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Todo un hombre de Estado: Marzo 2005

31 de Marzo de 2005

No es eso, no es eso

Concluye Haro Tecglen su último artículo: el libertarismo fue una opción en el XIX, se deformó en el XX, y ahora es una forma económica dura: el neocapitalismo significa que el gobierno debe intervenir con fuerza en la economía, no para igualar sino para proteger a la empresa.

Voy a suponer que el cantor de Stalin y Franco sufre de un permanente desconocimiento sobre qué es el capitalismo; no es necesario suponer que su tradicional totalitarismo también se plasma en la propaganda y la deformación ideológica.

Uno sigue sin entender estos absurdos prejuicios anticapitalistas que señalan que los neoliberales protegen a las empresas. No sé qué parte de la proposición "El Estado no debe intervenir en la economía" son incapaces de comprender.

Como hoy mismo señalaba José Carlos Rodríguez: El sindicato, por ejemplo, es una institución perfectamente liberal si es una reunión voluntaria de trabajadores y no se beneficia de la intervención pública. La empresa, si está favorecida o mantenida por el Estado, recibirá las críticas de los liberales.

Como escribió Henry Hazlitt hace 25 años: En el caso de la subvención, es obvio que los contribuyentes han de perder precisamente la misma cantidad que gane la industria X. Es igualmente evidente, en su consecuencia, que otras industrias perderán lo que la industria X gane. Habrán de satisfacer parte de los impuestos necesarios para ayudar a la industria X. Y los consumidores, a causa de los impuestos que tienen que soportar, dispondrán de una suma menor para adquirir otros artículos.

O como puso de manifiesto Mises hace más de 50: En cuanto se pretende implantar una organización gremial o coorporativa, desaparece el mecado. (...) En tal situación, los gremios que controlaran los artículos de primera necesidad quedarían investidos de poder omnímodo. (...) No es necesario abundar en otros decisivos vicios del socialismo gremial. (...) Ignora todo lo referente a la creación de nuevas industrias. Se desesntiende del ahorro y la acumulación de capital. No es, en definitiva, sino un amasijo de disparates.

Y es que, precisamente, éste último es el punto clave que muestra lo absurdo de las acusaciones del anciano niño republicano. Si siguiendo a la Escuela Austriaca todos somos empresarios (pues todos intentamos conseguir ganancias de nuestra acción) o, si no queremos seguirla, al menos todos somos potencialmente empresarios ¿a quién favorece el Estado? ¿a todos a la vez? Si consolida a una casta empresarial, ¿acaso no está perjudicando a aquellos que quieran competir con esa casta? ¿A qué se debe esa discriminación? ¿Puede ser una discriminación liberal? ¿Basada en qué? ¿En el juicio arbitrario del Estado? ¿En el poder de determinados individuos paraestatales?

En definitiva, sólo queda utilizar la coacción para beneficiar a un grupo selecto. Como hace siempre el Estado, sean empresarios, sean políticos, sean capitalistas, sean trabajadores o sean consumidores. La acción del Estado siempre va dirigida a perjudicar a unos para encumbrar a otros. No puede ser de otra forma en tanto el Estado utiliza la coacción, y de las relaciones obligatorias no se sigue una mejora mutua.

Una sarta de acciones intervencionistas que en nada respetan la propiedad privada, la libertad y los acuerdos voluntarios. El neocapitalismo del que habla Haro Tecglen bien poco tiene que ver con el capitalismo y sí con una especie de corporativismo fascistoide. Quizá él sepa algo de eso.
La miseria del subconsumo

Dice Zapatero que la venta de armas a Venezuela supondrá la creación de 600 puestos de trabajo. No voy a entar a calificar la moralidad de la transacción, en tanto que gubernamental me parece del todo ilícita.

Sin embargo, me interesa más destacar cómo las malas doctrinas económicas son responsables, en última instancia, del catastrófico dirigismo político que subvierte día a día nuestra libertad. El mercantilismo aisló y continúa aislando a pueblos enteros de su acceso al intercambio, la teoría del valor clásica abrió la puerta a la plusvalía a la explotración marxista y la propuesta de estabilizar el valor de la unidad monetaria provocó la Gran Depresión y todo el subsiguiente intervencionismo del New Deal (por no hablar del triunfo de las ideas keynesianas)

Las doctrinas del subconsumo de corte keynesiano han venido a justificar la necesidad de la intervención gubernamental. Si el poder adquisitivo era inferior a la producción, no se consumiría suficiente y muchas mercancías quedarían invendidas. Ahora bien, ¿qué hay detrás del poder adquisitivo más que otro tipo de producción? Por tanto, ¿cómo puede ser una magnitud superior a la otra si son definidos en términos de igualdad? ¿Es que acaso la producción no constituye un tipo de poder adquisitivo? En realidad, era simplemente ridículo imaginar que podía haber algún tipo de sobreproducción, definida como una oferta agregada superior a la demanda agregada; y es que, al fin y al cabo, la oferta no es más que la demanda vista desde el punto de vista del vendedor, y la demanda es la oferta vista desde el punto de vista del comprador.

Verdades tan palmarias quedaron oscurecidas por la idea keynesiana de que la inversion pudiera ser inferior al ahorro. ¿Qué ocurriría si parte del ahorro no fuese prestado y se atesorara? En realidad, tal preocupación es equívoca, no pueden existir recursos ociosos. Todo recurso está o bien libre o bien en propiedad de alguien; si está libre puede ser "apropiado", si integra el patrimonio de otra persona, los empresarios que quieran utilizarlo intentarán adquirirlo ofreciendo algo a cambio (generalmente dinero)

Si los empresarios no consiguen adquirir el bien o servicio en posesión de otra persona es porque ese bien o servicio tiene otros usos prioritarios; es decir, en tanto estará prestando servicios no podremos considerarlo ahorro, sino consumo. Cuando parte del ahorro social se atesora (y por tanto ni está disponible para la inversión ni para el consumo), habrá una menor competencia por adquirir los bienes y servicios existentes en la economía (ya que un sujeto que ha producido parte de esos bienes y servicios está renunciando a emplearlos al atesorar parte de los títulos monetarios que dan derecho a ellos), de manera que los precios caerán.

Algunos de los recursos no quedarán sin empleo por el hecho de que ni se consuma ni se invierta parte del dinero a cambio del cual los adquirimos. O bien están prestándole servicios a alguien o bien habrán perdido por completo su utilidad. Esta último supuesto no debe ser malinterpretado; si ha tenido lugar un error empresarial puro, de manera que se ha producido un bien del todo inservible, no puede considerarse un incremento de la oferta global que no encontrará salida en la demanda. Como bien entendió Stuart Mill, demand for commodities is not demmand for labor. La contratación de los trabajadores para emprender la producción de la mercancia X se efectuó con anterioridad a la constatación de que la demanda de X era inexistente. El gasto productivo no derivó del gasto de consumo.

De hecho, los pagos anticipados por el empresario a los trabajadores en expectativa de recuperarlos con la venta de X (con el consecuente interés temporal) han incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores (y por tanto su demanda potencial) en la misma medida en que se ha visto reducido para el empresario. Esto significa que, tras constatar el fracaso comercial de X, los pagos anticipados a los trabajadores fueron en realidad un regalo. Cierto que estos errores empresariales no contribuyen a enriquecernos (pues la oferta permanece constante), pero no puede endosárseles sensatamente el desempleo existente.

Una vez se hayan quedado sin empleo ante el fracaso de X, otro empresario se enfrascará en producir Y, de manera que su incremento de la oferta le permite intercambiar sus bienes por los de otras personas.

Con todo, sí es cierto que en ocasiones observamos la presencia de bienes de capital abandonados que, en caso de poder ser aprovechados, serían indudablemente útiles para el bienestar y la creación de riqueza. De hecho, la crítica keynesiana a los "recursos ociosos" se dirigía, precisamente, a que un consumo insuficiente no permitía la completa utilización de estos factores productivos. En parte, se trata del argumento utilizado por ZP: si nadie compra armas, la industria armamentística no tendrá dinero para funcionar y 600 trabajadores quedarán desempleados. Es necesario, pues, que el gobierno estimule el consumo.

Como ya hemos visto, la posibilidad de poner en funcionamiento la industria armamentística no tiene nada que ver con los ingresos derivados del consumo, simplemente antes de vender hay que producir, y antes de producir hay que gastar lo necesario en producir. Los recursos utilizados para producir las armas, pues, tienen que provenir de otra parte (generalmente de dinero prestado por distintos ahorradores) Es cierto que las expectativas de consumo determinan el rumbo de la producción, pero no lo es que el gasto productivo provenga del gasto de consumo. Por tanto, simplemente es falso que la contratación de los trabajadores se derive de la venta de estas armas.

Es probable que sin los apaños coactivos entre ambos Estados, los trabajadores se hubieran quedado sin este empleo, pero no por insuficiencia de ingresos, sino porque nadie desearía continuar adquiriendo armas. Pero ello no significa en absoluto que los trabajadores quedaran desempleados, pues siguen siendo útiles en la producción de otros bienes y servicios o en la ampliación de la estructura de capital.

Y en caso de que los bienes de capital de la industria militar fueran abandonados al no ser utilizados, ¿no supondría ello un despilfarro de recursos? ¿no resulta conveniente estimular, al menos, el consumo y las expectativas de consumo para que ese capital fuera finalmente empleado? ¿No supone todo ello una ligera admisión de la validez de las teorías del subconsumo?

En realidad, en los casos de bienes de capital no reaprovechables más que de subconsumo deberíamos hablar de sobreconsumo. Recordemos la anterior conclusión: el gasto productivo y el gasto consuntivo son dos gastos distintos e independientes. Sin embargos, ambos gastos se dirigen contra los recursos existentes en la economía. Esto significa que un mayor gasto en consumo implica unas menores posibilidades de gasto en producción.

Ampliemos esta conclusión intuitiva. Los bienes de capital no pueden ser usados por dos motivos: ora proque los bienes de capital complementarios para usarlos no existen (y por tanto tienen que ser producidos) ora porque hay que reconvertirlos.

En el primer caso, estaremos ante bienes de capital cuya producción se indujo políticamente (a través de las reducciones artificiales del tipo de interés) de manera que no pudieron terminarse los bienes complementarios de capital; se trata de malas inversiones. Para producir los bienes complementarios hace falta invertir y, para ello, hace falta ahorrar y, para ello, hace falta reducir el consumo.

En el segundo, la reconversión requiere trabajo y, en concreto, trabajo destinado no a producir bienes de consumo, sino bienes de capital. En otras palabras, hace falta que los consumidores estén dispuestos a aceptar una disminución en su renta de bienes y servicios para que el trabajo y otros recursos no permamentes puedan ser empleados en reconvertir ese bien de capital.

En ambos casos, se necesita ahorro que permita utilizar los factores productivos complementarios. Y si, en efecto, esos factores no son sustraidos de las etapas productivas más próximas al consumo, ello se debe a una urgente necesidad de consumo que no admite retraso. No tiene demasiado sentido incrementar, pues, el consumo de una sociedad para utilizar los bienes de capital "ociosos".

La industria militar depende, en la mayoría de los casos, de las expectativas de consumo gubernamentales. Cuando ese gasto mengua por algún motivo, la necesidad de la industria se extingue. Lo que debería haber hecho Zapatero es no seguir alimentando procesos productivos que no están al interés de los consumidores y dejar que sucesivas dosis de ahorro reincorporaran los bienes de capital de la industria militar a otros procesos productivos útiles.

Pero ese no ha sido el caso. Partiendo de absurdas doctrinas del subconsumo y de que puede existir algo así como una "demanda insuficiente", ZP ha vendido armas a un gobierno semidictatorial de Iberoamérica. Dejémoslo claro; lo único que ha conseguido ZP es redirigir parte la labor de esos 600 trabajadores desde la producción de unos bienes que los consumidores necesitan a la producción de armas. Lo que ha conseguido, aparte de incrementar los recursos con los que Chávez podrá seguir reprimiendo a la oposición, es reducir el número de bienes y servicios con los que hubiéramos contado los españoles.

Todo un éxito político. Toda una ruina económica.

30 de Marzo de 2005

Anarquistas de medio pelo

Todavía conmovidos por la terrible presión a la que la momia tuvo que ser sometida para alabar a sus dos referentes ideológicos durante los años 40, ahora nos enteramos de otro pecado capital de otro de los totems de la izquierda: Noam Chomsky.

Chomsky es venerado por muchos como una persona profundamente respetuosa con las libertades políticas, ácrata hasta la médula, y opuesta a todo tipo de aventuras bélicas. Sin embargo, Chomsky defiende ¡el servicio militar obligatorio!

Puedo añadir que aunque estuve activamente implicado en organizar y apoyar a la resistencia (incluidos a los resistentes reclutados forzosamente) en los 60 (...) yo nunca me opuse al servicio militar obligatorio. Si tiene que haber un ejército, será mucho mejor, en mi opinión, que sea un ejército ciudadano.

En realidad, Chomsky, por muy antiestatal que se considere, no puede desvincularse de su visión socialista del mundo, según la cual el ser humano está subordinado al interés común y la planificación centralizada (aún en el reclutamiento militar) es infinitamente mejor que el mercado y la propiedad privada.

Pero, como asegura Fran Speiser: El servicio militar obligatorio es una escenario de perder-perder pues coloca al individuo en una situación potencialmente peligrosa consistente en una desfavorable disyuntiva económica, en contra de su voluntad -bajo la amenaza de fuerza. (...) Si una persona, una vez reclutada, rechaza combatir, podría ser encarcelado, multado o sometido a penas aún peores. ¿Cómo puede Mr. Chomsky defender el servicio militar obligatorio? Combate para nosotros o combátenos, ¿es eso lo que defiende?

En el caso español sólo es necesario recordar la desidia de cierta izquierda para oponerse a la "mili". Tuvo que llegar la derecha militarista y belicista para eliminarla. Y es que, no lo olvidemos, la izquierda no ve problema alguno en el que individuo se convierta en un esclavo del Estado. Muy al contrario, su ideal social es el de un campamento militar. El anarcosocialista Chomsky no se opuso al servicio militar obligatorio. Muy coherente, no por anarco, pero sí por socialista. Ya se ve qué le pesa más.
Sigue la ofensiva contra Microsoft

Muchos liberales, insertos en el paradigma neoclásico, han caído en la trampa de creer que la principal virtud del mercado es la competencia. Los monopolios, generalmente, han sido vilipendiados incluso por grandes liberales como Ludwig von Mises.

En teoría, se cree, el monopolio puede explotar al consumidor hasta el punto en el que sucesivos incrementos del precio acarreen reducciones de sus beneficio, derivados de la reducción consecuente de la demanda. La única protección que tenían los consumidores frente a los monopolios era la existencia de sustitutivos más o menos cercanos o de que el bien monopolizado en cuestión no fuera demasiado relevante para sus necesidades (lo que se traduciría en una demanda suficientemente elástica como para prevenir al monopolio de aplicar subidas de precios excesivas)

Así, cuando una empresa acaparara una gran cuota de mercado se hacía prioritario que el gobierno interviniera para reestablecer la competencia. Todo ello en beneficio de los consumidores. Esta práctica gubernamental se ha manifestado, de manera particular, en la legislación antiTrust o de "defensa de la competencia" en EEUU y la UE.

Como ya comenté ayer, la equiparación de monopolio con "empresa dominante" adolece de graves problemas (sólo un monopolio sostenido a través de la coacción del Estado merece tal calificativo) Las empresas no parten de una posición privilegiada en el mercado, sino que van creciendo en tanto sirvan eficientemente al consumidor. La empresa dominante es la empresa eficiente, la que carga menores precios y la que ofrece un producto de mayor calidad. Los beneficios que obtiene se derivan de que ningún otro empresario es capaz de implementar medios que sirvan con, al menos, igual perfección a los consumidores.

En tanto una empresa dominante intente "abusar" de su posición, perderá la ventaja comparativa por la que ha llegado y se ha mantenido en esa posición. En caso de perseverar en ese abuso, comenzará a perder clientes que serán acaparados por otras empresas. Lo que muchos neoclásicos ven como la gran razón de ser del monopolio (la posibilidad de imponer precios superiores a su ingreso marginal), en realidad se trata de su puntilla, de su carta de defunción.

En realidad, la legislación para "defender" la competencia ha sido siempre promovida por empresarios inútiles, ineficientes e incapaces de competir con la empresa dominante. Estos lobbies suelen quejarse por la "competencia desleal" de la empresa dominante, en virtud de la cual serían incapaces de acceder al mercado en "igualdad de condiciones".

Esto, de por sí, ya representa un reconocimiento bastante explícito del poco sentido que tienen las reivindicaciones de los competidores ineficientes. Si no pueden ofrecer un precio tan bajo como el de la empresa dominante, caben dos alternativas: o incrementar el precio de la empresa dominante o conseguir reducir el propio. Si el primero constituye una pretensión ridícula nociva para los consumidores (¿qué sentido tendría un reestablecimiento de la competencia destinado, no a bajar, sino a incrementar los precios?), el segundo no se queda muy atrás.

Para que una empresa pueda soportar bajos precios debe tener bajos costes. Los reducción de costes sólo pueden conseguirse a través de mayor y mejor capital y de ingenio empresarial. La primera posibilidad le resulta abierta a todo competdoir potencial: puede invertir o comprar capital existente. Si no le resulta rentable, ello se debe a que ese capital tiene otros usos prioritarios. Por tanto, la atracción de capital a esa industria destinada a reducir los costes y permitirle competir con la empresa dominante implicaría una reducción de otros bienes y servicios donde se utilizaba ese capital (o al que se iba a destinar la inversión) que no se vería suficientemente compensado por las supuestas ventajas de competir con la empresa dominante.

Por otro lado, la reducción de costes también cabe conseguirla a través del ingenio empresarial para descubrir oportunidades de ganancia (gente que se contanta con salarios menores, organización empresarial, combinaciones eficientes de capital y trabajo...) Si los competidores potenciales carecen de ese ingenio, parece una broma que el gobierno se dedique a atacar a los empresarios dominantes que sí lo tienen.

Obviamente, la práctica de una supuesta "competencia desleal" por parte de la empresa dominante (es decir, la causa de esa preponderancia en el mercado) no tiene por qué limitarse a reducciones de precios. Cabe perfectamente pensar en la posibilidad de que una empresa ofrezca un producto infinitamente mejor que el de sus competidores. En este punto, conviene recordar que no existen patrones objetivos de qué es mejor o peor. Un producto puede ser técnicamente peor a otro (es decir, escogiendo un patrón de comparación), pero resultar mucho más adecuado para servir los fines de los consumidores. Podría darse el caso de que A sea peor que B atendiendo al patrón X, pero que A sea más útil que B, si bien si los consumidores fueran más diestros y capaces, B fuera mucho mejor que A. Aún en este caso, A será para los consumidores mejor que su alternativa B (a menos que quieran invertir su tiempo en mejorar su conocimiento y, así, verse compensados con los beneficios extraordinarios derivados de la diferencia de utilidad entre B y A)

En todo caso, vemos como las prácticas para defender la competencia lo que consiguen es desmembrar y anaquilar poco a poco a las empresas eficientes, de manera que el precio necesariamente se igualará por arriba (o bien la calidad se igualará por abajo) y, de esta manera, los consumidores saldrán perjudicados. La defensa de la competencia no deja de representar un intento de planificación gubernamental sobre cuál debe ser la forma y estructura del mercado. Planificación centralizada que, como todos, está abocada al fracaso y a generar perversas consecuencias, muchos más graves que los pretendidos problemas que intentaba solucionar.

Un ejemplo actual de ataque frontal contra una empresa exitosa ha sido el caso Microsoft. Decía Joseph Sobran que nunca sabremos cuantas cosas ha abortado nuestro gobierno en nombre de nuestra protección. Bill Gates extendió la revolución informática y digital a cada hogar. Año tras año, Microsoft ha venido ofreciendo mejores productos desde el punto de vista de los consumidores. De ahí que año tras año su cuota de mercado haya crecido.

Pero parece que los éxitos empresariales no gustaron en su momento a los burócratas yankees, que intentaron sin éxito dividir la compañía (como ya hicieran con la Standard Oil de Rockefeller) ni, como no podría ser de otra forma, a los burócratas europeos.

En su momento se acusó a Microsoft de incorporar en sus sistemas operativos el browser de navegación de Internet Explorer, lo cual fue calificado como "competencia desleal". Pecado mortal; Microsoft "regala" textualmente un programa navegador para acceder a Internet y los competidores se rasgan las vestiduras. No digo que el regalo fuera desinteresado -como tampoco lo fue la pretensión de los competidores por acaparar mayor cuota de mercado-, pero sí digo que era indudablemente útil para millones de usuarios. En realidad, nada impedía que esos millones de usuarios, en caso de ser defraudados por el Internet Explorer, acudieran a la Red para descargarse, también gratuitamente, otro tipo de navegadores.

Hace unos días, la Comisión Europea "acordó" (que ironía de verbo, como si ambas partes hubieran llegado voluntariamente a un pacto) el nombre y las condiciones de la nueva versión de Windows. Nuevamente, Microsoft pretendía "regalar" un reproductor multimedia, el Windows Media Player, y la Comisión, tras multarlo con 497 millones de euros, le ha ordenado que lo sacara de la versión comercial del Windows. ¿Qué impedía a los usuarios descargarse otro reproductor multimedia y configurarlo como predeterminado para los distintos tipos de archivos? Es más, aún en el caso de que Windows impidiera que se instalaran otros reproductores en el ordenador, ¿no supondría ello una enorme deficiencia en el uso de Windows que sería pronto aprovechada por sus directos competidores? ¿Qué tendría todo ello de monopolístico?

Como vemos, el intervencionismo entiende que la competencia es un fin en sí misma y no un medio para diversificar las oportunidades de elección y de satisfacción de los consumidores. Windows ofrecía un producto contra el que muchos, aún hoy, tienen difícil competir ante el gran público. Sin embargo, para preservar la competencia, la Comisión ha preferido que lo empeorara. En realidad, es probable que los motivos impulsores de la decisión son bastante más espurios, y se mezclen consideraciones politiqueras con necesidad de autoafirmación frente a las grandes empresas que hacen peligrar el poder coactivo y monopolístico de los Estados (casualmente, si aplicáramos a rajatabla los principios antiTrust, la primera víctima debiera ser su actual verdugo, esto es, el Estado)

La Comisión Europea se ha empecinado, incluso, en fijar la denominación del nuevo producto: Windows XP Home Edition N. El absurdo político es tan grande que incluso llegaron a rechazar la oferta de Microsoft para llamarlo "Windows XP N Home Edition", pues a juicio de la empresa sería mucho más claro y familiar para los consumidores.

Lo peor de todo es la actitud forzosamente sumisa que los empresarios van adquiriendo frente al Estado: en interés de que todo se resuelva lo más rápidamente posible, hemos aceptado la propuesta de la Comisión. Este aparente Síndrome de Estocolmo se debe, principalmente, al miedo de que unas duras declaraciones vuelvan aún más restrictiva a la Comisión. Quienes arguyen que las multinacionales dominan el mundo y manejan a los políticos cuales títeres, deberían preguntarse cómo estas supercorporaciones no han sido capaces de eliminar toda la dañina legislación antiTrust que se dirige en contra suya.

La legislación antiTrust tiene como objetivo eliminar y extinguir a los empresarios exitosos y triunfadores, es decir, a aquellos que han servido mejor a los consumidores. Semejante política sólo puede ser calificada como profundo disparate, pues equivale a destruir las industrias más productivas y eficientes de la sociedad (algo así como si un Club de Fútbol despidiera a los jugadores que mejor juegan en el equipo) El Estado mata a las gallinas de los huevos de oro, y en concreto a la elite de esas gallinas. Todo ello, dicen, para defender nuestros intereses. Más bien cabe pensar que el político sólo se preocupa por sus intereses y por el del lobby de empresarios ineficientes allegado. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Lo del interés general no es más que una etiqueta altamente lucrativa que les ayuda a mantener la ficción de su inutilidad. Cuanto antes se la arranquemos, mejor.

29 de Marzo de 2005

Respuesta a un ciberpunky, que se entera de todo

Hace más de un mes, respondí a un artículo de Enrique Gómez en el que defendía la nazionalización de las redes de comunicaciones.

Pues bien, Enrique Gómez vuelve a la carga con una contestación genérica a todos aquellos que le plantearon objeciones. Como yo creo encontrarme entre ellos, procederé a la correspondiente dúplica.

Una mala reformulación

El autor considera que el argumento utilizado [por mis críticos] consiste en afirmar que yo escribí en ese post algo así como que el Estado debe proveer obligatoriamente de redes de calidad a todos los ciudadanos y evitar así la libre competencia. Cuando, sin embargo, lo que Enrique Gómez estaba proponiendo es que el Estado se abstuviera de cerrar las redes que se están creando, y que permita a cualquier ente (individuo que pone un punto de acceso en su casa, comunidad de vecinos que comparten una wifi o ayuntamiento que da acceso gratuito a sus ciudadanos) proveer de conexión a quien quiera. No sólo eso, según Enrique Gómez les hemos acusado de totalitarios.

En realidad, nunca afirmé que esa fuera la tesis de Enrique, ni mucho menos que fuera totalitario. En mi artículo afirmaba que "Y aquí nos topamos con un problema típicamente político. Los lobbies empresariales asociados con el Estado restringen el mercado, incrementan los precios y reduciendo la cantidad producida. Enrique Gómez, como liberal, critica, obviamente, esta obstrucción política. De acuerdo, entonces, ¿cuál es la razón por la que debamos nacionalizar las redes? o, mejor dicho, ¿cuál es la razón por la que parte de las redes deban ser públicas?". Y más adelante: parece que Enrique Gómez esté sugiriendo que todo el mundo quiere Internet y que los empresarios son incapaces de ofrecer esta infraestructura. Es decir, parece que, implícitamente, Enrique Gómez defienda la nazionalización, o provisión pública de parte de las redes, por el siempre recurrente sofisma de los bienes públicos.

Mi objeción no se dirigía a que la provisión pública de redes subvertían la "libre competencia", sino a que atacaban de lleno la propiedad y la soberanía del consumidor: Antes de empezar con la crítica, conviene hacer una consideración previa. Cuando una persona propone nacionalizar un servicio está, al mismo tiempo, considerando ese servicio más importante que otros. En cierto modo, considera legítimo el uso de la coacción estatal para imponer a los demás su jerarquía de preferencias. Se trata de una fatalísima arrogancia en muy pocas ocasiones percibida. El sujeto extrapola sus gustos a los de la sociedad entera: Internet constituye una prioridad para todos.

Ahora bien, si en un principio no adjudicaba ese razonamiento ni ese calificativo a Enrique Gómez, tras el matiz aclaratorio sobre sus verdaderas tesis y leer el artículo completo, empiezo a pensar que Enrique sí defiende la provisión obligatoria de redes de calidad a todos los ciudadanos -evitando la libre competencia- y que, como veremos más adelante, sus ideas pueden acercarse, probablemente por error, a ciertos géneros de totalitarismo.

Volvamos a la tesis expuesta según el autor: En ese artículo lo único que proponía era que el Estado se abstuviera de cerrar las redes que se están creando, y que permita a cualquier ente (individuo que pone un punto de acceso en su casa, comunidad de vecinos que comparten una wifi o ayuntamiento que da acceso gratuito a sus ciudadanos) proveer de conexión a quien quiera. Es curioso que la abstención del Estado se plantee como un conflicto de competencias; los Ayuntamientos sí pueden construir redes, sin que el Estado central pueda impedírselo. Uno creía que la abstención del Estado que defendían los liberales era la de la acción positiva del Estado, tanto en prohibir actividades a gente legitimada para emprenderlas, como en acaparar recursos productivos para conseguir sus fines.

Enrique, además, subordina la provisión del servicio de conexiones al simple deseo o apatencia por parte de los individuos. Uno podría obviar tal sentido, pensando que se trata de un uso adecuado del verbo querer. Recordemos que el simple deseo no sirve para obtener un bien o servicio. Ricardo, por ejemplo, replicaba a Malthus diciendo que: "Estamos de acuerdo también en que la demanda efectiva se compone de dos elementos, a saber, el poder y la voluntad de compra". Por su parte, Henry Hazlitt, criticando la distinción entre demanda y demanda efectiva que hace Keynes, asegura que: "La demanda es efectiva por definición. Si no es efectiva, no se llama demanda, sino necesidad, apetencia, deseo o antojo. La palabra "demanda" implica el requisito del deseo junto con el requisito de poder de compra".

No creo que Enrique Gómez no utilice el verbo demandar deliberadamente. No intento ser puntilloso en ese sentido. De hecho, en caso de no haber incluido a los Ayuntamientos en la terna de quienes debían proveer Internet, tan sólo hubiera pasado de largo ese detalle. Ahora bien, al mezclar el sector público con los deseos de la gente, las conclusiones son harto distintas.

¿Debe un Ayuntamiento dotar de acceso gratuito a quien quiera? Si ello es así, el Ayuntamiento sí tendrá una obligación de proveer redes de calidad frente a todos los ciudadanos que así lo quieran. ¿Adulteraría ello la libre competencia? Parece evidente que frente a la provisión vía precios por parte de una empresa privada y la provisión vía presupuesto (y por tanto sin precios finales de venta), todos los consumidores de las empresas privadas (a menos que la calidad de la provisión pública sea lamentable) migrarán a la provisión "gratuita".

Por tanto, el replanteamiento que Enrique Gómez efectúa sobre su tesis confirma, en todo caso, la objeción crítica que pretendía refutar. Y en ese sentido, le son aplicables las anteriores críticas; si el simple deseo basta para que el sector público provea un bien, los recursos deberán ser retraídos de manera forzosa desde otros fines "prioritarios". Los fines de miles de otras personas quedarán insatisfechos por el simple juicio de la categórica necesidad de Internet efectuado por el Alcalde con su tropa de ungidos punkies cibernéticos. La cuestión, pues, a la que debe responder Enrique es por qué considera más justa y más adecuada una distribución de los recursos hecha vía juicios políticos en lugar de vía precios. Y, en su caso, por qué los juicios políticos no son igualmente útiles para cualquier otro sector de la economía.

Los neocon no sabemos economía

Pero Enrique no se detiene ahí: Estos neocon no se enteran: cualquier alumno de primero de Economía sabe lo que es un monopolio y un oligopolio, y que la libre competencia nunca es perfecta, sobretodo cuando se trata de infraestructuras.

Es curiosa la apelación a los conocimientos económicos de un alumno de primero de Economía. Si estos son los mimbres sobre los que Enrique pretende edificar su teoría, muy mal vamos. Y es que, en efecto, cualquier alumno de primero de Economía puede que sepa que la libre competencia nunca es perfecta, pero lo que no saben es que no conviene que lo sea. Es decir, no debe constituir un objetivo de la política económica intentar acoplar la realidad con los ilusorios modelos de "competencia perfecta". Si todas las compañías venden un producto idéntico, de igual calidad y al mismo precio, ¿dónde está la competencia? De hecho, no pocos socialistas, como Oskar Lange, pretendieron asentar sobre los modelos de competencia perfecta su famosa solución competitiva a la imposibilidad del cálculo económico socialista, puesta de manifiesto por Mises.

De lo que no estoy tan seguro es de que un alumno de primero de Economía sepa qué es un monopolio. En las Universidades se nos dice que tenemos una situación monopolística cuando hay una única empresa en el mercado, de manera que es capaz (tiene poder de mercado) de fijar un precio superior a su coste marginal. La situación histórica de que haya una sola empresa en el mercado, efectivamente, puede ser un caso de monopolio (cuando el Estado concede la licencia estatal para ello), pero también puede no serlo (cuando la empresa sea la que mejor sirva a todos los consumidores)

El alumno de primero de Economía señalaría que la empresa eficiente es también un caso de monopolio, cuando, en realidad, perderá cuota de mercado en el momento en que deje de servir mejor que nadie a los consumidores. Si un empresario que no está en el sector considera que es capaz de producir más barato y con mayor calidad que la "empresa monopolística" entrará en el mercado; así, toda empresa, si no hay restricción estatal, está sometida a la competencia potencial del mercado.

Como ejemplo histórico tenemos el caso de la Standard Oil de Rockefeller. Esta compañía llegó a ostentar el 90% de la cuota de mercado en EEUU, partiendo de unas dimensiones reducidas, gracias a las continuadas reducciones de costes y de precios. En 1911, la Sherman Act (la ley antitrust de EEUU) se decidió a disolver la compañía en numerosas empresas estatales a pesar de que la cuota de mercado de la Standard Oil había caído de manera continuada durante el s.XX hasta el 64%.

En la misma trampa (en la de un inocente estudiante de primero de Economía) parece caer Enrique Gómez cuando afirma que: Telefónica disfruta de un monopolio en algunos servicios, ya que para contratar cualquier oferta de ADSL con otra compañía es necesario tener contratada previamente una línea con Telefónica. El resultado de este monopolio son unos precios prohibitivos para muchos ciudadanos de este país, con la consiguiente desigualdad de oportunidades que la situación genera.

Como valenciano esta discurso no puede sonarme más disparatado. En la Comunidad Valenciana la empresa ONO ha recurrido a su propio sistema de cableado consiguiendo buena parte de la cuota de Telefónica. Cierto que el servicio de Internet de ONO no es propiamente ADSL, sino Internet por cable. Sin embargo, es evidente que la gran mayoría de consumidores no demanda el servicio "Internet con ADSL", sino "nternet con alta velocidad" y, en ese sentido, ONO es una competencia directa con Telefónica. Es un grave error pretender objetivizar un bien, entre otras cosas porque las empresarios compiten por intentar satisfacer los fines de los consumidores de la mejor manera posible; y, a ese efecto, no es relevante las características técnicas propias del medio que propogan, sino la especial aptitud del mismo para satisfacerlos. En caso contrario, llegaríamos al absurdo de afirmar que cada producto, como no es perfectamente homogéneo en términos materiales, constituye un monopolio en sí mismo.

Pero es que, aparte, ya existen al menos dos proveedores de Internet ADSL en España que no pasan a través de Telefónica: Servidores.com y Jazztel.

De lo dicho hasta ahora podríamos concluir que Enrique Gómez no consigue edificar, de manera satisfactoria, la necesidad de provisión pública de redes en el caso de los deseos insatisfechos y del monopolio. Pero, a mi juicio, en las ideas novedosas de este artículo reside su mayor peligrosidad.

La emancipación institucional

En la tercera parte, Enrique trata el tema de la emancipación institucional -algo no explorado en su anterior artículo: En el caso de las redes de telecomunicaciones los neocon llevan el debate al mismo punto de siempre: ¿confiamos más en el Estado o confiamos más en el mercado? En realidad nos cansamos de ese debate, porque estamos hablando siempre de las mismas instituciones. Desde la óptica de un ciberpunk no hay muchas diferencias entre un socialista y un liberal, ya que ambos confían ciegamente en las instituciones, y además en las del S.XIX y anteriores: los socialistas confían más en el Estado, el sindicato, la asamblea, etc. y los liberales lo hacen en mayor grado en la empresa, la familia o la Iglesia.

Como nota previa a mi crítica, conviene hacer notar dos cosas. Primero, es curioso el cambio de apelativo de neocon a liberal. Es como si Enrique hubiera tenido un lapsus calami y, harto de forzar "la consigna" de llamar neocons a los liberales, decidiera abandonarla para escribir con más soltura. Y, segundo, Enrique separa con meridiana claridad a los ciberpunks de los liberales. Si durante mucho tiempo aquellos quisieron considerarse una parte de éstos, quede claro que, al menos para Enrique, esta clasificación no tiene sentido alguno. Los ciberpunks NO son liberales, al menos según uno de sus más destacados miembros.

Yo, sinceramente, no me atrevo a dar o quitar etiquetas de liberal a nadie. ¿Qué "peso" de liberalismo y de intervencionismo es necesario para calificar o no a uno como liberal? Prefiero, sencillamente, opinar sobre determinadas políticas o propuestas, sobre si éstas son más o menos respetuosas con la libertad. En el caso que nos ocupa, aprecio en Enrique Gómez un marcado constructivismo institucional altamente peligroso.

Dice Enrique que tanto socialistas como liberales confían en las instituciones, por tanto, ambos son iguales. Esto es idéntico a afirmar que hay pocas diferencias entre el asesino y la víctima porque ambos crean tener un derecho sobre la vida de la víctima. Lo que caracteriza a los liberales es el confiar en las instituciones "correctas". Puede ser sencillo descalificar esta afirmación diciendo que también los socialistas creían que sus instituciones fueran correctas, pero el hecho de que lo creyeran no las convirtió en válidas.

Pero es que, además, un Estado no es una institución, sino una pretendida cristalización de la misma. Lo que caracteriza a la institución es su capacidad para variar, adaptándose a las necesidades de los individuos (por ejemplo la evolución lingüística). El Estado impide frontalmente esa evolución.

Tampoco es cierto que los liberales confiemos en "la empresa, la familia o la Iglesia", si fuera así pediríamos una protección específica por parte del Estado para cada una de ellas. Nos sobra con que el Estado no las agredan de manera sistemática como viene ocurriendo. Y eso no es menos falso que la supuesta falta de confianza de los liberales en las asambleas o los sindicatos. Las Asambleas son fundamentales incluso para el funcionamiento de determinados ámbitos de una empresa y de las Asociaciones que, necesariamente, afloran en una sociedad liberal. Los sindicatos, por su parte, simplemente son representantes de los trabajadores que en ellos decidan inscribirse. Otra cosa muy distinta son los privilegios que el Estado, de manera escandalosa, les otorga.

Por ello, la primera conclusión de Enrique sobre las Instituciones no puede ser más incorrecta: Así que el resultado final es un diálogo de besugos entre unos y otros que siempre radica en elegir qué instituciones deben regir nuestras vidas. El autor observa el tema institucional desde una perspectiva radicalmente constructivista. Los liberales, dice, seleccionan qué instituciones y con qué contenido deben regir las vidas de los ciudadanos. Todo lo contrario, los liberales no imponen instituciones sino que las dejan aflorar espontáneamente. Si Hayek leyera ciertas cosas caería sentado del susto.

Con estas nociones sobre evolucionismo institucional, las propuestas de Enrique son congruentemente escalofriantes: Lo que nos ofrece la nueva sociedad-red tiene muy superado ese diálogo estéril. Gracias a los avances tecnológicos podemos independizarnos poco a poco de todas esas insituciones y superar los mitos y valores de la era industrial. Ahora podemos crear unas instituciones nuevas que nos ofrezcan más libertad, transformar las que ya existen o institucionalizarnos a nosotros mismos.

Este párrafo recoge la esencia del pensamiento constructivista de Enrique. La confusión es palamaria. Las instituciones (lenguaje, derecho, dinero, seguros, precios de mercado) son, por naturaleza y definición, sociales. No sólo eso, las instituciones no son, ni pueden ser, concebidas previamente por ninguna mente humana, pues surgen de la interacción de miles de seres humanos, cuyas consecuencias no intencionadas darán lugar a estos comportamientos pautados que les ayudarán en la futura consecución de sus fines. Una cosa es que las comunidades de vecinos se paguen su punto de acceso y, otra muy distinta, que todo este entramado suponga una nueva institución.

En realidad, cuando Enrique habla de "institucionalizarnos a nosotros mismos" se está refiriendo a sustraerse de instituciones vigentes, pues no cabe la posibilidad de que un individuo cree otras nuevas. De hecho, esta concepción de las instituciones (que un individuo puede planificar las instituciones) fue denunciada por Hayek como atomismo, y lo enlazó con el socialismo. Al fin y al cabo, si los individuos son seres absolutamente impermeables que conciben conscientemente las instituciones, ¿qué impide al planificador socialista crearlas para todo el mundo?

Y éste es precisamente el punto más peligroso del artículo-respuesta de Enrique. Entre los sujetos capaces y legitimados para crear esas nuevas instituciones que barrerían a todas las anteriores se encuentran los Ayuntamientos y, por tanto, el Estado. Así, las instituciones "viejas" serían reemplazadas por las nuevas: el mercado -autosuficiencia cibernética- las empresas -comunas vecinales o locales- la propiedad -universalidad o propiedad pública de las redes dado su coste cero en uso- el derecho -es necesario crear normas específicas para las relaciones en Internet- el lenguaje -la jerga ciberpunk y el lenguaje informático- y el dinero -en caso de que existiera en esas comunas autosuficientes de vecinos o municipios sería una especie de dinero electrónico. No sé a ustedes, pero a mí me recuerda al maoísmo.

Las instituciones ni se crean ni se destruyen, evolucionan. Las r-evoluciones degeneran necesariamente en caos social, pues los comportamientos pautados en los que ha venido basándose la acción humana desaparecen de súbito. Existe, pues, una descoordinación total, similar a la que ocurre en un sistema socialista cuando desaparece el sistema de precios.

Este es el proyecto visionario de unos pocos que creen posible emplear la coacción del sector público para imponer su estándar óptimo de sociedad; para crear, en definitiva, unas nuevas instituciones. Y este punto genera más que evidentes conflictos con el ideario liberal. Quizá, por ello, los ciberpunks hayan empezado a renegar de tal calificativo.

Como lo ignoro, no voy a entrar en juicios de intenciones. Prefiero pensar que siguen defendiendo la libertad si bien, en este caso, han metido la pata hasta el fondo. La disyuntiva es diáfana: ¿a qué sienten más apego, a su proyecto omnicomprensivo de redes o a la libertad?

26 de Marzo de 2005

NO al concierto, pero no sólo al concierto

El blog de Manu enlaza un sugerente artículo en contra de los conciertos educativos (I y II).

Ya de entrada el título promete: "El dinero público al servicio de un negocio particular". Yo más bien diría "el dinero que han ganado unas personas trabajando al servicio de negocios particulares". Mucha osadía hay en afirmar que el dinero pertenece al Estado cuando no ha hecho nada por conseguirlo -salvo robarlo, claro está.

Aún así, el título es atractivo. Estoy seguro de que nuestro autor también defenderá, cómo no, la supresión inmediata de todo tipo de subvenciones: a los partidos políticos, a los sindicatos, a las empresas públicas y prividas deficitarias, a los agricultores, a los cineastas, a las ONGs y a los desempleados. Nadie debe conseguir dinero ajeno, riqueza ajena, si no es mediante el acuerdo voluntario entre las partes.

De hecho, se produce una sintomática perversión del lenguaje: De entrada, en todo documento oficial que se precie e incluso en los círculos más contestatarios ante esta práctica, no se habla de financiación pública de la enseñanza privada sino de "enseñanza concertada", eufemismo que intenta encubrir el objeto real de la relación entre las Administraciones y los beneficiarios de esas aportaciones económicas. Cierto, el Estado siempre intenta vestir al emperados desnudo camuflando los nombres en un peligroso mecanismo orwelliano. Así, cuando se trata de dar dinero a los cineastas, se habla de "subvencionar la cultura"; las transferencias a los desempleados se denominan "seguro de desempleo" (cuando el desempleo es por naturaleza no asegurable); el reequilibrio de una empresa pública deficitaria que no sirve en absoluto a los consumidores pasa a llamarse "saneamiento"; y el dinero entregado alegremente a los agricultores de toda España se entiende como una inversión en el "equilibrio territorial" y el "crecimiento sostenible" para evitar la "degradación del medio rural" y el "modo de vida tradicional".

Las coincidencias con Joaquim terminan en este momento. Mientras que yo estoy profundamente preocupado porque el fruto del trabajo de unas personas no se entregue por la fuerza a otras (y el caso de los conciertos es un ejemplo), nuestro autor parece más preocupado por la falta de control en el adoctrinamiento que este estimulo artificial a la competencia educativa parece generar: lo que se concierta entre las unas y los otros no es la "enseñanza" que recibirán los alumnos en esos centros educativos subvencionados, sino la "financiación" de dichos centros. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de centros educativos privados son de carácter religioso (católicos, para más señas), no es difícil deducir qué tipo de "ideario educativo" (otro eufemismo más, éste para encubrir la ideología que se imparte en los centros) se transmite a los educandos, y en definitiva, qué enseñanza reciben éstos.

Católica, sintoísta o "laica", el problema fundacional es financiación. Faltaría más que el Estado, después de esquilmar mediante impuestos a la población y de entregarlo a quien considera conveniente, estableciera, además, el modo en que debe gastarse ese dinero. Ésa es una competencia propia, en todo caso, del legítimo dueño del dinero quien, como un mecenas, podría dirigir la actividad del receptor voluntario. Lo que no tiene sentido es que el Estado se arrogue esa legitimidad y, todavía menos, para dirigir las líneas maestras educativas hacia un adoctrinamiento más que discutible. ¿O es que la financiación pública de empresas privadas pasa a estar legitimada si esas escuelas se adhieren a la ideología del gobernante? Parece que Joaquim, pese a oponerse a los conciertos, demandaría que, como mínimo, así fuera: ¿Modifica el "ideario" del centro la percepción de esas subvenciones públicas? Para nada.

¿Y qué ideario debe imperar? El de la religión estatal, claro está.

Y es que Joaquim parece estar más preocupado por el control que por la libertad lo confirman las siguientes preguntas: ¿Quién administra los fondos recibidos? El propietario o propietarios del centro subvencionado. ¿En qué los aplica? En aquello que le genera plusvalías, es decir, en su negocio. ¿Es incompatible la percepción de esas subvenciones con el establecimiento de cuotas a satisfacer por las familias de los alumnos o la percepción de ingresos por otras vías?

Me resulta chocante la pregunta, ¿en qué los aplica? Ignoraré la palabra "plusvalía", y creeré haber leído "beneficio". Parece que el autor reclame que el propietario invierta los fondos recibidos en aquello que no genere beneficios, esto es, o bien que despilfarre el dinero o bien que lo ingrese en su cuenta corriente.

No es que este detalle sea importante. La cuestión es que ese dinero nunca debería haber llegado a manos de ese propietario, ni para invertirlo, ni para ahorrarlo, ni para consumirlo. El destino del montante no legitimirá el pecado de origen. Sobre todo porque la subvención suele darse o bien porque el negocio no es rentable, o bien porque se pretende que lo sea a unos precios menores. En ese sentido, el modelo de financiación mixto (con subvención y con cuota) será, en todo caso, menos malo que el de financiación pública pura. Si eliminamos las cuotas será preciso incrementar la financiación, de manera que el empresario escolar se convertiría en un chupóptero puro; en un funcionario de facto. Tan despreciable es esta última opción que coincide con el modelo de educación pública.

Fijémonos en el argumento de Joaquim: el programa educativo X (no voy a calificarlo de izquierdista o estatalista porque, en todo caso, es secundario para el argumento) merece la consideración de programa de educación estatal y, por tanto, genere un derecho positivo de unas personas frente a otras; el programa educativo Y (que podría ser el católico) sólo debe poder ser provisto si los padres abonan el importe íntegro de las cuotas: argumento falaz, que intenta hacernos olvidar la obligación de toda Administración Pública de prestar aquellos servicios que son de su competencia.

El Estado tiene la obligación de crear una educación pública universal (traducido, está legitimado para sustraer dinero de unos ciudadanos para financiar la educación estatal), pero esa educación no puede revestir la forma de educación católica, aún cuando un tercio de los alumnos están escolarizados en colegios privados, de los cuales el 90% de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas católicas.

Es decir, más de un tercio de los receptores del servicio estatal prefieren otro tipo de educación que el autor se niega a concederles, aún cuando supuestamente se trate de un derecho suyo. De nuevo, pues, nos encontramos con que nunca se ha tratado de financiar ningún servicio educativo, sino de adoctrinar a los alumnos. ¿Le molesta al autor que se financien centros educativos donde los padres deciden llevar a sus hijos en buena medida por su contenido moral? A mí sí, pero no por la forma superficial del asunto, sino porque nadie tiene derecho al fruto del trabajo ajeno. Ni los padres laicos ni los católicos.

Ahora bien, si, como argumentan los socialistas, el derecho a la educación es un derecho de las personas y un tercio de esas personas elige un tipo determinado de educación. ¿Qué hay de criticable según los socialistas en que el Estado lo financie? Realmente, nada. Pero es que, en realidad, lo que los socialistas defienden no es un falso derecho positivo a la educación, sino un obsceno derecho del Estado para moldear las mentes de todas las personas. Es el Estado el que determina qué pueden exigir los titulares de ese derecho y lo determina, no atendiendo a las "demandas ciudadanas", sino a la lógica de su poder político.

Con todo, es bastante ingenuo creer que un sistema privado con financiación púlica supondría un sistema realmente libre, sin injerencias y controles políticos. El argumento central de Joaquim es que extendiendo el concierto se orquesta, en la práctica, una privatización de la educación pública: De lo expuesto hasta aquí cabe deducir que nos hallamos ante una ofensiva, sostenida en el tiempo y probablemente cuidadosamente planificada, de sustitución de la enseñanza pública por la privada. El instrumento primero de esa política es la transferencia de fondos públicos a la enseñanza privada, combinada con el recorte del gasto público en materia educativa.

Eso es una mentira catedralicia. Un sistema educativo de gestión privada pero con financiación pública en ningún caso puede calificarse como un sistema privado. El sistema educativo privado extrae su financiación del acuerdo voluntario con los padres para el pago del precio, y no de la coacción estatal. La financiación pública de los centros privados los sustrae totalmente del mercado. Si a privatizar se llama sacar al sector público de la producción pero no de la financiación presupuestaria, la llevamos clara. (Por no hablar de la determinación de los planes de estudio)

No sólo eso, quien pretenda recurrir a este sistema de concierto universal, o de mercado de bonos, como garante de la libertad educativa se está equivocando por completo. Queda pendiente la discusión de si son menos catastróficos los vouchers o la producción pública de educación, pero no olvidemos que, de todas formas, la financiación pública de los centros privados los somete al arbitrio político. Nadie puede sustraerse a las leyes económicas; la soberanía del consumidor no es una excepción. De ahí, que un sistema privado financiado presupuestariamente se adapte a las necesidades de su único consumidor: el Estado. Todos estos caminos socialistas para llegar a objetivos liberales prestan un flaco favor a la libertad.

El cierre del artículo no deja de ser servilmente consecuente: las consecuencias de tipo ideológico que se derivan de esa tutela que la Iglesia Católica mantiene e incluso incrementa sobre una parte importante de los educandos, compromete seriamente la calidad de nuestra democracia: en vez de formar ciudadanos libres, se están modelando creyentes sumisos. Y esa aberración la estamos sufragando entre todos.

Sustituyan "ciudadanos libres" por "ciudadanos educados en la fe estatal". Díficilmente puede el Estado inculcar el valor de la libertad cuando es su principal transgresor. Lo importante para el autor, y la mayoría de socialistas, no es, como hemos visto que los ciudadanos sean tan libres como para elegir cómo educar a sus hijos, sino que sean ciudadanos que se crean libres. La sumisión la practica el Estado para con todos los ciudadanos; sumisión a sus presupuestos ideológicos y a su estructura. Una sumisión dependiente que se inculca día a día cuando toda nuestra vida opera a través de sus canales.

El Estado genera, así, esta ficción de necesidad; es imprescindible. ¿Cómo hubiera sido nuestra vida sin el Estado si él lo ha sido todo? Se nos hace vivir en el Estado, para que vivamos para el Estado.

Y esto, según Joaquim, sí debemos sufragarlo todos, incluidos los padres que no comulgan con esta completa servidumbre. Al final, se ha eliminado toda ligazón parental con la educación y, como en los regímenes totalitarios, la relación filial y educativa se ha establecido con el aparato político. Esto es lo que debemos sufragar todos. Los látigos policiales del Estado nos imponen el adoquinamiento de nuestro propio camino de servidumbre. Y todo ello, por nuestro bien.

24 de Marzo de 2005

¿Debe decidir el pueblo?

La blogosfera liberal ha crecido tanto que resulta casi inabarcable leerlo todo. Es por ello que algunas anotaciones, como ésta, me han pasado, sin quererlo, desapercibidas. Sirva como parcial descargo señalar que el día en el que uno cumple años no suele frecuentar precisamente Internet.

Pues bien, en los comentarios de la anotación de Luis Gómez, Manu, habitual de la casa, expone unos hechos de los que no soy consciente (que no es lo mismo que señalar que sean falsos): ¿Y quien decide si las medidas han sido beneficiosas para todos? Desde luego el pueblo en una democracia. Se lo dije a Juan Ramón Rallo (que no me contestó) hace tiempo. Muchos parece que añorais épocas de voto censitario

Sirva, pues, este post para contestar tardíamamente a Manu y, sobre todo, para reflexionar sobre el interesante asunto que plantea.

Hans Hermann-Hoppe y, especialmente, Erik von Kuehnelt-Leddihn son dos excelentes teóricos liberales que han abogado como la monarquía como mal menor frente a la democracia. En ese sentido, ambos plantean que las democracias censitarias se sitúan a medio camino entre la monarquía y la democracia, por cuanto restringen las posibilidades de planificación a determinados estratos de la población.

Hoppe hacer notar cómo la democracia consiste en la propiedad pública del Estado, lo que dificulta todavía más la planificación. De hecho, este punto es rigurosamente cierto. En tanto el monarca asuma como propio el Estado, los medios estatales se dirigirán a la consecución de sus fines. Los subditos se someterán a ellos, pero la planificación con respecto a los fines del soberano será adecuada, salvo error empresarial.

El caso extremo a la monarquía no sería la democracia parlamentaria, sino la democracia asamblearia o, como se le viene a denominar actualmente, democracia económica. Ya intenté, en su momento, poner de manifiesto las dificultades añadidas, de imposible solución, que la democracia económica entraña.

El problema de la teoría hoppeana de la monarquía (lo cual sucede en mucha menor medida con Kuehnelt-Leddihn) es que pretende sacar conclusiones adicionales sobre el bienestar de los individuos y sobre el respeto a sus derechos de propiedad del hecho de que la planificación sea más acertada. Estas conclusione adicionales se consiguen únicamente a través de la dudosa hipótesis del homo economicus, es decir, de la maximización del beneficio monetario por parte del Rey.

De hecho, si a Manu le hubiera interesado mínimamente mi opinión sobre el tema, podría haberse preocupado en buscarla en este artículo donde critico algunos de los aspectos más controvertidos de la teoría hoppeana: En cambio, Hoppe no fundamenta cada una de sus teorías en axiomas, sino que muchos de ellos parten de observaciones empíricas. Así, por ejemplo, trata de demostrar que las guerras en democracia tienden a ser guerras totales, dado su carácter ideológico y la confusión entre gobernantes y gobernados, mientras que las guerras monárquicas tenían un carácter territorial territorial-dinástico y los reyes tenían que contratar su propio ejército; o Aunque bien pudo ser cierto que los reyes siempre se sometieran a la ley preexistente, de ahí no podemos deducir que siempre se hubieran sometido a la misma. Parece como si Hoppe se enfrentara a sus principios al utilizar el método inductivo para extraer conclusiones generales y a priori. Pero aparte, tampoco tal extremo es cierto. En primer lugar, porque en democracia el legislador también está sometido a la ley (aunque muchas veces no lo parezca) y, más importante, porque no es cierto que el Rey, durante la Baja Edad Media, no creara derecho.

O, finalmente, Debemos considerar no sólo que el orgullo, la venganza, el prestigio o la moral pueden conducir la actuación del monarca, sino que su preferencia temporal por el consumo podría ser harto elevada. Una vez más, ¿no dilapida recursos la monarquía saudí cuando decide financiar el terrorismo por consideraciones trascendentes o por su odio a Occidente? Hoppe asume, por contemplación histórica, que tal extremo no sucederá; pero tal aserción no puede superar la consideración de una simplista conjetura. Quizá este sea el talón de Aquiles que desmerece todo el alegato hoppeano a favor de la monarquía; aunque, desde luego, sus críticas a la democracia suelen ser incisivas y profundas.

Valga lo dicho tanto para la monarquía como para la democracia censitaria que el mismo Hoppe califica como una forma pseudomonárquica. La monarquía no tiene por qué ser mejor que la democracia; que planifique mejor no significa, ni mucho menos, que los ciudadanos gocen de mayor libertad. Queda abierta la investigación histórica para dilucidar cuándo la monarquía hubiera sido con seguridad más provechosa que la democracia (por ejemplo en la Rusia zarista o en la Republica de Weimar que encumbró al nazismo) Por tanto, poca añoranza de la democracia censitaria, si bien ninguna alegría por la democracia parlamentaria.

Y ahora lo relevante. ¿Y quien decide si las medidas han sido beneficiosas para todos? La banalidad de esta pregunta sólo puede ser superada por su autor.

Cuestión previa, ¿por qué una medida debe ser beneficiosa para todos? Si yo compro un par de zapatos, la transacción ha sido beneficiosa para mí y para el vendedor. En principio, nadie más ha salido beneficiado ni perjudicado (aunque pueden haber envidiosos o gente que se alegre de que haya podido comprar los zapatos) Por tanto, que toda medida deba beneficiar a todos no sólo es una memez programática, sino una imposibilidad conceptual. ¿Acaso las medidas redistributivas benefician a todos? En ese caso, ¿por qué se implementan mediante la coacción?

La acción, por principio, sólo beneficia al actor. Otra cosa es que el actor interactúe con otros (intercambio) o que su acción tenga consecuencias secundarias que produzcan beneficios ajenos (lo que la cienciología neoclásica denominaría externalidades positivas) o que perjudique a otros (lo que esa misma cienciología llama externalidades negativas) También cabe la posibilidad de la acción política, es decir, que una persona mejore perjudicando a otros.

Ahora bien, la acción política no deviene ilegítima por el hecho de que alguien salga perjudicado, sino por el uso de la fuerza coactiva estatal para que así sea. No tiene sentido que las apreciaciones subjetivas de otros juzguen cuando una acción es legítima o no. Imaginemos que la persona A actúa en su propiedad y B estima que le ha causado un daño psicológico inmenso. Si la apreciación de daño constituyera motivo suficiente para reprimir las acciones libres de otra persona, B podría castigar a A. Toda acción quedaría supeditada a la aquiescencia ajena.

Por otro lado, Manu se mueve en una concepción netamente estática del bienestar (al respecto es recomendable leerse el artículo de Huerta de Soto, La teoría de la eficiencia dinámica), lo importante no es qué medidas "han sido beneficiosas", sino qué medidas políticas permiten el incremento continuado del bienestar.

Pero si Manu insiste en moverse en una visión estática del binestar, aún así, existe alguna lectura recomendable como el Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics, del maestro Rothbard. En este escrito, Rothbard argumenta que la economía de mercado es por definición Pareto eficiente (sobre el concepto de eficiencia paretiana hay que decir que es altamente incorrecto como supuesto indicador de políticas óptimas, el artículo de Huerta es suficientemente explicativo al respecto). La apropiación originaria de recursos no perjudica a nadie, pues nadie sale perjudicado de no tener lo que nunca ha tenido. Y de la misma manera, la producción, el intercambio y los acuerdos personales son voluntarios y, por tanto, mutuamente beneficiosos. Nadie sale perjudicado por el hecho de que alguien compre factores a otra persona que previamente los había adquirido por apropiación originaria (y por tanto sin perjudicar a nadie), los transforme y los intercambie. De hecho, la otra parte del intercambio no sólo no saldrá perjudicada, sino que obtendrá beneficios (en caso contrario no hubiera intercambiado voluntariamente)

Pero ahora abordemos la propuesta de Manu para solventar su problema sobre quién decide que medidas han sido beneficiosas para todos. El método, cómo no, es la planificación democrática. Sin embargo, en tanto la democracia se compone del voto individual de cada votante, no veo por qué este sistema puede resolver, ni siquiera lejanamente, el problema fundamental de conocer qué medidas benefician a todos. Alguien puede saber si una medida política le beneficia a él, pero no si ha beneficiado a la sociedad en su conjunto. Las carencias de información en este sentido son evidentes. Si entendemos la democracia como el juicio necesariamente acertado de agregar juicios necesariamente desacertados sobre las necesidades y utilidades ajenas, mal vamos. En otras palabras, si lo que se pretende con la democracia es responder a la pregunta, ¿qué va a beneficiar a los demás? La ceguera del individuo sigue siendo absoluta.

Otra posibilidad es que Manu entienda la democracia cómo la respuesta a la pregunta, ¿qué me beneficia a mí? En este caso, las medidas que beneficiaran a un mayor número de personas serían las aceptadas. Pero nótese que esto de nada sirve para resolver el problema planteado, ¿qué medidas han sido beneficiosas para todos? En todo caso, servirá para dilucidar cuáles han sido beneficiosas para una mayoría. Y aún así, el caso extremo (la democracia económica) plantea serios problemas de toma agregada de decisiones por no agregar, al mismo momento, el otro lado de la elección, es decir, las oportunidades desechadas (el coste de oportunidad)

La decisión concreta es sólo una cara de la elección, la otra resulta inagregable y, por tanto, las decisiones democráticas serán necesariamente ineficientes (es decir, no servirán ni siquiera a sus votantes para conseguir los fines propuestos) como puse aquí de manifiesto.

Pero aparte, la propuesta de Manu es todavía más ridícula. Una democracia que elija a unos señores que a su vez elegirán qué medidas benefician a todos. Me parece que el primer problema fundamental del conocimiento (concentrar toda la información personal y local en una sola mente o, al menos, la información relevante para los fines personales) sigue sin resolverse por el hecho de que un político salga elegido mayoritariamente.

¿Qué tiene el político que le permite conocer mejor que otro ciudadano cuáles son las necesidades de las personas? ¿Es que la elección democrática supone, al mismo tiempo, una iluminación omnisciente? Se podrá argumentar más que discutiblemente, a mi parecer, que debemos acatar las decisiones mayoritarias y, por tanto, las de los políticos que las representan. Pero que no se intente camuflar esta realidad diciendo que semejante situación es equivalente a un juicio acertado sobre qué medidas benefician a todos. Precisamente ése es el problema del socialismo y de la planificación; que por mucho que los políticos quieran beneficiar a todos, no saben cómo (ni pueden saberlo)

Por tanto, para concluir, mi postura es sencilla. Sólo la propiedad privada permite una toma de decisiones libres como para dejar de manifiesto nuestras preferencias y que otros, a la espera de obtener beneficio por satisfacernos, satisfagan nuestros deseos a través de intercambios voluntarios y competitivos. En otras palabras, nadie debe decidir qué es beneficioso para mí, salvo yo; ni, de la misma manera, yo debo decidir qué es beneficioso para otro. Se trata no de idear mecanismos que planifiquen la toma de decisiones colectivas, sino de eliminar la coacción en las mismas. Frente a la democracia, libertad; ni democracia censitaria, ni monarquía, ni socialismo. Ésa es mi postura.
John Tanenbaum acusa

Actúen en conciencia, si tienen.

Así termina un contundente mail que un tal John (o Kevin) Tanenbaum dirige a la blogosfera liberal. Lo de menos probablemente sea el nombre del remitente; mucho más interesantes son sus comentarios.

Lo poco que quedaba de la filosofía de "estado mínimo" de los Republicanos en los Estados Unidos de América se viene abajo y contradice con el caso de Terry Schiavo: el gobierno federal decide que puede intervenir en la vida privada de los Americanos sin problema y sin límite.

En realidad, la filosofía de "estado mínimo" de los republicanos se reduce a un único presidente, Ronald Reagan (y aún así, muchos dudan de que fuera una auténtica política liberal). No me atrevería a calificar a Lincoln, a Hoover o a Nixon de liberales precisamente. Más bien, el Partido Republicano ha sido, históricamente, el partido de los aranceles, del proteccionismo innecesario, de la Sherman Act o del precedente del New Deal.

Si algún liberal guarda mínimas simpatías con los republicanos es, a mi entender, porque la alternativa resulta todavía más terrorífica. De ahí que a nadie se le caigan los anillos, o a nadie se le debieran caer, por criticar al gobierno republicano. Por gobierno y por republicano.

En el caso de Terry Schiavo, se ha producido una gravísima injerencia política federal en las competencias de los Estados. Se ha subvertido el orden democrático para hacer valer la voluntad del presidente, hasta el punto de crear leyes ad hoc.

Dani señala que algunos se quejan porque esto significa que el congreso es está metiendo a legislar en asuntos íntimos en los que nunca debería entrar. Es una crítica muy débil. La ley siempre va a tener que otorgar a alguien la potestad para tomar una decisión sobre la vida y la muerte.

Tengo que discrepar, por varias razones. La primera y subsidiaria es que la controversia emerge cuando se instrumentaliza la ley para conseguir fines morales particulares en un caso concreto. Es un ejemplo clarísimo de dirección teleocrática de la política, de organización deliberada de la vida social, de abnegación de la universalidad que debiera caracterizar a la ley. Por ello, en este caso sí existe una intromisión a la vida íntima, porque es ésta la que quiere ser objeto de modulación y no situaciones genéricas conflictivas. Como dice Tanenbaum: No hay intimidad ni vida privada, mucho menos libertad individual: el gobierno federal de los Estados Unidos puede regular y legislar lo que pasa en el ámbito familiar, personal, íntimo.

Y, en segundo lugar, no puedo estar de acuerdo con los principios legalistas de Dani: Es precisamente sobre esas decisiones violentas en las que está involucrada más de una persona donde tiene sentido la ley. En mi opinión, este caso sirve también para ilustrar la inutilidad del mecanismo democratista de creación del derecho. En casos como éste, donde las repuestas morales de cada individuo varían atendiendo a consideraciones trascendentales y a las diversas experiencias personales, es donde se aprecia la conveniencia de volver a un mecanismo consuetudinario de creación del derecho.

No tiene sentido imponer criterios morales individuales a una sociedad. Son las instituciones jurídicas espontáneas las que debieran regular las relaciones humanas, pues éstas emergen de los sentimientos y opiniones de las sociedades. La solución al conflicto de Schiavo sería mucho menos traumática si tuviéramos unas normas sociales, de creación no intencionada (y no finalista), que dispusieran la solución adecuada. Normas en cuya elaboración también contribuyó la propia Schiavo con su presencia en la sociedad. La planificación cartesiana que supone la ley encuentra sus límites intrínsecos en casos como éste.

Pero estábamos comentando el mail de Tanenbaum. Hasta aquí, la denuncia efectuada no carece de base. Si bien debo disentir en su siguiente apreciación: Si fueran progresistas los que hubieran llevado a cabo esta violación estatal de los derechos y libertades individuales, los conservadores y liberales hubieran protestado (con mucha razón). (...) Tampoco, por supuesto, los articulistas de liberalismo.org, ni Libertad Digital (supuesto faro del liberalismo español), ni todas esas bitácoras supuestamente liberales que surgen en España han dicho una palabra para denunciar este triste asunto de asalto a la libertad individual por medio de leyes y estatalismo abusivo. (...) Yo acuso a estos supuestos liberales de silenciar el brutal intervencionismo estatal del gobierno federal y el Congreso de los Estados Unidos de América.

Una vez más, hay que recordar que la blogosfera no puede cubrir todos los asuntos. Pocas veces será suficientemente repetida esta realidad. En segundo lugar, da la impresión de que Tanenbaum quiera realizar una enmienda a la totalidad del pensamiento de la blosgosfera liberal. El liberalismo de las bitácoras no depende exclusivamente de defender la eutanasia o el aborto, y mucho menos de tomar partido en un caso éticamente extremo como éste. Yo mismo, que simpatizo con que Schiavo sea desconectada, no me he atrevido a señalar una postura ética correcta, limitándome a apuntar los procedimientos que habría que seguir para alcanzarla (en ausencia de declaración de voluntad previa de la interesada)

Me parece absurdo pretender excomulgar a alguien que defienda que Schiavo permanezca entubada e, incluso (si bien, para qué negarlo, con más dificultades), que juzgara correcta la actuación del gobierno republicano.

Lo que no tiene ningún sentido es acusar a la blogosfera de ignorar deliberadamente la cuestión por una doble moral. Dani acaba de escribir sobre el tema -mostrando una postura bastante similar a la del remitente- y me consta que José Carlos está preparando un detallado artículo sobre el tema. Yo mismo, en mi modesta medida, no he tenido problema alguno en expresar mi opinión después de que Tanenbaum me exhortara con gran interés a ello.

Las juicios de intenciones no pueden estar más errados en algunas ocasiones. En ésta especialmente.

Me resta un comentario adicional a la última frase de Tanenbaum que encabeza la anotación: Actúen en conciencia, si tienen. Éste no es un tema de conciencia, y mucho menos de mi conciencia. Los asuntos humanos, las vidas ajenas, no deben ser ordenadas ni dirigidas conforme a la conciencia de uno, esto supone un grave error dirigista y constructivista. ¿Con qué conciencia debemos actuar? No me cabe duda de que Bush ha actuado con conciencia en este caso, y las consecuencias han sido suficientemente deplorables.

Estamos ante una cuestión no de conciencias, sino de derechos. Derechos que apuntan en la dirección de que la única conciencia válida en este caso sea la de Schiavo. El problema es que Schiavo no ha dejado constancia de su voluntad y, de ahí, surge un complejísimo conflicto de muy difícil solución ética. Mi conciencia puede señalarme que Schiavo debería permanecer con vida hasta que "el Señor la llame"; los derechos sobre los que se asienta la sociedad libre apuntan a que mi conciencia no puede ser impuesta a otros.

Repito, no he señalado cuál juzgo que debiera ser la solución libre que debiera haber tomado Shiavo o sus familiares, más bien apunto las condiciones en que Schiavo debe tomar la decisión y, en su evidente ausencia, cuál es el marco jurídico en el que debe emerger el procedimiento para que otros la tomen. Mi conciencia, y la de cualquier otro no implicado directamente, se queda fuera; se debe quedar fuera.

Aún así, se agradece que algunas personas como Tanenbaum me sigan considerando "demasiado poco liberal". Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo.

23 de Marzo de 2005

¿Cómo era aquello del cálculo económico?

Hace unos 85 años, Ludwig Von Mises escribió su reconocido artículo "Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen", esto es, El cálculo económico en la Comunidad Socialista, donde argumentaba que el socialismo sólo podía desembocar en el más profundo de los fracasos habida cuenta de su incapacidad para efectuar el cálculo económico.

El socialismo abolía la propiedad privada, sin ésta no era posible el intercambio y, por tanto, no surgían esas relaciones históricas de intercambio que comúnmente llamamos precios.

Sin precios de mercado la producción no puede dirigirse a satisfacer las necesidades de los consumidores. Con propiedad privada y precios cada persona sólo emprenderá aquellos proyectos que crea que van a satisfacer más a un individuo que a otro. Este cálculo económico sólo es viable cuando el intercambio es libre y existen precios de mercado con los que poder comparar la rentabilidad esperada de una actividad empresarial con el coste actual de emprenderla.

El socialismo fue un rotundo fracaso porque vulneró las instituciones de la propiedad privada y del sistema de precios. La planificación creaba cientos de miles de bienes que carecían por completo de utilidad para las personas mientras éstas morían de hambre.

El argumento misesiano fue tan rotundo que los economistas socialistas tuvieron que adaptar por completo sus doctrinas para aparentar que la planificación podía corregir semejantes dificultades. Es posible que nunca entendieran la clave de la argumentación, más bien su fe estatalista les cegó ante la flagrante imposibilidad de su sistema.

Hoy, después de que Heilbroner concluyera que Mises estaba en lo cierto, todavía hay muchos que siguen sin entender el desafío de Mises. Un claro ejemplo lo tenemos en este artículo de Alberto Valiente. Si bien en un principio expone con más o menos exactitud el por qué de la imposibilidad del cálculo económico: Uno de los argumentos ciertos propuestos por ideólogos de derecha como Ludwig von Mises o Friderich Hayek es que la economía no se puede planear ni dominar rígidamente, porque es imposible conocer en todo momento de toma de decisiones toda la información dispersa en la sociedad que es necesaria para ejercer tal control.

De todas formas, hay que matizar esta postura no es ni mucho menos unánime dentro de la Escuela Austriaca. Una rama de la misma, encabezada por Hoppe y Hülsmann, aseguran que el problema del socialismo no es de recopilación de información, sino de ausencia de propiedad privada, en cuyo caso no pueden formarse precios de mercado y, por tanto, se hay base para efectuar el cálculo. Tomemos, con todo, la definición de Valiente como válida. Si no hubiera añadido nada más, uno llegaría a sorprenderse de que Valiente entendiera el problema fundamental de la planificación y, aún así, defendiera, como hace en su artículo, la planificación.

Sin embargo, cuando Valiente intenta pasar a un lenguaje más "llano" el problema fundamental del socialismo, nos podemos dar cuenta de que su comprensión no era, ni mucho menos, acertada: Esto quiere decir que, como el clima, el comportamiento de la economía es relativamente caótico e impredecible. No obstante, este argumento no debe llevarse al extremo, como pretendió Hayek. Los resultados económicos pueden ser más o menos caóticos, pero no son completamente aleatorios. La actividad humana deliberada puede racionalizar tales resultados y ejercer cierta influencia sobre ellos.

La analogía es del todo incorrecta. Un ejemplo de cientismo que sigue confundiendo el riesgo con la incertidumbre. Mientras que el primero se refiere al desconocimiento acerca de los fenómenos naturales, el segundo comprende la variabilidad de la acción humana. Mientras que vamos reduciendo el riesgo, la incertidumbre parcial permanece inalterada.

Efectivamente, como dice Valiente los resultados no son aleatorios, ello implicaría la inexistencia de leyes de la acción humana. Pero aunque podamos conocer determinadas restricciones de la elección, nos resulta de todo punto imposible determinar el resultado concreto de la misma. El problema no es que la acción libre no sea aleatoria, sino que la racionalización que propone Valiente ejerce una "influencia" negativa y contraria sobre los mismos.

El plan gubernamental que defiende Valiente (el presidente Saca ha marcado el camino a seguir en el camino al sueño del desarrollo: Intervención pública deliberada y directa para ayudar a damnificados económicos y porporcionarles mejores ingresos, salud, planificación familiar, educación y mayor bienestar) es incorrecto desde su fundación. Primero porque los únicos que pueden merecer el nombre de daminificados económicos son las víctimas del intervencionismo gubernamental (en caso contrario, toda persona es potencialmente útil para otra). Y segundo porque, en contra de lo que opina Valiente, un mayor gasto público no contribuye al bienestar.

La riqueza humana sólo puede incrementarse mediante la acumulación de capital. Las ayudas a los pobres sustraen parte del ahorro que se hubiera destinado a acumular más capital y, por tanto, a incrementar el nivel de vida de las masas (incluidas las que recibirán la ayuda pública) Resulta previsible que la mayor parte de esas transferencias a los "damnificados" sean mayormente consumidos en lugar de ahorradas. La consecuencia social, por tanto, es un consumo neto de capital que reduce la riqueza de todos.

En caso de que ese programa se mantenga sine die, las familias pobres seguirán siendo pobres (o se enriquecerán no como consecuencia de las ayudas y en una menor cuantía a lo que hubieran podido enriquecerse), pues la acumulación de capital se detendrá o avanzará con mayor lentitud.

El problema del cálculo económico socialista es mucho más omnicompensivo que la abolición de la propiedad privada. Su problemática se extiende también, como en este caso, a las consecuencias no intencionadas y no previstas de la acción gubernamental, del intervencionismo. Las transferencias no enriquecen, sólo redistribuyen y, generalmente, de mala manera. El no saber reconocer este problema perpetúa el número de pobres y sirve de caldo de cultivo para el intervencionismo estatal, lo que a su vez aumenta de nuevo el número de pobres y vuelve a estimular la necesidad de intervencionismo. 85 años después, muchos siguen sin entender a Mises.

15 de Marzo de 2005

El empresario produce 0

Como bien dice Ellroy, peor que Ignacio Escolar son sus comentaristas. Ciertamente, aún sin saberlo, suelen contener las más habituales falacias económicas que han plagado, y siguen haciéndolo, la ciencia económica. No viene nunca de más, pues, desentrañarlos y exponerlos como lo que son: puras falacias.

Dice un tal dr. Boiffard en relación con la anterior discusión: Además, ¿por qué no le damos la vuelta al asunto? Si a un discapacitado produce un beneficio de 3 euros le quieres pagar 3 euros, ¿Quiere decir que los empleados que generan un beneficio de 15000 euros han de cobrar 15000 euros? Curiosamente ahí no se aplica la misma regla. Porque entonces al empresario, que genera 0, no le queda nada. Los empleados cuya productividad es de 15000 euros no los cobran y el empresario genera 0. Si bien la primera afirmación no se mantiene en pie, resulta adecuado examinar más detalladamente la segunda.

George Reisman, uno de los mejores economistas vivos, escribió hace bastantes años un excelente artículo donde demuestra que los fundamentos de la economía clásica, como de manera errónea se ha creído hasta la fecha, no conducen necesariamente a la teoría de la explotación marxista. Es más, pueden deshacerse de ella con relativa facilidad.

Pues bien, Reisman califica la falacia de que toda la riqueza es salario -y que por tanto el empresario no produce nada- como el marco conceptuall de la teoría de la explotación. La falacia proviene ya del mismísimo Adam Smith quien afirmó que el producto del trabajo constituye la remuneración natural, también llamada salario del trabajo. En el estado original de la sociedad, que precede a la apropiación de la tierra y a la acumulación de capital, el producto entero del trabajo pertenece al trabajador. No había ningún terrateniente ni ningún capitalista con quien tuviera que compartirlo.

En otras palabras, el beneficio y las rentas de la tierra constituyen deducciones del salario; el salario vendría a ser la renta original. No es sorprendente que, en este contexto, Marx construyera su famosa doctrina de la plusvalía. La economía precapitalista, según Marx, se caracteriza por ser M-D-M, esto es, los trabajadores venden sus mercancías a cambio de dinero para comprar otras mercancías. En cambio, el mundo capitalista sigue la forma D-M-D', los capitalistas compran con su dinero, D, una mercancía, M, y la venden por una suma superior, D'. Esta diferencia entre D' y D vendría a constituir la plusvalía, la apropiación por parte del empresario del exceso de trabajo del obrero. Por tanto, también Marx sostiene que los beneficios son una deducción del salario.

Sin embargo, Reisman plantea un ejercicio intelectual en el que muchos no querrán entrar por miedo a sufrir vértigo. Empecemos a definir los conceptos:

Beneficio: Exceso de ingresos procedentes de la venta de un producto sobre el coste monetario de producirlo.

Capitalista: Quien compra para venderlo con un subsiguiente beneficio.

Salario: Dinero pagado a cambio de la realización del trabajo (no por el producto del trabajo, sino por la realización del trabajo en sí misma)


A partir de aquí resulta evidente que si en una economía precapitalista sólo hay trabajadores que producen y venden bienes y servicios el dinero que reciben a cambio de su trabajo no es salario. Es cierto que todos los que reciben la renta son trabajadores, pero esas rentas no son salarios, sino beneficios (o plusvalía) Las trabajadores al vender sus bienes y servicios reciben un ingreso procendente de la venta de sus productos pero con unos costes monetarios 0, al no haber actuado como capitalistas (no han contratado trabajadores)

Por tanto, como dice Reisman, en la secuencia M-D-M todo es plusvalía (...), mientras que en la secuencia D-M-D', sólo una porción lo es. Y por tanto, los salarios no son la forma primera de la renta de la producción. Lo son los beneficios. Para que existan salarios es necesario que existan primero capitalistas. El surgimiento de los capitalistas no trae consigo el fenómeno del beneficio, éste es anterior a su existencia. El surgimiento de los capitalistas conlleva la existencia de los salarios y de los costes monetarios de la producción. Por tanto, el capitalismo reduce los beneficios puros con el surgimiento del salario. No hay asalariados sin capitalistas.

A similares conclusiones puede llegarse a través de la teoría de la empresarialidad de Huerta de Soto. Cada persona actúa empresarialmente en búsqueda de beneficios puros, esto es, de perspectivas de corregir errores previos de la acción humana, sirviendo de una mejor manera a los consumidores. Es evidente que sin capital y sin el trabajo por cuenta ajena no puede existir un salario. Los trabajadores actuarían empresarialmente, como si de autónomos se tratara, para conseguir beneficios.

El salario, en resumen, es una deducción del beneficio puro, y no al revés. El capitalismo no genera la plusvalía, sino que la reduce con la aparición de los salarios. Es el ingenio empresarial en la búsqueda de los beneficios quien genera el beneficio y, por tanto, éste no puede ser sino considerado como un producto del trabajo empresarial, y no del capital. El capital debe ser previamente invertido en determinadas areas y estructuras productivas que satisfacen a los consumidores. La acumulación de capital en sí misma no genera ningún tipo de renta; el capital es fruto de la decisión deliberada del empresario y, por tanto, de su acción. Es intelectualmente erróneo creer que los beneficios surgen de la deducción del salario, cuando és este es temporal y ontológicamente posterior; un coste monetario, derivado de la divisón del trabajo, sobre el beneficio puro.

Por tanto, el empresario no produce 0 como algunos ignorantes pre y postmarxistas se han dedicado a difundir. El empresario genera todo el valor de la venta del producto, al que luego le será descontado el salario. Sin empresarios y capitalistas no hay posibilidad de alquilar el trabajo por parte de las personas que no saben dónde invertir.
El intervencionismo y los arrogantes arruinavidas

Una de las mayores lecciones que nadie puede aprender sobre economía se encuentra al final de la mismísima Acción Humana. Mises concluye su gran Tratado con una advertencia profética que todavía los ingenieros y constructores sociales no han conseguido entender en su justa medida: El acervo del saber acumulado por la ciencia económica constituye un elemento fundamental en la estructura de la civilización humana (...) Es misión del género humano decidir si quiere hacer el uso adecuado del inapreciable tesoro de conocimiento que este acervo del saber proporciona o si prefiere no utilizarlo. Ahora bien, si los mortales presciden de tan espléndido tesoro y menosprecian sus normas y enseñanzas no conseguirán, a pesar de todo, suprimir la ciencia económica; se limitarán, apelando a la violencia, a destruir la sociedad y aniquilar el género humano.

Ignacio Escolar incide nuevamente en el tan trillado debate del Salario Mínimo. Esta vez lo hace intentado exponer las "barbaridades" o animaladas de la ciencia económica citando la traducción de un extracto de Walter Block publicado en la FAES.

Conviene reproducir la cita de Block para mayor claridad: Algunos animales son más débiles que otros. Por ejemplo, el puercoespín es un animal indefenso excepto por sus púas, el ciervo es vulnerable excepto por su velocidad. En la economía también hay personas relativamente débiles. Los discapacitados, los jóvenes, las minorías, los que no tienen preparación, todos ellos, son agentes económicos débiles. Pero al igual que les ocurre a los seres en el mundo animal, estos agentes débiles tienen una ventaja sobre los demás: la capacidad de trabajar por sueldos más bajos. Cuando el gobierno les arrebata esa posibilidad fijando sueldos mínimos obligatorios, es como si se le arrancaran las púas al puercoespín. El resultado es el desempleo, que crea una situación de desesperanza, soledad y dependencia.

Se agradece que Escolar cite a tan eminente economista, pero si su intención era ridiculizarlo se hubiera agredecido más una crítica a la cita. Si tantas "animaladas" contiene, muéstrelas. En caso contrario, el efecto académico no debiera distar mucho del de un bachiller riéndose de un capítulo de un manual de física nuclear.

Pero, probablemente, si Ignacio Escolar o cualquier otro zalamero de la coacción estatal se hubiera puesto mínimamente a reflexionar sobre el tema, en ausencia de un sadismo máximo, se hubiera visto obligado a renunciar a su fe intervencionista.

¿Nos está diciendo Escolar que los trabajadores que perciban un salario por encima de su productividad marginal seguirán contratados? ¿Nos está diciendo que la productividad marginal de niños y discapacitados no es sustancialmente menor a la de los trabajadores experimentados? ¿O nos está diciendo que conoce las productividades marginales de todos los trabajadores de España y es consciente de que superan con creces el salario mínimo?

Estamos ante un debate viciado de raíz. Los ungidos arruinavidas pretenden confundir el plano positivo y normativo de la economía; nos atribuyen a los críticos del SMI oscuras pretensiones crematísticas. Por supuesto que uno querría que todas las personas cobraran al menos el SMI (o 5 o 6 veces su cuantía), pero pretender que ello pueda conseguirse a golpe de BOE, constituye una de las pretensiones más ridículas y dañinas que he escuchado jamás. Block no indica cómo le gustaría que fuera la economía, sino cómo es. Y si, como indicaba Mises, menospreciamos esas enseñanzas para aparentar un maloliente progresismo altruista lo único que conseguiremos es destruir la sociedad y aislar a ciertas personas.

Muchos discapacitados tienen una escasa productividad marginal. Digo muchos porque la productividad no es algo intrínseco a la persona y, aunque lo fuera, la habilidad y capacidad de superación de algunos discapacitados supera con creces la de otras personas. Sin embargo, me parece que les hacemos un flaco favor cerrando los ojos a la realidad. Aquellos discapacitados que tienen una baja productividad tienen que elegir entre trabajar para sí mismos o para otros. En caso de que decidan la última opción no pueden esperar cobrar más de su productividad marginal, por motivos evidentes. (Uno llega a dudar de si los geniales intervencionistas han llegado a entender el concepto de productividad marginal y no lo desprecian como un extraño tecnicismo; en roman paladino, ninguna persona puede cobrar más del valor de lo que ha producido)

Ahora bien, los ungidos consideran improcedente esta libertad de optar y prefieren elegir por ellos. Imponen unas leyes de SMI, en muchos casos superiores a su productividad marginal, y les cierran la vía al mercado laboral. Se trata de salarios de explotación, indignos e insuficientes para vivir; la ley debe prohibirlos. Como mínimo, todas las personas deberían cobrar lo dispuesto por ley. ¿Solidaridad? ¿Altruismo? Yo más bien lo llamaría profundo egoísmo en tener sus conciencias tranquilas. ¿Alguno de ellos se ha preocupado mínimamente por las consecuencias indirectas de la "gran política social" que defienden? ¿O es que a estas alturas de la película aún se creen las monsergas keynesianas del "equilibrio con desempleo"? ¿Cómo explican los amigos de la planificación económica las elevadísimas tasas de paro europeas?

El progresismo talentoso crea leyes exponiendo cómo debiera ser la economía. Lo peor es que muchos de ellos desconocen por completo la ciencia económica e incluso aseveran que la economía debe subordinarse a la política. ¿A alguno se le ocurre decretar el fin de la gravedad? ¿O intenta evitar por ley que la suma del cuadrado de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa? ¿Qué tiene la economía que conduce a unos autoreconocidos ignorantes a prescribir sobre su deber ser olvidando su inexorable ser?

Si quieren dormir tranqulos que se tomen una tila. No hace falta que para colocarse el pin de moderno-progresista-comprometido-con-los-problemas-sociales generen esos mismos problemas sociales que dicen combatir. No hace falta que para levantarse por las mañanas con el pecho henchido se dediquen a arruinar las vidas ajenas y a condenar a miles de personas a la marginalidad social. Nada de todo ello hace falta; estoy dispuesto a reconocerles su superioridad moral e intelectual, pero que dejen de una puñetera vez de meterse, regular y destruir las vidas ajenas. Tanto criticar el símil del puercoespín para terminar comportándose como hienas.

12 de Marzo de 2005

Desilegalícenla

En Chile se ha armado un buen revuelo después de que hayan detenido a una anciana por cultivar marihuana en su casa. De hecho, numerosos personajes de la vida pública chilena, como el ministro de Hacienda o el ex Presidente del Banco Central han salido del chivato y no sólo han reconocido haber consumido marihuana, sino que incluso han defendido la conveniencia de su legalización. Un senador chileno ha llegado a afirmar que la persecución del autocultivo sólo les cuida el monopolio a los traficantes asegurándoles el negocio.

El gobierno ha tenido que salir al paso de las declaraciones dejando en claro que no piensa legalizar la marihuana. Nosotros como país estamos suscritos a la convención de Viena de 1969, donde están todos los países de las Naciones Unidas, y en esa convención se establece la marihuana como sustancia ilegal. Ningún país del mundo la ha legalizado. ¿Por qué tiene que hacerlo Chile?

El periódico La Segunda ha preguntado a cuatro ex adictos sobre el tema. Tres de ellos se han manifestado en contra de la legalización. Conviene analizar de cerca sus respuestas pues continen bastantes de los argumentos propios del estatalismo militante.

El primero de ellos, León Pascal, reconoce que la marihuana tiene toda una parte que potencia la creatividad, la audición, el tacto, el olfato, ahora bien, llega un momento en que se atrofia el sistema nervioso central, hasta casos realmente extremos como el de un amigo suyo al que se le cae la baba y que ha fumado toda su vida marihuana. Por todo ello, se declara contrario a legalizar la marihuana: las personas humildes serían las grandes víctimas de la privatización de las sustancias.

Freddy Arava también reconoce que la maria es un facilitador de bajar un poco el nivel de angustia, de tensión, que era muy fuerte, de manera que él mismo era capaz de entrar en una megalomanía profunda, una omnipotencia dramática. Podía leer Shakespeare fumando mis cosas. Entraba en el delirio omnipotente de que las drogas facilitaban la creación. Si bien su paso de las drogas "blandas" a las duras le cambió la vida, de ahí que sea imposible legalizarla, porque sería otra posibilidad para que quede la escoba si ya con el alcohol está la escoba.

Pamela Astorga es clara: Ahí era muy normal fumar marihuana y tomarse dos cajas de vino después de clases. En ese momento me dediqué a drogas más duras, cocaína, anfetaminas, pastillas para dormir. Así, aunque puede que la la marihuana tenga efectos curativos y que de pronto sane. Bien controlada, puede ser, pero de ahí a legalizarla para el consumo masivo no estoy para nada de acuerdo.

La verdad es que sólo León Pascal, el primero de los tres, ha criticado propiamente los supuestos efectos nocivos de la marihuana, los otros dos se han limitado a indicar que puede actuar como puente hacia drogas peores. Siguiendo la fe estatalista de que la prohibición del Estado elimina ipso facto las drogas prohibidas, ¿no deberían limitarse a prohibir esas drogas peores? La marihuana difícilmente podría constituir un puente si han explosionado el otro extremo.

Y es que, realmente, este tipo de frases ponen de manifiesto la inutilidad de las prohibiciones estatales. No voy a entrar todavía en la inmoralidad de la prohibición, quedémonos en los preclaros fallos del intervencionismo estatal. Aceptemos que constituye un fin lícito evitar que la gente tome drogas por cualquier medio, ¿deberíamos aprehenderlo a través del Estado? Si realmente nos interesa el fin, en absoluto. La siguiente cuestión para los tres prohibicionistas es inevitable; si tan efectiva es la prohibición para evitar que los jóvenes tomen drogas, ¿cómo pudieron ellos tomarlas? Es decir, si los tres ex adictos critican la legalización para evitar el consumo masivo, ¿eran ellos intrépidos héroes que batallearon contra viento y marea para conseguir marihuana? Probablemente no. El Estado es demasiado ineficiente para lograr cuanto se propone; más bien consigue lo contrario.

No se trata sólo de la erótica de lo prohibido, sino de un empozonamiento inimaginable de la información sobre las drogas. Los adolescentes se ven empujados hacia el "mercado negro", y es éste el que actúa como puente entre las drogas. Si todo se mete en el mismo saco, todo es igual de nocivo.

Pero el argumento de fondo, si cabe, es moral. Pocas cosas hay más contrarias a la libertad que confundir el ámbito de elección con la decisión concreta. Legalizar las drogas implica abrir el campo de la elección: consumir o no hacerlo. Defender la legalización no implica necesariamente la sanción moral de consumir drogas. Y es que la función del derecho no es moralizar, sino determinar un ámbito legítimo de actuación. En caso contrario, si la ley prescribiera acciones concretas y no conjuntos de acciones a poder realizar, no estaríamos hablando de libertad, sino de licencia.

La distinción también se refleja en la confusión entre responsabilidad y diligencia. Mientras que responsabilidad sólo indica quién responderá de los daños causados (y en este caso debemos hablar de responsabilidad individual pues el individuo debe responder de las consecuencias de sus acciones), la diligencia -concepto de difícil definción al margen de las peculiares creencias de cada uno- define un modo de actuar. Cuando se indica que el consumo de drogas debe ser responsable no se está pidiendo nada más que la necesidad de que cada cual acepte las consecuencias de sus acciones, aún drogado. Ello no significa que el uso de drogas deba ser diligente, pues para muchos la diligencia implicaría no tomar drogas. Pero lejos de exigir un comportamiento diligente, se exige un comportamiento responsable. Con las drogas cabe todo: desde la eutanasia activa a la mera recreación, siempre y cuando no pretendan trasladarse las responsabilidades a otro (Eso sí, establecida la diferencia, no viene de menos recomendar un comportamiento diligente para el fin que se persiga con su uso)

Y es que, como los tres ex consumidores han puesto de manifiesto, el consumo de marihuana tiene sus beneficios y sus contrapartidas. El problema es que ellos han efectuado la valoración de unas y otras para todos los consumidores. Quien piense que los pros superan a los contras, obviamente fumará marihuana, es decir, si la satisfacción esperada supera al coste de oportunidad, la acción tendrá lugar. Nada nuevo, tampoco en la mentalidad de los planificadores que creen conocer unos y otros. El caso de la marihuana quizá pueda servir para comprender mejor el fenómeno. Si nos fijamos cada individuo ha señalado un tipo distinto de experiencia positiva derivada del consumo. Ninguno de ellos se sintió atraído por los mismos motivos ni la destinaba al mismo uso. La marihuana tiene la peculiariedad de que potencia los estados de ánimo preponderantes en el sujeto en un momento determinado. Puede causar euforia o aletargar, e incluso tener efectos alucinógenos. Ningún consumo de marihuana es igual entre dos personas. Se torna, por tanto, absurdo que alguien externo evalúe los "efectos positivos" del consumo de marihuana para otra persona que no sea él mismo. Lo mismo sucede con los bienes económicos; aunque física y materialmente sean iguales, dos bienes usados en distintos fines son del todo dispares. La planificación carece por completo de fundamento cuando entendemos este problema fundamental; el planificador no pretende satisfacer los fines de las personas (pues ni los conoce ni en ausencia de precios puede esbozarlos), sino imponerles unos fines que luego se dedicará a satisfacer. El problema no es tanto que el Estado sea tan torpe como para conseguir los fines arbitrarios que se marca, sino que esos fines no se corresponden con las necesidades de cada persona concreta.

He dejado para el final la experiencia del cuarto ex adicto (conviene repetir aquí lo que ya he dicho en otras ocasiones, la marihuana no genera una elevada dependencia física, sí, en cambio psicológica; es difícil, en ocasiones imposible, abandonar el modo de vida asociado al consumo de marihuana), Beltrán García, quien también expone los efectos positivos (era una suerte de calmante) al momento que reconoce que le empeoró la vida. Sin embargo, no creo que sea un elemento para prohibir. No tengo nada contra ella. El punto es que yo tengo problemas con la marihuana. Hay gente que puede consumir alcohol y no tiene problemas. Si yo consumo alcohol no puedo dejar de tomar, por lo tanto el problema es mío.

El problema no está en el objeto, sino en los fines que persigue cada persona. Si el Estado quisiera ser eficaz en su lucha contra las personas debería reprimir los instintos más primarios de las personas; al perseguir los medios no consigue nada salvo que la gente busque caminos alternativos para conseguir sus mismos fines (sustitución de drogas, clandestinidad, narcotráfico...). Como reconoce García: la prohibición lo único que genera son mafias. Lo clandestino siempre es más atractivo que lo legal, sobre todo para un adolescente.

El Estado debería crear una policía del pensamiento orwelliana, debería reeducar y dominar la naturaleza humana al estilo maoísta. Pero es dudoso el que incluso así lograra sus objetivos. Parte de la gente seguirá buscando sustancias que alteren el estado físico con fines recreativos. Mientras tanto, la torpe interferencia gubernamental sólo dificulta nuestras vidas e irresponsabiliza el acto moral del consumo. Ojalá al debate chileno se trasladara a España, aunque fuera para sacar a relucir las contradicciones de algunos.

8 de Marzo de 2005

Izquierdistas críticos con la redistribución

Estaba volviendo tranquilamente a casa, cuando he visto colgado en la pared un cartel propagandístico de la izquierda cavernaria que rezaba: La copa dels rics la paguen els pobres, esto es, "la copa de los ricos la pagan los pobres". Se refería, en el contexto valenciano, a la Copa América. Los impulsores de la campaña son una extraña asociación medio luddita, denominada Els amics de l'Horta (los amigos de la Huerta), movimiento que se enfrenta al progreso científico y al desarrollo industrial que provoca, en última instancia, la degradación del "modo de vida tradicional valenciano" (lo que nunca explican los ludditas es por qué el modo de vida agrario y sedentario no supone una degradación del modo de vida tradicional "paleolítico", esto es, de habitar de manera transitoria en cuevas y de dedicarse a la caza y recolección de frutos)

Por una vez, y sin que sirva necesariamente de precedente, voy a estar de acuerdo con la ultraizquierda. ¿Razón? Valencia está sumida en un revuelo de obras y expropiaciones para edificar y construir el paisaje óptimo para la recepción de la fastuosa Copa America. Por tanto, sólo son necesarias dos preguntas para cerciorar la afirmación izquierdista. ¿A quién se dirige la Copa América? Mayoritariamente a los ricos. ¿Quiénes son los principales contribuyentes netos del Estado? Las clases medias y bajas. En conclusión, los pobres están financiando proyectos que disfrutarán mayormente la gente rica.

En este caso, lo de menos es que sean los ricos los beneficiarios y pobres los contribuyentes: el problema y el vicio es estructural, se llama redistribución. El dinero que ha ganado con su esfuerzo y trabajo un individuo le es arrebatado para entregárselo a otro individuo.

Cierto que resulta posible que la Copa América conlleve unas externalidades muy positivas para toda la ciudad. Puede ser; pero no soy tan arrogante como para agregar y comparar utilidades ni tampoco tan osado como para señalar que los ricos saben gastar mejor que los pobres su dinero. De ser ello así, el esclavismo y el subsiguiente mantenimiento de los esclavos sería la opción más adecuada desde un punto de vista estrechamente utilitario.

Eso sí, no deja de ser gracioso que la izquierda sostenga que los pobres pagan las obras públicas de la Copa América. Dado que los fondos provienen del erario público, habrá que concluir que els Amics de l'Horta sostienen que el erario público se llena casi exclusivamente por el dinero expoliado a los pobres. En ese caso, ¿qué sentido tiene el sacrosanto Estado del bien-mal-Estar? ¿No lo justificaba la izquierda basándose en la hipótesis de que los ricos pagaban los servicios sociales a los pobres? Pero si ese fuera el caso, la Copa América sería una redistribución ricos-ricos; los ricos pagarían la mayor parte de los impuestos y éstos se dirigirían hacia las obras consustanciales a la Copa América.

Mas si se admite que en la Copa América se produce una redistribución pobres-ricos, ¿acaso no implica ello admitir que el Estado de bienestar supone una redistribución pobres-pobres? ¿Qué sentido tiene, pues, meter dinero en una caja llamada Estado para que nos devuelva ese mismo montante, pero reducido en concepto de gasto de mantenimiento?

Curioso, un empujoncito más y els Amics de l'Horta se convertirán en ultraneoliberales. Porque supongo que la suya no será una de las típicas campañas inconsecuentes, demagógicas y populistas. No lo creo.

6 de Marzo de 2005

Vuelve el luddismo

Aunque, en realidad, nunca se fue. Detrás de toda la retórica contra el capitalismo y, en concreto, contra los especulativos mercados de capitales, se encuentra la incomprensión de que gracias al capital, del que las máquinas son una de sus manifestaciones, la producción y, por tanto, nuestras posibilidades de consumo se incrementan. El luddismo parte de la base de que la felicidad resulta alcanzable cuando eliminamos nuestras necesidades. Si nada queremos, tenemos todo lo que necesitamos y, por ende, somos ricos.

No digo que la vida contemplativa no sea una opción lícita, más bien aseguro que a mayores medios a nuestro alcance, mayores serán lo fines que podremos satisfacer. Dicho de otra forma, si la persona es feliz aislada y sin desenfrenos consumistas, poco o nada le impedirá la consecución de sus metas vitales el que esté rodeado de bienes y servicios; éstos sólo permitirán que otras personas, cuyos fines no pasan por la contemplación diogenesiana, sean felices. El mayor número de bienes y servicios aumenta las posibilidades de elección, no las determina.

Un caso particular de la mentira luddita consiste en insistir en la dignididad intrínseca en el trabajo. Las máquinas destruyen empleo al aumentar la productividad; el paro terminaría quemando todas las máquinas. Es importante hacer notar que si el trabajo dignifica y las máquinas impiden el trabajo, éstas no pueden ser más que una encarnación del demonio. Sin máquinas no hay capitalismo, no hay explotación, no hay paro.

La verdad es que las máquinas no destruyen el trabajo. El trabajo es una categoría de la acción humana irreducible; trabajamos cuando buscamos medios para nuestros fines. Otra cosa es que las máquinas destruyan el trabajo entendido como ocupación remunerada; si bien esto tampoco es cierto. Los incrementos de la productividad permiten destinar a los trabajadores hacia otras ocupaciones hasta entonces inalcanzables. Sólo cuando los fines prioritarios ya han sido suficientemente satisfechos, el trabajo puede dirigirse hacia otros menos valorados.

Más correcto sería decir que las máquinas destruyen ciertos tipos de trabajo. Y quiero remarcar aquí la palabra "trabajo", es decir, nuevamente, el tiempo empleado en buscar y conseguir medios para nuestros fines. Lo que consiguen las máquinas es que ciertos tipos de trabajos dejen de ser aptos para conseguir nuestros fines. Si queremos comprarnos una casa (fin), en muchos casos no podremos conseguir el dinero (medio) a través de la venta de productos agrícolas. ¿Razón? El incremento de la productividad agrícola derivado de su capitalización impide a los productores más ineficientes que continúen en ese mercado.

Esto, lejos de ser un problema, es una de las grandes virtudes del capitalismo. Si cada persona pudiera elegir en que quiere trabajar, la soberanía del consumidor se vería violentada. La gente no consumiría aquello que quiere consumir, sino aquello que otros quieren producir. Sólo a través de la eliminación de ciertos tipos de trabajos (en román paladino, de ciertos modos de "ganarse la vida") los consumidores tienen garantías de ser continuamente satisfechos.

Pero volvamos al primer punto. ¿Impide el capitalismo los modos de vida contemplativos o basados en algunas ocupaciones (por ejemplo, modos de vida rurales)? La respuesta es un rotundo NO. Repito, el capitalismo eliminar progresivamente ciertos tipos de trabajo, no ciertos tipos de ocupaciones. Una ocupación puede ser tanto trabajo como ocio. Si la ocupación es trabajo, los individuos no estarán dispuestos a proseguir ciertas actividades que no les permiten conseguir sus fines; si es ocio, el capitalismo no impide que la gente siga estando ocupada en aquello que la hace feliz. Si el objetivo de labrar el campo es la misma acción de labrarlo (es decir, si derivamos satisfacción de la acción per se) podremos seguir haciéndolo; si el objetivo, por contra, es conseguir una remuneración de esa ocupación, no.

De ahí que caracterizar el capitalismo como un tipo de organización maquinizada de la producción y del trabajo, que [supone] la irrupción de una nueva vida con leyes antisociales, carece de fundamento. El capitalismo es puramente social pues consigue que el trabajo (la ocupación remunerada) sólo sea posible teniendo en cuenta las necesidades de otros.

Ahora bien, sí aciertan los ludditas al asegurar que la ciencia es un producto del capitalismo: En la Edad moderna la Ciencia necesita grandes cantidades de medios y un gigantesco campo de experimentación para desarrollar sus investigaciones; las empresas y el Estado les proporcionan ambas cosas: dinero, y todo el cuerpo social sobre el que experimentar con sus novedosos hallazgos. Sin capitalismo no hay desarrollo científico posible; el motivo es que la investigación no se dirige a satisfacer las necesidades de la gente, y sus hallazgos son irrelevantes. Ello sirve también para la investigación estatal, que nada tiene de capitalista. Quede claro, pues, que el movimiento luddita nos propone un modus vivendi primitivo, sin tecnología ni capital, con un trabajo diario de sol a sol con el único objetivo de conseguir lo que ahora logramos con una ínfima porción de nuestra jornada laboral: comer.

Es curioso cómo estos iluminados no entienden que si tan atractivo le resulta a la gente su propuesta vital no tienen más que emprenderla desde ya en el sistema capitalista. Resulta innecesario que quemen las máquinas de otros, basta con no usarlas. Basta con rechazar todos los beneficios espirituales y materiales que el capitalismo nos proporciona. Basta con seguir trabajando a la antigua usanza. Pero nadie lo hace, por la simple razón de que nadie deriva satisfacción de trabajar 24 horas al día en actividades físicamente fatigosas; la gente es feliz con el producto de su trabajo, no con el trabajo mismo. Y cuanto mayor sea ese producto con un mismo tiempo y dureza del trabajo, mayores fines podrá satisfacer el individuo.

Por ello el luddismo, y no el capitalismo, supone una auténtica forma de explotación: la gente es compelida a seguir unos cursos de acción que libremente no hubiera seguido. Esclavización y explotación, todo lo contrario a lo representado por el capitalismo y su consustancial desarrollo y bienestar.

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