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Todo un hombre de Estado: Octubre 2006

30 de Octubre de 2006

La estructura productiva capitalista (II)

Continúo hoy en webinvesor con mi serie sobre la estructura productiva capitalista. Si en el primer artículo utilicé el caso de Robinson Crusoe para explicar algunos conceptos básicos de la acción humana (tales como ahorro, bien de capital o renta), en esta nueva entrega abandono ese supuesto restrictivo y analizo algunas figuras económicas que, como el capital o el tipo de interés, sólo pueden darse en una economía con propiedad privada.

En el próximo artículo ya entraré auténticamente en materia comentando la organización empresarial de la producción y la retribución de los factores productivos.

Denominaremos capital (1) al valor monetario de las inversiones necesarias para producir. La renta neta, en este caso, será la diferencia entre los beneficios monetarios (beneficios brutos) y las cuotas monetarias de amortización. Y la relación entre la renta neta y el capital nos dará como resultado una magnitud esencial en las sociedades capitalistas: el tipo de interés (2).
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28 de Octubre de 2006

Necesidades y capacidades

Los marxistas siguen creyendo en su famoso adagiode cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Según esta perspectiva, si una persona tiene grandes necesidades pero escasas capacidades para servir al resto de individuos, deberá apropiarse de la riqueza que generen los individuos con grandes capacidades para servir a los demás pero con escasas necesidades.

El problema de este redistribucionismo radical es sencillo de comprender. Las necesidades de una persona sólo vienen limitadas por su riqueza: a mayor riqueza, mayores posibilidades de acción para adquirir diversos bienes de consumo, descansar, viajar o dedicarse al recreo intelectual. Sin embargo, en una economía monetaria, la riqueza acumulada por un individuo depende de su satisfacción de las necesidades ajenas.

En otras palabras, las “capacidades” de cada persona dependerán estrechamente de cuáles sean esas necesidades y las “necesidades” dependerán de la intensidad del uso que se haga de esas capacidades (una persona puede preferir dedicar su tiempo libre a sí mismo en lugar de a los demás). Si el Estado fija por decreto cuáles son las necesidades, indirectamente fija el rango de las capacidades “útiles”; por el contrario, si establece las “capacidades” relevantes, estará acotando el rango de necesidades que pueden satisfacer.

Por tanto, sólo a través del mercado puede efectuarse este proceso de descubrimiento empresarial que permita la división y coordinación del trabajo para que las capacidades se vayan adaptando a las necesidades y éstas crezcan conforme a la riqueza acumulada por el correcto uso de las capacidades.

26 de Octubre de 2006

La grandeza del patrón oro
El lunes publiqué tanto en el Instituto Juan de Mariana como en liberalismo.org un articulo sobre el funcionamiento del patrón oro clásico, esto es, el sistema monetario vigente en la mayor parte del mundo civilizado en el período 1871-1914.

Cada divisa nacional se expresaba en términos de oro: así, por ejemplo, el dólar se definía como 1/20 de una onza de oro y la libra como un cuarto de onza. El tipo de cambio entre ambas divisas quedaba irremediablemente fijado: cinco dólares (5/20 de onza) equivaldrían a una libra.

La existencia de este respaldo común, la ausencia de desequilibrios y el control del endeudamiento bancario alocado permitieron que el capital fluyera de un lugar a otro sin miedo a la confiscación o a la devaluación. El fenómeno del "dinero caliente" era por completo desconocido para aquellas monedas que seguían el patrón oro, tales como la libra, el dólar, el marco o el franco. Precisamente, los países sometidos a la disciplina del oro desarrollaron importantes centros financieros que proporcionaban liquidez al sistema de comercio internacional: Nueva York, Berlín, París, Viena, Suiza o los países nórdicos se convirtieron en lugares de referencia para todos aquellos que quisieran dar salida a sus mercancías. Pero sobre todos ellos destacó la City, Londres.
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25 de Octubre de 2006

Pobreza a todo gas
Este martes he escrito en Libertad Digital sobre la campaña de "Pobreza Cero" favorable a incrementar la ayudar  estatal, cancelar la deuda externa y regular el comercio internacional.

La ayuda externa no es más que un invento para sablear con más contumacia a las clases medias de Occidente y volver a colonizar África, a través del pasteleo entre sus tiranos y los funcionarios de la ONU. La causa de la pobreza no puede encontrarse en la falta de riqueza, por cuanto la pobreza es esta falta de riqueza. Si la mayoría de los africanos son incapaces de prosperar debemos buscar la explicación, más bien, en la represión contra la propiedad privada que practican sus gobiernos.

Sólo hay un camino para terminar con la pobreza, y es el capitalismo. Decenas de millones de asiáticos lo comprobaron durante los últimos 30 años, mientras África sólo se hundía más y más en la miseria del socialismo.
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14 de Octubre de 2006

Dos formas de solucionar el conflicto

Acabo de leer en Libertad Digital que British Airways ha sancionado a una de sus empleadas por exhibir un crucifijo y que ésta ha denunciado a la compañía por discriminación religiosa. El caso ilustra perfectamente las dos formas distintas de resolver los problemas que tiene el Estado y el mercado.

Para la mentalidad estatista, British Airways (BA) tiene que, cuando menos, someterse a una revisión por los tribunales y, en caso de que la conducta sea suficientemente grave, deberá ser sancionada. Aquí estamos institucionalizando la violencia: la empleada suscribió y aceptó un codigo de conducta que no ha acatado y BA desea defenderse contra esa violación contractual. Pero la empleada no quiere ser consecuente con su propia declaración de voluntad y decide utilizar al Estado para que utilice la fuerza contra BA.

Declare lo que declare el tribunal, el conflicto contractual sólo puede resolverse en esta perspectiva por el uso o la omisión de la violencia. Si la empleada tiene razón, tendrá derecho a utilizar la violencia, si no la tiene, no.

En el libre mercado la solución es otra y pasa por respetar los acuerdos voluntarios. ¿Qué usted no quiere acatar el código de conducta de la compañía? Pues búsquese otra; hay gente que podría ocupar su puesto (y que no lo hace porque lo retiene usted) y que sí acataría el código, en un trato que beneficiaria a ambas partes.

¿Significa esto que el código de BA es la voluntad última? No, BA puede confrontar un boicot por parte de todas las personas que consideren tal código suficientemente detestable como para cambiar de compañía. De nuevo, no se emplea ninguna violencia, se trata sólo de una decisión voluntaria por parte de una pluralidad de personas.

Ahora traslademos este esquema a la gran parte de conflictos que tenemos en sociedad. Cuando una acción es contraria al interés de una de las partes trata de canalizarse a través de la violencia del Estado. El Estado se convierte así en una especie de matón de última instancia para lograr los fines particulares. La violencia se establece en nuestras vidas como un mecanismo legítimo cuando nos sentimos perjudicados.

¿Que mi película no gana suficiente dinero? Establezcamos aranceles o impidamos a otros estrenar las suyas. ¿Que las mujeres cobran menos que los hombres? Obliguemos a los empresarios a pagarles más y a situarlas en los puestos que el Estado decida. ¿Que no me gusta lo que dice una cadena de radio? Pues que la censuren. ¿Que me molesta que los capitalistas se estén forrando? Se lo quitamos. ¿Que creo que la gente debería pasar por el médico antes de ir a una farmacia? Prohibimos la publicidad sobre los medicamentos. ¿Que tengo que pasar todos los días por una autopista y el peaje me resulta demasiado caro? Pues promuevo que se quite el dinero a otros que no pasan nunca para que me salga gratis. Y así un largo etcétera.

La violencia se ha infiltrado tanto en nuestras vidas que hemos dejado de considerarla relevante; la mayoría de la sociedad sólo se dedica a pensar en cómo utilizarla para sus intereses particulares o públicos, en lugar de reclamar su ámbito de decisión voluntario. Según el cariz de esos intereses la persona será de izquierdas o de derechas, pero el principio regulador subyacente y los errores derivados serán los mismos.
Acuerdos de distribución y competencia: El caso del cine

Berlin Smith comentó hace unos días mi propuesta de boicot total al cine español. Desde su punto de vista, se deben hacer algunas matizaciones que a un economista liberal no se le pueden escapar, en concreto, que el mercado del cine no es de libre competencia.

¿Y ello por qué? Por los acuerdos colusorios entre las grandes distribuidoras norteamericanas. El tema ya surgió hace unos meses en la bitácora de Santiago Navajas, pero en aquel momentó se me olvidó responderle. Así que aprovecho este post para replicar a ambos.

El erróneo concepto de competencia perfecta

Gran parte de la comprensión actual del concepto de competencia está basado en los modelos de "competencia perfecta" (para una crítica relativamente detallada de este modelo, podéis consultar este artículo mío y especialmente este otro de George Reisman), que básicamente establece que todos los productores deben tener el mismo poder de mercado para que nadie logre explotar al consumidor cargándole precios superiores a su coste marginal de producción. La competencia actuaría, según este modelo, como un nivelador entre los competidores: el que se mueva no sale en la foto.

Casualmente, como recordaba Hayek, cuando eliminamos la posibilidad de rebajar los precios, diferenciar el producto, llegar a acuerdos entre empresas para rivalizar mejor con otras o publicitar más y mejor nuestros productos, poco o nada del significado de "competir" sigue en pie.

La competencia se caracteriza, en realidad, por un proceso de rivalidad entre individuos para alcanzar un mismo fin. Su etimología es clara cumpetitio o concurrencia múltiple de peticiones sobre una cosa. Cuando se compite no todos pueden llegar a la meta ya que, en otro caso, no existiría competencia entre ellos. La competencia perfecta, en cambio, pretende repartir equitativamente el resultado entre todos los participantes, de modo que la recompensa de cada uno se conoce con anterioridad al proceso competitivo. De hecho, si el resultado ya está predeterminado y la acción individual no puede modificarlo, no se genera ninguna competencia para lograrlo. La competencia perfecta simplemente significa la ausencia de competencia.

Cuando hablamos de competencia en el libre mercado (existen otras formas de competencia, como la política o la criminal), ésta sólo puede entenderse como que todos los fines competitivos y todas las acciones distinadas a lograrlos se concilien de forma voluntaria. Es decir, que los distintos actores del mercado puedan realizar y aceptar esas ofertas -con sus compromisos asociados- sin que nadie los reprima.

En definitiva, lo que caracteriza la competencia no es la ausencia de "poder de mercado" (entendido como capacidad para influir sobre el precio), sino la ausencia de "poder político" (entendido como capacidad para imponer por la fuerza la voluntad sobre otra persona).

Monopolio, diferenciación y acuerdo colusorio

Vamos a ver tres casos en los que suele argüirse que no existe competencia y que se está violentando el libre mercado. Dado que las dos primeras ya han sido objeto de estudio en muchas otras ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí) y que el auténtico caballo de batalla de este post es el último, sólo los comentaré brevemente.

Suele decirse que el monopolio explota al consumidor al no existir competencia. Lo cierto es que desde el punto de vista de la competencia perfecta -donde sólo comparamos la elección en función de las opciones presentes predeterminadas-, cuando sólo existe una empresa en el mercado, los consumidores se hayan sometidos. Ahora bien, si tomamos la auténtica definición de competencia, comprobaremos que sólo cabrá hablar propiamente de monopolio cuando se impida por la fuerza que otros individuos lancen sus ofertas en el mercado. Por tanto, cuando exista libertad de entrada -de lanzamiento de ofertas- no habrá monopolio y, de hecho, si observamos que sólo existe una empresa en ese mercado, se deberá más bien a que es la más eficiente y la que mejor sirve a los consumidores, y no la más explotadora.

Si hemos dicho que la competencia consiste en llegar a un objetivo, las empresas únicas serán aquellas que han logrado su objetivo: lograr vender todos sus productos, hasta el punto de que otras empresas no pueden vender los suyos a precios y cantidades remunerativas.

Tan pronto como la empresa única comenzara a explotar al consumidor, siempre que exista libertad de entrada, otra podrá surgir para volver a ganar el favor del consumidor.

La diferenciación opera del mismo modo; es una estrategia de competición. La competencia puede efectuarse de dos modos: o rebajando la contrapartida exigida (competencia en precio) o incrementando el valor de lo entragado (diferenciación). Si a) una empresa quiere vender toda su producción con margen remunerativo, b) existen otras empresas que también quieren hacerlo y c) el mercado no está en expasión (o lo que es idéntico: para vender toda su producción dos empresas deberán ofrecer al menos uno de sus productos a un mismo consumidor), las empresas tendrán que lanzar ofertas para ganarse el favor del consumidor. Estas ofertas serán siempre o una rebaja del precio o un aumento de la calidad del producto que mantenga un margen atractivo.

Si eliminamos la diferenciación como instrumento de la competencia, estamos limitando en el nombre de la competencia la posibilidad de emitir ofertas, esto es, la posibilidad de competir. En concreto, dañaríamos a aquellas empresas capaces de generar continuamente nuevos valores añadidos sobre el producto con la menor movilización de recursos y factores productivos posibles. Es decir, restringiríamos el grado de innovación y de creatividad de los actores del mercado.

Es relativamente fácil darse cuenta de que tanto la existencia de una empresa única como de productos diferenciados no supone un atentado a la competencia, sino más bien el resultado previsible de un intenso proceso competitivo.

Lo que quizá resulte más difícil de entender es por qué los acuerdos colusorios tampoco lo hacen. Distingamos en primer lugar entre dos modalidades distintas de colusión. La primera sería equivalente a una fusión de todas las empresas del mercado: todas las empresas firman un acuerdo para fijar cuotas de producción e incrementar los precios.

Este acuerdo no supone un atentado a la competencia siempre que se mantenga la libertad de entrada y, de hecho, suelen ser acuerdos bastante inestables precisamente por eso. Lo que hacen los acuerdos colusorios es favorecer a los competidores ineficientes de manera gratuita: si yo vendo televisores más caros que Sony y Panasonic, pero ambas empresas acuerdan poner el precio por encima del mío, yo obtengo una ventaja competitiva sin hacer nada.

En ocasiones, sin embargo, el aumento del precio no favorecerá la entrada de ninguna nueva empresa. Imaginemos que yo puedo vender televisores a 1000 euros, pero que no lo hago por Sony y Panasonic los venden a 100. Pero estas dos empresas firman un acuerdo colusorio y los colocan a 900. El precio se ha multiplicado por nueve, pero yo sigo sin poder competir.

Aquí hay dos puntos a recordar. Primero, si ningún otro competidor puede vender por debajo de 900, el cartel seguirán siendo todavía quien mejor sirve al mercado. Segundo, el acuerdo colusorio puede ser muy beneficioso para el consumidor.

Sé que esta última afirmación puede parecer antiintuitiva, pero es esencial que lo comprendamos. Los consumidores no sólo reciben ofertas de parte del sector televisivo, sino del resto de la economía. Esto significa que todas las empresas están compitiendo entre sí por la captación de capital y, a través de él, de los factores productivos.

El incremento del precio de la televisión puede estar plenamente justificado para mantener un margen remunerativo. Si no incrementamos el precio y el interés sobre el capital invertido en el sector de la producción de televisores cae, las empresas progresivamente se descapitalizarán (el capital marchará a otros sectores que proporcionen un mayor interés) y, al final, es probable que sólo quede una de ellas que fije el precio en 900 (eso sí, con un tamaño y una capacidad productiva mucho menor del que habría tenido el cartel).

Si creemos que cuando esa única empresa se quede con todo el mercado (por ejemplo, es previsible que Boing termine batiendo a Airbus) el Tribunal de Defensa de la Competencia debería dividirla en dos para, de este modo, garantizar precios de 100, entonces sólo estaremos perpetuando una empresa pobre, incapaz de atraer capital, de invertir y de innovar. Venderemos televisores a 100, pero no se seguirá invirtiendo en incrementar la capacidad productiva o en descubrir mejores televisores, simplemente porque no es rentable.

En otras palabras, el cartel puede tener pleno sentido empresarial para incrementar la rentabilidad del negocio sobre los capitales invertidos y así mejorar el producto.

El otro tipo de acuerdo colusorio al que nos habíamos referido es probablemente el paradigma de restricción de la competencia y de creación de monopolios: los acuerdos de distribución explícitos o tácitos. Estos acuerdos consisten en que a) las empresas firman un acuerdo con todos los distribuidores para que no presten ese servicio a ninguna empresa adicional o b) se amenaza a las distribuidoras con cancelar sus contratos masivamente si prestan ese servicio.

Un intervencionista observaría rápidamente un fallo del mercado y reclamaría la entrada en escena del Tribunal de Defensa de la Competencia para garantizar que todas las empresas tengan acceso a los distribuidores.

En realidad, no obstante, estos acuerdos son una pieza esencial del funcionamiento del mercado. Los empresarios confrontan una incertidumbre inerradicable en la obtención de beneficios. Tienen que realizar importantes inversiones que no saben si algún día llegarán a recuperar.

Muchas de estas inversiones ofrecen una gran rentabilidad pero a su vez están sometidas a una elevada incertidumbre. Por ejemplo, se yo construyo el famoso puente entre Valencia y Mallorca, es evidente que me puede proporcionar grandes beneficios ante la enorme demanda que tendría. Ahora bien, para amortizar ese proyecto es probable que necesite entre 20 o 30 años, en cuyo momento las tarifas de avión pueden ser tan baratas que la gente utilice mucho menos el automóvil.

Conforme prolongamos en el tiempo la amortización de nuestra inversión, menor comprensión sobre las circunstancias futuras tenemos y, por tanto, más incertidumbre confrontamos.

Pero es evidente que muchas de esas inversiones podrían sernos útiles a los consumidores y que, por tanto, habrá empresarios dispuestas a proporcionarlas siempre que sean capaces de reducir el riesgo.

Uno de los mecanismos de los que disponen los empresarios para reducir el riesgo es a través de los acuerdos de distribución. "Dado que voy a hacer una inversión enorme, firmo contigo un contrato para blindarme durante todo el plazo convenido".

Por ejemplo, un empresario puede plantearse lo siguiente: "tengo la posibilidad de invertir en una máquina que reducirá el precio de los televisores a 25 euros, pero necesitaré 10 años para recuperar la inversión. Me reuniré con las grandes distribuidoras actuales, les ofrecerá la posibilidad de vender televisores a 50 euros, pero como contrapartida les exigiré que durante 10 años sólo distribuyan mi marca. Si soy incapaz de llegar a este acuerdo con todas las distribuidoras, no realizaré la inversión".

¿Implica esto un monopolio? En absoluto. Regresemos al significado de competencia que hemos explicado. Por un lado, sigue existiendo libertad para crear distribuidoras y fabricantes de televisores. Por otro, si el acuerdo no beneficia a los consumidores (por ejemplo, porque los televisores son muy baratos, pero prefieren otros más caros y de otra marca o calidad), tanto la empresa fabricante como las distribuidoras estarán confiriendo enormes ventajas comparativas al resto de actores del mercado. Si una mayoría significativa de consumidores quieren otros televisores, basta con crear una nueva distribuidora y forrarse.

El capital para crear esta nueva distribuidora afluirá tan pronto como caigan los márgenes del resto de distribuidoras o tan pronto como se anticipe el potencial competitivo de esta nueva distribuidora. De hecho, en buena medida esto es lo que sucedió con Wal-Mart.

La colusión aplicada al cine

Apliquemos ahora nuestras conclusiones teóricas a la industria cinematográfica.

Tomaré como punto de parte la exposición de Santiago Navajas de por qué las distribuidoras de cine yankee corrompían y falseaban la competencia:

  • Las distribuidoras norteamericanas restringen la libertad de los exhibidores de seleccionar la sala más adecuada para proyectar cada una de las películas contratadas.
  • También imponen el periodo en el que deben ser exhibidas.
  • Obligan a los exhibidores a adquirir las películas por paquetes. Junto a la película elegida les obligan a comprar también otras cinco o seis que suelen ser un fracaso.
  • El método empleado para controlar la recaudación, definir la política de promoción de las películas y establecer los porcentajes que cobran a las salas de cine españolas también era objeto de protesta ante el Tribunal.

Básicamente, la distribuidora yankee les dice a los cines españoles: “si queréis comprarme la película X tenéis que comprarla en paquete con las películas P, Q y R, aunque no las queráis; tendréis que proyectarlas en las mejores salas y durante el tiempo que yo os diga, en caso contrario no podréis comprar la película X”.

Desde la óptica de la competencia perfecta, las distribuidoras deberían limitarse a ser meros intermediarios que no aportaran nada al proceso. Compran a los productores y venden a los exhibidores con margen (quedaría preguntarse, por consiguiente, cuál es la función de la distribución en este esquema simplista).

En la práctica, no obstante, las distribuidoras siguen existiendo y prestando funciones sin que nadie en el mercado haya tratado de desbancarlas y la razón es tan sencilla como que permiten incrementar de manera muy notable la calidad y cantidad de películas y, por tanto, prestan un servicio muy importante al consumidor.

Los productores de películas gastan importantes sumas de dinero en películas conscientes de que las distribuidoras les comprarán sus películas. Y las distribuidoras compran todas esas películas conscientes de que las salas de cine tendrán que proyectarlas.

Las distribuidoras no tienen por qué tratar de anticipar el éxito de todas y cada una de las películas, basta con que juzguen si tiene probabilidades normales de éxito. Las desviaciones a la alza y a la baja de ese rendimiento normal se compensarán entre sí; o dicho de otro modo, habrá grandes fracasos pero también grandes éxitos.

De este modo, fijando ciertas condiciones del contrato de las salas se aseguran una publicidad y una promoción que colocará a las películas en la posición más favorable para recuperar el capital. Reducen la incertidumbre de la inversión en películas, lo cual permite que los productores gasten dinero en muchas superproducciones.

Imaginemos que los contratos se fijaran directamente entre las salas y los productores. Al margen del incremento de los costes que podría acarrear (costes de transacción), las salas sólo comprarían aquellas películas que acreditaran un éxito seguro. Por ejemplo, ¿qué la película se estrena en EEUU? Pues yo, sala española, la compro dos semanas después cuando vea las cifras de audiencia. ¿Que ha sido un fracaso? Pues no la compro. Resultado: ruina del productor.

En estos casos, resulta previsible que los productores articularan otro tipo de contratos como: “la película sólo podrá comprarse antes del estreno” o “el precio de adquirir la película irá incrementándose en función del paso del tiempo” (favoreciendo las compras anticipadas y arriesgadas frente a las tardías y más seguras). Y en todo caso, el riesgo asociado al proyecto haría que los inversores exigieran una prima mayor para llevar a cabo muchas superproducciones.

O dicho de otro modo, muchas películas que no se realizarían por ser incapaz de atraer esa mayor rentabilidad o bien sólo se realizarían a precios superiores a los actuales.

Las distribuidoras de películas, en cambio, permiten diseminar todo ese riesgo. Venden una película de éxito asegurado junto a muchas otras de éxito incierto (de hecho, hasta que no se proyecten no se conocerá su éxito o fracaso), para compensar los riesgos de estas últimas.

¿Y donde entra el consumidor en todo esto? Podría darse el caso de que los consumidores desearan menos películas y con una calidad muy elevada. Pero en este caso surgirían otras distribuidoras que sólo compraran lo mejor de lo mejor a precios un poco más elevados y luego las vendieran a las salas de distribución, sin paquetes ni condiciones.

Los cines tendrían una mayor libertad para eliminar de su cartelera las películas que no les gustan y podrían seleccionar mucho más las que sí quieren emitir. Ese mayor margen de maniobra –en la selección de ingresos y costes- debería traducirse en un mayor margen económico y en un mayor rendimiento sobre el capital que fuera desplazando progresivamente a los cines que ofrecen todo el paquete.

¿Por qué no sucede esto? Pues porque los gustos de los consumidores son variados y no desean ver únicamente películas muy muy buenas, pero muy muy escasas. Acuden al cine casi como una actividad de ocio al margen de la película proyectada, y para dar respuesta a todo ello es necesario que se creen cada año muchas películas.

Sólo las salas con mucha oferta –aunque sea mala en general- triunfan (de ahí la progresiva transición hacia los multicines desde los cines-teatro tradicionales) y esa amplia oferta sólo puede conseguirse si los productores tienen garantizada una mínima rentabilidad que sólo las distribuidoras pueden asegurarles.

Claro que este punto no agrada a la mayoría de defensores del cine patrio. Incluso Santiago Navajas llegó a afirmar que las condiciones de las distribuidoras provocaban que la igualdad de oportunidades de las películas no estuviera garantizada en España, Europa y el mundo.

Sería interesante analizar en este punto cómo el erróneo concepto de igualdad de oportunidades mina y destruye la libertad de oportunidades, pero nos llevaría por otros derroteros que no son objeto de este post.

La cuestión es que si los espectadores españoles o europeos quieren ver cine español y no pueden porque las salas están copadas con paquetes de cine americano, los propios defensores del cine nacional están dejando pasar oportunidades de beneficio extraordinarias.

Basta con que monten salas de cine que emita cine español y europeo y verán cómo los espectadores acuden a ellos. Puede que no tengan las grandes superproducciones yankees, pero tampoco las necesitan; se nos está diciendo que el cine español y europeo tiene suficiente clientela como para que sean capaces de pagar los costes de producción, distribución y exhibición sin la compensación de los grandes beneficios derivados del cine yankee. ¿Que no es posible? ¿Que lo que queremos para el cine español es que quede incluido en esos paquetes de películas malas que acompañan a las grandes producciones yankees? Bien, pues entonces sólo tenemos que montar una distribuidora que compre sólo las supermegaproducciones yankees y ofrecerlas en un paquete con las españolas. ¿Qué ese paquete es menos atractivo para las salas de exhibición que el paquete con pelis yankees? Pues organice un mejor paquete. ¿Qué ello dejaría al cine español en un lugar residual dentro de ese paquete? Pues lo lamento, que hagan mejores películas.

Conclusión

Los acuerdos de distribución de películas no suponen una restricción al libre mercado. Muy al contrario, son el mecanismo que la creatividad empresarial proporciona para solucionar o minorar el problema de la incertidumbre y así permitir la realización de inversión muy productivas (y muy arriesgadas) dirigidas a satisfacer a los consumidores.

En tanto subsista la libertad de entrada, la auténtica competencia perdura en el mercado; sólo cabe afirmar que cualquier intervención de la legislación antitrust tan sólo ataca ese sano proceso competitivo.

11 de Octubre de 2006

La estructura productiva capitalista (I)
Comienzo hoy una serie de varios artículos en Webinversor sobre la estructura productiva en las economías capitalistas. En esta primera parte analizo el caso de la economía robinsoniana y los conceptos esenciales que surgen en torno a ella.
Imaginemos que Crusoe acaba de naufragar en una isla deshabitada y que carece de cualquier tipo de equipamiento. Tan sólo dispone de su cuerpo y de los recursos que pueda encontrar en el terreno.

Cuantos más bienes de capital tenga y cuanto más indirecto sea su método de producción (desde que empieza a trabajar hasta que cosecha los frutos), mayores oportunidades de incrementar la productividad podrá hallar. Pero este incremento del número de etapas intermedias también implicará un mayor tiempo de espera o una mayor necesidad de ahorro previo.
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10 de Octubre de 2006

Boicot al cine español

Hoy escribo en Libertad Digital sobre la propuesta de Ley del Cine y propongo represalias no violentas contra sus impulsores.
El Estado es utilizado en contra de la mayoría para beneficio de una elite bandolera que se considera moral e intelectualmente superior. Poco les importa que la mayoría de los españoles queramos disfrutar de muchas películas yanquis y que prefiramos guardarnos los seis euros en el bolsillo antes que ver el último bodrio del cine nacional. Su propuesta de Ley del Cine supone una apuesta decidida por atacar, manejar y controlar las decisiones libres de los españoles.

Mi propuesta es simple y llana: un boicot total al cine español mientras no se retire esta propuesta o mientras los participantes en las películas afectadas no retiren su apoyo a tales medidas.
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7 de Octubre de 2006

Estancos, casas de juego y farmacias

Berlín Smith nos ha propuesto a una serie de bloggers responder a un conjunto de preguntas sobre el alcance del intervencionismo estatal en unos campos determinados.

¿Tiene sentido que tras treinta años de democracia, definida en la Constitución como economía social de mercado, el estado siga efectuando concesiones personales hereditarias a individuos para el comercio de farmacia, de tabaco y la venta de loterías y quinielas?

Ni tiene sentido ahora ni lo tenía hace 100 años cuando nuestro país no venía calificado como “economía social de mercado”. La necesidad no ha caducado con la modernización de la sociedad española, no se trata de un capricho liberalizador que podamos darnos por nuestra mayor riqueza. El monopolio de estos servicios es y siempre ha sido una necesidad artificial e impuesta a golpe de decreto. Los individuos nunca se beneficiaron de la restricción artificial de la competencia y de la concesión de prebendas a los afines al régimen. Mayores precios, mala distribución, peor servicio y, lo que suele olvidarse, mayor control político.

Lo más gracioso de todo es como conclusiones tan palmarias han tratado de ser evitadas a cualquier precio por todos los aduladores del Estado, quienes han confeccionado toda una literatura justificativa para respaldar lo aberrante y lo absurdo.

El cambio de estos últimos treinta años no lo ubicaría, por consiguiente, en que ahora resulte más conveniente la liberalización para la sociedad, sino más bien en que el Estado ha perdido interés en su monopolización. Y en la medida en que ese interés ha decaído, por razones que ahora explicaremos, podremos ver también como los distintos socialistas a los que se les ha planteado el debate han decidido relajar su defensa de la monopolización o, incluso, pedir su liberalización. Que nadie se confunda; su posición poco tiene que ver con una súbita iluminación capitalista, sino con la dirección del viento estatista.

Empecemos por los estancos. La razón subyacente a la concesión de un monopolio local sobre el tabaco es facilitar la imposición del timbre, esto es, del impuesto sobre el tabaco. Recordemos que las drogas son una importante fuente de financiación del Estado dada su fuerte inelasticidad. Si el gobierno decreta un incremento del precio del tabaco del 50% para financiar la sanidad, pocos fumadores dejarán de comprar tabaco (cosa que no ocurriría con otros productos que generen menos dependencia). El tabaco es un asidero fiscal robusto y difícil de eludir.

Con todo, si bien los fumadores no tratarán de sustituir el tabaco por la manzanilla ante subidas de impuestos, sí intentarán sustituir el tabaco gravado por el tabaco de contrabando. El Estado, por tanto, necesita un mecanismo para determinar aquellos puntos donde se compra tabaco y donde no se puede comprar tabaco. En otras palabras, cualquier distribución al margen de los estancos sería inmediatamente culpable e ilegal. Asimismo, la concesión del privilegio de la venta de tabaco aseguraba una cierta fidelidad por parte de los estanqueros para que estos no se convirtieran en contrabandistas vestidos de agentes del Estado.

Hoy ese monopolio ha ido perdiendo importancia, por dos motivos esenciales. Primero, el contrabando de drogas ha ido derivando hacia otros productos de mucha mayor rentabilidad, dejando al tabaco en una posición residual. Segundo, la estrategia del Estado para autoperpetuarse ha virado desde la provisión de la droga al represor del drogadicto. O dicho de otro modo, la rentabilidad en términos de consolidación del poder es mucho mayor alzándose como puritano antitabaco que recaudando impuestos sobre los cigarrillos.

De ahí que, por un lado, el Estado haya abierto la mano permitiendo más puntos de venta (kioscos, máquinas expendedoras…), haya reubicado la lucha policial contra las drogas hacia otras mercancías (cannabis y cocaína) y, sobre todo, haya comenzado a aprobar una legislación represiva que restrinja no dónde se puede comprar tabaco, sino dónde se puede fumar.

El caso es análogo con un tema que no ha propuesto Berlin Smith pero que también merece unas sucintas palabras: la venta de sellos, íntimamente relacionada con el monopolio sobre Correos y Telégrafos.

Este monopolio surge de la necesidad del Estado de controlar las misivas entre países, esto es, de censurar aquellas cartas que provinieran de lugares “peligrosos” y “revolucionarios” para evitar la infiltración de ideas peligrosas. Dado que este monopolio resultaba “irrenunciable” por motivos de “seguridad nacional” se estableció un sistema tributario para financiarlo basado en la venta de sellos, es decir, una especie de tasa por el uso del servicio público.

Por supuesto nada impedía que la distribución de estos sellos tuviera un carácter privado, pero al Estado le resultaba, de nuevo, mucho más cómodo controlar y planificar los puntos de venta de esos sellos; puestos a decidir a quién vender, mejor decidirlo ex ante.

Hoy la quiebra del sistema de Correos derivada de las nuevas tecnologías ha propiciado la pérdida de interés por parte del Estado en estos servicios. Es probable que el e-mail elimine el correo tradicional en alrededor de una década, de modo que la regulación de este sector carece de utilidad. Mucho más inteligente va siendo la regulación y control de Internet como ya han propuesto muchos testaferros del Estado.

Pasemos ahora con las loterías y apuestas del Estado. Los gobiernos siempre han tenido una especial aversión a todo lo relacionado con el juego. En numerosas épocas el juego y las apuestas han estado simplemente prohibidos (célebre fue en España la prohibición de Esquilache). La explicación convencional ha pasado por combatir la corrupción moral que el juego ocasionaba entre los sectores más débiles de la sociedad. El juego destruía familias enteras y ello lo hacía intolerable.

En realidad, las razones para prohibir el juego son bastante menos moralizadoras (aunque sin duda encontraron un aliado entre los conservadores antiliberales). El juego ofrece unas oportunidades enormes para blanquear el dinero y esto es algo que ningún gobierno puede consentir. No sólo eso, el juego generalmente supone una redistribución de renta entre gente con pocos recursos (que esperan ganar dinero jugando) a gente con muchos recursos (suficientes como para responder ante pérdidas de apuestas). Y si bien los primeros tienen pocos o nulos medios para evadir impuestos, los segundos disponen de técnicas y herramientas mucho más desarrolladas.

El juego, en definitiva, era una industria a eliminar. Pero al mismo tiempo que el juego privado era barrido, los gobiernos se dieron cuenta de que la gente seguía queriendo apostar de alguna manera y que ello les permitía lograr una redistribución de renta a su favor. El juego público le permitía al Estado aunar recursos sin utilizar la fuerza, de ahí que se concedieran monopolios para su explotación.

La prohibición del juego se hizo cada vez más insostenible, conforme el Estado se volvía incapaz de proporcionar nuevas modalidades de apuestas y divertimento. Hoy en día el juego privado tiene su espacio en la sociedad pero sometido a numerosas regulaciones: la administración sigue teniendo que autorizar la apertura de un casino, regulando la entrada a los locales, sus horarios, restricción de las apuestas a crédito, multiplicación de los registros necesarios, o los beneficios fiscales a favor de las apuestas del Estado (que están exentas de tributación).

Asimismo, el gobierno de EEUU prohibió recientemente los juegos de azar por Internet, el principal competidor potencial que el juego de azar territorializado tendrá que afrontar en los próximos años.

Si se fijan, en estos momentos el discurso estatista coincide con las necesidades del Estado: no hay que prohibir el juego privado, pero sí hay que sobrerregularlo para proteger a la sociedad de la ruina que propician.

He dejado para el final el asunto de las farmacias, ya que en buena medida los intereses del Estado permanecen cuasi inalterados en este punto. La razón del monopolio farmacéutico deriva de la necesidad de mantener un monopolio sobre la sanidad.

No creo que sea necesario extendernos de por qué el Estado ha tratado de apropiarse de la sanidad. Basta con que pregunten a cualquier persona de la calle si estaría dispuesta a privatizar la sanidad. La respuesta será un rotundo NO, y lo será por su profunda dependencia del sistema sanitario público y por su enorme incapacidad para imaginar un sistema privado. Nunca lo ha visto ni lo ha experimentado; toda su vida ha mamado la asistencia pública. Para muchos la sanidad privada es algo tan incierto como para otros la eliminación del Estado (y viceversa).

El Estado no sólo ha logrado que la vida de millones de personas dependa de él (¿acaso los jubilados pueden estar dispuestos a asumir hoy los costes de una transición hacia un sistema privado?), sino también ha eliminado cualquier experimentación individual con un sistema privado.

El monopolio farmacéutico deriva de este monopolio sanitario basado en la colectivización de los costes. Muchos medicamentos suponen un coste inasumible para las arcas públicas, de modo que lo más fácil es censurar su existencia. El Estado debe controlar qué medicamentos se venden y dónde se venden y para ello debe establecer los puntos de venta.

Si la apertura de farmacias fuera completamente libre, en la práctica estaríamos eliminando la prohibición sobre la publicidad de los medicamentos (cuyas causas y consecuencias analizó el Juan de Mariana aquí), favoreciendo peticiones sociales para ampliar las coberturas. Un ejemplo de esto es la institucionalización del silencio en torno a los “inhibidores de reabsorción” para los que sufren osteoporosis. Este tratamiento preventivo frena la aparición de la osteoporosis, pero sus costes han llevado a las autoridades a silenciar su existencia. Como ya analicé, Europa a diferencia de EEUU ha decidido que unas pocas vidas individuales no valen la pena si ello significa incrementar el coste agregado de la sanidad.

El discurso oficialista a favor de la regulación de las farmacias, por supuesto, no toca estos aspectos esenciales. Muy al contrario, se nos dice que el monopolio de las licencias se ha instituido para proteger y favorecer a la ciudadanía en dos aspectos esenciales: la distribución y los precios.

Obviamente, todo esto atenta contra el sentido común. Por lo visto, la reducción del número de establecimiento favorece una mejor distribución (¿allí donde se prohíbe establecer una farmacia?) y unos mejores precios (¿reduciendo la competencia?).

Algunos incluso nos dicen que los medicamentos no son un producto como cualquier otro. Yo añadiría que ningún producto es como cualquier otro, de ahí que la soberanía del consumidor sea imprescindible para discriminar que productos prefiere sobre otros. Soberanía que en ningún caso puede prevalecer si sus elecciones no tienen una traslación en el mercado (por ejemplo, a través de la apertura de nuevas farmacias, de la venta de medicamentos en los supermercados, de la aparición de farmacéuticos ambulantes en competencia…).

Decir que las farmacias tienen que tener algún tipo de monopolio para hacerlas rentables en los pequeños barrios, tampoco tiene demasiado sentido. Se asume que la unidad distribuidora adecuada de medicamentos es la farmacia, cuando ello no tiene por qué ser así. Es posible que una farmacia no sea rentable en un pueblo de 500 personas, pero a buen seguro sí lo será una tienda mediana de pueblo que ofrezca, entre muchos otros productos, los medicamentos. ¿Por qué hay que segregar la provisión de medicamentos en distintos establecimientos, duplicando por decreto los costes fijos? Se genera un problema y luego se nos dice que la única forma de solucionar ese problema es conservando la causa que lo provocó.

En definitiva, ninguno de los tres monopolios tiene nada que ver con un mejor servicio al consumidor, y sí con su sometimiento a los intereses de Estado.

Ahora bien, si esta contraposición de intereses era tan flagrante, ¿por qué ha subsistido hasta la fecha?

La primera y evidente razón es el discurso legitimador que se ha ido construyendo en torno a estos monopolios.

La segunda, y no menos importante, son los enormes beneficios que proporcionaban a sus propietarios. La licencia de un estanco en tiempos de Franco le solucionaba la vida a uno y los farmacéuticos siempre se han encontrado entre los caciques locales.

Dado que, en principio, cualquiera podía acceder a esas licencias, todos tenían una expectativa y esperanza de saquear al consumidor. “Me perjudica que exista un estanco, ¡pero si tan sólo llegara a ser estanquero!”. De nuevo, las palabras de Bastiat resuenan con preocupante actualidad: El Estado es la gran ficción por la que todo el mundo desea vivir a costa de los demás.

Si a esto le añadimos un tufillo social(ista) -como las concesiones franquistas a viudas y huérfanos- la legitimación del monopolio logra un fuerte respaldo popular.

Así mismo, la constitución de estos centros de poder ha favorecido la creación de auténticos lobbys (el más importante de los cuales es, sin duda, el de los farmacéuticos) que presionan para que el monopolio no termine. Se ha creado un nuevo foco de poder dentro del Estado que trata de legitimar sus privilegios a través de la propaganda y la influencia política.

¿Afecta o no afecta la igualdad y/o a la libertad de los ciudadanos el no poder dedicarse a estas actividades libremente? ¿Y a la eficiencia?

Por supuesto afecta a la libertad y a la eficiencia, que son dos caras de la misma moneda. Sin libertad no puede existir eficiencia; la eficiencia es una relación fines-medios que simplemente desaparece cuando los fines, los medios o ambos vienen impuestos. Sólo la libertad de escoger fines y medios (de experimentar y crear) permite su relación eficiente.

Al haber eliminado la función empresarial de todos estos campos, no se ha permitido la mejora, el cambio o la revolución de estos sectores. En buena medida se ha consolidado un modelo precario en vías de extinción por la investigación exógena.

Correos no ha podido adaptarse a las nuevas tecnologías y será barrido por el e-mail. ¿Habrían encontrado los empresarios de mensajería privada medios para competir con Internet? Tal vez. Pensemos tan sólo en alianzas con las compañías de telefonía para desarrollar redes de comunicación internas o en su transición hacia empresas de transporte de correo pesado (actividad a la que correos se dedica con poca eficacia frente a agencias privadas como Seur, MRW…). Correos simplemente desaparecerá por su imposibilidad de adaptación.

Lo mismo puede decirse de las loterías y apuestas cuando el juego por Internet alcance una mayor difusión. Los concesionarios no se habrán adaptado –ya que no tienen licencia para ello- y simplemente se marchitarán.

Ojalá suceda lo mismo con el comercio internacional de medicamentos (por ejemplo a través de su venta por ebay), aunque barrunto que pronto vendrán las restricciones estatistas que, nuevamente, paralizarán la investigación y la mejora en este sector.

Cuestión distinta es si esto afecta a la igualdad. La pregunta me parece desacertada debido a la insuficiencia del concepto de igualdad de oportunidades, como ya analicé aquí.

¿Deben incluirlo el PSOE (o IU) y el PP en su programa electoral si dicen que son partidos que defienden la igualdad, especialmente en un caso, y la libertad, especialmente en el otro?

Dudo de que ningún partido político sea partidario de la libertad. Más bien son máquinas de conseguir votos y de esquilmar al contribuyente. Así que me cuidaré de prescribirles nada, ya que sólo lo propondrán cuando sepan que ello les va a traer réditos electorales. En cuyo caso y momento, mi consejo será irrelevante. Eso sí, si alguno lo incluye en el programa, me alegraré (siempre y cuando sea una liberalización SIN contrapartidas reguladoras).

Si fuera así, ¿qué se hace con las actuales concesiones?

Las concesiones actuales pueden mantenerse, siempre que no hayan acarreado la expropiación de propiedades. Lo único necesario es permitir que otros individuos emprendan negocios similares sin censura regia.

6 de Octubre de 2006

Jaque al cientismo catalanista

Este jueves reseño en Libertad Digital el libro "Lengua valenciana, una lengua suplantada" de Mª Puerto Ferre sobre la planificación lingüística catalanista en la Comunidad Valenciana.
Para el nacionalismo antiliberal, la lengua es un monopolio estatal que debe ser planificado por decreto. Las academias públicas de la lengua distinguen entre buenos y malos usos del lenguaje para que, en última instancia, el político pueda fijar el estándar coactivo en el sistema académico; la lengua no evoluciona hasta que los académicos reconocen que así ha sido, ya que lo importante es conservar la pureza identitaria y diferencial del idioma.

La instauración del catalán en las aulas de los colegios públicos valencianos favoreció la expansión de un profesorado dócil y afín al régimen que permitiera inculcar, ya desde la cuna, el esquema lingüístico elucubrado por los políticos. Aquellos profesores que no comulgaran con la represión estandarizadora simplemente debían ser apartados y marginados.
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