liberalismo.org

Todo un hombre de Estado: Enero 2005

31 de Enero de 2005

Pregunte a su carcelero

Por primera vez he de reconocer que Manu ha tenido una buena idea. De hecho, hace unos días, Manel, con su característico y plausible interés por modernizar y mejorar la blogosfera liberal, proponía incorporar el género de las entrevistas.

Habida cuenta de que, por lo visto, algunos diputados tienen tanto tiempo libre como para contestar a los mails de quienes pagamos su salario, se me ha ocurrido la idea de redactar un formulario, no demasiado extenso, y enviarlo a unos cuantos diputados. De esa manera veríamos quiénes contestan y, sobre todo, qué contestan.

Así pues, se aceptan propuestas. Las preguntas deberían ser cortas (no sea que se cansen), educadas (no sea que se enojen), sencillas (no sea que no las entiendan) y directas (no sea que se líen). Cuando tenga una buena colección de preguntas seleccionadas, publicaré el cuestionario final y lo remitiré a varios diputados de todos los grupos parlamentarios.

Nunca viene mal saber qué piensan hacer con nosotros.
Balones fuera

Si una pandilla de canallas no hubiera apoyado la criminal invasión de Iraq, probablemente el hijo de Pilar y ciento noventa personas más seguirían con vida. Y si una pandilla de canallas aún mayores no hubiera atropellado sistemáticamente al mundo árabe durante décadas, el hijo de Pilar y miles de personas más no habrían sido víctimas de la cólera islámica.

Lógico que Fabretti intente endosar a otros la responsabilidad terrorista de la muerte del hijo de Pilar Majón -la nueva y única referencia del sufrimiento terrorista para la izquierda. Lógico después de haberse proclamado ardiente defensor de las bombas que acabaron con la vida del hijo de Majón y de otras 191 personas:

Cientos de millones de árabes y de musulmanes se convertirán en «bombas humanas contra Estados Unidos», para decirlo con las palabras de Kim Il-Chol. Y decenas de millones de occidentales (incluidos muchos estadounidenses) los apoyaremos.

Hipócrita y mísera lógica.

28 de Enero de 2005

A punto de llegar al final

Hace tiempo que vengo describiendo una estrategia cada vez menos disimulada por parte de la izquierda para controlar los medios de comunicación, entre ellos Internet y la COPE. Estrategia que pasa inevitablemente por equiparar toda crítica al gobierno -que no provenga de pasteleos comunistas, nacionalistas o centristas- con el fascismo; de manera que los ataques, la censura y la represión de ese fascismo vendrían a representar una defensa y consolidación de nuestra democracia. Esto es, la censura permitiría, en última instancia, defender la verdadera libertad de expresión.

Hoy Juan Alberto Belloch ha dado una nueva vuelta de tuerca en esa estrategia. Sólo el título del artículo, Hasta aquí hemos llegado, ya denota un cierto punto de inflexión, un cierto cambio de talante. Tras denunciar el acto fascista de la AVT -y no es necesario entrar en la cuestión de fondo del asunto, esto es, quién empleó realmente medios fascistas y policíacos- se dispone a arremeter contra Jiménez Losantos y sus homilías incendiarias que causan adicción en un determinado género de oyentes que tras recibir su enloquecido adoctrinamiento se transforman de inofensivos fachas en peligrosos fascistas.

Jiménez Losantos alimenta el fascismo; sólo cerrándole la boca podemos contrarrestar los influjos asesinos de nuestra democracia: Frente a tales dislates debe reaccionarse institucionalmente con todos los instrumentos represivos que tiene el sistema democrático para autoprotegerse de sus enemigos. La represión es defensa de la democracia.

Insisto, la estrategia es de mucho mayor recorrido. Perdón por la autocita: La insultante equidistancia que muchos establecen entre Batasuna y el PP sólo sirve para recordar que si la primera está ilegalizada, ¿por qué no debe estarlo el segundo? Al final, el objetivo de una parte de la izquierda, consiste en erradicar política y mediáticamente a la derecha española. No olvidemos que la actual Ley de Partidos fue creada con el objetivo de proteger a la democracia de sus enemigos; se ilegalizó a Batasuna-ETA porque utilizaba los resortes coactivos que le proporcionaba el Estado para asesinar y crear terror, porque, en definitiva, gracias a la voluntariosa coacción fiscal los españoles estábamos financiando las bombas que un día podían hacernos saltar por los aires.

Pero, el caso de Losantos -repugna incluso tener que recordarlo- es del todo distinto, tan distinto que han tenido que etiquetarle como fascista, endosándole el resurgimiento de una más que dudosa violencia, para empezar a plantear, abiertamente, tales similitudes. Lo importante, en todo caso, es que ya han empezado a adjudicar a Losantos el "resurgimiento" fascista, todo ello junto con el correspondiente reclamo a los "instrumentos represivos del sistema democrático", esto es, la censura.

Y quede clara una cosa, esta declaración de guerra sin más medias tintas que hoy inaugura Belloch no es, propiamente, una guerra contra Losantos. Éste es su primer objetivo, pero no podemos dudar, ni un momento, que después de las homolías en la COPE, vendrán las arengas en Libertad Digital, o la algarada de sus émulos en las bitácoras.

Estamos asistiendo a la finiquitación del Estado liberal, si es que quedaba algo en pie; se trata de un cambio cualitativo notable. Uno de los pilares del liberalismo fue una irrestricta libertad de expresión; nuestro Estado "social y democrático de derecho", la limitó enormemente con, a mi juicio, arbitrarios y peligrosos derechos al honor o a la intimidad. Sin embargo, esta limitación no supuso una transformación esencial de la libertad de expresión.

Con las nuevas tendencias del derecho a la información "veraz", la libertad de expresión se está convirtiendo en un derecho subordinado a la revisión gubernamental. El hecho expresivo, con independencia de su contenido, ha perdido relevancia. La información que se transmita debe encaminarse a proteger la hegemonía del poder político; es el Estado el que tiene que crear, o corregir, la información que llega a los desamparados ciudadanos. La libertad de expresión deja de ser un derecho, para convertirse en un privilegio subordinado a cierto código deontológico, y, en alguna instancia, se convierte en un derecho de prestación génerico de la ciudadanía, exigible y articulable por el Estado.

El individuo no es libre de injerencia en su comunicación, pues tiene la obligación de informar verazmente a los ciudadanos y de no socavar alla democracia, la convivencia, el gobierno. Se están sentando las bases para un Estado típicamente orwelliano, donde el fin último es el Estado en cualquiera de sus formas. No nos confundamos, Losantos es el primer objetivo, pero la libertad es el último.
Nueva bitácora liberal

Se llama Reflexiones Iracundas. Después del debate iniciado por Manel, podemos encontrar otra visión aquí. También son interesantes sus reflexiones sobre la falsa seguridad provista por el Estado.

Anoto una de sus conclusiones: Sólo es posible la libertad en un sistema descentralizado basado en la propiedad privada; sistema en el cual el que no quiere aguantar a un fumador cuando sale de copas vaya a un local donde no se permita fumar y viceversa; sistema en el cual no se creen leyes que persigan actos que no lesionan en sí mismos a nadie. El actual estado de cosas responde a una tendencia paranoide hacia una seguridad prefabricada en los Olimpos estatistas de una sociedad que se pretende progresista y que en realidad, y como no podría ser de otra manera, es crecientemente favorable a medidas dictatoriales.

26 de Enero de 2005

Nunca son suficientes

¿Recuerdan este argumento de David Iwasaki para justificar la intervención pública, tras el artículo de Gabriel Calzada?:

Las donaciones privadas son necesarias y buenas en tanto ejercicio libre de la solidaridad. Pero hay ocasiones en que el resultado no es suficiente. Una emergencia suficientemente publicitada obtiene, por fortuna, una respuesta a la altura. Miles de necesidades urgentes que nacen, sin ir más lejos, el mismo día que un maremoto arrasa varios países, no tienen respuesta alguna. No hay una atención equilibrada a las situaciones que precisan de ayuda en todo el mundo si todo se fía a la solidaridad puntual: los fondos estatales que se destinan a emergencias desempeñan un papel irreemplazable.

Y más adelante, en la anotación de José Carlos: La solidaridad a iniciativa de los propios ciudadanos tendría que ser mucho mayor para que el dinero público perdiera sentido y las organizaciones humanitarias privadas pudieran funcionar por su cuenta y con la capacidad que se les demanda.

Ciertamente, la ficción estatal reprime en muchos casos la caridad de las personas. Sólo cuando los gobiernos reconocieron su insuficiencia para ayudar en Asia, la gente decidió "poner de su parte". Los problemas que no reciben atención mediática, y en los que la caridad sería muy necesaria, son precisamente aquellos donde el Estado tiene una mayor presencia: subsidio de paro, sanidad pública, becas, etc.

Es necesario reconocer la insuficiencia estatal y admitir que todas las personas que reciben esas prestaciones del Estado están siendo mal atendidas. Hay pobres porque ésa es una competencia del Estado (la famosa lucha contra la pobreza y el hambre) y éste no reconoce su incapacidad para subsanarla. Y es que, cuando un Estado reconozca que ni es capaz de conseguir un trato más igualitario para la gente, ni puede crear riqueza, la justificación de su intervención desaparecerá.

La ayuda pública no nace de la insolidaridad de la gente, sino de las ansias intervencionistas y dirigistas del gobierno. Se crea así la ilusión de la atención pública y la gente se desentiende. Así, no son infrecuentes las ocasiones en que determinadas prestaciones no cubiertas por la seguridad social (por ejemplo operaciones en el extranjero) aparecen en TV para sufragar sus costes. El punto determinante, por tanto, es acabar con esa ficción llamada Estado que asegura estar ocupándose de todo y disuade a la gente de redoblar esfuerzos.

Pues bien, repito la pregunta inicial, ¿son suficientes los fondos privados? Según David Iwasaki no, sin embargo, Cruz Roja no parece opinar lo mismo: Ya tenemos bastantes fondos para planificar nuestra respuesta y cumplir los programas de los próximos diez años. Hasta el punto de que ha interrumpido su campaña para seguir captando fondos (seguiendo la estela de Médicos de Fronteras).

La caridad privada, a diferencia de la pública, sí ha sido suficiente. Pero cuidado, sólo lo ha sido (y éste es el punto clave) cuando los Estados reconocieron su insuficiencia e incapacidad, esto es, cuando el mito del buen intervencionismo llegó a su fin.

24 de Enero de 2005

Esperando la censura

Parece que el socialismo callejero, recién convertido en pilar de la democracia, se ha molestado por la manifestación de ayer en contra del terrorismo. Lógico, la calle ya no es infalible; han descubierto que el poder de movilización ciudadana del que tanto pavoneaban puede volverse en su contra.

Distingamos. Una cosa son los supuestos intentos de agresión a Bono que, en caso de ser ciertos, merecen el más rotundo rechazo. Nadie puede iniciar la violencia contra otra persona; este axioma libertario me parece fundamental. Otra cosa, muy distinta, son las consignas antiPSOE y antiPRISA que resultan perfectamente legítimas.

Pero parece que a la izquierda le haya molestado más lo segundo que lo primero; de hecho, parece que hayan instrumentalizado lo primero para atacar ferozmente lo segundo. Ya sabemos que en este país sólo las críticas que proceden desde el socialismo son lícitas, incluso recomendables para afianzar la democracia. En cambio, las de la derecha son por naturaleza golpistas y debieran ser de inmediato anuladas. No en vano, Jiménez Losantos debiera ser procesado y acallado ipso facto según algunos.

Otros han llegado, incluso, a negar la condición de víctimas de los ayer manifestantes. No son víctimas(...) Son miserables que se esconden detrás de un nombre(...)¿Quiénes se han creído que son los fascistas aliados al Partido Popular y a la Asociación mal llamada de Víctimas del Terrorismo para expulsar a un ministro del Gobierno de España de una manifestación de apoyo a las víctimas? ¿Qué tipo de gentuza es la que trata de apropiarse, de nuevo, de la idea de España, qué tipo de gentuza es esta que intenta patrimonializar la Constitución y destruir la democracia? Ellos son los enemigos de España, de la verdadera y única España, que es la España democrática

Fíjense en lo que ya he apuntado, la vergonzosa actitud de unos pocos sirve para negar la condición de víctimas de la manifestación. Sólo falta añadir que si eran víctimas, lo merecían por fascistas. Y es que no deja de sorprenderme la susceptibilidad antiviolencia de una izquierda que no tuvo reparos en emplear toda la violencia necesario contra el PP durante la guerra de Irak. Como bien recuerda Franco Alemán, nadie (salvo Pilar Rahola) criticó la agresión a Fernández Díaz. ¿Eran fascistas los agresores?

O todavía más hipócrita. ¿Alguien recuerda las agresiones a Fidalgo durante el 1 de mayo? La izquierda ocultó la cabeza bajo tierra, pues se trataba de una lucha intestina. ¿Era fascista el trabajador de Sintel? Nadie lo tildó así; más bien se trató de justificar su actitud por la crispación existente y la pésima situación de los trabajadores de Sintel.

Las tres agresiones son igualmente indignantes. Pero las tres no han recibido un trato análogo por parte de la izquierda. Ni los agresores de Fernández Díaz fueron condenados, ni la violencia sirvió para descalificar in toto a los antiguerra; de la misma manera, tampoco el ataque a Fidalgo se utilizó para denigrar las reivindicaciones de Sintel o para acusar a la plantilla de fascistas antisindicales.

Gran parte de la izquierda utiliza la justa crítica a los que vapulearon a Bono para canalizar su ira por las consignas antigubernamentales; en definitiva, para atacar a todo aquello (conservadores, católicos, víctimas, liberales, centristas o peperos) que pueda oponerse al gobierno.

Me parece una peligrosa tendecia por cuanto he venido apuntando. La izquierda está instalada en una dinámica por la cual toda crítica supone un intolerable ataque a la convivencia, un ataque proviniente de las hordas fascistas, neoconservadoras e imperialistas. Un ataque a la convicencia que requiere de medidas políticas correctoras, como el ya mencionado cierre de la COPE, fuente última de toda crispación nacional.

Todos condenamos la violencia, y no existe discrepancia en la calificación de los ataques a Bono. El problema es que se utilicen esos ataques para descalificar las opiniones de quienes no tienen nada que ver con ellos (y remarco el "nada que ver", pues faltaría saber qué ideología concreta profesan realmente los agresores); el problema, insisto, es que se utilice cualquier circunstancia en contra del gobierno para vender la imagen del fascismo incipiente, antesala de una masiva censura y regulación, cuyas herramientas proporciona el Estatuto del Periodista. El problema es que se intente incendiar el Reichstag para consolidar los poderes de la cancillería.

23 de Enero de 2005

Excelente noticia

Una vez más debo felicitar a Mariano Bas Uribe por la labor titánica que está realizando. Sólo por haber traducido el libro de David Gordon, Una introducción al razonamiento económico, ya merecería un monumento.

Pero si esa labor fue notabilísima, acabo de entrar en liberalismo.org y me encuentro con que ha empezado a publicarse la traducción del capítulo tercero del Capitalism de George Reisman, que versa sobre el ecologismo.

El Tratado de Reisman ha sido considerado por algunos como una nueva Riqueza de las Naciones, y en concreto, el capítulo tercero es una de las joyas del libro. Se trata, según el autor, de la refutación teórica del movimiento ecologista; todo un replanteamiento copernicano del asunto de los recursos naturales. Muy pero que muy recomendable.

De nuevo, felicito a Mariano por afilar las puntas de lanza del liberalismo español. Sólo me queda animarle a que continúe traduciendo el resto del Tratado. Unas mil paginitas de nada; eso está hecho.

22 de Enero de 2005

Competencia desigual y otras patochadas

Dice Mercedes Sampietro que el cine español ha perdido espectadores respecto al estadounidense no dado su peor calidad, sino porque se trata de una competencia desigual.

Ciertamente, la calidad de las películas es algo tan subjetivo que pretender opinar sobre ello para justificar el éxito o el fracaso ante las demás personas ya supone una cierta demostración de arrogancia insuperable. Me soprende que Sampietro se arroge el monopolio del jucio sobre la calidad del cine; conclusiones más pruedentes llevarían a sentenciar que, en principio, para los ciudadanos, el cine español ha bajado de calidad este año.

Pero Sampietro considera tener el patrón objetivo de la calidad y asegura que nuestro cine es tan bueno o mejor que el extranjero. Dado que la derivación lógica de esta proposición es que los españoles o son unos ignorantes o unos incultos, la presidenta de la academia no tarda en matizar que todo se trata de una campaña de marketing. Los españoles no tienen mal gusto, pero sí son fácilmente manipulables; es una competencia desleal.

Existen determinadas etiquetas que la izquierda, como buena maestra de la propaganda que es, debería dejar de usar. Una de ellas es ésta de la competencia desleal. Sowell decía que siempre que oía hablar de escasez, pensaba inmediatamente en control de precios. De la misma manera, siempre que alguien pronuncia las palabras "competencia desleal", deberíamos pensar en ineptitud y torpeza.

Me da incluso vergüenza dedicar más de cuatro líneas al argumento más manido en estos casos, como es el marketing, la publicidad. Una cosa debería quedar clara para estos intervencionistas de medio pelo que siguen quejándose de la inexistencia de competencia perfecta: para la persona, aquello que no conoce, no existe. Por tanto, tan importantes como los esfuerzos por producir un bien, son los destindos a difundir la existencia de ese bien. Si un empresario no da a conecer esa circunstancia, si no la oferta de una manera inteligible y que sepa captar la atención de las personas, ya puede creer que tiene "objetivamente" el mejor producto del mundo, pero la gente no podrá considerarlo en sus decisiones. Encontrar la piedra filosofal y enterrarla cinco metros bajo tierra, de poco sirve.

Por tanto, cuando alguien protesta de que es incapaz de competir con otro, está reconociendo su inferioridad. Este hecho no es particularmente en muchas instancias; las personas somos desiguales, destacamos en algunas tareas y somos nefastos en otras. Sin embargo, en el mercado ser ineficiente resulta pecaminoso; de ahí que, afortunadamente, contemos con el mecanismo de la bancarrota.

Si ofrezco un producto en el mercado y nadie me lo compra puede ser por dos motivos: o no interesa o prefieren comprárselo a otro. En cualquier caso, no tiene sentido que yo persevere en vender ese bien; no olvidemos que por el hecho de que yo esté empleando recursos en ofrecer algo que nadie quiere, muchas otras personas no pueden aprovechar esos mismos factores productivos para fabricar otros productos más deseados por los consumidores.

De ahí que el mecanismo de precios y costes condene a esos torpes empresarios a la quiebra. Por supuesto ha habido competencia y ha sido desigual; los empresarios exitosos sirven desigualmente mejor al consumidor que los empresarios ineptos; son desigualmente más competentes.

Esto no implica ninguna suerte de extinción física de los emprendedores fracasados; pueden dedicarse a trabajar por cuenta ajena o bien probar fortuna en otra ocasión. En todo caso, queda claro que en tanto sigan siendo igualmente incompetentes la quiebra es el único resultado que debiera esperarles.

Y digo debiera, porque con las patochadas y milongas de la competencia desigual, el Estado ha articulado una serie de prebendas y redistribuciones del todo absurdas, cuyo único objetivo es crear una casta privilegiada de productores ineficientes. Otra forma de denostable coacción rentista; la gente inhábil en un determinado oficio (como el cine) que no quiere trabajar de otra cosa, clama porque el Estado le traspase puntualmente una subvención obtenida de impuestos a los consumidores y a los empresarios eficientes.

El resultado es que la población alimenta a este ganado holgazán, que sin oficio pero con mucho beneficio, va engordando a nuestra costa. Podemos adquirir menor cantidad de los productos que deseamos y los buenos empresarios son obligados a invertir menos dinero en satisfacer nuestras necesidades. Todo ello para mantener a los afectos al régimen.

Los términos se dislocan; el trabajo de los cineastas, consolidados en su privilegiada posición rentista, no está destinado a servir a los consumidores, sino a obtener, a través de la ficción laboral, un oneroso sustento monetario. La producción no se destina al consumo, sino a la mera producción. Lo importante no es que su actividad sirva para hacer feliz a la gente, sino que parezca que hacen algo. Si tan desleal es la competencia del cine americano, estoy seguro de que Sampietro y los cineastas españoles se esforzarán en hacerla menos desigual, elevando la calidad -para los consumidores- de sus películas. Eso sí, sin dinero expoliado del resto de españoles con el que no cuenta el cine americano; porque eso, más allá de competencia desleal y desigual para con los yankees, es un robo.

20 de Enero de 2005

Galbraith en la campaña

Uno de los peores y menos rigurosos economistas del s. XX ha sido, sin duda, John Kenneth Galbraith. Su principal "aportación", aparte de tratar de vender a los gobiernos un keynesianismo que no terminaba de entender, consiste en negar la soberanía del consumidor aludiendo a la intrínseca manipulación publicitaria de las grandes corporaciones. Quizá por ello, los progres de medio mundo lo consideran como un exponente del buen y honetado economista, un tótem al que adorar.

La creación de necesidades a través de la publicidad, que no deja de ser una hipótesis psicológica bastante improbable (y que en todo caso dejaría abierta la pregunta económica sobre quién tiene que decidir cuáles son las verdaderas necesidades) oculta un peligroso sesgo político. Ya en su reseña de la Sociedad Opulenta, Rothbard se quejaba de que Galbraith no aplicara este mismo esquema (la publicidad controla la mente de las personas) para la propaganda gubernamental.

Al fin y al cabo, si una suerte de gobierno debiera reconducir las decisiones manipuladas de los consumidores, una suerte de dictador debiera rehacer las decisiones manipuladas de los votantes tras una campaña electoral. Quien cercena la libertad del consumidor para comprar, también está decapitando la libertad del votante para elegir. Si no es juicioso para una acción, ¿por qué hemos de suponer que lo será para otras?

Con todo, en ocasiones uno tiende a pensar que si bien el análisis de Galbraith no es del todo inútil si lo trasladamos a la arena política. Al fin y al cabo, antes que Galbraith vino Orwell y su Gran Hermano. Al fin y al cabo, como sostienen Bastiat y Hülsmann el Estado sólo se asienta en una gran ficción colectiva que, para mantenerse, necesita de continuadas mentiras y adulaciones.

Y es que existen notables diferencias entre la publicidad y la propaganda. Un consumidor tiene incentivos para evitar ser manipulado; si hace caso ciego a mucha publicidad, incurrirá en errores que reducirán su satisfacción futura. Se trata de una decisión que toma él sólo y que le concierne a él solo. Si yerra, sufrirá las consecuencias.

El votante, sin embargo, no elige directamente nada. En realidad, el voto de una persona es intrascendente para el resultado final. Ello, de alguna manera, siguiendo el análisis de Downs, rompe la relación entre elección-responsabilidad; máxime, cuando las consecuencias no las sufre uno sólo, sino que las sufre todo el país.

La complaciencia con la propaganda política, pues, resulta mucho mayor. No digamos si esa propaganda ofrece ventajas directas e inmediatas para determinados sectores de la población (pisos, aumento pensiones, aranceles...) que ocultan las fatalidades a largo plazo (fatalidades que, además, en ocasiones no sufre el beneficiado, sino otros sectores de la población; por ejemplo, el arancel sobre las naranjas marroquíes no perjudica al agricultor, sino a los consumidores)

El caso arriba enlazado es un ejemplo paradigmático. Las mentiras vertidas sobre esta Constitución Europea, cuyas consecuencias ni importan ni interesan, en una campaña propagandística financiada coactivamente por todos, han pasado desapercibidas; la sociedad anestesiada, tal y como la ha llamado Jesús Cacho, tiene una tragaderas impresionantes. Consecuencias que no importan a nadie, ya que todo el mundo asume que la Constitución será aprobada, vaya a votar o no.

A un mes justo del referéndum por la socialización europea, las primeras tretas para colarnos semejante exabrupto colectivista -tretas en función de un derecho interno redactado por el Estado, es decir, por quien se sustenta sobre la mentira y la ilusión- ya se han puesto de manifiesto. Más de un keynesiano debería recuperar a su querido Galbraith para analizar la situación política desde su perspectiva.

Al fin y al cabo, incluso Chomsky reconoce que la primera manifestación de propaganda moderna corresponde a un gobierno, en concreto al de Woodrow Wilson (y las ansias reformadoras y "progresistas" de Wilson tienen claras resonancias en la Unión Europea moderna). La oposición a la Constitución se bosqueja, día a día, como la única opción no servil. Y es que, cuando la práctica totalidad de la clase política avanza en un sentido, la libertad, muy probablemente, caminará en el opuesto.

17 de Enero de 2005

La disidencia fascista

Hace tiempo que disentir en España se convirtió en una actividad peligrosa. Si hasta las pasadas elecciones criticar al gobierno era un indudable símbolo del pedigrí demócrata, a partir de entonces, la reprobación se ha convertido en un acto de lesa democracia, un acto propio de fascistas, un crimen del pensamiento.

El hecho de que la COPE se haya convertido en un bastión de libertad de expresión, donde talante no se confunde con talento, parece ser que no está sentando demasiado bien a la progresía.

Desde que Cebrián propuso silenciar Internet, la izquierda ha comenzado una campaña difamatoria contra los medios de comunicación liberales, cuyo objetivo último no puede ser otro que justificar ante la ciudadanía española su censura. Esta campaña pasa, necesariamente, por retratar a la COPE o a Libertad Digital como medios de extrema-derecha.

Así, la directora adjunta de El País, Soledad Gallego-Díaz, acusó hace un mes a la COPE de seguir mintiendo en relación al asunto de www.gruporisa.com, y utilizó las siguientes palabras: Cada vez más, la extrema derecha renuncia a los antiguos símbolos fascistas para quedarse con la esencia de esa manera de ser y de actuar: el ataque personal y la mentira persistente, inmisericorde, contra el oponente.

El País estaba endosando a la COPE las tácticas que él mismo estaba empleando. La mentada web nunca estuvo relacionada con la COPE, y ellos lo sabían perfectamente. Aún así, su objetivo pudo realizarse con éxito: el diario más vendido de España acusaba sin pudor a una emisora de radio de representar los valores de la extrema derecha.

Recientemente, nos hemos enterado de que el gobierno, en sus informes internos, ya viene calificando a la cadena COPE como medio facha. Entiéndase: quien nos lleva la contraria es facha.

El último en sumarse al carro del insulto ha sido el caricaturista Miquel Ferreres en el Periódico -el mismo medio desde donde Zapatero atacó las prácticas y el estilo de la COPE- donde sugiere que la cadena de radio está al servicio de intereses análogos a los de Hitler, Mussolini y Franco; en Román paladino, al servicio de la extrema derecha o los fachas.

Resulta curioso, cuanto menos, que Miquel Ferreres, un destacado antisemita, -que con alguna de sus viñetas provocó la indignación del embajador de Israel- utilice a Hitler en contra de la COPE. Desde luego, habrá causado un notable desconcierto entre algunos destacados judíos que, como Gustavo D. Perednik, hace tiempo que vienen calificando sus viñetas de nazis.

Sin embargo, el punto clave, a mi entender, no debería pasar por señalar las contradicciones y la doble moral de unos progres que sólo defienden a los judíos una vez muertos, sino en encuadrar esta nueva difamación contra la COPE en una estrategia concertada para legitimar que el gobierno tome medidas contra la extrema derecha.

La estrategia es más amplia y de mucho mayor recorrido. La insultante equidistancia que muchos establecen entre Batasuna y el PP sólo sirve para recordar que si la primera está ilegalizada, ¿por qué no debe estarlo el segundo? Al final, el objetivo de una parte de la izquierda, consiste en erradicar política y mediáticamente a la derecha española.

La COPE es, hoy por hoy, el referente mediático de la derecha; y en buena medida, de la derecha no acomplejada por el talante absolutista. Su extinción, su censura, resultan, por tanto, apremiantes.

Con un Estatuto del Periodista que crea los instrumentos necesarios para silenciar al díscolo político, sólo queda legitimar ante la ciudadanía esas intromisiones totalitarias. Conviene, pues, que los españoles equiparen el ataque a la COPE como un ataque contra la extrema derecha y, en definitiva, como una defensa de la democracia y de los valores cívicos sobre los que se asienta.

Tal y como se quejaba Isaiah Berlín al hablar de los regímenes totalitarios, conviene que la gente crea que se ataca la libertad para defenderla, que se aplica la represión contra el individuo por el bien del propio individuo.

Una estrategia estatal y liberticida frente a la que no debemos callarnos. Si el objetivo de la izquierda es acabar con los liberales, el nuestro, cuanto menos, debiera ser sobrevivir.

14 de Enero de 2005

Intolerable comisión

Resulta harto curioso cómo la progresía se ha movilizado contra las pretensiones, finalmente frustradas, del Banco Popular para cobrar comisiones por sacar dinero de sus propios cajeros automáticos. La medida parecía de poco recorrido, no digo que en algún momento futuro no llega a implantarse, pero bien cierto es que quien cobra comisiones aparece como menos atractivo frente a sus competidores. No se trata tanto de que el Banco Popular pudiera perder clientes actuales por implantar la medida; más bien, algunos de los que hubieran podido depositar su dinero en el futuro podrían claramente ser disuadisos. Y, hoy por hoy, el negocio de los bancos está claramente alejado del cobro de puntuales comisiones.

De hecho, no entiendo por qué tanta indignación entre la izquierda por el hecho de que nos cobren por un servicio. Al fin y al cabo, la función primordial de los bancos comerciales debiera ser la custodia de nuestros depósitos y, en todo caso, la mediación financiara del dinero recibido a préstamo por los clientes. Sorprende, si más no, que la izquierda intervencionista se rasgue las vestiduras frente a este nimiedad absoluta y, en cambio, sea por ignorancia o por infame contubernio, se mantenga impasible en denunciar el auténtico botín de la banca occidental: el tráfico de depósitos respaldado por el Banco Central.

La comisión por sacar dinero es un precio cuyo coste asume voluntariamente el depositante. Se trata de una transacción lícita entre el banco y su cliente, no tiene efectos frente a terceros. La expansión crediticia, muy por el contrario, se basa en garantizar la imposibilidad de una doble disponibilidad al depositante y al prestatario. Doble disponibilidad que expande, conjuntamente, el consumo y la inversión. Este fraude provoca, a la larga, la quiebra del banco, puesto que cuando los depositantes acuden en tropel a retirar sus depósitos, el banco es incapaz de devolverlos.

Ahora bien, la protección dispensada por el Banco Central consiste en garantizar toda la liquidez necesaria para evitar quiebras bancarias que pongan en peligro la "inestabilidad del sistema bancario". Nunca he entendido cómo la generalización del fraude puede constituir un sólido aval a la viabilidad y pulcritud del sistema. En todo caso, debe quedar claro que esta multipliación de los medios de pago genera en nuestra economía dos efectos perversos: a) el envilecimiento de nuestra moneda de curso forzoso y b) el ciclo económico.

Dado que el tipo de interés se reduce por debajo del nivel que hubiera alcanzado sin intervención, aparecen como rentables inversiones que antes no lo eran. Las empresarios comienzan a invertir en esos "provechosos" negocios (que consistirán mayormente en inversiones intensivas en capital alejadas del consumo) sin que esta nueva inversión se base en un incremento del ahorro. Como ya he dicho, consumo e inversión se expanden a la par, los recursos comenzarán a escasear, las empresas no podrán terminar sus nuevos proyectos y comenzará la quiebra generalizada. Todo ello, mientras los bancos comerciales han consolidado un lucro ilegítimo con la inestimable colaboración del Banco Central.

Comparemos la inflación (ese mal endémico de nuestra sociedad por la que la gran mayoría de los precios se incrementan) y el ciclo económico (generador de una tremenda malformación del aparato productivo y de frecuentes quiebras empresariales que condenan al paro a numerosos trabajadores, incapaces de encontrar otra ocupación hasta que los efectos distorsionadores del ciclo desaparecen) con "la comisión por sacar dinero". Me parece que la queda bastante claro cuál es la auténtica lacra de nuestro sistema bancario. La inflación y el ciclo extienden los efectos negativos de sus acciones sobre gente que no ha participado en la transacción. ¿Cuántos progres intervencionistas han protestado por ello? Se "movilizan" por risibles comisiones y en cambio permanecen impasibles ante el aumento generalizado de los precios y el fraude bancario que deriva en crisis económica.

Es más, lejos de denunciar tales perjuicios sociales, se dedican a propugnar medidas como el euro electrónico público que sólo contribuirán a erradicar la posibilidad de que el público extraiga el dinero de los bancos -reduciendo así la base sobre la que se efectúa la expansión crediticia-, sentando, pues, las bases para una expansión monetaria cuyo único límita sea la subsistencia del sistema.

Quizá sea por lo que dijo Bastiat. Los malos economistas sólo son capaces de fijarse en los efectos directos e inmediatos (comisión) y no en los efectos indirectos y de largo alcance. Criticando lo primero y descuidando lo segundo, incurren, aún sin pretenderlo, en la doble moral que caracteriza la mayoría de sus decisiones. Si quieren un cambio revolucionario, que se dejen de nacionalizaciones y cierren el banco central.

Sólo así sentaremos las bases de un crecimiento económico duradero, sano y sin crisis. Un crecimiento del que se beneficiarán todos, y no sólo los banqueros y los políticos. Un incremento social, al fin y al cabo. Por eso, los autodenominados socialistas, a diferencia de lo que sostenía sobre sí mismo el liberal Lysander Spooner, no son auténticos socialistas; sus medidas no son buenas para la sociedad, sino sólo para una casta privilegiada de ciudadanos, entre los que se encuentran ellos, los aduladores del régimen.
Pregunta

Entiendo y comparto la indignación ante los disfraces del principito Harry. Pero hay algo que todavía me escandaliza más que la ignorancia y la torpeza de este acaudalado pijo, y es la asquerosa doble moral de la prensa europea. Entre frases como "Harry puede pertenecer a esta mitad de la población que, según ha revelado una reciente encuesta, el nombre de Auschwitz no le dice nada" todos los grandes medios de comunicación europeos han insultado, con seguridad de manera merecida, al neonazi real.

Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si el príncipe Harry en lugar de una esvástica, hubiera mostrado una hoz y un martillo? Tengo el convencimiento moral de que absolutamente NADA, la noticia hubiera pasado por completo desapercibida o, incluso, algún diario lo hubiera expuesto con aprobación, un plausible signo de que el principito "se acerca al pueblo y a los trabajadores".

La cláusula del totalitarismo más favorecido de la que se quejaba Revel. Vergonzoso; Harry ha insultado a las víctimas del nazismo, pero la prensa europea lleva décadas insultado a muchas otras que, a su juicio, ni siquiera existen. Un tonto y unos miserables.

13 de Enero de 2005

Respondiendo a Escolar

Como ya habréis notado últimamente tengo escaso tiempo libre. En cualquier caso, por lo visto en la discusión de Escolar.net sobre el Salario Mínimo el autor me ha planteado unas preguntas que, por no haberlas leído a tiempo, se han perdido en la rueda de comentarios. Como juzgo que pueden resultar interesantes, le expongo aquí mi respuesta:

¿Desde cuándo los empresarios deciden los sueldos en función de los ingresos que genere el trabajador? ¿Cómo cuadras eso con el hecho de que los beneficios empresariales crezcan y no así lo sueldos?

Creo que esta pregunta ya está suficientemente contestada. El trabajo es escaso; de la misma manera que algunos recursos o bienes de capital pueden quedar inutilizados en tanto para emplearlos sería necesario detraer recursos complementarios de otras finalidades más valoradas, el trabajo no cumple ese requisito, ya que el factor trabajo genera por sí sólo esos bienes de capital que la estructura productiva necesita. Nunca habrá escasez de trabajo; por ello, siempre habrá demandas potenciales de trabajo. Si un trabajador cobra menos de aquello que está produciendo, otro empresario ávido de beneficios empresariales la contratará. Ya lo ha explicado José Carlos, si la productividad de un trabajador es de 500 € y un empresario le paga 100 €, otro empresario pagándole 200 € obtendrá un beneficio de 300 €.

Por otro lado, la pregunta que me planteas sobre el beneficio y los salarios adolecen de un problema fundamental, y es la confusión entre beneficio e interés.

Los bienes de consumo son necesariamente más valorados que los factores de producción que han ayudado a obtenerlos. En tanto la mesa está más cerca de satisfacer las necesidades del consumidor que la madera, el trabajo, la cola, o las máquinas que ayudan a fabricarla, el consumidor estará dispuestoa pagar más por la mesa de lo que el empresario puede estar dispuesto a pagar por los elementos aisladamente. Existe una diferencia irreductible de precios entre el bien de consumo y los factores de producción, y a esa diferencia se la conoce como interés.

Otra cosa muy distinta es el beneficio, que surge como un fenómeno de interrelación productiva y, en concreto, de los errores empresariales ajenos. Por ejemplo, si un empresario descubre que las aspirinas que está produciendo permiten subsanar el cáncer, el valor de sus productos (y por tanto de la productividad de sus trabajadores) se incrementará notabilísimamente. Los beneficios del empresario se incrementarán sobremanera, si bien es muy posible que ello no se traduzca en un correspondiente y total aumento de salarios de sus trabajadores. En realidad, estamos ante una ganancia empresarial pura, que corresponde por entero al empresario y a su genialidad. Digo que este beneficio procede de los errores empresariales ajenos porque nadie había descubierto con anterioridad esa aplicación de las aspirinas (con lo cual, retrospectivamente estaríamos ante un error)

Los beneficios perdurarán hasta que nuevas empresas entren en la producción de aspirinas anticáncer (si no entreran estaríamos ante errores empresariales ajenos). Los beneficios no son irreductibles; cuando el número de compañías se incremente muchas empresas pasarán a percibir el simple interés, la diferencia entre el valor de los factores y el valor de los productos finales.

Con respecto al salario es perfectamente posible que algún empresarios obtenga beneficios, por ejemplo, infravalorando a algún trabajador. No niego que esa sea una posibilidad factible; ese beneficio, de hecho, se mantendrá hasta que otro empresario observe esa situación (si no lo hace constituirá un error) o el trabajador encuentre otro puesto de trabajo (si no lo encuentra constituirá un error)

El problema del salario mínimo no es que permita subsanar estas puntuales infravaloraciones, sino que muchos trabajos no podrán existir. No aumenta los salarios (ya que, en cualquier caso, el error hubiera sido subsanado por el arbitraje empresarial), sino que ilegaliza cantidad de ocupaciones. Si la productividad de un trabajador es 400 €, el empresario, aún queriendo pagarle su entera productividad, no podrá contratarlo a 500 €, a menos que esté dispuesto a consumir parte de su capital (circulante) en el negocio. Pero de la misma manera que contrata a ese trabajador, podría dar dinero a la caridad.

¿Qué opinas del empleo infantil? ¿Es función del estado garantizar que los niños se dediquen a estudiar en lugar de coser balones o sacar carbón de las minas o el sacrosanto libre mercado soluciona el problema sin necesidad de intervención estatal? ¿Acaso es un problema o es una simple operación económica en la que ni el estado ni nadie más que los directos implicados (el empleador o el niño... o su padre) es quién para intervenir?

Te recomiendo este artículo de Thomas DiLorenzo. La educación no es más que otra forma de capital, si bien, generalmente, otra forma poco productiva de capital; en especial, si no se ve combinada con el capital "físico". No olvidemos que buena parte del capital educativo incluye también la experiencia laboral en el uso del capital. Si Mozambique se convirtiera ipso facto en la nación más culta del mundo, no por ello se enriquecería; si no tienen herramientas con las que producir, no serán capaces de elevar su producción.

La alternativa al trabajo infantil allí donde se requiera es la pobreza de la familia. Si los padres llevan a ese hijo a trabajar será porque necesiten de su salario para subsistir; obligar a los hijos a que asistan a la escuela cuando la familia no puede soportar su coste de oportunidad, me parece una crueldad innecesaria. Sólo cuando los salarios empezaron a crecer por los aumentos de la productividad y las familias pudieron enviar a sus hijos a las escuelas, el Estado certificó esa situación de hecho.

¿es admisible la esclavitud? ¿Me puedo vender de por vida al mejor postor? (...) Siguiendo el dogma liberal, el problema de los pobres es que son públicos y no privados.

La esclavitud consiste en una enajenación de la voluntad futura. Por tanto es una contradicción de terminos; dado que mi voluntad futura es tan libre como la actual, no puedo venderla dado que no sabré que desearé en el futuro. El contrato de trabajo consiste en enajenar el trabajo, el contrato de esclavitud en vender tu voluntad. Es decir, un contrato de esclavitud es revocable en cualquier momento por el esclavo. La esclavitud voluntaria es una contradicción, porque la voluntad no es enajenable, y mientras el esclavo quiera seguir siéndolo, obviamente no estaremos ante esclavitud. Rothbard lo explica perfectamente aquí.

El problema de los pobres es que reciben un trato público y no privado; no que sean públicos, porque no lo son. Los pobres, como dices, no son público dado que no son propiedad ni del Estado ni de nadie. Son sus propios propietarios y por tanto, ya son privados.

12 de Enero de 2005

Con un tsunámetro se pudo evitar la existencia de cien mil víctimas humanas, por Antonio Muñoz Ballesta

Las consecuencias catastróficas en vidas humanas del maremoto en el Sudeste Asiático se pudieron evitar si sus Gobiernos estatales se hubieran preocupado por la seguridad de sus ciudadanos adquiriendo previamente un tsunámetro.

Las ideas expresadas por Hans-Hermann Hoppe sobre la mayor eficacia en la seguridad que prestan, y prestarían, a sus clientes las compañías de seguro (de seguridad), muestran, una vez más, que si existiera más libertad de empresa y menos "monopolio" en las organizaciones o empresas que ofrecen seguridad -en sus diversas variantes- entre las que se encuentran el aviso de los tsunamis en zonas de riesgo como la del Sudeste asiático- a sus clientes y/o ciudadanos se podría disminuir las catastróficas consecuencias de los desastres naturales.

Las mencionadas empresas privadas sí hubieran adquirido dichos tsunámetros, con toda probabilidad. Es decir, el mayor respeto por la libertad de empresa y la propiedad privada habría ayudado a reducir el número de víctimas, también en el caso del tsunami del sudeste asiático del 26 de diciembre de 2004. Una sociedad política gobernada con el interés de defender la propiedad privada verdaderamente, habría protegido a sus ciudadanos, de alguna forma, con dichos detectores de tsunamis.

9 de Enero de 2005

Resumen sobre el salario mínimo

En los últimos días hemos matenido una intensa discusión sobre los efectos del salario mínimo. Habida cuenta de que sus defensores sólo han sido capaces de argüir, con mayor o menor éxito, que el SMI no genera paro porque no lo genera, creo que conviene efectuar una guía sobre el salario mínimo y la refutación de las razones que suelen aducirse:

En primer lugar, hay que recurrer a este magnífico post de José Carlos en el que explica cómo se forma el salario en el mercado y por qué existe una inexorable tendencia a que la productividad marginal del trabajador tienda a equipararse con su salario. De ahí, que el SMI sólo pueda ser o irrelevante (por estar debajo de la productividad marginal del trabajador) o nocivo (por estar por encima, de manera que se lo condenaría al paro)

Asentado esta serie de relaciones teóricas podemos dar un trato más sólido a las excusas habituales del intervencionismo para imponer un SMI. En el artículo de Martín Seco encontramos dos de ellas. La primera se refiere a que el salario mínimo no produce inflación. Esto es rigurosamente cierto; apelar a los efectos inflacionistas del SMI es un profundo error, la inflación es hoy y siempre un fenómeno monetario. El segundo argumento viene referido a que el salario mínimo es bueno porque estimula la demanda interna y tira de la economía. Este argumento parte de la base keynesiana de que cuanto más consuma una sociedad más próspera será. Demuestra una incomprensión absoluta de la Ley de Say, tanto en su planteamiento keynesiano, como en el original.

Por último, también se suele emplear el argumento de que un incremento salarial obligará a los empresarios a invertir en maquinaria, lo que provocará un incremento de la productividad. Se trata de una mala aplicación del Efecto Ricardo, al olvidarse de que el capital es temporalmente limitado y que sólo puede ampliarse mediante incrementos voluntarios del ahorro y su consecuente traducción en mayor inversión en bienes de capital.

Con esta recopilación creo que podemos demostrar a cualquier intervencionista los efectos nocivos del SMI. Conviene tenerla a mano ante las recurrentes subidas que se avecinan.

7 de Enero de 2005

Diez años sin Rothbard

Hoy justamente se cumplen 10 años de la muerte de Murray N. Rothbard, posiblemente la persona que más enfática e incansablemente ha luchado por divulgar la obra de Ludwig von Mises. Un ataque al corazón se lo llevó a la temprana edad de 69 años.

Pero Rothbard no se dedicó únicamente a divulgar las ideas miseanas, su producción académica es simplemente asombrosa. Miles de artículos, muchos de ellos todavía inéditos, y más de 25 libros, entre los que conviene destacar su monumental Man Economy & State, la Ética de la Libertad, American's Great Depression e Historia del Pensamiento Económico, obra esta última que dejó tristemente inacabada por su sobrevenida muerte.

Rothbard fue un reaccionario radical. Si bien a Mises podemos englobarlo dentro de una renovación del liberalismo clásico superadora de las deficiencias cientistas y antisubjetivistas de la Escuela Clásica, Rothbard enlazó (o recuperó según como se mire) a la Escuela Austriaca con la tradición tomista del derecho natural y con el aislacionismo exterior. Fue un convencido anarquista, que criticó hasta la saciedad cualquier forma de intrusismo coactivo no basado en la libre voluntad del individuo.

Hoy, como no podía ser de otra forma, el Mises Institute, cuyo nacimiento se debe fundamentalmente a la enérgica labor de Rothbard, le dedica un homenaje en su artículo diario titulado El imparable Rothbard. Sobre Mr. Libertarian o El Mayor enemigo del Estado, tal y como se le conocía, se han dicho muchas cosas. David Gordon, una de las cabezas mejor amuebladas del liberalismo actual, afirma que al escribir sobre él parece que estás escribiendo sobre cuatro o cinco de las más grandes mentes que jamás hayas conocido, con la única salvedad de que se trata de una sola persona.

El movimiento libertario ha crecido y se ha diversificado. La Escuela Austriaca tiene una nueva pujanza y se está empezando a convertir en un obligado referente académico. En Internet, no sólo en España, sino también en EEUU, comienzan a despuntar los sitios de clara influencia rothbardiana.

Su claridad, su rotundidad, su convicción, su firmaza moral, su sapiencia, su dedicación y su honestidad en la causa de la libertad son difícilmente encontrables en cualquier otra persona. Un genio que nos dejó demasiado pronto, pero que nos dejó, eso sí, con un impresionante legado. Esperemos, como dice el Mises Institute, que este legado perdure por siempre para que así nuestra defensa de la libertad sea más sólida y robusta. A Rothbard le debemos, como a Mises, el habernos dotado de unas espadas y escudos intelectuales que nos permiten afrontar con cierto optimismo el desarrollo de la contienda ideológica entre la coacción y la libertad que arrasa nuestro tiempo.

Descanse en Paz.
¿Por qué sólo en enero?

Pregunta el Mundo: ¿Le parece bien que el Parlamento cierre por vacaciones todo el mes de enero? La respuesta apresurada es, desde luego, que NO. Al fin y al cabo, si les pagamos es para que trabajen. De hecho, el NO es la opción que acumula un mayor porcentaje de votos.

Pero, ¿en qué consiste exactamente su trabajo? Pues en meterse en nuestras vidas, regular nuestra existencia, recortar nuestra libertad.

Ante ese sucio trabajo mi respuesta es SÍ; me parece genial no sólo que cierren en enero, sino, incluso, que cerraran todo el año. Y ello aún cuando se doblaran el sueldo por no hacer nada. Un mes menos en el que podrán meter la pata. Ojalá los políticos estuvieran de vacaciones perpetuas.
La ley de Say en su formulación original

Sé que en los últimos días estoy posteando demasiado sobre teoría económica. Aún así, no creo que estorbe en exceso, pues se trata de apuntalar la refutación de las falacias más habituales de la economía keynesiana y, en definitiva, intervencionista.

Comentaba ayer que la Ley de Say/Mill establece que la oferta genera su propia demanda. Dani me corrige, de manera acertada, que esta formulación de la Ley de Say no es la original, sino que proviene de la deformación keynesiana. Ya saben, reestablezco algo que otro no ha dicho, refuto lo que no ha dicho y ya puedo concluir que lo he refutado. En otras palabras, Keynes no refutó a Say, pero aparte, lo que dijo Keynes, como intenté mostrar ayer, es falso (no puede existir una sobreproducción agregada que no genere una sobredemanda agregada; todas las mercancias no pueden ser abundantes respecto a sí mismas)

John, en el post anterior, comenta que quizá sería conveniente sustituir que la oferta genera su propia demanda por la oferta genera su propio abastecimiento. Muchos, como ya comenté, entendieron que esta ley establecía que todo producto en el mercado será necesariamente vendido.

En realidad, no es ni siquiera necesario replantear ni reinterpretar (como ayer hace) la ley de Say pasada por el filtro keynesiano. Volviendo a las fuentes originales podemos observar qué dijo Say exactamente.

Dado que el Tratado de Economía Política de Say no está al alcance de la mano de todos (si bien en Internet puede encontrarse aquí), reproduzco parte del capítulo XV del libro (donde se mienta la llamada Ley de Say) tal y como aparece en el libro "The Critics of Keynesian Economics" de Henry Hazlitt.

Say comienza diciendo que es habitual encontrar gente que asegure que los productos siempre serían abundantes si encontráramos gente que quisiera comprarlos. Esta falta de demanda, de brío económico, este tipo de gente (los prekeynesianos entonces, los keynesianos hoy) lo atribuyen en muchos casos a la escasez de dinero (...) algo capaz de acelerar sus ventas y de elevar los precios.

Inmediatamente, Say se queja de que si les preguntamos cuáles son las causas y circunstancias concretas que facilitan la demanda de sus productos, pronto percibiremos que tienen muy vagas nociones de esta materia.

Ante esto Say empieza explicando que un hombre que dedica su trabajo en la producción de objetos con valor y en la creación de algún tipo de utilidad no puede esperar que ese valor sea apreciado por los demás hasta el punto de que estén dispuestos a pagar por él, a menos que otros hombres tengas los medios para pagar por él. La cuestión, pues, reside en una cuestión de medios. Y estos medios para pagar por el producto son básicamente: Otros valores de otros productos, como por ejemplo, los frutos de la industria, el capital o la tierra. Y es aquí donde establece su famosa ley tantas veces deformada: Esto nos lleva a una conclusión que puede parecer a primera vista paradójica, esto es, que es la producción la que da salida a los productos.

Por tanto, Say no dice otra más salvo que, antes de consumir, debemos producir. Para comprar algo debemos ofrecer otro algo a cambio. Los keynesianos aseguran que ese algo, el bien escaso, es el dinero (cuanto más dinero, más podemos comprar), pero como responde Say decir que las ventas son bajas porque el dinero es escaso, implica confundir los medios con la causa; un error que consiste en olvidar que todo producto es primero intercambiado por dinero antes de ser convertido en otro producto.

Ya comentamos ayer que el dinero ahorrado es, en realidad, utilizado para la producción de bienes de capital. No existen recursos ociosos. Con lo cual, a la inicial objeción (el hecho de que los productores se quejen por insuficiente demanda) se le responde diciendo que las ventas no son pocas porque el dinero sea escaso, sino porque otros productos son escasos.

En definitiva, pues, que si queremos vender más para poder consumir más es necesario que los demás produzcan más, así tendrán algo que ofrecer a cambio de nuestros bienes. Cuanto más productos hay en una sociedad, mayores son el número de transacciones. Y para aumentar el número de productos es necesario incrementar los bienes de capital (esto es, ahorrar)

Pues bien, esto es la famosa ley de Say que los keynesianos se vanaglorian de haber refutado. Como es observable, se trata de una ley económica no refutable. Pensar que puede haber sobreproducción implica desconocer que el dinero tiene dos usos, invertir o consumir, y que los recursos se desplazarán hacia la producción de capital o hacia la de bienes de consumo. No hay más; el problema surge cuando algunos impiden al factor trabajo desplazarse libremente mediante elevados costos laborales o leyes de salario mínimo que ilegalizan de facto determinadas ocupaciones.
¿Podrían habernos engañado hasta ahora?

Interesante análisis el que efectúa un forero de Gruporisa.com sobre la Hoja de Ruta para aprobar un pseudo Plan Ibarreche. No sé hasta qué punto es verosímil tremenda y correcta planificación previa, especialmente para un político. Sin embargo, creo que abre otra perspectiva muy distinta a la que veníamos empleando para contemplar la evolución de los acontecimientos (las carambolas positivas para el PNV, las amenazas de ERC, la firmeza formal del PSOE pero la debilidad real...)

Ya digo, un análisis que invierte la visión convencional de los acontecimientos. Quizá suena a demasiado conspirativo, pero puede que haya que ir pensando que en nuestra política hay magníficos conspiradores. Y no sólo, ni especialmente, por esto.

6 de Enero de 2005

Sobre la Ley de Say

En el primer post sobre el salario mínimo aludía a que Martín Seco no llegaba a comprender la Ley de Say. Juan Fernando ya dedicó un post a la temática, recomendando el muy interesante artículo de James Mill, en virtud del cual la Ley de Say debiera ser renombrada Ley de Mill, pues fue el primero en descubrirla.

En todo caso, la Ley de Say/Mill establece que la oferta genera su propia demanda. Ha sido una ley muy malinterpretada e incluso ninguneada. Rothbard llegó a señalar que no aportaba nada al pensamiento económico. Sin embargo, no debemos olvidar que Keynes nace como una pretendida refutación de Say.

Cuando Say dice que la oferta genera su propia demanda no se está refiriendo a que la oferta empresarial de coches da lugar a la demanda de coches. No viene a señalar que todo bien será vendido en el mercado. Esto supone una total incomprensión de Say. La oferta genera demandas adicionales; es decir, la oferta de coches genera la demanda de aluminio, motores, bujías, pinturas y trabajadores. Por tanto, no puede existir algo así como la sobreproducción keynesiana, esto es, una sobreproducción agregada, puesto que la sobreproducción agregada generaría una sobredemanda agregada.

La tesis keynesiana parecía señalar la conveniencia de que, ante la sobreproducción, el Estado incentivara el consumo de ese exceso productivo. En caso contrario, habría una serie de trabajadores condenados al paro perpetuo, al no querar nadie comprar las mercancías que producen.

Cuando se habla de sobreproducción nos estamos refiriendo a exceso de producción de bien sobre otro (en general el dinero). Como señala pues, Stuart Mill (el hijo también defendió la tesis magistral de su padre), en todo caso nos estamos refiriendo a una sobreproducción de mercancías con respecto al dinero. En los casos señalados por los keynesianos, aquellos en los que el dinero es atesorado y todas las mercancías reducen sus precios respecto al dinero (o lo que es lo mismo, el dinero incrementa su valor respecto al resto de mercancías). Sin embargo, no olvidemos que el dinero tiene como finalidad última ser gastado, por tanto, sugerir que puede haber sobreproducción de todas las mercancías y que por tanto pueden reducirse los precios de todas las mercancías continuamente, es tan absurdo como sugerir que una mercancía puede depreciarse respecto a sí misma.

La cuestión, por tanto, es si puede existir un desempleo transitorio ocasionado por una acumulación de dinero. A corto plazo, podría parecer interesante, pues, insuflar la economía con un recorte fiscal o con un incremento del gasto público.

Estas ideas parten de pensar que el fundamento del capitalismo es el consumo. Examinemos esta pretensión más de cerca. Cuando todos los individuos prefieren atesorar dinero durante el corto plazo, ello puede tener dos funciones. Una, el estricto atesoramiento, otra el ahorro. Si los individuos guardan su dinero, digamos, en un calcetín bajo la cama, ello reduce la masa monetaria en la economía, incrementan el valor de las unidades que se utilizan, bien en el consumo, bien en el ahorro. A efectos prácticos, supone una destrucción temporal de dinero, con su consecuente apreciación. La cuestión, por tanto, se circunscribe a qué sucede con el ahorro.

Como ya describí en la anterior anotación, un incremento del ahorro da lugar a una reducción del tipo de interés y a un aumento de la inversión. El dinero que no se consume se dedica necesariamente a la reposición del capital previo o a la acumulación de nuevo. Esto genera, a su vez, nuevas demandas de bienes, por la ley de Say. En el momento en el que los individuos decidan consumir la maquinaria capitalista estará en pleno funcionamiento.

Por tanto, una sobreproducción de bienes de consumo no genera ninguna depresión, pues indica que las sociedades están ahorrando más, que postponen su consumo, lo cual permite a los empresarios alargar y ensanchar la estructura de bienes de capital. Los trabajadores despedidos de la producción de esos bienes de consumo que ya no interesan, precisamente, quedarán liberados para generar esos adicionales bienes de capital (así como los demás recursos y productos)

Es curioso como la izquierda, incluida la keynesiana, acusa a los liberales de favorecer el consumismo desbocado, cuando precisamente el capitalismo se basa en el ahorro (en los bienes de capital) y el desarrollo a largo plazo. El consumismo, la vida alocada y desenfrenada son subproductos de una izquierda que quiere generar ficciones para que, supuestamente, "tiremos de la economía". No puede haber mayor absurdo, si el consumo se reduce no hay pugna por los bienes de consumo. Las retribuciones por la producción del capital pueden venir dadas perfectamente en otros bienes de capital o, en todo caso, en bienes de consumo (reactivándose pues la demanda de bienes de primer orden)

Nunca puede haber una sobreproducción. Mill y Say ya nos lo advirtieron. Llevamos años mareando la perdiz económica para justificar torpes intervenciones gubernamentales. Todo para mejorar unas vidas que hubieran estado mejor si su ansía intervencionista no se hubiera impuesto. Eso sí, los aduladores del rey desnudo, como Keynes, contribuyeron a hacer creer en lo necesario ese infame manejo. Ayer Keynes, hoy muchos otros.
Una consideración adicional sobre el salario mínimo

Ya he dedicado dos posts al tema, uno aquí y otro aquí, quizá pueda parecer cansino insistir, pero creo que queda por efectuar una consideración adicional, no precisamente económica.

Los defensores del salario mínimo parecen confundir el salario mínimo con los efectos que ellos esperan que produzca el salario mínimo. Es decir, confunden imponer un salario mínimo con aumentar los sueldos más bajos de la población. No dudo de que se trata, en la mayoría de los casos, de una buena intención. Sin embargo, el debate no debe moverse en si queremos que aumenten los sueldos más bajos de la población o no. No estamos discutiendo qué intenciones son mejores, sino cuáles son factibles. Lo que la teoría económica nos permite avanzar es que el salario mínimo no sirve para esos cometidos y sí, en cambio, para engendrar consecuencias sociales mucho peores que las que pretendía solucionar.

Los efectos del salario mínimo no son otros que impedir que se trabaje por debajo de un cierto sueldo. De aquí no se sigue que vaya a trabajarse por un sueldo mayor, simplemente no se trabajará. Obviar este hecho fundamental es harto peligroso para mucha gente, que se verá apartada de su única fuente de ingresos.

Es más, aún intuitivamente deberíamos caer en la cuenta de que imponer una remuneración mínima en el mercado supone eliminar multitud de ocupaciones cuya retribución sea inferior a esa remuneración. Por tanto, el error consiste en pensar que todo el mundo en la sociedad será capaz de encontrar ocupaciones en las que su aportación será superior a la del salario mínimo. Pero esto no depende de la buena intención del empresario, sino de la productividad del trabajador, lo que a su vea depende de las valoraciones de los consumidores y del capital físico existente.

Por tanto, nuevamente, flaco favor estaremos prestando a la gente impidiendo que trabaje. No se trata de que el sueldo sea justo o suficiente para vivir, sino de que sea un sueldo posible. Todos querríamos ser más ricos y que los demás también lo fueran. Pero imponer esto por decreto no deja de ser una tomadura de pelo, pura fantasía. Los liberales también queremos que el salario más bajo de toda la sociedad aumente continuamente, por eso nos oponemos a la imposición de un salario mínimo legal que impida a éste último trabajar.

Algunos, antes de intervenir o proponer intervenciones, debieran revisar muy cuidadosamente las consecuencias de esas propuestas. Si todo fuera tan simple que expedir cuatro leyes, del socialista s.XX hubiéramos salido todos archimillonarios. En realidad, la ficticia facilidad y ligereza con la que algunos pretenden manejar y controlar los procesos sociales es el peor enemigo para sus objetivos. No identificar este hecho y pensar que toda propuesta bienintencionada será, en definitiva, positiva -buscando a la sazón confusos argumentos económicos que respalden mínimamente esa propuesta- es peligroso y dañino para todos.
El salario mínimo y el Efecto Ricardo

En 1817, el economista David Ricardo escribió en sus Principios de Economía política y tributación: Cada aumento de los salarios, o lo que es lo mismo, cada reducción de los beneficios, menguaría el valor relativo de los bienes producidos con un capital de índole durable, y elevaría proporcionalmente los productos con capital más perecedero. Una reducción de salarios ocasionaría exactamente el efecto contrario.

Estas líneas han venido conociéndose como el Efecto Ricardo, según el cual una elevación de los salarios impulsa a los empresarios a sustituir mano de obra por bienes de capital, de manera que el consecuente incremento en la productividad terminará pagando el previo aumento salarial de los trabajadores.

Es un argumento muy recurrente que me extraña que no usara Martín Seco en su artículo sobre el tema, de ahí que no profundizara en él. Sin embargo, como en la discusión sobre salario mínimo en el blog de Escolar.net un tal klapton ha recurrido a él -y resulta harto interesante su refutación lógica- he decidido dedicarle esta anotación.

Dice klapton que las disposiciones sobre salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil, reducción de la jornada laboral y seguridad en el trabajo son las que hicieron, hace ya más de un siglo, que las empresas tuvieran que invertir en tecnología y maquinaria para sustituir ese trabajo, contribuyendo así al aumento de la productividad, los salarios, la renta y el consumo.

Dado que el trabajo es más caro, las empresas tienen que buscar medios (mejor tecnología, mayor uso del capital) para reducir costes. El argumento es atractivo, pues resulta verosímil y su razonamiento no chirría demasiado. No obstante, una primera aproximación ya debe llevarnos a preguntar, por qué si prohibiéramos por decreto el trabajo, los empresarios no tenderían a idear sistemas donde únicamente se utilizara el capital. En este sentido, la prohibición de trabajar conllevaría un desarrollo económico absoluto.

En realidad, el argumento suena a verosímil por superficial. Parte del supuesto erróneo de que en la sociedad existe un capital infinito no aprovechado, por lo que hay que crear incentivos para los empresarios (salarios más elevados) para que se decidan a utilizarlo. Ningún capital adicional puede ser empleado si previamente no ha sido ahorrado y producido.

De hecho, el capital no sustituye directamente a los trabajadores; incrementa la productividad de éstos y, por tanto, el número total de productos. Un incremento de la oferta reduce la utilidad marginal de cada producto, por lo que, dado que esos productos tienen menor utilidad ahora que otros, conviene dedicar parte de esa mano de obra a otras líneas productivas. Es decir, la reducción de mano de obra frente a los aumentos de capital en una industria es un efecto secundario. Un ejemplo muy gráfico lo tenemos con la producción agraria; cuando se empleó más maquinaria y se multiplicó la producción, se empleó la mano de obra en otros cometidos que producir la comida sobrante.

Ahora bien, cuando el salario se eleva por decreto, lo que sucede no es que se amplia el capital, como en el caso agrario, sino que el capital existente en ese momento en la sociedad se detrae de las industrias marginales y se emplea en las industrias cuyo salario ha subido por decreto. Imaginemos que el salario agrario es 500, si se eleva a 600 se tenderá a sustituir los trabajadores por capital haciendo la producción más capital intensiva. Sin embargo, ese capital procederá de otras industrial (por ejemplo textiles), de manera que la producción textil disminuirá o desaparecerá y, aparte, una buena parte de los trabajadores empleados en la agricultura engrosaran el paro.

En definitiva, se ha reducido la producción en el sector textil y se ha incrementado el paro global. Nuestro país no es más rico y más productivo por haber incrementado los salarios, sino bastante más pobre. Ha tenido lugar una mala asignación de recursos en la industria productiva; el capital se ha trasladado a un sector de la economía al que no se hubiera destinado sin la intervención gubernamental.

En el caso de los salarios mínimos, donde el salario se incrementa en todas las industrias, el capital de las industrias marginales será completamente despojado por las industrias no marginales. La consecuencia será que cercenaremos un sector productivo de nuestra economía, relegando a sus trabajadores al paro institucional.

Como hemos dicho, sólo podemos incrementar la utilización de capital en una industria, sin disminuirlo en otras, mediante el ahorro, la inversión y la creación de capital adicional. De esta manera, la economía se vuelve más productiva. El problema es que con la elevación de los salarios tiene lugar una elevación del desempleo institucional y una reducción de la producción (tal y como hemos apuntado), por lo que el montante de ahorro disminuye. La sociedad tiende a consumir sus ahorros previos, se le da un enfoque más cortoplacista, por lo que el ahorro total disminuye. Esto provoca un consumo del capital presente y una reducción del potencial capital futuro. En definitiva, el capital total disminuye, por lo que, con los salarios mínimos, la sociedad no sólo se vuelve menos productiva en la actualidad, sino que, en el futuro, será menos productiva de lo que hubiera podido ser.

La otra vertiente del efecto Ricardo, esto es, que mayores salarios impulsarán al empresario a mejorar la tecnología productiva, carece por completo de base. El empresario tiene suficientes incentivos por sí sólo, dada la competencia y las oportunidades de beneficio, para mejorar la tecnología. No necesita, obviamente, del impulso intervencionista. De hecho, no queda claro que continuas alzas salarias lo estimulen, sino más bien al contrario. Si el empresario sabe que los beneficios obtenidos por la mejora tecnológica van a ser inmediatamente apropiados por las subidas salarias, todo incentivo desaparece.

En definitiva, quien cree que los incrementos salariales pueden de alguna manera incrementar la productividad está confundiendo la causa con la consecuencia. Son los incrementos de la productividad los que provocan incrementos salariales, y no los incrementos salariales lo que conducen a incrementos en la productividad. El intervencionismo, por muy bien intencionado que sea, siempre termina dando lugar a resultados peores que aquellos que se pretendía modificar.

5 de Enero de 2005

Salario Mínimo y Martín Seco

Me encuentro en el blog de Escolar.net con el siguiente artículo de Martín Seco sobre el salario mínimo.

Se trata de un alegato en favor de la subida del salario mínimo que conviene desmenuzar, pues recoge buena parte de las mentiras keynesianas que vienen empobreciendo la economía desde el crack del 29, ocasionado a la postre por el intervencionismo estatal.

Martín Seco examina dos de los argumentos que suelen aducirse normalmente en contra del SMI. El primero de ellos, el usado por la patronal, consiste en amenazar con una espiral inflacionista: Es curioso cómo se transmite a la opinión pública la idea de que la inflación depende de los salarios, olvidando que los precios los fijan los empresarios(...) Para contener la inflación parece que la única solución es que los salarios pierdan continuamente poder adquisitivo y, como consecuencia, que el beneficio empresarial sea cada vez mayor. Claro que en realidad tampoco con ello se garantiza la contención de los precios, porque si los empresarios pueden subirlos, con incrementos salariales o sin ellos, lo harán para inflar sus beneficios.

He de decir, en descargo de Martín Seco, que no podría señalar quien sabe menos economía, si él o Cuevas. Parece mentira que la patronal recurra a argumentos tan inanes y tan falaces como "la espiral inflacionista". La inflación es un fenómeno única y exclusivamente monetario. Efectivamente, un incremento de los salarios no tiene por qué trasladarse en un incremento de los precios, en tanto éstos no vienen determinados por los costes, sino por las condiciones del mercado.

Si la cantidad de dinero se mantiene constante y la producción no aumenta, resulta imposible que todos los empresarios incrementen sus precios. La razón es sencilla, no cabe un incremento de todos los precios y un mantenimiento de la demanda en todos ellos. Lo que ocurre es sólo aumentará el precio de los bienes intensivos en trabajo, pero no por un incremento de costes: el mayor precio del trabajo obligará a despedir a aquellos trabajadores menos productivos; ello disminuirá la oferta de los bienes intensivos en capital y, por tanto, su precio se incrementará. En cambio, los bienes capital-intensivos prácticamente no se verán afectados por la subida salarial, con lo cual su precio relativo habrá disminuido. En definitiva, lo que ocasionan los incrementos salariales es una redistribución de la renta desde los productores intensivos en trabajo a los intensivos en capital.

Con todo, si Cuevas carece por completo de formación económica alguna, poco más podemos decir de Martín Seco. Expresiones como que los empresarios fijan los precios son risibles. En tanto la compraventa sea una transacción voluntaria, los incrementos de precios que sobrepasen la utilidad marginal del producto para los consumidores sólo reducirán sus ventas. Si alguien cree que los empresarios fijan los precios, ¿por qué no crea una empresa y vende hamburguesas a un millón de euros?

En realidad, los incrementos de precios de algunos empresarios sólo disminuyen los precios relativos ajenos, lo cual provoca incrementos de sus demandas. No olvidemos que el precio relevante para la economía no es el absoluto, sino el relativo, pues tiene en cuenta las oportunidades que la acción abandona (el coste de oportunidad)

Recapitulando, desde esta perspectiva hemos obtenido un incremento parcial del paro (el de los trabajadores de los bienes intensivos en trabajo) y una redistribución de la renta desde los bienes trabajo intensivos a los capital intensivos.

Es aquí donde Martín Seco asegura que el salario mínimo no genera paro: Se suele establecer una relación unívoca entre desempleo y nivel de salarios, asegurando que se trata del abc de la ciencia económica, cuando en realidad es tan sólo un axioma de una determinada teoría, la neoclásica, que Keynes puso en entredicho hace ya muchos años y que la práctica, desde la crisis de 1929, ha demostrado inconsistente. El paro depende de otras muchas variables

Interesante pero, hasta aquí, me parece que Martín Seco no ha ofrecido prueba alguna de cuáles pueden ser estas otras variables. El problema, de nuevo, suele ser el cuasi-desconocimiento absoluto de la ciencia económica. Como hemos visto, la conjunción de utilidades marginales entre el empresario y el consumidor cristaliza en una relación histórica de intercambio (mutuamente satisfactoria), denominada precio. Este precio es el que fija, en definitiva, el salario del trabajador: el trabajo es valorado atendiendo a su contribución relativa a la obtención del producto, que a su vez, es valorado por el consumidor.

Esta contribución relativa a la obtención del producto se conoce como productividad marginal del trabajador. El empresario (descontando el interés) paga a cada trabajador conforme a su productividad marginal. Si un trabajador exige más que su productividad marginal no será contratado (ya que su aportación a la empresa sería negativa) Si un empresario ofrece a un trabajador menos de su productividad marginal, ese trabajador será contratado en otra empresa. ¿Razón? Cuando el empresario paga a un trabajador un sueldo inferior a su productividad marginal se abren oportunidades de beneficio para que otros empresarios lo contraten. Es esa competencia entre empresarios la que provoca que el salario tienda a equipararse con la productividad marginal.

Pues bien, si una ley impone un salario mínimo superior a la productividad marginal del trabajador, éste no será contratado. En ningún caso lo será; su contribución en la empresa será negativa, el empresario obtiene mayor ganancia sin contratarlo. De esta manera, se ilegalizan en la práctica multitud de contratos de trabajo. Es más, aquellos trabajadores que por su condición física y cultural tengan en todo lugar una productividad marginal inferior al salario mínimo están condenados al paro. ¿Qué razones existen para que un empresario contrate a un trabajador cuyo saldo neto en la empresa va a ser ocasionar pérdidas?

Lógicamente, los más perjudicados por esta situación son los inmigrantes. No porque sean seres inferiores, muy al contrario, los inmigrantes suelen ser las personas más emprendedoras e inteligentes de sus sociedades, tanto que son capaces de arriesgarse a ir a otro país, con otra cultura, lengua y costumbres. Fíjense en la movilidad a la que está dispuesto someterse un español y compárenla con la de un inmigrante.

Aún así, es obvio que los inmigrantes, a corto plazo, tienen unos conocimientos escasos que reduce en mucho su productividad marginal. Los salarios mínimos impiden que sean contratados en la economía formal, y los relegan a trabajos en el mercado negro. Cuando alguien contrata a un inmigrante para actividades poco remuneradas (por ejemplo, la recolección de la naranja) en la economía informal, la razón no es otra que la baja productividad marginal del trabajador (que viene a su vez determinada por el hecho de que el precio de las naranjas es muy escaso). Si se le contrara en el mercado formal, su salario debiera equipararse al del salario mínimo, lo que provocaría al empresario pérdidas. Por tanto, o se le contrata en el mercado negro o no se le contrata. Por tanto, el SMI obliga a muchos inmigrantes a recurrir al mercado negro. Lo cual resulta poco alentador; su actividad es mucho más secreta que la de otras empresas (precisamente para ocultarse a los controles gubernamentales) y sus garantías, por tanto, menores.

Otra posibilidad del SMI es, obviamente, reducir las prestaciones auxiliares que el empresario oferta al trabajador. Puede que tenga que trabajar más horas, o bien que muchos de los completos asociados desaparezcan. En ese caso, el empresario simplemente trueca algunos de sus costes no salariales en otros salariales. La posición del trabajador permanece inalterada.

En todo caso, lo que debe quedar claro es que un sector de la población no podrá ser contratado. La única virtualidad que puede tener el salario mínimo es elevar aquellos salarios que se encontraban circunstancialmente por debajo de la productividad marginal del trabajador. Pero el precio de todo ello, es que todos aquellos trabajadores cuya productividad marginal sea inferior al SMI quedarán desempleados. Un escaso avance (ya que, en cualquier caso, la diferencia entre el salario anterior y la productividad marginal sería minúscula) que conlleva un enorme retroceso.

Sin embargo, debemos analizar el segundo argumento de Martín Seco, que se refiere a la reducción de la demanda agregada y sus efectos depresivos sobre la economía: un descenso de los salarios reales podría generar el efecto contrario al pretendido y ser contraproducente en la creación de empleo al deprimir la demanda (...) Para un empresario concreto puede ser interesante la reducción de los salarios de sus trabajadores; pero si esa reducción salarial se generaliza, es posible que la demanda descienda sustancialmente y que el empresario no pueda vender sus productos.

Conste que esto no es un argumento. Los empresarios despedirán o contrarán trabajadores atendiendo a sus costes e ingresos no a las previsiones agregadas de la demanda. Parece que Martín Seco esté prescribiendo qué debieran hacer todos los empresarios, aún cuando sabe que no lo harán pues no actúan colegiadamente, como si de un sólo cuerpo se trataran. Al menos, no actuarán así en tanto nuestra organización social no tienda al corporativismo fascista.

En todo caso, una reducción de los salarios reales (esto es, el poder adquisitivo) sólo puede tener lugar por una destrucción de bienes de capital o un retroceso tecnológico (o un incremento de la fuerza laboral). Si los salarios nominales se redujeran por la causa que fuere(asumo que esto puede ocurrir, si bien es impensable que todos los salarios de la economía se redujeran al momento), y los precios se mantuvieran constantes, los empresarios pugnarían por ampliar la producción y para ello requerirían nuevos trabajadores. Como la cantidad de los mismos permanece constante, el salario volvería a incrementarse hasta el anterior nivel.

Por ello, la única validez del argumento de Martín Seco consiste en que, por causas absolutamente extraeconómicas, los trabajadores decidieran dedicar una parte menor de su salario real al consumo (por ejemplo, al comprobar que su se aumenta el SMI se encabritan en consumir menos). Lo que demuestra Martín Seco con esta argumentación es una profunda incomprensión de los procesos económicos básicos, que tan bien describieron James Mill y Jean Baptiste Say. En concreto, Martín Seco sigue la estela keynesiana de creer que el consumo es el motor de la economía capitalista. No olvidemos que el capitalismo deriva su nombre de capital (y éste, a su vez, de caput -tis, cabeza) y que los bienes de capital poco tienen que ver con los bienes de consumo. Es más, los bienes de capital pueden acumularse si se reduce la producción de bienes de consumo.

Si la cantidad consumida se reduce, ello significa que, como contrapartida, aumenta la cantidad ahorrada. Este incremento del ahorro reduce el tipo de interés y ello permite incrementar la inversión en bienes de capital. Esta mayor inversión en bienes de capital provocará, a medio plazo, un aumento de la producción y de la productividad, con lo cual los salarios reales aumentarán, bien porque aumentarán los salarios nominales, bien porque los precios se reducirán (o lo que es más habitual, una combinación de ambas)

De ninguna manera, pues, el SMI puede contribuir a mejor la marcha de la economía. Por un lado provoca redistribuciones de riqueza entre los empresarios, sin que estén basadas en las preferencias de los consumidores, y por otra incrementa el paro por encima del nivel que hubiera alcanzado en caso contrario. Paro que afecta muy especialmente a los inmigrantes.

Queda en pie la última falacia de Martín Seco: Lo más irritante del neoliberalismo económico actual es que sus defensores se niegan a ver adónde les conducen sus premisas, a la ley de bronce de los salarios y al capitalismo salvaje del siglo XIX. En todo caso será irritante para los trabajadores que, por recomendaciones como las de Martín Seco, son incapaces de encontrar empleo.

Aún así, la ley de bronce de los salarios que mienta el "economista" se basa en que los empresarios pagarán siempre un salario de subsistencia a sus trabajadores. Esta hipótesis no se sostiene de ninguna manera. No sólo por lo que ya hemos apuntado (cuando a un trabajador se le paga por debajo de su productividad marginal se abre la puerta a que otro empresario lo contrate), sino por una constatación empírica bastante evidente. Si Martín Seco sostiene que los empresarios siempre pagarán el mínimo de cuanto sean capaces, ¿por qué todo el mundo no percibe el salario mínimo interprofesional? Al fin y al cabo, no hay ninguna prohibición legal para que los empresarios paguen efectivamente este salario a todo el mundo. Si siempre pagan el mínimo a lo que están capacitados, ¿por qué no pagan ahora el mínimo legal a todo el mundo?

Al final sucede lo que el propio Martín Seco asegura: Se olvida muchas veces que, en economía, aquellas medidas que pueden ser provechosas para un determinado individuo cuando únicamente le afectan a él, terminan siendo contraproducentes para esa misma persona si se generalizan. La subida salarial a un trabajador puede ser positiva cuando se basa en incrementos de su productividad, deja de serlo cuando se incrementa por decreto el salario de todo el mundo. Ello sólo genera paro institucional y reduce la producción. Querer manejar la economía desde arriba y por decreto es un error propio de arrogantes. Lástima que la principal característica de los políticos sea la arrogancia; precisamente, están donde están por pensar que son capaces de entrometerse en las vidas ajenas sin que ello tenga dañosas consecuencias. Así nos va.
El origen del dinero

El Mises Institute publica hoy un muy interesante extracto (en castellano páginas 198 a 201 de aquí) del libro de Carl Menger, Principios de Economía Política. Ésta es la obra que según Mises le transformó en economista y que, para muchos, traza la línea de división entre la economía científica y la precientífica.

El libro tiene innumerables aportaciones básicas para el subsiguiente desarrollo de nuestra ciencia, sin embargo, destacaría tres: el descubrimiento de la ley de la utilidad marginal decreciente, su novedosa teoría de la imputación y el primer esbozo del evolucionismo institucional.

El artículo que ofrece hoy el Mises va referido, precisamente, a esta última aportación: explicar el origen del dinero como una institución social. Ello implica, como intenté explicar aquí, que a) nadie ha diseñado la aparición del dinero, b) surge espontáneamente de las interacciones humanas, c) va incorporando progresivamente las experiencias de los individuos por lo que está en continua evolución y d) los intentos para planificar el dinero son absolutamente vanos pues implican la cristalización de una enorme cantidad de conocimiento, mayor de la que cualquier hombre pueda nunca poseer

Creo que esta cita de Catón por boca de Cicerón sobre el Derecho Romano (que creo ya he reproducido en notables ocasiones) explica perfectamente este punto: La superioridad de nuestra ciudad sobre otras ciudades dependía del hecho de que éstas recibían sus leyes e instituciones de un solo legislador, como Minos las de los cretenses, Licurgo las de los lacedemonios, las de los atenienses, que fueron modificadas muchas veces, primero Teseo, luego Dracón, luego Solón, luego Clístenes, luego muchos otros; nuestra república, en cambio, no había sido creada por el genio de individuo alguno sino de muchos, ni en el trecho de una vida humana, sino a través de innúmeros siglos y generaciones. Porque jamás existió ser humano tan perspicaz que nada se le escapase, ni los combinados talentos de edad alguna fueron tales que ésta pudiese prever y anticipar todas las posibilidades dejando a un lado las lecciones del tiempo y la experiencia.

Pues bien, Menger explica como en un principio los individuos simplemente dirigían sus bienes sólo a lo más inmediato. Por tanto, los intercambios simplemente se realizaban cuando concurría una valoración inversa, esto es, los bienes de que disponía un sujeto económico tenían para él menor valor de uso que los que poseía otro sujeto, mientras que para este segundo ocurría lo contrario.

No obstante, como señala Menger, las operaciones en este proceso de trueque eran reducidas. Muy raras veces se da el caso de que una persona posea un bien que tiene para ella menos valor de uso que el bien que posee otra persona y que cabalmente esta segunda opine lo contrario. Y raras veces aún ocurre que lleguen a encontrarse precisamente ellas dos.

En la práctica, esta dificultad podría parecer casi insuperable, hasta el punto de que surgirían muy graves impedimentos para el proceso evolutivo de la división del trabajo y sobre todo y también de la producción de bienes destinados a una venta incierta. Y ciertamente hubieran sido insuperables de no encontrarse de manera natural un medio auxiliar gracias al cual, y sin que sea necesario un especial acuerdo entre los hombres y menos aún una imposición estatal, los agentes económicos de todos los lugares han establecido, con una fuerza incontestable, una situación en la que parecen totalmente eliminadas las anteriores dificultades.

¿Cómo se encontró de manera natural este medio auxiliar? Menger nos lo explica con un sencillo ejemplo. Imaginemos que un armero de la edad homérica ha forjado dos armaduras de bronce y tiene la intención de intercambiarlas por bronce, combustibles y alimentos. Sería una notable coincidencia, sin ningún género de dudas, que el armero encontrara en la plaza pública gente que quisiera intercambiar sus armaduras por el bronce, los combustibles y los alimentos (y justamente en las cantidades deseadas por el armero) En este sentido, nuestro armero tiene dos posibilidades: o esperar a intercambiar sus armaduras (o las que le hayan quedadado) otro día, o intercambiarlas por otros productos que sabe tienen mayor salida en el mercado.

La primera actuación sería antieconómica al implicar pérdida de tiempo y numerosos quebraderos de cabeza. Sería, pues, norma común que decidiera obtener una mercancía más líquida (con mayor facilidad para ser vendida sin que pierda valor): la mercancía con mayor capacidad de venta era, como veremos más adelante, el ganado. Y si bien nuestro armero no ha obtenido bienes de uso: sí ha adquirido, a cambio de unas mercancías poco vendibles, otras de mayor capacidad de venta, con lo que, evidentemente, ha multiplicado las posibilidades de hallar en el mercado aquellas personas que pueden ofrecerle los bienes de uso y consumo que él necesita.

Por tanto, hemos visto como el interés económico de cada uno de los agentes de la economía les induce (...) a intercambiar sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no satisfagan de forma inmediata su finalidad de uso directo. Y todo ello sin previos acuerdos, sin presión legislativa e incluso sin prestar atención al interés público.

Este proceso, al reproducirse en todos y cada uno de los individuos, terminará dando como resultado unos pocos bienes que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. A estos bienes llamaron los germanos Geld (= dinero).

Todo este proceso se ha basado, sin embargo, en la costumbre, en el orden espontáneo de la sociedad. El dinero no es una invención estatal ni el producto de un acto legislador. La sanción o aprobación por parte de la autoridad estatal es, pues, un factor ajeno al concepto del dinero. El hecho de que unas determinadas mercancías alcancen la categoría de dinero surge espontáneamente de las relaciones económicas existentes, sin que sean precisas medidas estatales.

Por tanto, tres de las cuatro características que he apuntado previamente sobre el intervencionismo son claramente detectable en este extracto de la obra de Menger. La cuarta, la de la imposibilidad de planificar las instituciones, se sigue del doble hecho de que el gobierno no puede crear el dinero y que la institución del dinero evoluciona conforme a las costumbres. Si el gobierno no puede crearlo y está en continua evolución, todo intento de regularlo y controlarlo (por ejemplo estableciendo el curso legal) generarán una serie de consecuencias no intencionadas ni buscadas (como el ciclo económico)

Carl Menger tiene otro excelente ensayo sobre el dinero, El Origen del Dinero, un poco más extenso, que puede encontrarse aquí o aquí.

4 de Enero de 2005

Un nuevo modelo de totalitarismo

Todos los totalitarismo dicen actuar representando a la raza, a la clase o al pueblo. Ninguno de ellos pudo, en realidad, arrogarse tal representación. Deformaban la sociedad alegando representaciones falaces e inventadas que pudieran legitimar sus revolucionarias acciones.

Muchos han encontrado en esta ausencia de representación la mayor carencia del totalitarismo. No era tan importante qué hacían cuanto en nombre de quién lo hacían. Para muchos el sistema político ideal no es aquel que limite su actuación, sino aquel que mejor represente la voluntad de sus componentes.

La pregunta, sin embargo es, ¿qué hubiera cambiado si los totalitarismos hubieran estado efectivamente respaldados por la inmensa mayoría de la población? ¿Hubieran sido las purgas menos dolorosas? ¿La sangre derramada se hubiera limpiado con mayor facilidad? ¿Las expropiaciones se hubieran sobrellevado mejor? Emerge, inevitable, la cuestión de fondo sobre la legitimidad de cada acción. ¿Son las acciones legítimas por su origen, por su forma o por su finalidad?

El totalitarismo clásico, el nazismo y el comunismo que hemos conocido hasta la fecha, tendían a responder que sus acciones eran legítimas por su origen y, sobre todo, por su finalidad. Estaban inspiradas en la realición de ideales superiores que se imponían a las finalidades menores y contradictorias de los individuos. El capitalista no podía comprarse un coche con su dinero, pues ello impedía que el Estado gastara el dinero del capitalista en construir una carretera. El coche formaba parte de los fines banales, inferiores y egoistas, mientras que la carretera era un medio que nos conduciría directamente al paraíso.

En el fondo, pues, poco importaba para el totalitarismo clásico que sus propuestas fueran, de hecho, respaldadas por la población ya que habían descubierto la verdad revelada. Aunque, en estos momentos, el pueblo no apoyara sus actuaciones, lo hubiera hecho si contaran con un conocimiento mayor. Eran los sabios, en definitiva, los que dirigían a la sociedad, confiados en que, al encontrar el bien objetivo y universal, el pueblo terminaría ratificando sus actuaciones.

El liberalismo se caracteriza por no subordinar las acciones a los fines. Consciente de que no existen fines objetivos a los que todos debamos dirigirnos, sabe perfectamente que sancionar la legitimidad de todas las acciones en función de los fines, únicamente lo subordinada todo a nuestros fines. Por mucho que nos gustara alcanzar determinados objetivos, existe un patrón que no podemos saltarnosy que nos impone una rígida barrera: la libertad. La forma que revistan las acciones (entendiendo forma en un sentido amplio, es decir, no es lo mismo encarcelar al ladrón que al inocente, aquello es una pena, esto una esclavización) es determinante en su legitimidad.

El nuevo totalitarismo, vestido con los ropajes del ultrademocratismo, no se pronuncia sobre las finalidades. Muy en cambio otorga toda la legitimidad en función del origen de la acción. Toda acción es legítima en tanto obtenga el apoyo real de la población. Y por apoyo real no me refiero a la habitual refriega parlamentaria; por contra, estos nuevos totalitarios se alzan en defensa de una nueva suerte de democracia directa y universal.

Así, el pasado 30 de diciembre, Félix Ovejero Lucas publicó en el Diario el País un artículo titulado Democracia deliberativa, en serio, tratándonos de vender las bondades de este nuevo sistema político. La democracia deliberativa se entiende como un sistema de decisiones colectivas en el que los participantes se ven obligados a defender sus argumentos en un público diálogo regido por principios elementales de racionalidad e imparcialidad.

Este hecho por si sólo aseguraría la legitimidad de las acciones políticas ya que, la democracia deliberativa asegura un razonable vínculo entre las decisiones y la justicia. Toda decisión que el colectivo juzgue razonable, y por tanto apruebe, es justa. Se subordina todo al sentido común de las personas, de todas las personas, puesto que la argumentación pública obliga a mostrar que, en algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente aceptables, de imparcialidad o de interés general. Así, obtendremos una decisión política que de verdad enraice con el interés general.

Por ejemplo, sería legítima la sumisión coactiva a una determinada moralidad religiosa si así si nos convenciera y votáramos a favor. Si la Iglesia aspira a regular no sólo la vida de los creyentes, sino también la de todos los demás, ha de estar dispuesta a que sus tesis se sometan al escrutinio público. No se trata de que nadie deba imponer nada (esto es, de que nadie deba iniciar la fuerza), sino de que nadie imponga nada que el escrutinio público no haya validado. Por tanto, la conclusión de esta nueva fe en la democracia es una: todo cuanto se apruebe por la mayoría es legítimo, en tanto describe el interés general.

Pero aquí deben plantearse inevitablemente dos cuestiones, una ética y otra económica. La primera es si la constatación de un fin general puede atacar los fines individuales. La segunda es si la mayoría debe necesariamente saber cómo alcanzar esos fines generales.

La respuesta ética no puede ser más negativa. Dado que no existen mentes sociales sólo podemos entender los fines generales como fines mayoritarios. Quienes se plantea fines para ser realizados son individuos; no existe una verdad ancestral y objetiva a la que todo el mundo deba rendir pleitesía. Ése era el discurso del totalitarismo viejo al que el nuevo, en apariencia, parece haber renunciado. Cierto que puede quedar un regusto que describa ese fin objetivo como la tendencia de las voliciones mayoritarias.

Empero esta pretensión es del todo absurda. Cuando el individuo decide en esas democracias deliberativas caben dos opciones; que decida en función de sus intereses particulares o que lo haga dependiendo de su opinión sobre cuál es el fin general. En el primer supuesto, no queda claro por qué el fin particular más común deba considerarse el fin general al que todos deban tender (eliminando la discrepancia, la heterogeneidad, los distintos proyectos vitales); en el segundo, tampoco se entiende por qué las opiniones sesgadas de muchos individuos sobre cuál es el fin general deban dar como resultado este mismo fin. ¿Cabe que las opiniones de los individuos sean erróneas? ¿Por qué han de ser, entonces, mayoritariamente acertadas y no mayoritariamente equívocas? ¿Por qué hemos de aceptar como fin general válido el resultado de una votación?

Por tanto, todo fin puede ser un fin general, sea objetivo o no. En ese caso, resulta irrelevante si existe un fin general, la legitimación, en efecto, se obtiene por el origen y no por el resultado. Por tanto, volvemos a la pregunta, ¿por qué el fin mayoritario debe imponerse sobre los fines particulares? Al fin y al cabo, un fin mayoritario sólo es un fin particular repetido. ¿Por qué, en ese caso, el fin de muchos individuos debe primar sobre el fin de unos pocos? Máxime, lo que no queda del todo claro es por qué se han de excluir los fines minoritarios, subordinando sus medios a los del fin particular mayoritario.

La democracia deliberativa pretende, en última instancia, no satisfacer a las personas, sino satisfacer a la mayoría de las personas. Los medios de las minorías quedan subordinadas para cumplir el fin mayoritario unívoco. La represión deberá surgir cuando los medios de quienes tenían fines particulares minoritarios pretendan utilizarlos, precisamente, para sus fines particulares minoritarios; ya que ello irá en contra del fin general, del bien público.

Y es aquí cuando debemos plantearnos la segunda pregunta, la económica. Una de las mayores bondades del mercado es, precisamente, que la gente podrá satisfacer sus fines minoritarios (incluso singulares y únicos) en tanto logre satisfacer los fines mayoritarios. Es decir, el mercado es un sistema por el que conseguimos implicar a las personas en la satisfacción de intereses que distan mucho de ser los suyos. Pero en todo caso, las personas sólo triunfarán y podrán ser felices si conocen correctamente los fines mayoritarios y les dan respuesta.

El problema es qué incentivos hay en una democracia deliberativa para que una persona colabore en un fin particular mayoritario que no es el suyo, si sabe que su fin no va a obtener ulteriormente respuesta. Evidentemente, ninguno. Un grupo de personas debería, por la fuerza, convertirse en los sirvientes de los demás, esto es, habría que recuperar la esclavitud.

Pero aún obviando este problema fundamental, ¿es la asamblea popular la más adecuada para trazar los proyectos empresariales hacia sus fines unívocos? ¿Será capaz de planificar todas las etapas que conducen hacia su fin?

Y aquí nos topamos con la siguiente dificultad. La respuesta que hay que dar a esta última pregunta no es técnica, sino, sobre todo, económica. ¿Cómo medirá esa asamblea los costes de sus proyectos? Recordemos que cada persona valora el coste de una acción atendiendo a los fines a los que tiene que renunciar por emprender tal acción. No obstante, cuando estamos ante un fin particular mayoritario, es muy dudoso que todos los adhirientes a ese fin mayoritario tuvieran que renunciar al mismo fin. Cada cual tendrá un coste de oportunidad lo cual conducirá al caos más profundo. Las distintas escalas de fines, al cruzarse entre sí, darán lugar a la búsqueda de algunos fines mayoritarios que hará impoble la realización de alguno de ellos, lo cual incrementará el coste de oportunidad y variará la valoración de los fines.

El ejemplo para entender este punto es lioso pero creo que merece la pena. Tenemos tres individuos: A, B, C. La escala de preferencias de A en el momento de la votación es A(carretera, coche, microondas, TV, frigorífico), la de B(coche, TV, microondas, frigorífico y carretera) y el de C(carretera, TV, microondas, frigorífico y coche) Los individuos son conscientes de que si se realiza el coche y la carretera no podrán realizarse la TV y el frigorífico; en cambio, si no se realiza el coche y la carretera conjuntamente, podrán realizarse cuatro de los cinco proyectos. Pues bien, según esta escala de preferencias, el resultado de la votación será que deben realizarse la carretera, el coche y el microondas. Ahora bien, ello eleva el coste de oportunidad para B y C (B tendrá que renunciar a su segundo y tercer fin y C a su segundo y cuarto) de perseguir su primer proyecto (coche y carretera respectivamente).

Fijémonos que el coste de oportunidad de los proyectos del sujeto A sí era la TV y el frigorífico, estando dispuesto a aceptarlos (por ello estaban al final de su escala de preferencias). No así B y C que relegaron o el coche o la carretera al final de sus escalas de preferencias porque no estaban dispuestos a asumir los costes del frigorífico y la TV. La superposición de proyectos con distintos costes de oportunidad altera, al final, la composición de lo que hubiera debido de ser el fin mayoritario. Aún cuando este punto se corrigiera, volverían a superponerse nuevamente los costes de oportunidad que modificarían a posteriori la escala de preferencias individual.

Dado que la decisión no tiene en cuenta los mismos costes, las distintas acciones no estarán coordinadas y los resultados serán contradictorios para cada una de sus partes.

Y este es un problema que aparece teniendo en cuenta el coste de oportunidad de los bienes de consumo pero, ¿qué ocurrirá cuando los costes de oportunidad sean bienes de capital valorados conforme al uso que se espera hacer de ellos? El coste de oportunidad dependerá de los usos variables hacia los que puedan dirigirse. La coordinación intertemporal será imposible y el problema del cálculo económico socialista sin propiedad (es decir, sin que cada individuo pueda dirigir su propiedad hacia sus fines) subsitirá.

El fin general se tornará a posteriori necesariamente como un fin insatisfactorio para una buena parte de quienes lo apoyaron. La democracia económica que plantea el artículo (El poder económico no es el menos importante. En buena sensibilidad democrática cada ciudadano - directamente o a través de sus representantes- ha de disponer de la misma posibilidad de influir en las decisiones y de poder hacer oír su voz), aún con un conocimiento técnico perfecto, enterrará toda posibilidad de realizar esos fines mayoritarios.

Se esclavizará a una buena parte de la población para no conseguir absolutamente nada. Así mismo, la represión será el instrumento habitual, pues no es esperable que los esclavos y los que progresivamente vayan constantando el fracaso del sistema se mantengan impasibles.

Éticamente inaceptable, económicamente un desastre. El totalitarismo nuevo es igual que el totalitarismo viejo.

3 de Enero de 2005

Despreciable sí, pero no delito

Por lo visto, las hordas anticatólicas siguen con suficientes energías para insultar día sí, día también, a la Iglesia católica. Es lo suyo, el talibanismo laicista que no respeta los sentimientos religiosos ajenos. Lo dicho, despreciable.

Ahora bien, la pretensión censora (no de un hecho pasado, sino de los que puedan venir en el futuro) de Jaime Ignacio del Burgo, queriendo castigar a Krahe por el delito de "ofensas a los miembros de una confesión religiosa", no puede constituir la respuesta correcta a tal provocación. Sé -y reconozco nuestra debilidad- que los liberales nos encontramos ante una posición complicada. Por un lado, detestamos ciertas actitudes teniendo la ocasión de utilizar legítimamente las armas estatales -que despreciamos- para castigar tales actitudes; podemos caer lógicamente en la tentación de, aún contrariando nuestros principios más elementales, utilizar al Estado. Podemos pero no debemos.

Pero al mismo tiempo que renunciamos a utilizar el Estado como mecanismo censor, estamos seguros de que nuestros enemigos no dudarán ni un instante en cerrarnos la boca si, queriéndolo o no, tomamos sus mismas actitudes. Nos exponemos, pues, al abofeteamiento público sin que, como contrapartida, podamos repartir bofatadas. Defendemos una irrestricta libertad de expresión que otros no dudarán en limitarnos cuando se tercie.

Cierto es que nos encontramos ante una ofensiva iniciada por Zapatero en contra del catolicismo, por cuanto en muchos casos soporte del liberalismo, pero ello no debe sugerirnos que debamos usar todos los recursos que el Estado de Derecho "ponga a nuestro alcance"; en ocasiones, el Estado de derecho se pasa de Estado y se queda corto en derecho. El peor servicio a la libertad que podemos hacer los liberales es ser inconsecuentes con nuestras ideas y legitimar los atropellos del Estado a través de su uso.

Tomar el nombre de Dios en vano será pecado, pero no delito. Al fin y al cabo, los católicos ofendidos ya encontrarán su resarcimiento ante la expectativa de que Javier Krahe se consuma en las llamas del infierno. No es necesario adelantar su pena a las cadenas terrenales. Tendrá toda la eternidad para arrepentirse.
Javier Ortiz acierta... parcialmente

Rebelion.org es un pozo de recursos sin fondo. Me encuentro ahora con un artículo de Javier Ortiz sobre la reciente catástrofe asiática. El autor defiende algo muy sensato: Cada vez que sucede un desastre de ese género, muchos insistimos en la misma idea: allí donde hay edificaciones de buena calidad, dotadas de las medidas antisísmicas adecuadas, las catástrofes se minimizan; cuando las casas o sus remedos son una porquería y han sido levantadas en terrenos inestables, las víctimas se cuentan por miles.

Sintéticamente y en palabras del autor: las 4/5 partes de las víctimas no las mata el terremoto. Las mata la pobreza. Exactamente. Esto es, de hecho, lo que el artículo de hoy del Mises Institute decía: La correlación entre pobreza y desastres naturales parece mantenerse, no sólo con una muestra representativa de la población, sino también a lo largo del tiempo. Tal como las naciones van enriqueciéndose, las muertes derivadas de las calamidades naturales tienden a reducirse.

Luego, Javier Ortiz sigue dando en el clavo: ¿Hay alguna autoridad que ignore eso? Desde luego que no. Pero nuestros próceres prefieren mirar para otro lado, para no tener que maldecir a los gobiernos y a quienes detentan el poder económico en esos países, que no mueven un dedo para cambiar la realidad.

Si lo comparamos con el artículo del Mises Institute no podemos más que seguir encontrando parecidos: El monopolio estatal sobre la información meteorológica ha supuesto la eliminación de los incentivos para diseminar la información de una manera útil. Las restricciones a los medios de comunicación y los monopolios estatales han generado tal pérdida de credibilidad que la gente simplemente ignora esa información tan sólo por venir de los medios públicos. Las restricciones al acceso a la tecnología han significado que incluso aquellos que de manera independiente hubieran podido encontrar la información no lo han conseguido.

Sin embargo, a partir de este punto comienzan las diferencias. La sensatez de las prescripciones de Ortiz se desvanecen cuando critica que los gobiernos de la mayoría de los países se llaman andana. Ni siquiera cumplen los compromisos adquiridos, como el del 0,7%. ¿Es que acaso las redistribuciones internacionales de capital entre políticos van a colaborar a enriquecer el Tercer Mundo? Obviamente no.

El artículo del Mises, en lo que parece una respuesta a Ortiz, señala que expandir el papel del Estado, incluso con programas de prevención bien intencionados, disminuye el crecimiento económico que haría reducir los porcentajes de muertes. Todo ello aunque el intervencionismo nos haya insuflado continuamente con que la intervención pública es imprescindible para prevenir este tipo de catastrofes: La mayoría de la gente considera ilógico disminuir el Estado para prevenir un desastre. Después de los terremotos o tornados, existe una gran presión para un endurecimiento de los códigos de construcción, y después de un tsunamí al gobierno se le exhorta para que produzca mejores sistemas de alarma.

No obstante, como ha señalado Lew Rockwell, nada me sorprende más y me parece más absurdo que la afirmación de que sólo el gobierno se preocupa sobre si tu casa puede resistir un terremoto o un tornado. La gente que vive allí, los bancos, las aseguradores, los constructores-nignuno de ellos está interesado en tener edificios seguros y, por tanto, los burócratas tienen que intervenir. Esa es la teoría, y es ridícula.

Pues bien, Javier Ortiz, siguiendo esta línea denunciada por el Mises Institute -y después de haber asegurado que las muertes son principalmente producto de la pobreza- nos ofrece otra maravillosa receta económica, ¡aplicar Kyoto!: Pasa lo mismo con la protección de la capa de ozono: saben muy bien que el beneficio desaforado de hoy representa una hipoteca terrible para el mañana. Pero ahí está George W. Bush, que no sólo no propicia la reducción de las actividades contaminantes de la industria de su país, sino que la ayuda a incrementarlas.

Apliquemos Kyoto, impidamos el progreso tecnológico, el uso de más y mejores materiales, la innovación, el crecimiento y la creación de riqueza. Impidamos todo esto y así, con nuestras casas más inseguras, nuestros edificios más inestables, nuestros menores medios para asistir a las víctimas, nuestra más deficiente previsión del desastre o nuestros peores automóviles para trasladar rápidamente a los damníficados, con todo ello, estaremos más seguros ante futuros desastres naturales. ¿A qué sí?

Podría atribuirle a Javier Ortiz las últimas palabras de su artículo: La cuestión no es que quienes ocupan el poder, aquí o en donde sea, no sepan qué hay que hacer para resolver los problemas. Lo saben. Pero prefieren gastarse el dinero en otras cosas. En otros negocios. Prefiero pensar que la gran mayoría de los políticos, incluido Ortiz, no sabe que su acción sólo empobrece a la sociedad. Quiero pensar que se trata de un error intelectual y que, en caso de averiguar estas verdades, dejarían de intervenir discrecionalmente. Quiero pensarlo, es cierto.

Pero aún así, no deja de sorprenderme la incoherencia manifiesta de algunos artículos que, como el de Ortiz, entienden la verdadera naturaleza del problema, pero yerran absolutamente cuando se trata de recetar soluciones. Y es que, en palabras otro articulista del Mises: Está claro que la mejor protección contra los desastres naturales no es la expansión del sector público a escala internacional, sino la creación de riqueza. El establecimiento de un próspero sector privado en Sri Lanka, India e Indonesia es crucial para que la calidad de vida mejore y puedan resistir los terremotos y sus secuelas tal y como lo ha hecho la costa californiana.

Criticar al gobierno de causar el desastre y pedir más gobierno, como hace Ortiz, no resulta demasiado consecuente. Ante la lluvia, un techo, ante el viento, cuatro paredes. Los que desconocen este hecho fundamental y pretenden combatir las tempestades con danzas antilluvia (y antiriqueza), nos descubren ante los rugidos naturales.

Más mercado y menos intervencionismo, que es como decir, más riqueza y menos miserias. Sólo así estaremos, todos, en condiciones de afrontar las inexorables catástrofes del futuro.

2 de Enero de 2005

Otro resumen del 2004

Si el mío no les gustó, aquí tienen otro, lleno de talante y sensatez, que seguro les agradará.

Para empezar, Lisandro Otero destaca como fenómeno del año la reelección de Bush, con lo cual una parte mayoritaria del pueblo de aquel país demostró su vocación retardataria, su escandalosa desinformación y su arrogancia imperial. No en vano el artículo se titula Año de prórroga del atolladero imperial . (A pesar de que muchos pudieran pensar que se estaba refiriendo a Polanco)

El artículo cae en los habituales tópicos según los cuales el atentado del once de septiembre fue una fabricación de los servicios secretos estadounidenses para apoderarse del petróleo del Medio Oriente, sin el cual Estados Unidos podría pasar a ser un país de segundo orden en un lapso de un par de decenios. Lógico, a Bush le preocupa enormemente el futuro de EEUU dentro de dos decenios, tanto como para organizar un atentado que, en caso de probarse la autoría estatal, lo enviaría directamente a la silla eléctrica. Al fin y al cabo, ¿cuántos dudan de que Bush será reelegido el 2024? (Ah no, que ése será ZP)

Las elecciones norteamericanas demostraron que no siempre los malvados son castigados, nos dice Otero. Lástima que haya tenido que esperar a la reelección de Bush para constatarlo, supongo que ni Lenin, Stalin, Castro o Mao entrarán en su lista de malvados no castigados. Al menos, nada hace prever que así sea.

En cualquier caso, ante semejante desinformación, no es de extrañar que Bush haya sido reelegido. Con Bush triunfaron los Estados Unidos profundos, los masca chicles que cantan baladas country, se emborrachan con cerveza, leen historietas gráficas y pegan imágenes de chicas en trusa en sus roperos, la nación puritana, ofuscada por las supersticiones, los fanfarrones pendencieros. Claro, ahora nos hemos vuelto elitistas. Creía que el sufragio censitario sólo lo defendía algún liberal carca pero juicioso; ahora resulta que también los radicales socialistas, los de la guillotina francesa, nos quieren establecer este modelo electoral (si no, ¿a qué viene tanta queja de que ha ganado la America inculta?) Pues nada, que vuelva el sufragio censitario pero, a ser posible, que vote alguien más que los socialistas de carné. Vamos, es mi deseo para los Reyes Magos.

Fueron vencidos los Estados Unidos cultivados, quienes leen a Whitman y Poe, los que ven los espectáculos de Broadway, viajan a Europa, beben whisky, leen los editoriales del New York Times y oyen ópera. A nuestro autor le falta decir que fueron vencidos los que leían sus sabios análisis. Al fin y al cabo, si acusa a la gente de falta de votación para emitir un juicio será porque él está convencido de tenerla, ¿no? De hecho, ¿para qué recurrir a la elección? Si él tiene toda la información necesaria para alcanzar el resultado coactivo óptimo, ya tenemos al mejor presidente de los EEUU que podamos buscar. Abandonemos los trámites democráticos innecesarios, que pueden, incluso, dar el refrendo a Bush, un resultado coactivo subóptimo.

En el año que termina José María Aznar cayó envuelto en lodo y sangre, mancillado por su servilismo, deshonrado por sus falsedades. Ha tenido el final que merecía. Vaya, resulta que al final el atentado del 11-M fue una buena cosa, en caso contrario Aznar no hubiera encontrado su merecido. La derecha se merece toda la sangre que se pueda derramar, interesante conclusión.

En Venezuela la maniobra de la burguesía fracasó. El pueblo se lanzó masivamente a las urnas para respaldar la constitución. ¡Vaya! Uno que creía que la burguesía son los que leen a Whitman y Poe, los que ven los espectáculos de Broadway, viajan a Europa, beben whisky, leen los editoriales del New York Times y oyen ópera, mientras que el pueblo campesino, son la Venezuela profunda, la analfabeta, la supersticiosa y la fanfarrona. Se ve que la perspectiva gringa no sirve para Venezuela. Se ve que en Venezuela si gana el gorila iletrado, ha ganado el pueblo y, en EEUU, si gana el vaquero idiota, ha perdido la intelectualidad. Cosas de la izquierda que uno no termina de entender.

Por otro lado, tenemos el caso de Brasil donde Lula no ha propiciado la instauración de un nuevo sistema, ni siquiera ha esbozado la posibilidad de un cambio radical. Una defraudación más va a dejar un grave impacto en la conciencia de los brasileños que depositaron un enorme caudal de expectativas en el actual presidente. Claro, se ve que si no se abole la propiedad privada y se crea una nueva Cheka estamos ante una izquierda moderada.

Le reconocería a nuestro autor coherencia interna si, al menos, unas líneas antes no hubiera dicho que América Latina efectuó en el año que termina un importante giro a la izquierda. A la victoria de Tabaré Vázquez en Uruguay y el triunfo de Chávez en las elecciones departamentales en Venezuela, se sumaron los éxitos anteriores de Lula en Brasil, y Kirchner en Argentina. ¿Pero Lula no era un farsante neoliberal? No lo entiendo; las profundas ideas de Lisandro Otero me desbordan.

Eso sí, aunque Lula sea malo malísimo (salvo cuando se trate de atribuirle un avance espectacular de la izquierda en America Latina), Kirchner es bueno, bonísimo: tiene los pantalones y la energía política suficientes para frenar la labor de zapa de los desvergonzados desfalcadores, los operadores de la gran burguesía, que aún siguen medrando para rematar el derrumbe colosal de la otrora espléndida nación. Claro que quizá al primer desfalcador al que debiera frenar es él mismo. No conozco a otro mayor estafador en Argentina que el propio gobierno.

Ahora, adivinen qué país latinoamericano sigue proporcionando la mayor alegría a nuestra izquierda. Acertaron, la joya de la corona, Cuba. Pero esta vez, la loa no se dirige solamente a encumbrar los éxitos económicos, sino también porque la oposición al régimen está donde tiene que estar: en la cárcel. La oposición interna en Cuba sigue descabezada y sin un proyecto alternativo que pueda considerarse con seriedad. ¿Quién habló de lectores de Whitman y Poe? El que no esté conforme, guillotinazo.

Con todo, es evidente que el pueblo cubano está eufórico por el adelanto ciclópeo que están experimentando. El contraste con los demás países latinoamericanos abrumados por la pobreza, las carencias y las crisis financieras es demasiado sobresaliente para que deje de ser advertido por los propios cubanos que saben que disfrutan de una comunidad sin opulencias pero sin penurias, más independiente que nunca, más orgullosa de ser una sociedad sin ataduras ni compromisos que enajenen su libertad. Menos mal que Cuba no tienen crisis financieras, en caso contrario habría empezado a dudar del principio de la no-contradicción, y es que, donde no hay finanzas, no puede haber crisis financiera. Por otro lado, no entiendo cómo los demás países latinoamericanos pueden sufrir semejantes carencias con el espectacular avance de la izquierda que estamos viviendo. Cosas veredes.

Otro punto de orgullo es Irak, donde los terroristas (ups, insurgentes) siguen matando yankees. Insisto, orgullosos debemos estar, ya que, aunque el gobierno de Bush los llama “terroristas” (...) el mundo admira a esos fervorosos defensores del honor nacional. Después de Saddam Hussein, donde el orgullo nacional consistía en gasear a la población civil, y en rellenar las fosas comunes de disidentes, supongo que los terroristas (ups, insurgentes) siguen conservando semejante emblema.

Los deseos de paz de Otero también llegan a Israel, donde este año hemos tenido que lamentar la muerte de todo un premio Nobel de la Paz (por eso mismo la consiguió en sus 30 años de férrea dictadura... ah no, que no la consiguió), el Rais Arafat: La muerte de Yasser Arafat privó al pueblo palestino de un querido líder pero no se vislumbra aún el camino de la paz. Israel debe prepararse para pagar un precio muy alto por las atrocidades que está cometiendo Sharon con sus tanques y cañones enviados por Estados Unidos contra un pueblo que solamente cuenta con piedras y su valor personal. Es significativo el amor que tiene por los israelíes, ¡incluso les avisa para que vayan preparándose! Seguro que este blando de Otero, en definitiva, es un agente del Mossad.

Nuestro autor es claro en marcar el camino: Es hora de que se despoje de sus cargos a la camarilla criminal que se ha apoderado del poder y devuelva las riendas de la nación judía a líderes que digan adiós a las armas y abran el camino del diálogo. ¿Por qué será que no efectúa una petición similar para Palestina? Ah claro, que la única paz que vale para Israel es la de los cementerios.

El resumen de un año en el que, según el propio autor, la izquierda y el terrorismo crecieron, no puede ser más satisfactorio: En 2004 se reafirmó la voluntad de dominio imperial del gobierno ultraderechista de George W. Bush y el mundo se inclinó peligrosamente a estallidos sociales, insurrecciones, guerras de liberación nacional y pobreza incrementada. La polarización de la riqueza aumentó de manera galopante y ese desequilibrio amenaza extenderse peligrosamente a todos los estratos de la actividad social en todo el planeta. Bush, insurrecciones, guerras y pobreza... ¿Es ése el resultado de la izquierda? Por una vez, coincidiré con Lisandro Otero.

Archivo

En formato RSS

Usuario Contraseña  
Web alojada en Ferca

Mapa del sitio Mapa del sitio
Texto normal Texto grande