral.

El objetivo flagrante de esta norma ética no es otro que alejar toda crítica posible al terrorismo islámico. Se le cubren así las espaldas y su campo de actuación se oscurece. El ideal periodístico de la Alianza de Civilizaciones de ZP.

Estos son los extractos que considero más relevantes de esta ley en tramitación parlamentaria. Razones para la preocupación no faltan; ya he advertido en bastantes ocasiones de que ZP, la izquierda en general, pretenden amordazar los medios disidentes, entre ellos Internet. No sé si juzgarán que el ambiente social les es suficientemente propicio como para imponer ya la mordaza, pero desde luego con el Estatuto del Periodista, por mucho que lo niegue en el preámbulo con una cicatera hipocresía, no pueden pretender otra cosa. A la izquierda le ha molestado la discrepancia, siempre. Ahora también, estemos atentos más que nunca para defender nuestra libertad.

17 de Diciembre de 2004

Seguridad socialista

Cuando Molinari se dispuso a teorizar sobre un sistema de defensa privado lo hizo partiendo de la base de que todo bien ofertado por el mercado debía resultar, al final, mejor y más barato que los provistos por el Estado. Para el autor francés, ésta era una ley económica fundamental que no conocía excepciones. Si el Estado era capaz de producir y distribuir mejor un bien que el mercado, ¿qué podía impedir que no tuviera la misma habilidad para con el resto de productos?

Esta genial intuición de Gustave de Molinari fue desarrollada y expuesta con claridad más adelante por Ludwig von Mises; el socialismo, toda producción socialista, no tenía base racional para el cálculo económico al carecer de precios de mercado. De ahí que las cantidades producidas, los medios con que opera, la reposición del capital, los fines que persigue, la localización, incluso su existencia misma, serán del todo arbitrarios.

Mises demostró, pues, porque toda producción realizada al margen del mercado, no por empresarios sino por burócratas, tenía que degenerar necesariamente en una hinchazón fabril, al margen de toda necesidad de los individuos, tratados como votantes y no como consumidores.

En el anterior post intenté demostrar mediante la experiencia iraquí porque la teoría de los bienes públicos era infundada, de manera que un sistema de seguridad privada sí era posible. En este post mi objetivo es exponer por qué la seguridad privada no es ya posible, sino más conveniente que la pública, la provista mediante los métodos socialistas.

No sólo existe una total disociación entre la productividad del trabajador y su salario (entiendo productividad en un sentido amplio, esto es, la eficacia y la eficiencia de su trabajo), sino que convive con una imposibilidad manifiesta para distribuir los recursos de una manera adecuada (nuevamente, utilizo distribuir de una forma lata: distribución geográfica, distribución temporal consumo/ahorro, distribución funcional entre las distintas actividades de la seguridad y distribución de las retribuciones a sus empleados)

El Estado es incapaz de conocer si debe incrementar la provisión de seguridad en una determinada zona, si, en caso de ser así, debe aumentar la cantidad de policías o su equipo técnico, si las funciones internas de la policía consistirán en prevenir el crimen (y de qué manera, con qué sistemas, en qué lugares especialmente…) en investigarlo o en perseguirlo (y en caso de que debe acometer las tres tareas, en qué proporción cada cual), y por último será incapaz de fijar una retribución para sus trabajadores (una retribución no arbitraria, claro), en tanto se ha impedido que se forme un valor de mercado para el servicio "seguridad" (la demanda de trabajo, y por tanto, el salario, es derivada de la demanda del bien de consumo, esto significa que si no existe un precio para el bien de consumo no podrá haberlo para el medio que se dirija a satisfacer ese bien de consumo)

Todo este complejo de intervenciones alocadas, ciegas y fundamentalmente políticas (es decir, al margen de cualquier necesidad real de la ciudadanía) da como resultado un servicio de seguridad socialista que, ni tiene como objetivo, ni posee los medios, para satisfacer las distintas necesidades de los ciudadanos. No olvidemos que no existe una sola necesidad de seguridad, cada persona se siente segura de una determinada forma; algunas aumentando el número de guardias en su barrio (prevención), otras castigando siempre y en toda circunstancia a quien delinque (represión), otros con una presencia testimonial de los guardias, algunos con un ostentoso despliegue de medios. El sentimiento de seguridad es una percepción subjetiva ante la que el Estado nos ofrece una respuesta monolítica.

El mercado, en cambio, ofrece distintos productos dependiendo de las necesidades de cada consumidor (es decir, ofrece propiamente "seguridad"), asigna eficientemente (si no la empresa desaparece) los medios de los que dispone (que a su vez han sido otorgados por los consumidores) y lo hace tanto geográfica como intertemporalmente.

Todo ello se traduce en un mejor equipo, en una mejor preparación y en unos objetivos más claros de la seguridad privada. En Irak por ejemplo, una empresa privada abastece al Ejército estadounidense de cualquier cosa que pueda necesitar: desde materiales de construcción hasta guardaespaldas. No es casual que se busque en el sector privado la provisión de los bienes demandados, tanto los guardaespaldas como los materiales son de una cualidad superior. De hecho, incluso, como ya dijimos, entrenan a policías y soldados, proveen de materiales y personal auxiliar al Ejército, y vigilan oleoductos, hoteles, convoyes de mercancías, empresarios, periodistas y altos funcionarios, incluido un presidente, el afgano Hamid Karzai.

Se encargan de las tareas más importantes, y han llegado a ocupar el país. En Irak están por todas partes. En el aeropuerto, en la zona verde o a las puertas de cualquier empresa internacional. También los escoltas del embajador de Estados Unidos, John Negroponte, como antes los de Paul Bremer, que fue procónsul de Washington hasta la devolución de la soberanía, son agentes privados, de Blackwater.

En otra ocasión, fueron ocho comandos de Blackwater los que defendieron la vecina sede del gobierno provincial. Antes de que pudieran llegar refuerzos militares, la compañía envió sus propios helicópteros para abastecer de municiones a sus guardas y evacuar a un marine herido. Es decir, fueron empresas privadas las que enviaron helicópteros capaces de rescatar al todopoderoso ejército americano. La eficacia y eficiencia de la operación, la limpieza y escasez de bajas, tampoco es casual. Ni a la compañía le interesa perder a los soldados que ha seleccionado (y los ha seleccionado por ser mejores que otros) ni a los soldados les interesa perder su trabajo (con lo que serán diligentes con el material) Mejor entrenados y con mejor equipo, eficacia y eficiencia.

Las empresas de seguridad privada, según reconoce uno de sus encargados, tienen unas exigencias de selección muy elevadas. No en vano, su existencia depende de que la selección del personal sea la adecuada. Recomprobamos todas las referencias, pero además reclutamos entre veteranos militares con experiencia en zonas de guerra, lo cual garantiza que son gente adecuada. Sólo los mejores son contratados; no puede ser de otra forma. Alguien podría oponer que serán los mejores "en opinión de las empresas", pero precisamente la bondad del mercado reside en que si sólo son los mejores en opinión de las empresas, las empresas desaparecerán o, al menos, no obtendrán tantos beneficios como podrían haberlo hecho.

Claro que las empresas tampoco están exentas de error. Una vez un candidato con antecedentes penales logró entrar en la compañía. Sin embargo, fue detectado enseguida. No quiero hacer demagogia barata, pero comparen la excepcionalidad de estas palabras (estamos hablando de UN candidato) con la putrefacción de la seguridad pública asturiana. Todos conocemos casos de funcionarios que no deberían estar en sus puestos (no necesariamente funcionarios dedicados a la seguridad), bien por no contar con el perfil adecuado, bien por dejación de sus labores. Ninguna empresa privada puede permitir que semejante extremo tenga lugar, pues iría contra sus propios intereses.

No se trata de que el egoísmo haga a los hombres mejores. Cada persona puede ocuparse, preocuparse, de un radio de acción muy limitado. Si pensamos un momento en cuáles son nuestros intereses, veremos que se limitan a nosotros mismos, a nuestros familiares y a la relativamente escasa gente que conocemos. No puede ser de otra forma; si intentáramos incluir en nuestras acciones la preocupación por la gente que no conocemos o que conocemos pero muy vagamente, nos encontraríamos en que la planificación de nuestras acciones posiblemente nos conduciría al error. La cuestión, por tanto, se reduce a que, persiguiendo nuestro interés propio, beneficiemos a los demás.

Este sencillo hecho es el que queda institucionalizado en el mercado. Participamos en los planes ajenos y ayudamos a los demás como parte de nuestros propios fines. Al pretender planificar cuáles deben ser las acciones de todos los individuos para así generar una red de colaboración es cuando el Estado inequívocamente yerra.

Su monopolio sobre la seguridad sólo consolida un demacrado proceso empresarial, cada vez más ineficiente e ineficaz. Su financiación coactiva mantiene su actividad, como sucede con TVE1 o los astilleros; no obstante, no resistiría ni un mes la competencia de unas empresas que ofrecieran unos mejores servicios a un mejor precio. Tal ha sido el caso de Irak, donde el ejército se ha visto desbordado y ha tenido que recurrir a las empresas privadas, no ya para labores secundarias, sino para las principales misiones.

Una vez más, todo cuanto sabíamos por la teoría austriaca (imposibilidad de planificar las instituciones, ineficiencia del intervencionismo, pauperización de los métodos socialistas, virtud de la libre competencia…) viene confirmándose en la práctica. Si en Europa o en territorio de EEUU el gobierno no permite que la misma teoría se confirme es porque no existe una situación de necesidad tan grande como en Irak. Nuestros Estados saben perfectamente que el monopolio de la compulsión y de la violencia, plasmado en la policía y el ejército, es el fundamento último sobre el que se sostienen. Si este monopolio desapareciera, su capacidad coactiva se extinguiría y su función última aparecería como lo que siempre fue: una monumental ilusión.

15 de Diciembre de 2004

Hoppe y un nuevo Tratado de Economía

No voy a extenderme demasiado, más que nada porque tengo varias anotaciones pendientes sobre la defensa privada. Sólo quiero dejar constancia de que Hans Hermann Hoppe está trabajando en un tratado de economía omnicomprensivo. Hace años que venía rumoreándose, pero parece que se ha confirmado. Hasta la fecha, Hoppe era el editor de la revista austriaca Journal of Libertarian Studies, este cargo lo asume a partir de estos días Roderick T. Long, la explicación que nos ofrece es que Hans-Hermann Hoppe, el editor de los últimos diez años, asume la posición de editor jefe para dedicar sus esfuerzos a un tratado general sobre economía política

Magnífica noticia. Hasta la fecha los austriacos teníamos tres grandes tratados postmengerianos, La Acción Humana de Mises, el Man Economy and State de Rothbard y el Capitalism de Reisman. Parece que ahora Hoppe se sumará a esta selecta lista... y puede no ser el último.
Nuevo libro de Carlos Rodríguez Braun

Podéis encontrarlo en el Corte Inglés, se llama Diccionario Políticamente Incorrecto. Habida cuenta de cuan amenos e instructivos son los libros de Rodríguez Braun, no deberíamos dejar pasar la oportunidad de adquirirlo. Por cierto, a la buena noticia del libro hay que añadir otra, aún mejor si cabe; si os fijáis el libro se incluye dentro de la colección Biblioteca Carlos Rodríguez Braun, lo que significa que en breve aparecerán nuevos títulos del economista. Un nuevo paso adelante en la difusión del liberalismo.
Seguridad privada: la prueba fehaciente de su posibilidad

No son pocos los economistas, no ya keynesianos, que justifican la necesidad del Estado aludiendo a la supuesta incapacidad del mercado para aprovisionar los llamados bienes públicos. En pocas palabras, un bien público se caracteriza por la no rivalidad en el consumo (aquello que yo consumo no reduce la porción de cuanto puede consumir mi vecino) y la imposibilidad de exclusión (no es posible evitar que alguien consuma de esa tarta infinita)

El problema derivado es que, en el libre mercado, antes de obtener ese bien público de infinita provisión hay que pagarlo y, en teoría, debe pagarse entre todos. El problema es que si no puede excluirse a quien no paga y todos podemos consumir en cantidades ilimitadas, ¿cómo forzamos a la gente para que pague? Este problema se conoce como fenómeno de los free-riders. Mucha gente, esperando a que otros paguen por ese bien, renunciaría a sus "obligaciones". Ese comportamiento se iría generalizando y, al final, nadie pagaría por ese bien, con lo cual nos quedaríamos sin un servicio imprescindible. Por todo ello argumentan que debe ser el gobierno quien fuerce a pagar, mediante impuestos, la cantidad necesaria de ese bien para proveerlo.

En realidad, los ejemplos de bienes públicos que los neoclásicos ofrecen se han ido reduciendo a lo largo del tiempo. El más famoso probablemente sea el del faro, que ya Adam Smith observó como de imposible provisión. Su teoría sólo tenía un problema, no demasiado importante, y es que en su época la gran mayoría de los faros eran privados.

El cuento de los bienes públicos también tocó a la televisión. Según los estatistas, la única manera por lo que los ciudadanos iban a poder gozar del servicio de la televisión era si el Estado la proveía, ya que ningún empresario tendría incentivos para comenzar un negocio en el que todos podrían captar sus emisiones sin pagar. Evidentemente, esto se ha tornado como una de las mayores tonterías que hayan podido soltar los economistas. La televisión no sólo fue capaz de financiarse a través de la publicidad, sino que es perfectamente capaz, si le interesa, de filtrar a sus consumidores (como ejemplo Canal+ o la televisión satélite)

Con todo, posiblemente, la joya de la corona de esta argumentación ha sido la defensa y la seguridad nacional. Si el ejército y la policía de nuestro Estado nos defienden a todos, ¿qué incentivos podemos tener en pagar ese ejército? "Ya lo harán otros"

Es importante reseñar este extremo. No estoy hablando de que los economistas hayan defendido que la provisión de la seguridad a través del Estado es más conveniente, eficiente, justa o igualitaria que la ofertada por el mercado, es que muchos han afirmado que su provisión por los empresarios es simplemente IMPOSIBLE.

Este reportaje de El País creo que, en primer lugar, permite derribar semejante mito. Como se reseña en el artículo, las agencias de mercenarios -o proveedores de servicios de seguridad, como prefieren ser conocidas- no son una novedad. Sin llegar a sus oscuras intervenciones en África de décadas pasadas, las compañías que trabajan en lugares peligrosos siempre han necesitado protección. Lo que carece de precedentes es su actual visibilidad, alcance y ubicuidad.

De hecho, en Irak están por todas partes. En el aeropuerto, en la zona verde o a las puertas de cualquier empresa internacional. Además, las tareas que se les encomiendan son harto importantes, los escoltas del embajador de Estados Unidos, John Negroponte, como antes los de Paul Bremer, que fue procónsul de Washington hasta la devolución de la soberanía, son agentes privados, de Blackwater.

Y no sólo en Irak, su presencia también se hace notar en Afganistán: Entrenan a policías y soldados, proveen de materiales y personal auxiliar al Ejército, y vigilan oleoductos, hoteles, convoyes de mercancías, empresarios, periodistas y altos funcionarios, incluido un presidente, el afgano Hamid Karzai.

Como vemos, estas empresas de seguridad constituyen una pieza fundamental en el entramado de la seguridad en ambos países. Sus tareas no sólo se reducen a defender objetivos puntuales, sino que incluso desarrollan tareas de entrenamiento de miembros de las fuerzas de seguridad públicas.

¿Cuántos agentes de seguridad privados puede haber en Irak? Un general norteamericano cifró en 25.000 el número total de esos paramilitares. Otro informe, sin embargo, los reduce a 20000, si bien reconocen nadie sabe en verdad cuántos son.

Las cifras reales, seguramente, serán muy superiores. Tal y como expone el reportaje: Sólo la firma Erinys, que ha ganado un contrato de 100 millones de dólares para proteger los oleoductos iraquíes, tiene 14.500 empleados locales dedicados a labores de vigilancia.

Y he aquí donde alguien podría argumentar que todo este entramado de empresas de seguridad privadas es posible porque lo financia en buena medida el gobierno. El Departamento de Estado anunció el pasado septiembre que un 20% de los 18.4000 millones ofrecidos para reconstruir el país iba a destinarse a seguridad.

Sin embargo esta crítica es del todo infundada. Si el argumento de los bienes públicos puede tener alguna base, ésta deriva de la imposibilidad de discriminación. Nadie sensatamente puede afirmar que la provisión de un bien público sea imposible porque resulte demasiado caro, sino porque unos se beneficiarían de la defensa que pagarían otros. Ahora bien, observamos que el gobierno de EEUU contrata a empresas de seguridad privadas para misiones de seguridad concretas. Por ejemplo, empresas, oleoductos o seguridad personal, por tanto la capacidad de discriminación es perfectamente posible.

Nada impide a una empresa petrolífera, por ejemplo, que se pague ella misma su seguridad, ya que si el coste de la seguridad superara al valor del bien asegurable, tal provisión pública carecería de sentido.

Incentivos económicos no faltan, sostiene el artículo. Al menos, desde el lado de la oferta, matizarán otros; trasladando nuevamente el debate al lado de la demanda, o a una parte del lado de la demanda, esto es, la gente con menos recursos.

No obstante, repito, la crítica es infundada. Me parece evidente que, tal como he argumentado más arriba, las empresas sí necesitarán y sí podrán pagarse la seguridad privada. También, hemos visto cómo las posibilidades de discriminación son reales y efectivas; por tanto, nada impide que determinados hogares, vecindarios o barrios financien su propia seguridad. En tanto existe posibilidad de discriminación (y en todo bien económico la hay si es necesaria, no olvidemos que la discriminación no deja de ser otro bien económico u otro servicio a proveer por el mercado), el mítico free-rider desaparece.

Las zonas que costearan la seguridad privada podrían ampliarse hasta que resultara rentable. Mientras algunas familias decidirían pagarse sus propios escoltas, otras podrían coaligarse con sus vecinos para repartir el coste hasta el punto de extenderse a áreas más amplias. Aquellos que no pagaran podrían ser perfectamente discriminados, no olvidemos que la mayoría de los servicios policiales no consiste en ayudar al transeúnte, sino en prevenir que el crimen se cometa mediante labores de vigilancia (con lo que la vigilancia de a los morosos podría eludirse) y, sobre todo, en investigar, aprehender al criminal y restituir a la víctima (donde la discriminación sería absoluta y perfecta)

Otra cosa distinta de las posibilidades de discriminación -y en mi opinión no debe confundirse en ningún caso- son las sinergias positivas que surgirían. En definitiva, el interés de todos los consumidores, y también el de las empresas, es impedir que el crimen suceda. Las redes e interrelaciones que surgirían de ese objetivo común redundarían en un beneficio para todos (o en un efecto externo positiva, como le gustaría llamarlo a un neoclásico); el crimen prevenido, es un crimen potencialmente prevenido para todos. Es decir, se produce de manera natural y no planificada una redistribución de la seguridad hacia los que menos tienen.

Por último, hay que añadir varias consideraciones. Por un lado, aunque en el artículo se señale que la demanda supera hoy por hoy a la oferta, también se ofrecen indicios de una enorme entrada en el mercado. Esto significa que el precio de la seguridad, al menos en su forma más rudimentaria (la simple escolta), podría descender progresivamente. Este es un tema que intentaré tratar en una anotación posterior, baste indicar por ahora que en la actualidad la inmigración nos ofrece un mercado de características descomunales que, en parte, potenciaría un proceso de integración y adaptación social.

Otro detalle muy a tener en consideración es, como suele decirse en muchos temas relativos a la reducción del peso estatal, que nuestra riqueza no sería la misma si no tuviéramos que financiar una costosa seguridad pública. Esto significa, obviamente, que nuestras posibilidades para financiar esa seguridad privada aumentarían.

Finalmente, otro factor que contribuiría decisivamente a reducir costes es la autodefensa, esto es, la libre posesión de armas. Esto permitiría reducir la demanda de seguridad e incluso defenderse, a bajo coste, a los más desfavorecidos.

Quiero matizar que he estado asumiendo a lo largo de todo el comentario que esos desfavorecidos existirán y que, en buena medida, no podrán financiarse la seguridad en igualdad de condiciones al ciudadano medio; obviamente no comparto esa objeción, si bien su discusión nos apartaría demasiado del tema.

En conclusión, por tanto, a falta de ulteriores comentarios sobre la mayor eficiencia y regeneración moral que supondría la seguridad privada, sólo me interesa remarcar en este punto que su provisión, tal y como la teoría económica austriaca hace décadas que pregona, es del todo viable.
Seguridad privada en Irak

Impresionante artículo publicado en El País sobre la seguridad privada en Irak. Todavía no salgo de mi asombro; de hecho le voy a dedicar varios posts a este reportaje.

Ya me referí en otra ocasión a cómo la anarquía se estaba convirtiendo en una saludable realidad en Somalia. Por supuesto, nadie, o casi nadie, trocaría nuestra situación de bienestar económico por la de Somalia, pero me parece que ésta no es, ni puede ser, la cuestión a debatir.

La situación de Somalia es, a todas luces, penosa comparado con el estándar que el libre mercado, es decir, la actuación en relativa libertad y estabilidad que la actividad empresarial ha proporcionado a Occidente. Sin embargo, debemos intentar comparar dónde está ahora Somalia y dónde sus países vecinos, esto es, qué ha sido de Somalia y qué hubiera podido ser sin ese cuasi-absoluto capitalismo. No sólo eso, Somalia también demostraba empíricamente, para los neoclásicos indecisos, que la anarquía, en palabras del Banco Mundial, era posible.

Pues bien, el reportaje de El País sobre el que hablaba se refiere a la numerosa presencia de empresas de seguridad privadas en Irak. De nuevo, tal y como iremos viendo, no debemos caer en la trampa de enlazar la situación en Irak con la bondad de la seguridad privada, más bien deberíamos pensar que la situación en ese país podría ser todavía más inestable e insegura. Debemos tener en cuenta no el "cómo está" sino el "cómo podría estar".

En todo caso, este reportaje de El País, Soldados Privados, nos servirá, de nuevo, para demostrar a los escépticos que no existe algo así como un bien público incapaz de ser provisto por el mercado y que, además, el servicio de la seguridad puede ser más eficiente y edificante si es provisto por los empresarios en lugar de por el Estado.

12 de Diciembre de 2004

Gabriel Calzada y el futuro del liberalismo español

Gabriel Calzada ha estado en Londres estos días ofreciendo una conferencia sobre el movimiento liberal español. Los de Samizdata han posteado un resumen de la misma.

En concreto, Gabriel indicó que los orígenes del liberalismo español se encuentran en los escolásticos del s.XVI; tradición que únicamente ha sido capaz de regresar a España a través de la Escuela Austriaca. Si bien la tradición escolástica se perdió hasta fechas muy recientes, el sentimiento genuinamente libertario de muchos españoles fraguó en numerosos movimientos anarquistas de comienzos de siglo que, no obstante, fueron arrasados por el stalinismo.

Hoy en día, no obstante, Gabriel está esperanzado viendo como el número de liberales en nuestro país crece día a día. Logro explicado, en especial, por la fuerza y el entusiasmo de dos hombres: Jesús Huerta de Soto, el intelectual, y Federico Jiménez Losantos, el comunicador. Ahora bien, ha habido otro elemento esencial en este renacimiento: Internet. En opinión de Gabriel, si bien el comunismo domina los medios tradicionales, Internet está tomada por los liberales, y esto despierta enormes suspicacias en la izquierda: Cuando los comunistas teclean cualquier asunto español en los motres de búsqueda, una y otra vez, lo primero que encuentran son análisis liberales.

Este triunfo en la red, por su parte, ha sido debido, en opinión de nuestro amigo, a dos páginas web: liberalismo.org, el sitio de la reflexión, y Libertad Digital, el de la información. Además, Gabriel se ha comprometido a que, próximamente, haya páginas en inglés sobre asuntos españoles, de manera que España sea conocida por algo más que las chanzas antiBush de ZP.

Todo este magnífico escenario esbozado por Gabriel ante el público londinense les lleva a concluir que el movimiento liberal español es extraordinariamente grande y lo está haciendo extraordinariamente bien y que si las ideas tienen consecuencias, y las tienen, entonces el liberalismo español va a tener enormes consecuencias positivas.

En todo caso, yo sí querría añadir una cosa. Si bien Huerta de Soto es un magnífico intelectual y Losantos un espléndido comunicador, llenos ambos de entusiasmo, Gabriel Calzada combina lo mejor de ambos. Un gran intelectual, que va a empezar a dar clase en enero, y un extraordinario comunicador, que nos va a sorprender en breve a todos con un poderoso proyecto. Ya lo he dicho en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo, el nombre de Gabriel Calzada y el futuro del liberalismo español van, afortundamente para todos, muy ligados.

11 de Diciembre de 2004

La discrepancia como género del fascismo

Tengo una especie de tácito compromiso de apuntar claramente hacia todos aquellos individuos que, poco a poco, de manera casi imperceptible, van abonando el terreno para instaurar una férrea censura en Internet.

Ya dije que lo del www.gruporisa.com era una especie de avanzadilla para vender a la sociedad, y a la izquierda en particular, que "eso" de Internet es un caos infame, donde los delincuentes, los difamadores y la extrema derecha puede campar libremente. Quizá convenga recordar dos de las inocentes frases de Fernando Berlín (y digo inocentes porque luego señaló que no quería decir cuanto dijo):

Son ellos quienes, día a día, están construyendo en Internet una realidad paralela sobre acontecimientos de actualidad tales como el atentado terrorista del 11 de marzo, consiguiendo conectar datos reales con especulaciones, rumorologías e invenciones; y este fenómeno de falsificación se ha instalado y ya no tiene vuelta atrás

Los agitadores neocons han asumido procedimientos de Red y técnicas de coordinación propias de las células comunistas y se han apropiado de sus mecanismos

Como vemos, parte de las acusaciones que hoy estamos padeciendo ya nos lo adelantó Berlín. Pero Fernando Berlín era, aún así, un figurante. Su opinión era, como mucho, la del calificado director de Radiocable.com pero, en principio, no tenía por qué ser la de El País.

Atención a este artículo de Soledad Gallego-Díaz (Conviene recordar que Soledad Gallego-Díaz no es otra figurante, sino la directora adjunta de El País). Su estrategia consiste, nuevamente, en crear un falso alarmismo sobre Internet, mentir en cuanto a la relación gruporisa-Grupo Risa, y asociarlo todo ello a un complejo de redes de extrema derecha (en las que supongo que tarde o temprano nos incluirá):

La frase, de Robert F. Kennedy, describe muy precisamente lo que pasa con la extrema derecha en cualquier lugar del mundo, incluida España: el uso de la mentira y el descrédito del oponente son su principal arma, porque su proyecto político no tiene capacidad de convicción ni es atractivo.

Supongo que, por esa regla de tres, webs como éstas también deberían ser consideradas de extrema derecha. Pero me parece que Gallego-Díaz no va por ahí; y eso me preocupa. Mentir, para la directora adjunta de El País, es decir cosas que no le gusten. No sólo eso, la izquierda no puede nunca mentir pues sí tiene un proyecto político con capacidad de convicción. El debate, pues, se circunscribe a una lucha por conseguir imponer la verdad de la izquierda frente a unos mentirosos manipuladores que aprovechan cualquier resquicio de libertad para confundir a las masas. En eso consiste el trabajo fundamental de los defensores de la extrema derecha y en eso, extrañamente, consiste, quizás, su reclamo para sus seguidores

Claro que todos habíamos identificado a la extrema derecha con el fascismo y el nazismo clásico, descripción que no corresponde demasiado con las páginas web al estilo gruporisa. ¿Cuántos yugos, cuantas cruces gamadas, cuantas soflamas antisemitas encontramos en ellas? Pero no nos confundamos, esto es sólo parte de la estrategia conspirativa: Cada vez más, la extrema derecha renuncia a los antiguos símbolos fascistas para quedarse con la esencia de esa manera de ser y de actuar: el ataque personal y la mentira persistente, inmisericorde, contra el oponente.

Por tanto, la esencia de la derecha es la mentira; suponemos que por contraposición, la esencia de la izquierda será la verdad. Fijémonos, en definitiva, que la extrema derecha no es, para Gallego-Díaz, ningún grupo de neonazis, sino todos los que discrepamos con ella. Si al expresar nuestra opinión recurrimos insistentemente en una contradicción con sus esquemas mentales, estaremos mintiendo. La mentira es nuestra forma de vida y, por tanto, somos de extrama derecha.

El discurso tiene un inquietante parecido con el "fenómeno de falsificación" que denunciaba Berlín. Uno tiene la impresión de que quienes seguimos una estrategia no somos tanto la "extrema derecha" cuanto la extrema izquierda. Eso sí, no nos confundamos, Gallego-Díaz, progresía personificada, no persigue las ideas, sino las formas: Lo rechazable de gente como los integrantes de Gruporisa no es lo que dicen de su causa. Lo rechazable, como en otros ídolos de la extrema derecha, es su brutal capacidad de insulto.

Esta frase no puede sonar más que a petulante sarcasmo; si, como antes ha dicho, la esencia de la "extrema derecha" es la mentira y el insulto, la crítica de la mentira y el insulto es una crítica a la extrema derecha misma. En otras palabras, si yo digo que Zapatero es un cínico, estoy recurriendo según Gallego-Díaz a la mentira y al insulto, y si bien lo criticable son mis formas, en este caso mis formas se corresponden con mis ideas. Si yo digo que el salario mínimo genera paro, estamos ante otra mentira para la Directora adjunta de El País, ¿problema de formas o más bien de fondo?

Ante semejante intolerancia, quizá entendamos mejor porque Gallego-Díaz ha encabezado su artículo diciendo que Lo que es rechazable, lo que es peligroso de los extremistas no es que sean extremos, sino que son intolerantes. No es un mal encabezado para empezar una diatriba intolerante que pretende vender el discurso del respeto a la disidencia. Los intolerantes son otros.

Repito, el acoso y derribo de gruporisa (y también de la COPE) es un ataque contra todos los que piensan distinto de la izquierda, un aliento a la censura, al control del pensamiento: Habrá que esperar que sepan que el Gruporisa es un claro ejemplo de las técnicas de la extrema derecha que circulan por Internet y que no sólo sus integrantes sino también sus defensores e impulsores han heredado el combativo espíritu de los fascistas de siempre. Somos fascistas señores; por discrepar, por criticar, lo somos.

Pero hay más. Fruto de esta campaña por la tolerancia que ha emprendido el País, ayer mismo tumbaron la web de gruporisa.com, un bonito ejercicio de talentoso respeto. Censura y eliminación de la discrepancia. ¿Quiénes son los fascistas pues? Me parece que la frase de Arendt con la que Gallego-Díaz termina el artículo le resulta perfectamente aplicable: Es verdad que el crimen y el criminal nos enfrentan con la perplejidad del mal absoluto; pero sólo el hipócrita está verdaderamente podrido hasta el corazón. Lo que diferencia a el País de los liberales es que nosotros nunca propondremos extirpar los corazones podridos. Puede estar tranquila.
Derecho al honor, obligación de callar

En una anotación anterior, kimbell y motilsarra han suscitado un interesante debate acerca de la existencia y virtualidad del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen. Antes de abordar el tema, quizá convenga resumir brevemente cuál es la protección de este "derecho" en el ordenamiento jurídico español.

El derecho al honor, intimidad personal y familiar, y propia imagen está recogido en el art. 18.1 de la Constitución española y, además, se establece como límite al uso de la informática (18.4) y a la libertad de expresión e información (20.4). Como derecho fundamental incluido en la sección 1ª, del capítulo segundo, del Título I, es un derecho con efecto directo (no es necesario ley que lo desarrolle) y especialmente protegido por la posibilidad de recurso de amparo (53.2). Se trata, por tanto, de un derecho más importante para la Constitución que, por ejemplo, el derecho a la propiedad.

El legislador ha desarrollado, no obstante, este derecho fundamental y ha pergeñado un triple esquema de protección, de menor a mayor gravedad. Por un lado, la víctima dispone del derecho de rectificación que básicamente consiste en el derecho que tiene el afectado a que el medio de comunicación que haya difundido una información errónea publique un escrito suyo en el que rectifique y matice la información.

Más importante es el segundo nivel de protección, la Ley Orgánica de Protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar, y propia imagen. La ley establece una serie de intromisiones ilegítimas (art. 7) frente a las cuales cabe una suspensión cautelar de la intromisión y, en su caso, una indemnización monetaria. La ley también establece una serie de excepciones en la aplicación de la ley, la más importante de las cuales es la del consentimiento.

Por último, para los casos muy graves, el Código Penal tiene previstos los delitos de calumnia e injuria.

Sentado esto, el art. 18 de la Constitución distingue, y así lo entiende también la doctrina, tres tipos de derechos: honor, intimidad e imagen. La crítica a los mismos debe, por tanto, ser una crítica separada.

a) Derecho al honor: El derecho al honor suele interpretarse desde una doble perspectiva. Por un lado, la perspectiva social del honor vendría a ser la imagen que los demás tienen de nosotros; por otro, la imagen personal del honor, coincidiría con una suerte de autoestima. Así mismo, las violaciones al honor pueden venir por una doble vía, a través de la imputación de hechos falsos a un individuo o el descubrimiento de hechos ciertos pero sobre los que no exista un interés legítimo de conocimiento.

Combinando la doble concepción del honor con la doble violación del honor obtenemos cuatro resultados: la imagen social del individuo queda menoscabada por un hecho falso (por ejemplo, que a alguien le acusen de ladrón sin serlo), la imagen social del individuo queda menoscabada por un hecho cierto pero que denigra su status (en ciertas sociedades que se desvele que practica el adulterio), la autoestima del sujeto cae por la imputación de hechos falsos (depresión subsiguiente a falsas acusaciones), y la autoestima del sujeto se reduce por un hecho cierto (ha entendido que ha obrado mal y se avergüenza)

Me parece que sólo las dos primeras posibilidades resultan problemáticas. El hecho de que un individuo se avergüence de lo malhecho tras una reprimenda es, hasta cierto punto, deseable.

Por su parte, la tercera posibilidad (caída de la autoestima por imputación de falsos hechos) tampoco resulta en exceso intrincada. El peligro para no reconocerlo es confundirla con la primera posibilidad.
La caída de la autoestima no se produce porque la sociedad se ha creído unos hechos falsos (en cuyo caso, entraríamos en el primer caso), sino por el simple hecho de oír una determinada falsedad. En realidad, esta posibilidad podemos incluso concluir que no existe. Si a mi alguien me acusa de algo absolutamente falso, y nadie más lo oye, yo podré molestarme de la mala fe del otro, pero mi autoestima no caerá en absoluto (ya que sé que es falso)

En definitiva, cuando se trata del honor entendido como autoestima, nos estamos refiriendo al vínculo que se establece entre dos personas que se transmiten información. Alguien puede sugerir que esta relación es equivalente a la que se establece entre un asesino y su víctima, pero me parece una comparación desafortunada. En cierto modo, si castigáramos tal conducta, estaríamos evitando las riñas, las discusiones, la aclaración de controversias, y la corrección de los malos actos. Cada vez que estamos recriminando unos malos actos puede producir la reducción de la autoestima de esa persona, cada vez que intetamos convencer a otro sobre determinadas ideas, estamos acusándole de haber estado manteniendo unas ideas falsas, lo cual puede, en cierto modo, sumirle en una depresión. ¿Debe castigarse todo ello? Una respuesta afirmativa deja abierta la puerta a que una percepción subjetiva de daño dé lugar a una pena.

Con todo, las dos primeras posibilidades siguen en pie y, creo, es en ellas en las que se piensa cuando se alude a "derecho al honor". Por un lado, ¿puede una persona decir cosas ciertas sobre otra aún cuando puedan menoscabar su imagen social si no existe un interés legítimo de conocimiento? Supongo que nadie cuestionará que se pueda vejar el honor de otra persona cuando la sociedad si tenga un interés de conocerlo, en caso contrario las sentencias judiciales deberían ser secretas, o las fotos de los etarras no deberían publicarse. Por tanto, la cuestión preeliminar es, ¿qué es un interés legítimo? ¿Quién lo mide? Yo puedo tener un interés legítimo (para mí) es conocer los trapos sucios de mis vecinos, pero en tanto alguien los rebele, estaría vulnerando su derecho al honor.

Además, tampoco queda del todo claro cuál es la diferencia entre un hecho cierto y uno falso. En ciertos casos puede estar más o menos claro; si yo digo que mi vecino es un asesino, y nunca ha matado a nadie, parece obvio que estoy mintiendo. Pero si, teniendo hijos, digo algo tan rastrero como que "le gustan los niños", ¿estaría dañando su honor? O más claro todavía, si acuso a ZP de robar a todos los españoles mediante los impuestos, ¿lo estoy difamando? ¿debe censurárseme por ello? Y si encontramos un poso de verdad en estas acusaciones, ¿existe un interés legítimo de conocimiento?

Pero aún en el caso de una información falsa, hay otra circunstancia todavía más relevante para determinar el alcance de este supuesto derecho. Como bien apunta Rothbard, el honor es la imagen que otras personas tienen sobre alguien. Se trata, por tanto, de una elucubración libre, nacida del intercambio voluntario de información entre quien escucha y quien "difama". En realidad, el derecho al honor no deja de ser un derecho positivo en tanto en cuanto un individuo pretende que el resto de la sociedad tenga una determinada "buena" imagen de él. Esta "buena imagen", este honor, no es una realidad que tenga cada individuo, sino la impresión de otros, la opinión de otros. Quien pretende salvaguardar su bien honor está, en pocas palabras, apoderándose de la opinión ajena; una suerte de control mental harto peligroso. No se está defendiendo de una agresión, sino que la está cometiendo. No ya contra la libertad de expresión, sino contra una libertad incluso más sensible, la de pensamiento.

Imagínense cuáles son las consecuencias últimas de este derecho "al honor" en el caso de los políticos o, mejor incluso, en el caso del honor del Estado. Cualquier crítica que supuestamente medrara su honoralibilidad debería ser cortada de raíz, cualquier pensamiento mal formado debería ser, o reeducado o silenciado. ¿Es que acaso nuestras críticas contra la gestión de los políticos no dañan su honor de buenos gobernantes? (Conste que no estoy comentando específicamente la legislación española, pues en este caso si existe una excepción) Y si criticamos la mala fe de algún conocido, de algún empresario, de algún banquero, ¿debemos rectificar, desdecirnos, corregir nuestro pensamiento?

En definitiva, esta invención del derecho al honor pretende amordazar la crítica a cualquier persona; o mejor dicho, pretende canalizar la crítica a través de sus cauces legítimos. En cierta manera, el Estado controla qué puede y qué no puede decirse, generando la apariencia de una sociedad reflexiva. Pero la cuestión, insisto, es muy simple, ¿quién soy yo para meterme en la conversación privada de dos personas aún cuando yo sea el tema de conversación? ¿Es que debo establecer una censura previa siempre que se hable de mí? No creo necesario desarrollar las consecuencias que ello tendría en caso de que todos operaran de la misma forma.

Claro que, hecha esta consideración, las dudas emergen en torno a como evitar campañas difamatorias. La respuesta es siempre información y contrainformación; de hecho, en una sociedad libre no puede ser otra. La información no es un hecho objetivo que pueda dominarse, la pretensión de hacerlo, la ficción de conseguirlo, como hemos visto, silencia a los individuos. La cuestión es cómo esa información llega a las personas y, sobre todo, éstas la toman como información relevante.

Dice Rothbard que, sabiendo que los tribunales no establecen quién dice la verdad y quién no, todos seríamos más críticos a la hora de evaluar la información. Razón no le falta, pero conviene matizarlo. No es del todo cierto que, en cualquier caso, vayamos a ser más críticos, simplemente seremos más libres (ya que ningún tribunal nos impondrá su particular interpretación de los hechos) Esa libertad la podemos, incluso, utilizar para equivocarnos (todo ello es cierto, la acción implica la posibilidad de error) Pero esa posibilidad de error, como bien apunta Hülsmann, no depende de las condiciones de la acción, sino que es un componente de la acción misma. Con lo cual, aún cuando nadie nos diga qué es cierto y qué es falso seguirá existiendo la posibilidad de acertar. ¿De qué manera?

En principio, quien siempre mienta carecerá de credibilidad; a aquellas personas con reputada fama de mentirosos nadie, salvo los ciegos fieles, los creerá. En una sociedad donde la confianza va siendo una herramienta básica para poder entablar contratos y relacionarse con los demás, los incentivos a mentir se reducen. No sólo eso, por esa misma razón, los incentivos de otros para demostrar que mientes, aumentan. Con la actual polémica COPE-PRISA podemos construir un ejemplo fácilmente comprensible: Imaginemos que mañana PRISA lanza una campaña acusando a los colaboradores de liberalismo.org de terroristas (tampoco es necesario irse muy lejos) El objetivo de PRISA es hundir liberalismo.org para que así el socialismo totalitario prospere. Resulta obvio que la COPE -otro medio si bien no de tamaña igual, pero con cierta entidad- saldrá en defensa de liberalismo.org, no ya porque crea en la libertad, sino para minar, con razón, el buen nombre de PRISA. Es decir, los "fuertes" siguen teniendo incentivos para ayudar a los "débiles". El libre mercado, pues, permite la posibilidad y, sobre todo, la necesidad del altruismo.

En la situación actual nadie ayuda a nadie en tanto la cuestión deberá resolverla un juez. Las argumentaciones se reservan de cara a la galería judicial, mientras que la sociedad, ausente en el debate, debe esperar el sabio veredicto de éste. Por tanto, la restitución del "honor" depende de una profesión de fe hacia la eficiencia judicial, y no tanto en la auténtica capacidad de defensa del difamado. Especialmente, en situaciones como la española, la capacidad de restitución de nuestro sistema judicial es prácticamente nula. En muchos casos, sólo sirve para amordazar, no a quien quiere difamar, sino a quien cree que pueden acusarle en un juicio de haber difamado.

No creo necesario extendernos en más ejemplos; la cuestión sobre el derecho al honor se resume, por un lado, en su inexistencia y artificial base absolutista y, por otro, en su más efectiva lucha mediante la libertad de réplica.

b) Intimidad personal y familiar: Este derecho es un complemento de la lesión al honor producida por un conocimiento social de unos hechos ciertos sobre los que no existía legítimo interés. Ya lo hemos tratado, en el apartado anterior. No debe ir necesariamente ligado (ya que este derecho queda atacado aún cuando los datos íntimos revelados no supongan un menoscabo del honor), pero será lo habitual.

Quizá podamos hacer un comentario adicional sobre por qué conviene eliminar también esta prebenda. Actualmente, cuando se desvelan informaciones íntimas la condena judicial se producirá por esos motivos; en otras palabras, no podrán negarse los hechos desvelados sí son ciertos, con lo cual serán ratificados a los ojos de la sociedad aún cuando se condene su difusión. En una sociedad libre, si acuso a mi vecino de ser infiel, éste siempre podrá negarlo aún siendo cierto. Este detalle es fundamental, pues relativiza las afirmaciones, y además nos traza una contradicción de derechos difícilmente resoluble. Volvamos al ejemplo, acuso a mi vecino de ser infiel y éste lo niega, ergo, me está acusando de mentiroso. Queda claro que yo vulnero su derecho a la intimidad, pero él está vulnerando mi derecho al honor. ¿Es legítima esa falsa acusación? Los defensores de ambos derechos deberían ser coherentes y concluir que mi honor debe ser restituido mediante la comprobación de los hechos (la infidelidad de mi vecino) y, si bien yo seré castigado por lesionar el derecho a la intimidad, mi vecino lo será por lesionarme el del honor. El resultado será que todo el mundo conocerá sus desvergüenzas y además será castigado. Por tanto, nadie cuyas intimidades fueran desveladas trataría de desmentirlas.

Esto no sucede en una sociedad libre donde nadie es responsable por sus palabras. Si yo desvelo intimidades ciertas de mi vecino, éste puede negarlas con tranquilidad, incluso acusarme de devorador de niños. Simplemente, el resto de individuos es libre para formarse una opinión.

Con todo, hasta aquí hemos analizado la dimensión positiva del derecho a la intimidad, es decir, una dimensión inexistente y nociva para aquello que aspira a proteger. Sin embargo, sí debemos reconocer una dimensión negativa a este derecho, dimensión tradicionalmente perfilada por la doctrina y que vendría a coincidir, grosso modo, con algunas previsiones de lo que el art. 7 de la Ley Orgánica de Protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar, y propia imagen califica de "intromisiones ilegítimas", esto es, violaciones de la propiedad ajena para obtener datos íntimos (intrusiones, pinchazos telefónicos, robo de correspondencia...)

Eso sí, fijémonos que, en estos casos, no tratamos tanto de una violación del derecho a la intimidad, como del derecho de propiedad.

c) Propia imagen: Al igual que en el derecho a la intimidad el derecho a la propia imagen suele presentar una perspectiva positiva y negativa: que pueda utilizar mi imagen y que nadie más pueda hacerlo. Aunque éste puede ser un punto de discrepancia, tampoco observo motivos por los cuales no puedo utilizar una imagen ajena para publicitar mi producto. De hecho, entronca necesariamente con la libertad de expresión, incluso para mentir. No veo cuál es el inconveniente en que yo afirme que Ronaldo respalda mis productos (incluso incluyendo su fotografía), pues siempre el susodicho puede desmentirme (en cuyo caso, poca duda habría sobre si respalda mis productos) e incluso hacer decidida campaña por la competencia.

Cierto es que tal posibilidad reducirá las posibilidades de lucro de los famosos. Por ejemplo, podría darse la situación en que sólo aquellas marcas que los desportistas lleven físicamente puedan considerarse auténticamente respaldadas; también cabe la posibilidad de que aparecieran determinados tipos de certificados y de garantías cuyo diseño ahora mismo desconocemos. En todo caso, si bien guarda una fuerte relación con la libertad de expresión, el derecho a la propia imagen enlaza más adecuadamente con el debate sobre las propiedad intelectual. Y en este caso, no puedo estar más convencido de que la creación artificial de escasez en bienes no tangibles es una soberana desfachatez. Si bien, éste es otro debate.

En conclusión, pues, he tratado de esbozar porqué el art. 18 de la Constitución (especialmente en su vertiente de derecho al honor) carece, en mi opinión, de sentido; porque las regulaciones para garantizar la verdad tienden a oscurecerla o a proteger a los indiscretos; porque toda regulación de la libertad de expresión y pensamiento termina sirviendo de base para doctrinas totalitarias y porque todo ello puede combatirse de una manera más eficaz en libertad. Lamento las imprecisiones jurídicas que haya podido cometer, pero imagino que, en todo caso, las bases para una ulterior discusión han sido sentadas.

8 de Diciembre de 2004

Y ahora los futbolistas

Por lo visto, a nuestro talentoso gobierno no le bastaba con la profunda y sesuda difusión que del texto constitucional europeo va a realizar el programa Gran Hermano, cuna de la intelectualidad española.

Parece ser que para aprobar el sarcasmo eurocrático que las élites estatalistas de Bruselas quieren colarnos, con la vergonzosa aquiescencia del socialismo y el centrismo-borreguil español, es necesario un nuevo golpe de efecto.

Por ello, el gobierno se está planteando involucrar en la campaña a favor del sí a la Constitución Europea a los futbolistas, cómo no, otras personas harto indicadas para vendernos las excelencias de ese engendro intervencionista que, si mucho no cambian las cosas, será aprobado en febrero.

No sé si al gobierno no le salen las cuentas y piensa que entre la abstención en el lado del Sí, y la activa participación del NO por parte de heterogéneos votantes españoles, puede perder el próximo referéndum. En todo caso, el ridículo espantoso que supone vestir con la seda de una telebasura que el propio gobierno pretende regular y erradicar a la mona constitucional, resulta impagable.

Casi tan impagable como la sana coincidencia de que para aprobar una Constitución que consagra la estatalización y esclavización de los europeos, una Constitución de fondo y forma stalinistas, el gobierno haya decidido recurrir al Gran Hermano. George Orwell debe estar removiéndose en su tumba al comprobar que no en 1984, sino veinte años después, el superEstado que previó, el Gran Hermano que utiliza los medios de comunicación para someter a la población, empieza a ser una realidad.

Al menos es de agradecer que nuestro gobierno sea explícito en su afán dominador y de marketing encadenador. Hace tiempo que perdió los miedos, los complejos y las contenciones estéticas. Sólo queda, como bien señaló Fernández de la Vega, provocar un cambio social mediante el arma que supone la política. Nuestros ingenieros sociales tienen las pilas cargadas y están envalentonados.

7 de Diciembre de 2004

Malabarismos censores

He de decir, antes que nada, que el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, me parece una violación clarísima de la libertad de expresión. El hecho de que un tribunal pueda juzgar cuando alguien dice la verdad sobre otro alguien y, en consecuencia, cerrarle la boca al primero, resulta del todo insensato. No digo que no debamos señalar y vilipendiar a los mentirosos, sin embargo, no impidiéndoles que hablen. Si alguna persona se siente vejada, que se defienda si lo considera necesario; así de claro. Lo contrario, recurrir al juzgado, abre la puerta a la inseguridad jurídica más atroz, pues sólo después de que el juez valore los hechos, podemos afirmar saber si hemos delinquido. Algo así como una censura preventiva a la libertad de expresión.

Sentado esto, el sainete que se ha montado con las acusaciones de El País (y digo de El País, ya que las seguía manteniendo cuando el gobierno ya había dado marcha atrás) a www.gruporisa.com rayan lo absurdo. No sólo por el empecinamiento borreguil en que la maligna Conferencia Episcopal estaba detrás del asunto, sino porque, otra vez, vuelven a detectarse pretensiones censoras en Internet.

Cierto que la queja inicial del gobierno no tiene por qué entender como censura, si bien las opiniones de un gobierno sobre las manifestaciones libres de la sociedad, sobran. Y sobran por la propia naturaleza del gobierno y por el poder al que puede recurrir; sobran porque no es equiparable la queja de un particular que la de una institución con medios y legitimidad política para emplear la fuerza en tu contra.

Sin embargo, el gobierno se disculpó en su momento por las acusaciones infundadas; algo es algo. La cuestión ahora es por qué el País sigue erre que erre en acusar a la COPE. O es un error, cosa improbable dadas las fuentes de primera mano con las que cuentan, o se trata de una estrategia encaminada a difamar o a presionar al gobierno (o una combinación de ambas) En caso de tratarse de una difamación consciente, El País sólo vendría a exponer, una vez más, la escasa credibilidad con la que cuenta, sólo vendría a reflejar la más artera mala fe detrás de sus noticias, su más buscada confusión entre información y subvertida opinión. Con todo, como ya he dicho al comenzar, la mentira no debe combatirse en los tribunales, sino tratando de demostrar quién miente y dónde miente; entre otras cosas porque nadie tiene, a priori, la exclusividad de la verdad.

Si bien, en este caso, las acusaciones carecen de sentido. Espero que nadie responsabilice a Hans Hermann Hoppe de editar el blog de Juan Fernando Carpio por utilizar como título una de sus expresiones. Y, espero, además, que si alguien acusa a Hoppe de editar el blog de Carpio, no mantenga, al mismo tiempo, la acusación de que el blog lo edita Hoppe y que lo edita José Carlos Rodríguez. Si como ahora se manifiesta, www.gruporisa.com es de gente del PP, queda desmentida categóricamente que dependiera de la COPE. Ésta es la razón de fondo, un diario serio debería rectificar, aún con un mínimo apartado en una página perdida, las acusaciones que realizó; si bien, la estrategia parece discurrir por afirmar que www.gruporisa.com lo edita la COPE y al mismo tiempo el PP. Fantástico.

En cualquier caso, tal campaña antiCOPE llevada a cabo por PRISA sólo saca a la luz su mediocridad mediática y su escasa honestidad. Mientras se circunscriba en la confrontación argumental, en la libertad de expresión de réplica y contrarréplica, nada que objetar, seguiremos utilizando los instrumentos de los que disponemos para señalar las mentiras de los medios de comunicación, entre ellos, el País.

Claro que la otra posibilidad es que todo esto se trata de una consciente presión de PRISA hacia el gobierno para que censure a la COPE y, sobre todo, a Internet (no olvidemos que, en el fondo, se trata de denigrar a www.gruporpisa.com), no ausente de precedentes en ese diario, resulta harto más preocupante. No olvidemos que tenemos un Estatuto del Periodista amenazante sobre nuestras cabezas. La presión, y los frutos de esa presión, no tiene por qué ser cortoplacistas; algunos sugieren que la estrategia está destinada a desacreditar la COPE ante los previsibles buenos resultados del EGM, otros que intentan echar a Losantos, me decanto por pensar que se trata de otro paso en las pretensiones censoras de buena parte de la izquierda.

Hasta el momento, los aprendices de censores se limitan a señalar que estábamos crispando o que nuestras opiniones eran agitativas; poca base para vender a todo un electorado la necesidad de que el gobierno meta mano en Internet. Ahora, nos acusan (y digo "nos" porque aunque la acusación de dirija contra una página con la que no guardo relación alguna, la idea de fondo es dirigirse contra toda la red antigubernamental) de insultar, de vulnerar un derecho constitucional, de ser malos y soeces.

El pretexto censor adquiere un trazo más fuerte, al menos, resulta más vendible ante la ciudadanía. Internet es una jaula de grillos, donde cualquier puede insultar o cualquier otro, el gobierno tiene que regular quién entra y quién sale de la Red para garantizar una auténtica libertad de expresión que no atente contra el derecho al honor. ¿No les resulta comprensible? ¿No es un argumento suficiente como para que un buen número de socialistas se autoconvenza de la imperativa necesidad de "administrar" el caos de internet (lo mismo decían respecto al capitalismo, el caos productivo)?

Ante esas estamos, la argumentación censora va tomando cuerpo. Si bien al principio parecía infantil y sin consistencia, cada vez la van refinando y haciendo más tolerable para los electores. No me cabe duda de que intentarán meterle tijeretazo a la red agitativa; pero no se lo pondremos fácil.

6 de Diciembre de 2004

Que lo celebren otros

Día de la Constitución española. Alegría y jolgorio entre las masas. Se supone que deberíamos estar felices por tan grandioso texto. Algunos van de modernillos, de progres, por querer modificarla. Supongo que creerán que el liberalismo está encantado con semejante bicha. No es mi caso. Socialistas y nacionalistas quieren reformar la Constitución; yo también, mira por dónde. Sin embargo, sus parches me resultan, como mínimo, innecesarios. Ya que abrimos el melón -y abrámoslo- aprovechemos para reformar la Constitución de arriba abajo, quitémosle lastre, borremos su corpus totalizador. Ya hice el año pasado mi propuesta, insuficiente y no exhaustiva, sobre los artículos a eliminar.

No viene mal recordar que si bien la Constitución Europea es un engendro aberrante, a rechazar y combatir, no viene a ser, en muchos casos (básicamente en la parte dogmática), más que un calco de la española. Si rechazamos aquélla con más razón debemos enfrentarnos a ésta. Y es que, con razón, los burócratas asentados en sus privilegios celebran el día de la Constitución española. Los únicos políticos que ningunean la festividad colectiva y colectivista son los que creen no tener unos privilegios suficientemente profundos.

Con ellos coincido, si bien no me uno. Por distintos motivos a los suyos, tampoco celebro este día. Ya ha llovido bastante desde el tristemente famoso vivan las caenas como para convertirlo en eslogan del día de hoy.

3 de Diciembre de 2004

ETA, el lado humano del terrorismo

El 11-M supuso, entre muchas otras cosas, una expiación moral para la banda terorrista ETA. Si a primera hora del jueves 11, la población española, entre sollozos y desconcierto, estaba totalmente dispuesta a despellejar a los asesinos sanguinarios que habían cometido la mayor barbarie en nuestra historia, tal como los días fueron pasado, la información y la desinformación creciendo y los intereses electorales socavando la lealtad de muchos, ETA encontró debidas disculpas entre muchos arrepentidos españoles.

A toro pasado, todo el mundo sabía que ETA no podía estar detrás del 11-M; no podían llegar a tales extremos, eran unos asesinos crueles, pero no tan crueles, eran los terroristas de toda la vida, con los que habíamos convivido durante 30 años y a los que nos habíamos acostumbrado, eran nuestros terroristas.

Algunos, con una temeridad impropia, llegaron a pedir que ETA no estuviera detrás del 11-M para no ensuciar la pueblo vasco. Como si las atrocidades que cometan una banda de criminales -mayormente para más inri contra los vascos- pudiera de alguna manera mancillar a todo ese "pueblo vasco"; como si, en caso de poder ensuciarlo, las más de 900 víctimas de ETA no hubieran bastado para ello. Un auténtico ejercicio de cinismo reflejo, de colectivismo primario, bastante lamentable.

En realidad, ETA, tras el 11-M, apareció como la víctima de una ataque despiadado y electoralista por parte del PP, un ataque no necesariamente circunscrito al 11-M, sino, viéndolo con perspectiva, a sus ocho años de gobierno. Los etarras eran malos, pero no tan malo; el PP era malo, pero peor. Claro que el disparate no terminó ahí durante esos días. La falaz relación 11-M/Guerra de Irak condujo al peligroso ejercicio de buscar una causa para el terror como paso previo a encontrar una justificación. Los asesinos del 11-M tenían la culpa sí, pero en su justa medida y compartida con el gran terrorista Aznar. El mutismo se apoderó de buena parte de los españoles, previo acto de contricción, censura gubernamental, y tabula rasa.

El peligro que corrimos y en el que caímos fue conceder una inmerecida bula a ETA. El otro día, se defendía la absurda tesis de que ETA siempre advertía antes de cometer sus atentados, su objetivo realmente no era matar, sino publicitar sus reivindicaciones. Hemos retrocedido años, muchos años, en la lucha contra el terrorismo y en la visión social del mismo. En este caso, no sólo hemos encontrado justificación, sino que, en muchos ocasiones, la hemos asumido como una justificación propia.

El mal, la subrogación en Dios para decidir sobre la vida de otros, no tiene escalas ni grados. ¿Es mayor la infamia moral de quien asesina a 1000 personas de la de quien mata a una? Sinceramente lo dudo. La diferencia puede ser mediática, que no haya podido matar más, o de fines, que no necesite matar más; en ambos casos, no nos hayamos ante contenciones del individuo, sino ante presupuestos estratégicos. Ninguna credibilidad moral puede concedérsele al que causa mal deliberadamente.

Con semejantes planteamientos, con semejantes amilanamientos, sólo conseguimos esto. La previsión de una una cierta aquiescencia y respaldo entre las víctimas, de un intolerable síndrome de Estocolmo, sólo envalentona al criminal. ETA, por muy mal que se encuentre, quiere seguir matando; sólo espero que nuestra voluntad opositora no esté en peor estado que la capacidad ofensiva de los terroristas. Lo espero, pero, desde luego, no puedo afirmarlo.

2 de Diciembre de 2004

Esto es el fascismo

¿Se acuerdan de Francisco Caja? ¿Se acuerdan de como los "progresistas" acudían a asediar a Alejo Vidal Quadras, Gotzone Mora o Redondo Terreros? Pues parece que la izquierda -la tolerancia, la libertad de expresión, la no criminalización de las ideas- no desiste en este cometido. Atención al post publicado en Indymedia:

Saludos, en esta web disponéis de las direcciones de algunos profesores de las universidades valencianas que han constituido un colectivo secesionista. Aquí tenéis sus direcciones... quizá os entren ganas de decirles qué pensáis del fascismo azul.

Esto es el fascismo, es decir, la izquierda de siempre, la de ayer, la de hoy y la de mañana. En nombre de combatir el fascismo (esto es, quienes no piensan como ellos) recurren a los métodos fascistas; en nombre de defender el derecho de secesión catalán, atacan a quienes defienden el derecho de secesión valenciano. Ya lo dijo con claridad Fallaci: En mi país, los fascistas se dividen en dos tipos: los fascistas y los antifascistas. En el nuestro también; claro está dónde se encuentra, y en qué movimiento intelectual se enmarca, la escoria de nuestra sociedad.
Drogas y Estado

Una de las políticas más escandalosas y absurdas en la que los Estados occidentales han malgastado y despilfarrado los recursos obtenidos por la explotación de sus ciudadanos ha sido la lucha contra las drogas. Nuestros políticos, autoeregidos moralizadores y redentores del pueblo, han estigmatizado una decisión tan sumamente personal -el consumo de sustancias usadas desde tiempo remotos- y han perseguido de una manera policial y fascistoide a sus proveedores.

No es han escatimado ningún recurso ni les ha temblado el pulso lo más mínimo. Por un lado, han gastado tanto dinero (tanto dinero nuestro) como les ha apetecido para remoralizar a la sociedad contra el uso de las drogas, de lo que ellos consideraban drogas. Nos han mentido hasta la saciedad, no sólo por marginar ciertos modos de vida tan dignos como otros, sino especialmente al hacernos creer que el consumo de drogas necesariamente iba a empujarnos hacia tales hábitos; han metido a la policía en las escuelas para lavar las consciencias de los púberes, dotando de falsa autoridad sus argumentos; han disociado hasta el absurdo el consumo de drogas de la inevitable responsabilidad individual de toda acción; y han adornado su nueva moral pública con resultados científicos de dudosa credibilidad (¿qué se puede esperar de estudios subvencionados con dinero público precisamente para que digan lo que otros quieren escuchar?)

Ayer mismo se publicó un informe que advertía de que, atención, ¡el consumo de cannabis multiplica por dos el riesgo de psicosis! Toma del frasco carrasco. Es increíble tanto la cantidad de tonterías que pueden llegar a soltarse como que alguien pueda financiar tales estudios. No sólo porque se afirma que cualquier nivel de consumo incrementaba el riesgo, lo cual es comparable a decir que cualquier consumo de vino tiende a incrementar el riesgo de cirrosis, (y aparte es radicalmente falso, ya que en un par de días de consumo interrumpido el cannabis desaparece del cuerpo) sino porque tales efectos ya se conocían y no aportan nada nuevo. Escohotado decía en 1998: El inconveniente principal [del cannabis] son los "malos rollos" -casi siempre de tipo paranoide- que pueden hacer presa en algún contertulio. Sin embargo, estos episodios quedan reducidos al mínimo entre usuarios avezados y se desvanecen fácilmente cuando los demás prestan a esa persona el apoyo debido.

El cannabis es una droga alucinógena que, por tanto, tiende a estimular los caracteres previos del consumidor. Nadie con enfermedades mentales debería tomar drogas alucinógenas -insisto, este debería implica una valoración personal, es palmario que los efectos estimulantes que puede tener el cannabis sobre un psicótico son mínimos-, de la misma manera que ningún diabético no debería tomar azúcar. Pero ello no significa, como semejante estudio pretende poner de manifiesto, que los que carecen de trastornos psíquicos previos vean incrementado su riesgo psicótico con el cannabis, de la misma manera que la gente que no padece diabetes no se verá intoxicada con cantidades estándar de azúcar. Tales estudios sólo intentan colocar en el punto de mira de la represión gubernamental y de la marginación social "al drogadicto", ese oscuro sujeto que hasta ahora era acusado de robar para poder continuar consumiendo drogas y que, a partir de ahora, se le acusará, cómo no, de propensión al asesinato.

Pero es que, por otro lado, los gobiernos no han pretendido sólo que cada sujeto actúe conforme a sus estúpidos patrones de corrección y civilidad, además y sobre todo, han reprimido hasta escandalizar a los tráficantes de drogas. ¡Traficantes! ¿Acaso al panadero se le llama traficante de pan? ¿Al carnicero traficante de carne? ¿Al profesor traficante de conocimientos? ¿Qué clase de doblez lingüística es ésta? Y, en todo caso, el "traficante" de drogas sería una creación del gobierno habida cuenta de su grotesco prohibicionismo. El "traficante" sólo realiza el servicio de proveer a los consumidores con aquello que demandan; si sobre alguien debiera recaer la supuesta inmoralidad de la transacción sería sobre quien compra, nunca sobre quien vende.

No viene mal recordar el delito tipificado en el artículo 368 de nuestro Código Penal: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, serán castigados con penas de prisión de tres a nueve años... La violación (art. 179) es castigada con penas de 6 a 12 años, el homicidio (art. 138) con penas de 10 a 15 años y las lesiones graves (art. 149) con penas de 6 a 12 años. Es decir, el tráfico de drogas, podemos decir sin equivocarnos, tiene para nuestro legislador una gravedad similar a la violación y un poco menor que la del homicidio. ¿En qué cabeza cabe que una persona pueda pasarse hasta 9 años en prisión por atender una demanda de los consumidores cuyos efectos recaen en la esfera del usuario? Estamos ante Estados policiales que han colapsado las cárceles de delincuentes que no lo son (pues no han cometido ningún daño a nadie) mientras que los auténticos criminales (asesinos o violadores) se les han escapado de las manos.

No digo que los vendedores de drogas estén siempre exentos de responsabilidad. La venta de productos adulterados supone una violación del contrato entre las partes y, por tanto, deberían responder. Sin embargo, no olvidemos que la legislación estatal es responsable indirecta de esta adulteración al impedir una fluida competencia y, sobre todo, un intercambio de información sin cortapisas.

Recapitulando, el Estado ha echado mano de nuestras propiedades, nos ha engañado, manipulando y moralizando haciendo uso de su control sobre la policía, la educación y la sanidad. Ha convertido al consumidor de drogas en un engendro a aislar de la pulcra sociedad y ha perseguido, con un ahínco equiparable al de atentados contra la vida, a sus proveedores. Nuestros políticos han contado con todos los medios habidos y por haber para terminar con esta lacra social y, ¿qué han conseguido con tanta bazofia informativa y tremenda represión? NADA.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, durante los últimos diez años, el consumo de cocaína se ha multiplicado por cuatro y el de cannabis por dos. Desconozco hasta qué extremo estos resultados son fiables y no constituyen otra treta para justificar un mayor gasto y una mayor represión. De hecho, la ministra de Sanidad, lejos de replantearse el problema, ha considera que lo más preocupante (y por tanto donde habrá que incidir) es en el hecho de que un 87% de los adolescentes considere fácil conseguir bebidas alcohólicas, un 64% cannabis y un 53,8% tranquilizantes. Y es que, como se quejaba Bastiat: La táctica consiste en hacer pasar por servicios reales algo que sólo consiste en restricciones; a partir de entonces, la nación no paga por ser atentida, sino por ser desatendida. Nos roban para reprimirnos, el colmo de los negocios intervencionistas.

¿Nadie en el gobierno se ha planteado por qué, en su opinión, resulta preocupante que aumente el uso de drogas? y sobre todo, ¿qué tiene que ver la preocupación particular de los políticos con la represión pública a través del Estado? A mí me puede preocupar la proliferación de ciertos libros, de determinadas ideas, de ciertos estilos de música, pero ello no justifica que pueda meter nueve años en la cárcel a sus propagadores.

Dos principios deben encardinar el uso social de las drogas: la responsabilidad individual y la responsabilidad parental. El individuo adulto debe tener capacidad para decidir qué consumir y qué no consumir, mientras que los padres deben tener libertad para educar a cada niño conforme a los valores que consideren más oportunos. Desviarse de estos valores nos conduce a un absurdo como el actual, donde los padres se han olvidando de sus obligaciones, sustituyendo la persuasión privada por la represión pública, y donde el Estado ha creado una situación de confusión e ignorancia con respecto a las drogas que, por un lado, ha proscrito cualquier intento de investigación seria sobre sus consecuencias y, por otro, ha creado un mercado informal de drogas adulteradas a partir de sustancias paradójicamente legales. Por no hablar, claro está, del trastorno terapéutico que ha supuesto la regulación de las drogas "legítimas".

Ahora bien, no olvidemos que la esperpéntica guerra contra las drogas sólo supone un ejemplo concreto, quizá uno de los más claros, de la existencia de una institución totalmente pervertida y corrupta de raíz como el Estado. La guerra contra las drogas no es más que un caso particular de la guerra contra el individuo y su libertad.
No leáis sus comentarios
 
Los progres están cada día más espabilados. Estaba esperando que nuestra crítica a la Constitución Europea llegara a alguna página totalitaria, del estilo Nodo50 o Rebelion.org. Algo es algo, ya la han mentado en Indymedia. No es la primera vez que guardo, desde esta bitácora, relaciones diplomáticas amistosas con los proesclavistas de esa página. Así que, dado las buenas relaciones con las que reproducen mis artículos o mis posts, supongo que no les importará que apelando al copyleft reproduzca algunos de sus comentarios.

Me hubiera gustado ver la cara de quienes acusan a está Constitución, nada menos que de ultracapitalista, al leer las críticas liberales al texto dictatorial. Si la Constitución Europea sirve a las clases dominantes y nosotros somos a la vez sus lacayos, ¿cómo puede suceder que los liberales rechacemos la Constitución? ¿Maniobra de distracción? ¿Todavía no nos ha dado un "toque" los empresarios para que rectifiquemos? ¡Ah claro! Que también servimos a la CIA y al Mossad, al neoconservadurismo e imperialismo de Bush, y éstos se oponen pagan mejor. Si es que tener tantos mecenas al final nos genera conflictos de intereses. Todo sea por que podamos seguir bañándonos en nuestra piscina climatizada mientras observamos el severo régimen de explotación al que está sometido el obrero.

En cualquier caso, los comentarios de algunos certifican la ignorancia. Como muestra este concreto botón: no os leais sus comentarios, son estúpidos y fascistas. leerse las 349 páginas de constitución es imposible, pero leer sus comentarios es peor. El mejor antídoto no es pasarse por la página y criticar nuestros análisis desde el muy perfeccionado y dogmático aparato teórico de la izquierda; no se trata de refutarnos, ni siquiera de humillarnos; no. Lo que hay que hacer es no leerlos, hacer como si no existieran. Los libros liberales no deberían existir, y si se escriben quemarlos, y si no podemos quemarlos, al menos, ignorarlos. Así mismo con todas y cada una de sus opiniones.

Pero lo mejor de todo es que califican de imposible leerse un texto constitucional de 349 páginas. Hombre, agradable no es, pero imposible tampoco. De hecho, cuando no puede acudirse a la fuente original, siempre es recomendable leer varias opiniones y visiones sobre la fuente original. Ahora bien, si no debe acudirse ni al texto constitucional, ni a los comentarios discordantes con el talibanismo izquierdista, ¿qué nos queda? La visión unívoca de la tribu, de la secta. Leed sólo las opiniones inconexas e infantiles de la izquierda, no leáis a los liberales, a ver si os "manipulan".

De todas formas, en este caso concreto, ya va bien que la izquierda se crea que la Constitución Europea es ultraneoliberal. Con tanto tonto suelto, al menos por una vez, que nos sirvan de tontos útiles y voten que no. Aunque no nos guste, si queremos tener una mínima -y digo mínima- esperanza de tumbarla, los necesitamos.

1 de Diciembre de 2004

Lista ya cerrada para la KDD

Parece ser que, finalmente, la opción de ir al Pizza Jardín ha sido la aprobada. Por tanto, el sábado 4, a las 21.00 en el Pizza Jardín. Se ha propuesto no dar la dirección del mismo para evitar altercados con los pacifistas ultratolerantes. La mayoría de los asistentes ya conoce el lugar, en caso de que alguien no lo sepa, con gusto le enviaremos un mail con la dirección.

Procedamos, ahora al segundo paso, tal como explico en el post anterior. La intención es poder reservar mesa en el Pizza Jardín, por tanto, aún cuando pueda ser un poco repetitivo y cansino, a efectos operativos y de organización sería mejor que cada cual dejara un comentario a este post confirmando su asistencia (o su intención de asistir). Hay tiempo para apuntarse hasta el viernes a las 14.00. En ese momento, haremos el recuento y reservaremos.

Para comentarios y preguntas sobre la KDD está el otro post, éste, en la medida de lo posible, guardémoslo para que cada uno confirme la asistencia. Este método de organizar KDDs si bien un poco más rígido, nos asegurará la cena, una experiencia piloto que espero salga bien.


Actualización: Lista cerrada, seremos unas 20 personas. Ahora bien, si alguien no ha podido apuntarse por el motivo que fuere, supongo que no habrá problema si acude a la KDD, al fin y al cabo, persona arriba, persona abajo, seremos capaces de organizarnos (o debiéramos)
¿KDD en Madrid el próximo sábado? (Actualizado)

Era una de las posibilidades que barajábamos y, al menos por mi parte, salvo que la fatalidad se vuelva a interponer en mi camino, puedo confirmar mi asistencia. ¿Qué os parece la propuesta? ¿Quién estaría dispuesto a asistir? No sé si mayormente el hecho de que el sábado empiece el puente será un inconveniente y, sobre todo, un inconveniente insalvable. Quizá para otros sea una buena oportunidad para acudir a Madrid.

En todo caso, abro el post para a) confirmar, en principio, la asistencia y b) sugerir hora y lugar para la KDD.

ACTUALIZACIÓN: Milton propone que sigamos yendo al Pizza Jardín. Sin ser definitivo, sí sería interesante, en todo caso, que aquellos que tengan pensado asistir pusieran un comentario para hacernos una idea de la asistencia y, como sugiere con acierto Dani, poder incluso reservar.


ACTUALIZACIÓN 2: Lo he hablado con Dani y vamos a proceder de la siguiente manera: Esta noche elegiremos donde ir (por ahora sólo se ha propuesto un sitio) y posteriormente abriré otro post donde todos los que quieran ir dejarán un mensaje. El viernes a las 14.00 se cierra la lista, de manera que reservaremos para tantos como se hayan apuntado. Es un método distinto al de otras ocasiones, pero la última vez estuvimos a punto de quedarnos sin cena :P

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